Prioridades, prioridades...

Ya se ha dicho todo o casi todo sobre el caso Joaquín Guzmán Loera. Desde el punto de vista judicial o policiaco yo, ciudadano de a pie, poco puedo agregar. Ya hay demasiados “expertos instantáneos” tratando de encontrar nuevas pistas y aconsejando modos de recuperar al evadido. Ahora que ya se escapó, la casa de la fuga y el túnel están estrechamente vigilados. No vaya a ser que el señor vaya a regresar por su iPad.

Pero lo que sí puede decir este ciudadano, sin pretender ser experto, es su honda preocupación al ver a nuestro gobierno haciendo el mayor de los ridículos que yo recuerde. Su imagen en el país y en el extranjero es verdaderamente de dar lástima. Y nadie, decía Mark Twain, se recupera del ridículo. Ni personas ni instituciones. Todavía más me preocupa ver que este gobierno y la mayoría de sus antecesores no tienen claras sus prioridades. Y eso es muy grave.

Hay un problema con las prioridades: es fácil establecerlas en el discurso. Pero uno no puede estar seguro de que efectivamente se están aplicando, hasta que hay que escoger entre dos prioridades diferentes. Los ejemplos abundan. Y, desgraciadamente, para la mayoría de nuestros gobiernos la imagen, sobre todo la imagen ante los medios, resulta tener una prioridad más alta que el bienestar de la ciudadanía o las promesas que se han hecho a la nación.

Desde hace mucho tiempo, en el discurso, se ha dicho que el combate a la corrupción es una prioridad. Ya en tiempos del presidente Miguel de la Madrid, se habló de la Reforma Moral del Estado. Que yo recuerde, todos los presidentes después de él han ofrecido combatir este flagelo. Pero, en la realidad, esto no ha sido una prioridad. Ha servido para políticos y candidatos para obtener apoyos de la ciudadanía; una vez en el puesto por el que compitieron, estas promesas se han olvidado.

Ahora, se nos está diciendo que en la raíz de la fuga de Joaquín Guzmán, hay corrupción. Lo cual no es un gran descubrimiento: la ciudadanía ya nos lo imaginábamos. Y, por supuesto, el Congreso ya está citando diversos funcionarios para pedirles cuentas. Sin embargo, hace unos cuantos meses, este mismo Congreso pospuso la votación sobre la nueva Ley Anticorrupción. Para el Congreso, en la práctica, no fue una prioridad esta votación. Tuvo más prioridad el irse a las campañas políticas federales y locales. Es más, esta ley no está siendo discutida; se retomará cuando inicie el nuevo período de sesiones.

No es que yo diga que si se hubiera aprobado esa ley, se hubiera evitado la mencionada fuga. Lo que sí dejó muy claro la actitud del Congreso es que, aunque en el discurso la Ley de Anticorrupción tenía una alta prioridad, en la práctica no la tuvo. Tuvo más prioridad discutir las leyes para evitar que los circos tuvieran animales, por ejemplo. Se nos dijo que las Reformas Estructurales tenían una gran prioridad. Pero, en la práctica, las leyes reglamentarias para hacer que estas reformas tengan efecto, han tenido una prioridad muy baja. Y no sólo ocurren estas cosas en el poder legislativo. ¿Recuerda usted el decálogo para aumentar la seguridad para la población? ¿Cuántos de esos aspectos se han cumplido? El más sencillo de todos, establecer un número de emergencia nacional 911: ¿se ha llevado a cabo?

Es claro que en nuestro país, y probablemente en muchos más, las prioridades de los gobernantes no reflejan las prioridades de la ciudadanía. Y, en una democracia, es lo menos que deberíamos esperar de quienes dicen representarnos y quienes gobiernan, se dice, de acuerdo al mandato de la Sociedad. Mientras no haya acuerdo entre las prioridades de la ciudadanía y los gobernantes, la credibilidad del Gobierno será mínima. Como ha venido ocurriendo. Y, por supuesto su  credibilidad, señores políticos, en este momento está en uno de sus  puntos más bajos.