En un momento dado, esos gobiernos decidieron establecer
comisiones de derechos humanos, en distintos niveles de gobierno. Encabezadas
por miembros de la clase política, la percepción de la ciudadanía es que una buena parte se trata de un espectáculo
para el consumo de un público extranjero y, de una manera muy
generalizada, que dichas comisiones les
interesan más la protección de los derechos de los criminales que la atención
de los derechos de las víctimas.
Percepción que, a pesar de la mercadotecnia
política, sigue estando bastante vigente: basta con ver la reacción que ha
tenido la ciudadanía cuando los jueces han dejado en libertad a criminales
basándose en aspectos de “debido proceso”.. En este aspecto, la liberación de la ciudadana
francesa señalada por secuestrados como miembro de las bandas, fue un mal
inicio en este aspecto para el régimen actual.
La fuerza con que ha respondido la actual administración a
los señalamientos de los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos
humanos ha sido inusitada. Se ha llegado hasta acusar al señor Álvarez Icaza de traición a la
patria y de señalar a los organismos internacionales como superficiales en sus afirmaciones.
Se dice, por ejemplo, que los hechos que se han señalado de Iguala y Tlatlaya son
ciertos, pero de ninguna manera presentan una situación generalizada, es decir,
se trata de hechos aislados. Es como si un marido golpeador dijera que no es
verdaderamente violento, porque sólo golpea a su mujer cada tres o cuatro años.
Eso sí, la manda al hospital cada vez. Pero, dice el, no puede decirse que es
una situación generalizada sino que se trata de hechos aislados. Si estuviéramos
hablando de ese marido violento, claramente diríamos que una sola situación en
que se haya cometido un acto de violencia es suficiente para intervenir, proteger a la agredida, y poner
los medios necesarios para que esta violencia no se repita. Pero al parecer
nuestra clase política considera que el hecho de que estas situaciones
gravísimas no ocurren cada día, es un argumento suficiente para decir que en
México no hay problema de abuso de los derechos humanos.
Y el punto es que solamente estamos hablando de abusos
denunciados y documentados que son llevados a cabo por las autoridades. Que no son los únicos que
transgreden los derechos humanos. Autoridades escolares, familiares, empresarios,
"famosos", y en general los que se sienten con algún nivel de poder y de
privilegio, con bastante frecuencia tienen transgresiones mayores o menores de
los derechos humanos de otros a los que consideran súbditos, subordinados o
meramente inferiores. Un tema que no puede dejarse nada más a la clase política.
Un tema para la ciudadanía, un tema que debería ser preocupación de todos.
La clase política nos ha demostrado con hechos que son
expertos en el arte de evadir las culpas y que les preocupa más hacer
declaraciones tronantes y sonoras, ampliamente difundidas en los medios, que
entrar al trabajo más silencioso, menos lucidor pero mucho más efectivo de
tomar acciones concretas y específicas para reducir no sólo los casos de alto
impacto, sino atender los miles y posiblemente millones de pequeñas
agresiones, de pequeños y grandes atentados contra los derechos humanos que ya
no se reportan, debido a esa percepción de que las autoridades no van a tomar
cartas en el asunto y de que las comisiones e instituciones que nominalmente
tutelan nuestros derechos humanos siguen teniendo muy poco interés en defender
los derechos humanos de las víctimas.
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