Reforma electoral

Siguen las discusiones sobre la ley electoral. Intentos de propuestas, debates, dificultades entre la alianza de la 4T. Y, debajo de la mesa, pugnas entre miembros del partido gobernante. Falta de acuerdos y, finalmente, un nuevo plan, ahora el plan B. ¿Es, como dicen algunos comentaristas, que ese era el verdadero plan de la doctora Sheinbaum y que el otro fue solamente una distracción para “acalambrar” a los aliados, pensando en que podían perder una buena parte de sus ingresos? Nunca lo sabremos. Se arguye que el sistema de votaciones en México es muy costoso. En lugar de discutir este punto en particular, el plan B presenta una limitante: que los miembros del sistema electoral no deben ganar más de lo que percibe la Presidenta de la República. Pero también podría debatirse la necesidad de una reforma a fondo de los partidos. El asunto podría resumirse en un concepto básico: que el sistema debería proporcionar un piso parejo para todos los participantes. En la práctica, el partido en el gobierno siempre tendrá ventajas contra todos los demás partidos y nunca habrá un piso verdaderamente parejo. Habría que cambiar eso. Lo más importante es el financiamiento público a los partidos políticos. Una parte de esta discusión es el hecho de que los partidos más grandes son, generalmente, los que tienen también más votos a su favor. Y si el financiamiento a los partidos se hace proporcional al número de votos que obtienen, de entrada, se está construyendo una ventaja muy difícil de remontar por los demás. Todos los partidos deberían recibir la misma cantidad del financiamiento público. Y ahí, claramente, sí hay alguna cantidad que recortar. ¿De qué manera se va a controlar esto? Si lo va a revisar el propio gobierno, este podría tratar con benevolencia a su partido y ser más estricto con sus contrarios. Sería necesario que existiera una contraloría social, independiente y ciudadana, para exigir a los partidos el cumplimiento de los reglamentos necesarios. Lo que es importante es que no exista una autorregulación. Tanto en el financiamiento como en la contabilidad de los votos, la misma que actualmente llevan los ciudadanos. El plan B establece que quien va a contar los votos es el propio gobierno. Estamos partiendo mal. El gobierno tendrá todos los medios para modificar los resultados de la votación Para el ciudadano, la situación de los partidos tendría que ser muy diferente. El ideal sería que tuviéramos nuevos partidos que, por obligación, no pudieran usar los nombres de los partidos existentes. En ese ideal, los partidos y sus candidatos deberían ser verdaderamente nuevos. Que fueran personas diferentes, de manera que realmente pudiéramos tener ideas distintas. No tener a los mismos de siempre, pero reciclados, que es lo que está ocurriendo con varios de los partidos “nuevos” que se presentarán en las siguientes elecciones. Tristemente, no es fácil. Hay quien dice que “chapulín” es el segundo apellido de muchos políticos. Es importante lograr votaciones que tengan un costo razonable para un país de recursos limitados como es el nuestro, pero siempre será fundamental saber que no siempre lo barato va a resultar mejor. Tenemos que buscar primero cuál es el resultado que queremos y después ver hasta dónde pueden llegar nuestros recursos. No, al revés.