Partidos y elecciones 2027

Una de las comidillas políticas de la semana pasada tuvo que ver con las encuestas utilizadas por MORENA para seleccionar sus candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027. Algo poco habitual en la política mexicana. Históricamente, las dirigencias partidistas han tenido un peso decisivo en la selección de candidatos. Muchas decisiones se toman en lo oscurito y después se informa a los militantes que las autoridades, habiendo escuchado a sus fuerzas vivas, han llegado a una conclusión. Ahora, después de presumir de una democracia interna superior a la de sus adversarios, MORENA enfrenta presiones de sus adherentes, aliados y medios de comunicación. Los resultados permiten intentar una radiografía del balance de fuerzas en la coalición: quién obtuvo cada candidatura, quién quedó fuera y qué acuerdos se hicieron. Hay, naturalmente, una parte de especulación: conocemos los resultados, no todas las negociaciones. Bien decían los ancianos: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces». Y si algo han presumido MORENA y sus aliados es su unidad. ¿Permanecerá ante las presiones? En el análisis de las organizaciones puede utilizarse una metáfora tomada de las propiedades de los materiales: estructuras frágiles, deformables, robustas, resilientes y antifrágiles, según cómo reaccionan ante los esfuerzos a los que son sometidas. Una estructura frágil se rompe cuando la presión supera su resistencia; una deformable cambia de forma y conserva esa modificación; una robusta resiste sin alteraciones importantes. La resiliente se deforma, pero después recupera su forma. Finalmente, una estructura antifrágil aprovecha determinadas presiones para fortalecerse. Como el músculo, que desarrolla nuevas capacidades mediante el entrenamiento y la recuperación adecuados. La metáfora resulta útil para observar a los partidos, aunque una misma organización puede reaccionar de manera distinta según la presión que recibe. Desde la perspectiva de un ciudadano sin partido, propongo utilizar estas categorías para analizar el panorama electoral. Empecemos por los principales partidos de oposición. Han enfrentado derrotas, pérdidas de cuadros y dificultades para construir propuestas que vayan más allá de criticar al gobierno. ¿Son organizaciones capaces de reconstruirse o estructuras cuya respuesta ha sido replegarse? Los partidos de nueva creación enfrentan otra prueba: formar cuadros y desarrollar estructuras capaces de sobrevivir más allá del entusiasmo inicial de sus promotores. El Partido del Trabajo presenta un caso interesante. Su relación con MORENA muestra la importancia de un aliado menor cuando sus votos son necesarios para determinados acuerdos legislativos. ¿Hasta dónde se adapta a las necesidades del partido mayoritario y en qué asuntos conserva posiciones propias? Algo distinto ocurre con el Partido Verde. Ha enfrentado críticas, entre ellas las relacionadas con las prácticas familiares en la política, sin perder relevancia como aliado. ¿Su capacidad consiste en recuperar posiciones después de los conflictos o estos le han permitido desarrollar nuevas fortalezas? Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y Nuevo León y busca construir una presencia nacional con identidad propia. Habrá que observar cómo responde a las tensiones entre sus dirigencias, gobiernos estatales y aspiraciones electorales. La prueba no consiste solamente en conservar posiciones, sino en aprender de los conflictos. ¿Y MORENA? Probablemente sea el caso más complejo. Habría que conocer mejor el peso de sus distintos grupos: moderados y duros, claudistas y obradoristas, sin olvidar las tendencias cruzadas que produce la incorporación de numerosos políticos provenientes de otros partidos. Difícilmente una organización de esas dimensiones responde igual en todos los estados y ante todas las presiones. Algunos analistas interpretan que, en estados como Aguascalientes y Querétaro, MORENA privilegió los equilibrios internos sobre la competitividad electoral. En San Luis Potosí, la negociación con el Partido Verde muestra otra faceta de estas tensiones. Son interpretaciones discutibles, pero plantean una pregunta importante: ¿qué ocurre con los conflictos que estas decisiones dejan pendientes? Las recientes selecciones ofrecen material para estudiar estas diferencias. ¿Qué sucede cuando los aspirantes derrotados no aceptan los resultados? ¿Cuánto puede ceder una dirigencia sin perder autoridad? Sobre todo, ¿los conflictos sirven para mejorar los mecanismos de decisión o solamente se resuelven mediante acuerdos que permiten llegar a la siguiente elección? Este es un ejercicio de interpretación basado en información pública, sin pretender un diagnóstico definitivo. Pero vale la pena profundizar: la manera en que los partidos procesan sus conflictos nos dice algo sobre su organización y sobre la forma en que pueden ejercer el poder. Para quienes no militamos en ninguno de ellos, observar estas conductas puede ayudarnos a construir mejores criterios para orientar nuestro voto. No basta con escuchar discursos de unidad, promesas electorales o críticas a los adversarios. Importa observar qué hacen cuando las circunstancias se complican. Porque una cosa es sobrevivir a las presiones y otra, bastante distinta, aprender de ellas para fortalecerse.

¿Y la ONU?

Está por cumplir 81 años la Organización de las Naciones Unidas, creada al terminar la Segunda Guerra Mundial con un propósito central: mantener la paz y la seguridad internacionales. Ocho décadas después, y ante conflictos que no logra detener, la pregunta resulta inevitable: ¿la ONU todavía puede cumplir esa misión? No todo ha sido negativo, pero las críticas tampoco han venido de un solo lado. Durante décadas, sectores de izquierda cuestionaron al FMI y al Banco Mundial por las condiciones impuestas a países en desarrollo y los costos sociales de sus programas de ajuste. Desde posiciones de derecha, las críticas se han dirigido con frecuencia a la UNESCO y a su intervención en asuntos educativos, culturales y de valores que consideran competencia de cada sociedad. Unos han acusado al sistema de imponer políticas económicas; otros, de imponer visiones culturales. Cuando las críticas llegan desde posiciones tan distintas, vale la pena preguntarse si el problema no es más profundo que una orientación ideológica. El mundo que enfrenta tampoco es el de 1945. A las guerras entre países se han sumado conflictos librados por terceros, terrorismo, crimen transnacional, desplazamientos masivos y una creciente presión ambiental. Son problemas que atraviesan fronteras y exigen cooperación internacional. Justamente aquello para lo que debería servir una organización como la ONU. Sin embargo, cuando los intereses de las grandes potencias entran en conflicto, la organización se paraliza. No se trata solamente del secretario general. António Guterres está por concluir dos periodos al frente de la organización, pero ningún secretario general puede superar una estructura en la que cinco países —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— conservan el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ahí está el problema de fondo. La ONU fue creada con la distribución del poder que dejó la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después, el mundo cambió profundamente, pero su estructura fundamental no. Su presencia continúa siendo importante en muchos terrenos. Pero en aquello para lo que fue creada —preservar la paz y la seguridad internacionales— demasiadas veces termina convertida en espectadora: condena, exhorta y lamenta mientras las guerras continúan. Una organización internacional no puede detener todos los conflictos, pero tampoco puede acostumbrarse a explicar por qué no puede hacer nada frente a ellos. Por eso no basta con cambiar de secretario general. Se requiere una reforma más profunda, especialmente de los mecanismos mediante los cuales se toman o bloquean las decisiones. La paradoja es evidente: quienes tendrían que aceptar esa reforma son precisamente quienes poseen el poder de impedirla. Refundarla significaría revisar quién tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, dar mayor representación a regiones que hoy pesan mucho más que en 1945 y, sobre todo, replantear un derecho de veto que permite a una sola potencia paralizar decisiones frente a conflictos que afectan a millones de personas. La pregunta es sencilla: ¿puede una organización diseñada con el equilibrio de poder de 1945 seguir funcionando con las mismas reglas en el siglo XXI? La elección del próximo secretario general muestra esa contradicción. El Consejo de Seguridad debe recomendar una candidatura a la Asamblea General y cualquiera de sus cinco miembros permanentes puede bloquearla. El sistema empuja así hacia alguien aceptable para todos: no necesariamente quien proponga la transformación más ambiciosa, sino quien pueda superar todos los vetos. En la contienda actual destaca Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si fuera elegida, sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General en la historia de Naciones Unidas. Pero el nombre importa menos que la estructura que heredará. La ONU enfrenta enormes desafíos con mecanismos diseñados hace más de ocho décadas. Cambiar a quien ocupa la Secretaría General puede ayudar. Pensar que eso será suficiente sería engañarnos. ¿Se puede recuperar la ONU sin cambiarla de fondo? Difícilmente.

Llenar plazas no es convencer

Las fiestas patrias dejaron plazas llenas. Hubo conciertos, espectáculos y concentraciones multitudinarias en buena parte del país. Para el gobierno, esa respuesta es una señal de respaldo. Conviene tomar la afirmación con calma. El 16 de septiembre no es de ningún gobierno: es de la nación. La gente sale por la familia, por el concierto gratuito y porque es día de fiesta, y lo ha hecho con administraciones de todos los colores. Confundir asistencia con adhesión es un error viejo, y lo han cometido todos los que han estado en el poder. Queda entonces la pregunta que importa rumbo a 2027: esa capacidad de convocatoria, ¿está convenciendo a los ciudadanos sin partido, o solamente confirmando a los ya convencidos? En México, la mayoría de los electores no están inscritos en ningún partido. Ahí se definen las elecciones intermedias, y ahí es donde la plaza llena no llega. Llama la atención que, después de una demostración tan importante de convocatoria, siga predominando un discurso que identifica adversarios, reparte culpas y presenta las críticas como ataques. Hay avances que deben reconocerse —la mayor visibilidad de las mujeres y de los pueblos originarios, por ejemplo, en asuntos que vienen de muy lejos—, pero no borran lo que pesa en la vida diaria. La seguridad, el empleo y el costo de la vida seguirán siendo la vara con la que se mide a cualquier gobierno. El problema aparece cuando, en lugar de discutir eso, el debate se concentra en encontrar culpables. Y la responsabilidad no recae solamente en la 4T. La oposición ha adoptado el mismo método con entusiasmo: sus dirigentes también han hecho de la descalificación su principal producto comunicativo, y también prefieren el video viral a la propuesta legislativa. Si el ataque le funcionó a unos, del otro lado concluyeron que podía funcionarles igual. El resultado es una competencia por exhibir las mentiras, exageraciones y verdades a medias del contrario. Una cosa es criticar y otra convertir al adversario en enemigo. La democracia necesita oposición, vigilancia y crítica del poder. Pero cuando toda diferencia termina convertida en una confrontación entre buenos y malos, dejamos de discutir qué propuesta es mejor y empezamos a discutir quién merece más nuestra indignación. Para muchos, en el gobierno y en la oposición, señalar errores y proponer cambios parece casi una traición a la Patria. Es justamente lo contrario. Atreverse a diferir también es una forma de patriotismo, porque significa preocuparse por el rumbo del país. Quien exige que se calle la crítica en nombre de la unidad no está defendiendo a México: está defendiendo su posición. Por eso las fuerzas opositoras tendrían que preguntarse si responder a la polarización con más polarización construye realmente una alternativa. No basta con atacar mejor. Quien no se identifica con ningún partido no necesita más enojo; necesita razones. Y las razones exigen algo que hoy escasea en los dos bandos: propuestas concretas, verificables, con números. Podemos tener diferencias profundas sin convertirnos en una sociedad de enemigos. Nadie necesita abandonar sus convicciones para escuchar una buena propuesta del otro lado, ni renunciar a la crítica para reconocer un acierto ajeno. Lo que hay que dejar atrás es la idea de que dividir a los mexicanos es una estrategia aceptable para obtener o conservar el poder. Esa decisión no está solo en manos de los partidos. Los ciudadanos sin partido pesarán en 2027, y son quienes pueden obligar a las fuerzas políticas a dejar de hablar únicamente con los suyos. La pregunta relevante no es quién consigue indignarlos más, sino quién logra darles mejores razones para confiar en un proyecto de futuro. La polarización llena plazas y moviliza a los convencidos. Construir una mayoría —y, sobre todo, construir un país— requiere bastante más.

PISA: ¿En dónde estamos?

Uno de los temas que más llamó la atención la semana pasada fueron los resultados de México en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. En la edición 2025 participaron 91 países y economías. Entre los 38 países miembros de la OCDE, México quedó en el penúltimo lugar en lectura y ciencias, y en el antepenúltimo en matemáticas. Pero quizá el dato más preocupante no sea nuestra posición en la tabla. Cerca de siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, y aproximadamente la mitad tampoco lo alcanza en lectura y ciencias. La reacción era de esperarse. Cuando un resultado nos incomoda, tendemos a discutir la medición. Desde el gobierno se ha señalado que PISA tiene limitaciones, que los países tienen condiciones distintas y que hay otros aspectos de la educación que también deben considerarse. En gobiernos anteriores se llegó incluso a descalificar este tipo de evaluaciones por considerarlas parte de una visión neoliberal. Puede haber críticas válidas a PISA. Ninguna evaluación resume toda la complejidad de un sistema educativo. Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra ignorar lo que está señalando. Es como el padre que descubre que su hijo tiene fiebre y decide romper el termómetro. Desacreditar el instrumento no elimina la fiebre. Este problema no nació ayer ni pertenece a un solo gobierno. Durante décadas hemos debilitado la relación entre avanzar en la escuela y demostrar que realmente se ha aprendido. Las políticas y los partidos han cambiado, pero hemos aceptado progresivamente que un alumno continúe su trayectoria escolar sin dominar conocimientos fundamentales. También hemos ido perdiendo la idea de que la educación implica responsabilidad. La formación de los hijos corresponde, en primer lugar, a la familia. El gobierno, los maestros, los empleadores y la sociedad tienen también responsabilidades importantes, pero ninguna sustituye la que corresponde a los padres. La escuela cumple hoy muchas funciones. Para numerosas familias es un apoyo indispensable que les permite trabajar mientras sus hijos están atendidos. Para los jóvenes representa la expectativa de mejores oportunidades laborales. Pero no podemos olvidar su función principal: aprender. Y aprender importa mucho más que obtener una calificación o un certificado. Una persona que no comprende suficientemente lo que lee tiene menos herramientas para distinguir entre un argumento y una ocurrencia, comparar fuentes de información o identificar una contradicción. Quien no domina las matemáticas básicas enfrenta mayores dificultades para comprender cantidades, relaciones y riesgos. Y quien tiene una formación científica insuficiente cuenta con menos elementos para entender un mundo cada vez más determinado por la tecnología. En una época de redes sociales, desinformación e inteligencia artificial, estas carencias adquieren una importancia todavía mayor. El resultado no es únicamente una población con dificultades para competir en el mercado laboral. Es también una ciudadanía con menos instrumentos para tomar decisiones y más vulnerable frente a la manipulación. Buscar culpables no resolverá el problema. Después de décadas de deterioro, difícilmente podemos atribuir toda la responsabilidad a un presidente, un partido, un sindicato, los maestros o las familias. Entre todos, por acción o por omisión, hemos permitido que esta situación se construya. Necesitamos devolver a las familias un papel central en el aprendizaje, no para convertir a los padres en profesores, sino para recuperar la idea de que la curiosidad, la lectura, la disciplina y el deseo de comprender se forman primero en casa y, sobre todo, con el ejemplo. Necesitamos además un esfuerzo amplio de aprendizaje remedial: comprensión de lectura, matemáticas fundamentales, ciencia básica y capacidad de aprender por cuenta propia. Una sociedad que cambia a la velocidad actual exige personas capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida. El autoaprendizaje ya no es solamente una virtud; se está convirtiendo en una necesidad. No hablamos simplemente de más profesores: no hay suficientes para llegar a cada familia. Es una labor también personal. Necesitamos profesores con ingresos, tiempo y condiciones que les permitan mejorar sus capacidades, así como empleadores que participen en la capacitación y actualización permanente. Pero la escuela debe entenderse como apoyo a la tarea educativa de la familia, no como su sustituto. Puede ayudar mucho, pero no puede asumir la responsabilidad que corresponde a los padres. Hay además una dificultad mayor. Llevamos décadas acumulando este rezago. Muchos de los padres que hoy envían a sus hijos a la escuela estudiaron dentro del mismo sistema que estamos cuestionando y tampoco recibieron una formación sólida en lectura, matemáticas o ciencias. El cambio tendrá que ser, por lo tanto, intergeneracional. No podemos pedir a nuestros hijos curiosidad si nosotros hemos dejado de tenerla, pedirles que lean si nunca nos ven leyendo, ni exigirles que aprendan constantemente si creemos que nuestra educación terminó cuando recibimos un título. ¿Nos llevará treinta años corregir lo que deterioramos durante treinta años? Tal vez. No existe una solución rápida. Estamos hablando de modificar hábitos, expectativas y capacidades que se han formado durante generaciones. Y si tardaremos décadas en corregirlo, esa es una razón más para empezar ya.

Federalismo o centralismo

La semana pasada estuvo saturada de información sobre el gobernador de Sinaloa. Las reacciones fueron múltiples. Mientras unos percibieron lo ocurrido como una distracción para hacer olvidar temas complejos para el gobierno, otros acusaron al gobierno federal de intervenir arbitrariamente en Sinaloa, y otros más reclamaron a la presidenta no haber actuado antes y con mayor decisión. Detrás de estas reacciones hay un problema de fondo: la vieja discusión sobre federalismo y centralismo. Una cuestión que, durante el siglo XIX, provocó guerras, enfrentamientos políticos e incluso se entrelazó con intervenciones extranjeras. Nuestra Constitución establece un sistema federal y reconoce a los estados como libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, cuando surge una crisis local, con frecuencia esperamos que sea el poder federal quien la resuelva. ¿Verdaderamente creemos que los estados deben ser libres y soberanos, como dice la Constitución? Nuestra Constitución consagra un sistema federal, pero en la práctica nunca hemos sido completamente federalistas. Hay una fuerte tradición centralista que tiene raíces anteriores al siglo XIX y llega hasta nuestros días. Prácticamente todos los gobiernos han ejercido, en mayor o menor medida, un manejo centralizado de la política y de buena parte de la economía. Una situación que, por otra parte, ha sido aceptada e incluso solicitada por un electorado que espera que el presidente sea el gran responsable de cuanto ocurre en el país. Algo similar sucede con los gobernadores. En teoría encabezan estados libres y soberanos; en la práctica, muchas veces se les trata como si fueran una especie de virreyes subordinados al poder central, que necesitan su visto bueno o su bendición. Lo curioso es que no solamente el gobierno federal actúa de esa manera. Con frecuencia somos los propios ciudadanos quienes exigimos que lo haga. Un ejemplo de esta tensión aparece en los impuestos y las participaciones federales. Estados con gran dinamismo económico, como Jalisco, Nuevo León o Baja California, han cuestionado en distintos momentos la relación entre lo que generan y los recursos que finalmente reciben. Del otro lado están los estados con menor capacidad económica, que requieren transferencias mayores para ofrecer servicios y oportunidades comparables a sus habitantes. Ahí aparece uno de los dilemas del federalismo. ¿Hasta dónde debe permitirse que los estados más dinámicos conserven una mayor proporción de los recursos que generan? ¿Y hasta dónde debe utilizarse el sistema fiscal para redistribuir riqueza y reducir las enormes diferencias regionales del país? Favorecer solamente uno de los extremos tendría consecuencias importantes. Los estados económicamente más fuertes necesitan recursos para mantener su crecimiento y, además, atender los efectos de la migración interna: vivienda, movilidad, educación, salud e infraestructura. Pero abandonar a los estados con menor desarrollo a sus propios recursos significaría acrecentar todavía más las diferencias que ya existen. Por eso, quizá lo que necesitamos revisar no sea el federalismo como concepto, sino el federalismo que realmente practicamos. Quizá ha llegado el momento de revisar qué entendemos por pacto federal y qué responsabilidades, facultades y recursos estamos realmente dispuestos a dejar en manos de los estados. Uno de los argumentos a favor del centralismo es el de las economías de escala. Si el gobierno centraliza su poder de compra, puede reducir sus costos de abastecimiento y de inversión pública. Por otro lado, un argumento a favor del federalismo es que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de aquellos a quienes afectan, siempre que ese nivel de gobierno tenga la capacidad para resolverlas adecuadamente. Son criterios diferentes, pero no es imposible encontrar soluciones que aprovechen los beneficios de ambos. El problema está en lo que esperamos del poder. Decimos creer en el federalismo, pero cada vez que aparece una crisis volvemos la mirada hacia el centro. Queremos estados autónomos, pero también esperamos que la Federación resuelva sus problemas y distribuya sus recursos. Mientras no resolvamos esa contradicción, seguiremos siendo federalistas en el papel y bastante centralistas en la práctica.

Prioridades

Los eventos de los últimos días, a raíz de que Andrés Manuel López Beltrán dirigiera una carta al presidente de Estados Unidos después de que le fuera cancelada su visa para entrar a ese país, generaron toda clase de reacciones. Algunas predecibles, como las denuncias de intervencionismo. Otras no tanto. Llama la atención la queja de algunos opositores, que contrastan el enojo oficial por este asunto con la deficiente atención a las madres buscadoras, que no genera una indignación semejante. Independientemente de las motivaciones de cada quien, esta diferencia muestra uno de los problemas centrales de la tensión entre los gobiernos y la ciudadanía no partidizada: sus prioridades no siempre coinciden. Y esto importa porque, en un sistema democrático, el ciudadano es el mandante y los políticos son los mandatarios: ejercen el poder en representación de los ciudadanos. ¿A qué debe darse prioridad? Una diferencia evidente es el plazo. Para los políticos, cuya prioridad es obtener y conservar el poder, tienen particular importancia las acciones de corto plazo que producen resultados electorales. Por ejemplo: ¿Qué nos dará el triunfo en 2027? La ciudadanía, en cambio, tiene razones para exigir que también se consideren las consecuencias de largo plazo. Pero el plazo es solo una de las diferencias. ¿Federalismo o centralismo? Esa disputa nos costó sangre y guerras durante el siglo XIX. Formalmente triunfó el federalismo; en la práctica, el centralismo nunca terminó de perder. Hay otras diferencias: ¿qué debe resolver directamente el Estado y qué corresponde a las personas, las familias y las comunidades? ¿Cuánto debe destinarse a resolver urgencias y cuánto a crear las condiciones para que esas urgencias no se repitan? Pensemos en los apoyos sociales. Hay que ayudar a las personas menos favorecidas; difícilmente se puede estar en desacuerdo con ello. El problema es si el apoyo solamente alivia una necesidad inmediata o contribuye también a una mejoría permanente. Atender la urgencia es indispensable, pero debería hacerse construyendo simultáneamente las condiciones para que, con el tiempo, el apoyo extraordinario deje de ser necesario. Los apoyos a los adultos mayores son un buen ejemplo. Para muchas familias representan un alivio importante y, en la práctica, benefician también a hogares que no cuentan con medios suficientes para sostener a sus ancianos. Pero deberían ir acompañados del desarrollo de un sistema de pensiones que reduzca progresivamente esa necesidad y de mecanismos que permitan a los adultos mayores que lo deseen continuar siendo productivos durante más tiempo. Es solo un ejemplo. Las diferencias de prioridades son muchas y no desaparecerán. Tampoco se trata de que unas sean siempre correctas y otras equivocadas. El problema es quién las establece y con qué criterios. La voluntad de la ciudadanía debe estar en la raíz de esas decisiones. Eso exige ciudadanos conscientes y preparados para participar en ellas, y políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en decidir por los ciudadanos, sino en servirlos a todos, no solo a la mayoría que votó por ellos o a quienes coinciden con su ideología. La buena política consiste precisamente en eso: equilibrar prioridades legítimas y, muchas veces, contradictorias, sin olvidar quién es el mandante y quién el mandatario.

Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.

¿Necesitamos nuevos partidos?

En las últimas semanas se aprobó la creación de dos nuevos partidos políticos federales: el Partido de la Paz y Somos México. Ambos están formados por ciudadanos que ya militaban en otros partidos, lo cual puede leerse como un síntoma de vitalidad política o como un simple reparto de poder. Pero los partidos no crean la democracia: son los ciudadanos quienes la construyen. Somos México reúne a experredistas y a independientes que se organizaron en la llamada Marea Rosa, movimiento que logró manifestaciones de peso; sus dirigentes provienen del PRD. El Partido de la Paz, por su parte, viene del Partido Encuentro Social, que desapareció por falta de adherentes y ahora busca reinsertarse en la política nacional. Ambos partidos apuestan a capitalizar el descontento con las opciones actuales, viendo en las elecciones de 2027 y 2028 la oportunidad de atraer tanto a quienes rechazan al partido en el poder como a quienes desconfían de la oposición actual. Una consecuencia posible es que los núcleos duros de los partidos existentes se fragmenten y se reacomoden sin que la clase polItica crezca. La otra —probablemente la que buscan estos nuevos partidos— es atraer a ciudadanos que hoy no participan, pero que tienen inquietudes políticas o sociales y esperan partidos genuinamente distintos. Existe el temor de que estas opciones terminen pareciéndose a lo que vivimos durante la dictadura perfecta: partidos satélites del PRI que daban la apariencia de democracia sin serlo. Ese es el riesgo. Otro temor es la ingobernabilidad por exceso de partidos, pero la experiencia internacional no lo respalda. Italia tiene hoy 40 partidos en el Parlamento y al menos otros 60 a nivel local. Desde 1948 ha tenido 68 gobiernos, con una duración promedio de un año y dos meses, sin que eso se traduzca en inestabilidad: cuenta con un buen servicio civil de carrera, y los cambios de gobierno no causan mayores daños. El problema de fondo es si realmente necesitamos nuevos partidos. Si son solo ediciones parciales del sistema actual, es difícil creer que un cambio de siglas produzca una mejora real. Pero si lo que están provocando es la incorporación de nuevos ciudadanos a la vida pública, el resultado puede ser positivo. No necesitamos nuevos partidos: necesitamos nuevos ciudadanos interesados en la cosa pública, con ideas y propuestas, con una manera distinta de ver al País. Todos los partidos, sin importar su éxito o su representación en el gobierno, necesitan una refundación completa. Si la aparición de nuevos partidos empuja ese cambio, bienvenida sea. De lo contrario, habremos multiplicado las siglas, pero no la democracia.

Impuestos: quién los decreta y cómo se gastan.

Nunca han sido populares los impuestos. La reciente discusión sobre presuntos esquemas de evasión fiscal de algunos gobernadores ha vuelto a colocar los impuestos en el centro del debate público. Sin embargo, el problema de fondo no es sólo quién evade impuestos, sino por qué muchos ciudadanos siguen percibiéndolos más como una imposición que como un acto de solidaridad social. Hace poco más de 250 años se inició la guerra de las trece colonias inglesas contra el Reino Unido, precisamente por una cuestión de impuestos. Su lema era, traducido libremente: "No pagaremos impuestos si no hay representación". Hace dos siglos el problema era quién autorizaba los impuestos. Hoy el problema es quién decide el gasto. Ese es el punto central. Su destino queda en manos de una clase política que ha reducido fuertemente los límites y contrapesos, como hemos comentado en estas páginas, y frente a la cual los ciudadanos tienen pocos medios para influir eficazmente. No contamos con mecanismos suficientes para que esos recursos reflejen realmente la solidaridad social y no terminen utilizándose con fines electoreros. Nuestras contribuciones deberían servir para que todos reciban los servicios que proporciona el gobierno. Pero también son la forma en que remuneramos a quienes hemos elegido como nuestros mandatarios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un dirigente político agradecer a la ciudadanía los recursos con los que trabaja? Yo no. Con frecuencia se transmite la impresión de que esos recursos pertenecen al gobierno y no a los ciudadanos que los aportan. Una de las razones por las que muchos ciudadanos perciben poca legitimidad en los impuestos es la desconfianza sobre la manera en que se gastan. En teoría, el Congreso decide su destino en nuestro nombre. Pero, en la práctica, debería existir una participación ciudadana mucho más amplia mediante consultas, deliberación y debate público. Hay quien responderá que justamente elegimos representantes para tomar esas decisiones y que consultar permanentemente a la población haría ingobernable al Estado. Sin embargo, la tecnología ofrece hoy mecanismos de consulta, deliberación y participación que eran impensables hace dos siglos. Seguramente no existe un modo perfecto de lograr que los impuestos sean populares. Siempre habrá evasión y corrupción. Pero sí podemos mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre su destino. Las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en el uso de sus contribuciones, se debilita la legitimidad del Estado y comienza a romperse el contrato entre ciudadanos y gobierno. Hace dos siglos la democracia encontró una respuesta para decidir quién podía imponer los impuestos. El desafío de nuestro tiempo es encontrar mejores formas para que los ciudadanos participen también en decidir cómo se utilizan.

Receso

Al analizar los resultados de la Copa FIFA para nuestro país, hay que reconocer que México tuvo éxito como sede, a pesar de los altos costos para el público, la planeación atropellada y la mala imagen con la que llegamos al torneo. El entusiasmo superó todos esos obstáculos y convirtió el evento en un éxito en muchos sentidos. La Copa nos dio un receso del mal humor social. Necesitábamos una fuerte infusión de alegría, y la tuvimos. A pesar de los problemas, no lograron empañarla. No faltó, por supuesto, quien quiso aguarnos la fiesta. Se habló de un torneo de millonarios para espectadores millonarios, aludiendo a los elevados sueldos de algunos futbolistas y al alto costo de asistir a los estadios. Ese intento no prosperó: el público participó con un entusiasmo extraordinario. Una sociedad no puede vivir permanentemente instalada en el enojo y la polarización; necesita aprender a conservar una alegría realista como condición para preservar su libertad. Las celebraciones posteriores a los partidos reunieron a cientos de miles de personas. Sí, hubo tropelías, pero, considerando el tamaño de las multitudes, pudieron haber ocurrido hechos mucho más graves. Lo verdaderamente importante fue la reacción posterior. Estamos acostumbrados a que México participe en competencias de este tipo y a escuchar el comentario cínico de siempre: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre.” Esa frase ha servido muchas veces para desinflar el ánimo de los mexicanos. Esta vez ocurrió algo distinto. Muchos reconocían: “Lo hicieron bien.” “Dieron su mejor esfuerzo.” Era una valoración realista y serena, poco frecuente en acontecimientos anteriores. ¿Podrá mantenerse esa alegría? Hemos vivido demasiado tiempo con una dieta de malas noticias, enfrentamientos y descalificaciones que ha alimentado lo que algunos llamamos un mal humor social. El antídoto no es sencillo, pero pasa por cultivar un optimismo realista. Aprender a celebrar los logros cuando existan, sin exagerarlos, pero tampoco negándoles el reconocimiento que merecen. Tenemos que darnos permiso para mantener la alegría. Como sucede con frecuencia, creo que la solución depende, en buena medida, del ciudadano sin partido. Tenemos la responsabilidad, aunque no sea fácil, de no seguir alimentando el círculo de acusaciones, descalificaciones y polarización. Podemos aprender a reconocer el lado bueno de los demás y compartir los motivos de alegría cuando existan. El mexicano ha sido tradicionalmente cordial, cortés y alegre. No estamos hechos para vivir en una confrontación permanente; esa actitud se nos ha impuesto de manera artificial. Por supuesto, no es sencillo. Dígale usted a una madre buscadora que encuentre el lado bueno de la realidad que enfrenta. Sería una exigencia injusta. Precisamente por eso conviene preguntarnos si esta actitud de alegría realista podrá mantenerse. No se trata de dejar de señalar los errores, la corrupción o los abusos cuando existan. Se trata de no perder la alegría. Es difícil, pero quizá sea una de las pocas condiciones que nos permiten conservar la libertad. De otro modo, seremos fácilmente manipulables.

Incertidumbre en lo geopolítico

La semana pasada comenzó un nuevo episodio en las conversaciones para alcanzar la paz entre Estados Unidos, Irán e Israel. El presidente Trump anunció que ya no confiaba en las negociaciones porque, según afirmó, Irán no estaba actuando de buena fe. Poco después ordenó una serie de ataques que rompieron los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo puede la humanidad aspirar, si no a una paz duradera, al menos a contar con mecanismos eficaces y confiables para resolver los conflictos? Las naciones siguen confiando en el equilibrio militar como garantía de paz, cuando debería invertir mucho más en construir instituciones y métodos eficaces de negociación. De eso casi no se habla. Esa omisión revela la escasa confianza que hoy inspiran los organismos internacionales y la poca voluntad para reformarlos y fortalecerlos. Las amenazas recientes sólo aumentan la incertidumbre. ¿Puede construirse así una paz justa y duradera en Oriente Medio? Difícilmente. Vivimos en un clima permanente de inseguridad que frena el desarrollo económico, desalienta la inversión y mantiene a regiones enteras bajo la amenaza constante de nuevos conflictos. ¿Cuál es la salida? Todo indica que falta voluntad política para buscarla. La única respuesta concreta que hoy se propone consiste en aumentar el poder militar. El mensaje es claro: poseer una capacidad de destrucción tan grande que obligue a los demás a negociar. El miedo convertido en instrumento de la geopolítica. La renuncia a construir relaciones basadas en la confianza mutua. Así quedó de manifiesto en la reciente reunión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A petición del presidente Trump, los países miembros aceptaron avanzar hacia un gasto en defensa equivalente al cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, cuando hasta ahora la meta era del dos por ciento. Hace apenas unos meses varios gobiernos se resistían; hoy prácticamente todos presentan planes para alcanzar ese objetivo. La magnitud de esos recursos merece una reflexión. El Producto Interno Bruto conjunto de los países de la OTAN supera los 58 millones de millones de dólares. Destinar el cinco por ciento de esa riqueza al gasto militar representa alrededor de 2.5 millones de millones de dólares cada año. Para dimensionar esa cifra basta un dato: las setenta economías más pobres del mundo generan, en conjunto, menos de la mitad de esa cantidad. Con recursos semejantes podrían transformarse radicalmente las condiciones de vida de buena parte de la población más pobre del planeta. Sin embargo, seguimos apostando por la fuerza. Tenemos que cambiar esa mentalidad. No podemos continuar pensando exclusivamente en términos de equilibrio militar. La negociación es un arma más poderosa que la amenaza. Pero los gobiernos dedican mucho más esfuerzo a perfeccionar sus capacidades de destrucción que a desarrollar nuevos métodos para hacer efectivas las negociaciones. Mientras eso no cambie, seguiremos confiando en que la fuerza, por sí sola, traerá las soluciones que la historia demuestra que nunca ha podido ofrecer.

Comercio no tan libre

Bien distraídos por la Copa Mundial de la FIFA, nos enteramos de que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha concluido. El acuerdo mantendrá su vigencia por diez años, pero estará sujeto a revisiones anuales. Las consecuencias no son menores. Esas revisiones se convertirán en un instrumento de presión sobre los gobiernos de México y Canadá. Además, aumentarán la incertidumbre para las inversiones, sobre todo aquellas cuyos proyectos requieren varios años para madurar. Ante este nuevo escenario, ¿cómo debe actuar México? El nuevo marco comercial incrementa la incertidumbre precisamente cuando el país necesita atraer inversión. ¿Cómo generar la confianza indispensable para lograrlo? Ése es el verdadero desafío: dar mayor estabilidad al sector económico y recuperar la confianza del sector privado, que en los últimos años ha mostrado reservas para invertir. Existen, al menos, dos modelos que vale la pena analizar. Durante la primera negociación del Tratado de Libre Comercio funcionó con gran éxito el llamado “cuarto de junto”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial para asesorar al equipo negociador mexicano. Fue un mecanismo único, que los otros países no adoptaron. Gracias a esa colaboración se negociaron mejores condiciones para México y se obtuvieron ventajas que nuestros socios no consiguieron. En la negociación actual ya no se habla del cuarto de junto. Fue sustituido por un mecanismo más amplio, pero también más opaco, al que se incorporaron sindicatos y académicos para aportar sus puntos de vista. Sus contribuciones pueden ser valiosas, aunque no siempre resultan aplicables a la negociación comercial. Otro modelo digno de análisis es el de Suecia. Durante los últimos cien años ha tenido, aproximadamente, setenta y seis años de gobiernos de izquierda. Sin embargo, con frecuencia esos gobiernos han nombrado ministros de Economía provenientes de la iniciativa privada. Al mismo tiempo, la legislación concede a los sindicatos representación en los consejos de administración de las grandes empresas. El resultado ha sido, en términos generales, positivo. No se trata de copiar ese modelo, sino ver si puede ofrecer ideas útiles para nuestra realidad. Hoy se invierte poco, en parte por la desconfianza que generó la forma en que se modificó el Poder Judicial. Nuestra presidenta ha hecho reiterados llamados para incrementar la inversión, no sólo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas, que generan alrededor del setenta por ciento del empleo formal. El modelo sueco ofrece una enseñanza interesante: un gobierno claramente de izquierda puede mantener un enfoque práctico y construir relaciones sanas con el sector privado, sin subordinación de una parte a la otra. Ése sería un objetivo deseable para México. No resolveremos nuestras necesidades de inversión mediante la confrontación. Si no logramos crear un clima de confianza que reduzca la percepción de riesgo y garantice un trato justo a quienes invierten, difícilmente podremos competir con éxito. Hay que reducir el riesgo de invertir y de competir. La confianza es el nombre del juego. ¿Seremos capaces de construirla, alimentarla y hacerla crecer?

Cambios de gobiernos en Latinoamérica

En América Latina, a partir del año 2000, comenzó un crecimiento de gobiernos de orientación izquierdista, que se autonombraron progresistas. Sin embargo, en las últimas semanas y meses se ha observado un cambio importante. En varios países de la región parece estarse produciendo un giro electoral hacia opciones de derecha. Varios países están modificando su forma de ser gobernados. Muy recientemente, en Perú y Colombia, los candidatos de izquierda fueron derrotados en las urnas, aunque por márgenes muy estrechos. Se suman así a otros países que se han inclinado hacia modelos de derecha. Distinto es el caso de Venezuela y Cuba, donde, por circunstancias conocidas, los gobiernos de izquierda permanecen en el poder. En el futuro próximo habrá elecciones en Brasil, cuyo resultado es incierto. Algo semejante ocurre en Europa, particularmente en España, donde es posible que la izquierda se vea obligada a convocar elecciones anticipadas. Muchos interpretan este conjunto de cambios como una recuperación automática de la democracia. Se observa que los gobiernos que se autodenominan progresistas muestran muy poca autocrítica. Les resulta cómodo atribuir sus dificultades a factores externos. Si no fuera por ellos, nos dicen, seguirían ganando elecciones. Rara vez reconocen el efecto que han tenido el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el clientelismo político y la polarización como instrumentos para conservar el poder. Tampoco parecen admitir que buena parte del electorado está preocupada por problemas como la violencia y la corrupción, que esos gobiernos no han logrado contener. Pero, frente a estos cambios, surge una pregunta de fondo: ¿puede interpretarse un cambio de signo político como una democracia más madura? Es difícil aceptar que esta situación signifique simplemente un mayor poder de los sectores conservadores en América Latina. ¿Es realmente la injerencia extranjera la que está produciendo este cambio? Ésa es la explicación que suelen ofrecer los gobiernos de izquierda. ¿Significa el triunfo de los nuevos gobernantes un mayor grado de democracia, como afirman sus partidarios? Probablemente no. Tampoco es seguro que estos cambios sean duraderos ni que impliquen, por sí mismos, una mayor libertad. ¿Significan una democracia más madura? Tampoco. El problema de fondo es el autoritarismo. Cada vez con mayor frecuencia, las sociedades parecen inclinarse por gobernantes fuertes. Pero el autoritarismo resulta igualmente pernicioso, provenga de la derecha o de la izquierda. Los cambios impulsados por los nuevos presidentes, así como por otros que ya llevan tiempo en el poder, no garantizan por sí mismos una verdadera transformación. Ésta sólo podrá surgir de una democracia sin adjetivos, que cumpla realmente su función y parta del principio de que los gobiernos deben gobernar para todos. Deben abandonar la polarización como estrategia política y sustituir las clientelas construidas mediante beneficios selectivos y substituirlas por instituciones que sirvan al conjunto de la sociedad. Sin una ciudadanía alerta, informada y dispuesta a participar activamente en la vida democrática, el electorado no podrá asumir plenamente su responsabilidad. De otro modo, todos estos cambios terminarán siendo ilusorios.

¿Fin de la guerra en Irán?

Se anuncia el acuerdo que pretende poner fin a la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Una guerra que, se suponía, duraría unas cuantas semanas y que ha durado bastante más. Hemos regresado casi al punto de partida después de un conflicto costoso en vidas y recursos. En principio, puede decirse que es un buen resultado para Irán; no tanto para Israel o para Estados Unidos. Y para el mundo es un resultado positivo, aunque deja algunas dudas. ¿Puede hacerse algo para evitar enfrentamientos como éste o impedir que se reactiven? En México decimos que “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, y este es el caso. Sí, Estados Unidos logra que Irán entregue el uranio enriquecido que ha desarrollado, aunque no está claro a quién lo hará. No parece que sea a Estados Unidos. Es posible que se entregue a la Organización Internacional de Energía Nuclear o a algún otro organismo internacional. Irán obtiene un financiamiento de 300 mil millones de dólares para reparaciones, que no es poca cosa. Además, se le devolverán 100 mil millones de dólares que permanecían embargados por los bancos internacionales. Este acuerdo elimina las restricciones más severas sobre su economía: la prohibición de comprar petróleo iraní, así como las limitaciones impuestas a bancos y compañías de seguros para prestar servicios a ese país. La guerra produjo ajustes parciales, pero no resolvió los problemas estratégicos fundamentales que la originaron en esa región. Queda establecido que la vigilancia del cumplimiento del acuerdo se asigna a las Naciones Unidas. En particular, al Consejo de Seguridad, al que se pide emitir una decisión vinculante para todos los participantes. También participará, probablemente, el Organismo Internacional de Energía Atómica, responsable a nivel mundial de supervisar la industria nuclear. Ante la ineficacia de la ONU en la solución de conflictos mundiales, es de dudarse la funcionalidad de esta decisión. Irán tiene treinta días para reabrir el Estrecho de Ormuz, limpiarlo de minas y comprometerse a no desarrollar nunca armas nucleares. En ese mismo plazo, Estados Unidos deberá retirar sus fuerzas militares de la región cercana a Irán. Se incluye además el compromiso de no atacar a los aliados de ambas partes. Sin embargo, Irán no se compromete a dejar de apoyar a grupos fuertemente antisraelíes, particularmente Hezbolá y los Hutíes. Habiendo dicho esto, surge una pregunta importante: ¿era necesaria tanta destrucción, además del daño causado a la economía mundial y, sobre todo, a las vidas humanas? Estamos volviendo prácticamente a la situación original, con la excepción de que se logró eliminar a cincuenta de los más importantes dirigentes iraníes. ¿Cómo se puede evitar que se repitan situaciones tan desafortunadas como la que acabamos de vivir? Es un hecho que los organismos internacionales, y en particular las Naciones Unidas, no desempeñaron un papel relevante en este conflicto. No lograron hacer valer su autoridad moral para cumplir aquello para lo cual fueron creados: prevenir y evitar, de la mejor manera posible, los enfrentamientos entre naciones. Necesitamos, como humanidad, crear nuevos organismos y otros métodos de pacificación y negociación para evitar guerras en las que todos, participemos o no, terminamos perdiendo.

Lecciones de la Copa Mundial

Estamos en las seis semanas de la Copa Mundial. Hay una gran expectación y un fuerte predominio de las noticias relacionadas con este evento. Son momentos de alegría, pero también de preocupación, que dominan al aficionado. Existe inquietud, por ejemplo, por las medidas para garantizar la movilidad y la seguridad, que han sido fuertemente criticadas. También se cuestiona, en algunos casos de manera poco constructiva, la tardanza de las autoridades para tomar las medidas necesarias, lo que ha obligado a terminar obras a última hora o incluso a dejar algunas inconclusas. Esa intensidad contrasta con el escaso interés que, por regla general, mostramos por los asuntos públicos. Además del entusiasmo por el evento, se han producido diversas reacciones sociales aprovechando la atención que genera la Copa Mundial. Hay quienes han querido hacer visibles situaciones a las que el gobierno no ha dado suficiente importancia, buscando llamar la atención de la opinión pública internacional. Otros protestaron por la decisión de suspender las clases del alumnado durante seis semanas para evitar problemas asociados al evento. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para visibilizar los problemas de inseguridad. Son acciones ciudadanas, bien intencionadas en muchos casos, cuyo impacto real habrá que evaluar con el tiempo. ¿Por qué no participamos en los asuntos públicos con el mismo interés con que seguimos el fútbol? No cabe duda de que el deporte puede servir como una metáfora de lo que ocurre en nuestra sociedad. Vale la pena analizar cuáles son los paralelos y qué lecciones pueden aplicarse a la ciudadanía. Puede haber muchas respuestas. Este evento puede aprovecharse como una oportunidad para reflexionar sobre algunas enseñanzas valiosas. La pasión, la información y la participación que vemos en el fútbol deberían trasladarse a la vida cívica. Podemos aprender, por ejemplo, del trabajo en equipo que exige este deporte. El fútbol es, esencialmente, una labor colectiva, como también debería serlo la construcción de una mejor sociedad. El verdadero aficionado se mantiene permanentemente informado y conoce con detalle lo que ocurre en su deporte. Ojalá tuviéramos algo parecido en la política, donde el ciudadano común suele tener un conocimiento limitado. Pero no basta con estar informado. El buen aficionado comunica, debate, se mantiene al día y busca contrastar sus opiniones y discutirlas con otras personas. El deporte ayuda a crear una sociedad más participativa, más colaborativa y más saludable. Entre sus beneficios están la búsqueda de la paz, el encuentro entre diferentes culturas y sociedades, y un diálogo que trasciende el aspecto puramente deportivo. Necesitamos lograr que los ciudadanos sin partido se apasionen por la sociedad. Que busquemos conocer, debatir y proponer en los asuntos de gobierno. Mientras la administración pública siga siendo monopolio de los partidos políticos, estaremos a merced de los vaivenes de las ideologías y de los intereses partidistas. El reto será entender y aplicar estas lecciones.

Inteligecia Artificial: ¡Qué miedo!

Estamos en las seis semanas de la Copa Mundial. Hay una gran expectación y un fuerte predominio de las noticias relacionadas con este evento. Son momentos de alegría, pero también de preocupación, que dominan al aficionado. Existe inquietud, por ejemplo, por las medidas para garantizar la movilidad y la seguridad, que han sido fuertemente criticadas. También se cuestiona, en algunos casos de manera poco constructiva, la tardanza de las autoridades para tomar las medidas necesarias, lo que ha obligado a terminar obras a última hora o incluso a dejar algunas inconclusas. Esa intensidad contrasta con el escaso interés que, por regla general, mostramos por los asuntos públicos. Además del entusiasmo por el evento, se han producido diversas reacciones sociales aprovechando la atención que genera la Copa Mundial. Hay quienes han querido hacer visibles situaciones a las que el gobierno no ha dado suficiente importancia, buscando llamar la atención de la opinión pública internacional. Otros protestaron por la decisión de suspender las clases del alumnado durante seis semanas para evitar problemas asociados al evento. También hubo quienes aprovecharon la ocasión para visibilizar los problemas de inseguridad. Son acciones ciudadanas, bien intencionadas en muchos casos, cuyo impacto real habrá que evaluar con el tiempo. ¿Por qué no participamos en los asuntos públicos con el mismo interés con que seguimos el fútbol? No cabe duda de que el deporte puede servir como una metáfora de lo que ocurre en nuestra sociedad. Vale la pena analizar cuáles son los paralelos y qué lecciones pueden aplicarse a la ciudadanía. Puede haber muchas respuestas. Este evento puede aprovecharse como una oportunidad para reflexionar sobre algunas enseñanzas valiosas. La pasión, la información y la participación que vemos en el fútbol deberían trasladarse a la vida cívica. Podemos aprender, por ejemplo, del trabajo en equipo que exige este deporte. El fútbol es, esencialmente, una labor colectiva, como también debería serlo la construcción de una mejor sociedad. El verdadero aficionado se mantiene permanentemente informado y conoce con detalle lo que ocurre en su deporte. Ojalá tuviéramos algo parecido en la política, donde el ciudadano común suele tener un conocimiento limitado. Pero no basta con estar informado. El buen aficionado comunica, debate, se mantiene al día y busca contrastar sus opiniones y discutirlas con otras personas. El deporte ayuda a crear una sociedad más participativa, más colaborativa y más saludable. Entre sus beneficios están la búsqueda de la paz, el encuentro entre diferentes culturas y sociedades, y un diálogo que trasciende el aspecto puramente deportivo. Necesitamos lograr que los ciudadanos sin partido se apasionen por la sociedad. Que busquemos conocer, debatir y proponer en los asuntos de gobierno. Mientras la administración pública siga siendo monopolio de los partidos políticos, estaremos a merced de los vaivenes de las ideologías y de los intereses partidistas. El reto será entender y aplicar estas lecciones.

Huelga de inversiones

Es importante, para cualquier país, contar con inversión para sostener el crecimiento económico. En México, actualmente los inversionistas extranjeros están aprovechando las oportunidades de negocio y están creciendo de manera importante. En cambio, la inversión privada nacional crece muy poco. Los gobiernistas hablan de una huelga de inversiones. Entre las razones que se citan están la reforma legal, que genera temor entre los inversionistas; la incertidumbre respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio, así como la presión fiscal, reconocida incluso por los propios miembros de la 4T. Y hay algo poco tratado: la inseguridad, que afecta de manera importante a los negocios. Los empresarios perciben incertidumbre jurídica y hostilidad institucional hacia el riesgo. El gobierno de la Dra. Sheinbaum ignora el riesgo como un elemento fundamental en los negocios. La utilidad es el incentivo para asumir riesgos. El empresario pone su patrimonio en riesgo a cambio de un premio, llamado utilidad, que le permite obtener mejores resultados que los que tendría sin arriesgarse. La inversión implica riesgo. Si mejora esta situación, habrá mayor deseo de invertir. El gobierno está ofreciendo algunas propuestas al empresario privado. Algunas no han sido del todo claras. Por ejemplo, se proponen como incentivo las coinversiones público-privadas, en las que el empresario arriesga su patrimonio. Por otro lado, si el gobierno quiere mantener el control de la operación, el empresario no va a querer invertir. Por el riesgo que no podría enfrentar. En ningún momento se ha ofrecido una mejora sustancial de la seguridad. Se nos habla de reducción de los homicidios dolosos, pero no de los asaltos en carreteras, las extorsiones y los cobros de piso, que no han disminuido. A ello se suma la decisión de la Suprema Corte que permite al gobierno congelar cuentas bancarias sin autorización de un juez. ¿Qué podría hacer el gobierno? Realmente no mucho. No puede reducir la presión fiscal. De hecho, se necesita una reforma fiscal integral para quitarle todos sus elementos de discrecionalidad. Podría, por ejemplo, hacer que las inversiones productivas sean totalmente deducibles de impuestos de inmediato, o al menos permitir la depreciación acelerada de los bienes de capital. Con ello se apoyaría al empresario y se reduciría el riesgo de su negocio. También sería necesario establecer un sistema confiable y creíble para dar seguridad a los negocios. En nuestro país es difícil cobrar deudas, por lo cual los empresarios tienen que reducir sus utilidades o aumentar sus precios para tomar en cuenta que una parte importante de sus créditos será incobrable y no podrá recuperarse con facilidad. Se necesita un sistema expedito e imparcial en el aparato judicial. No se recupera fácilmente la confianza perdida. Tiene que haber acciones concretas para ganarse esa confianza: conversaciones del más alto nivel, pero también con el pequeño empresario, que genera el 70% del empleo en este país. Y mucha paciencia. La desconfianza del empresario no empezó con esta administración. Sin reconstruir la confianza institucional, difícilmente volverá la inversión privada. No basta lo que se ha hecho hasta ahora.

Pruebas, pruebas, pruebas

En estas últimas semanas, el gobierno de México ha enfrentado las acusaciones de tribunales de los Estados Unidos a 10 personas, miembros del gobierno de la 4T en el Estado de Sinaloa, a quienes se les acusa de ser colaboradores de los narcos. Al gobierno mexicano se le pide su detención con propósitos de extradición. La respuesta de nuestro gobierno ha sido exigir pruebas. De hecho, el poder judicial de los Estados Unidos advierte que hay otros miembros de los gobiernos Morenistas que podrían ser indiciados de la misma manera. Entre los acusados está un general retirado, secretario de Seguridad en ese estado, quien viaja a los Estados Unidos y se entrega voluntariamente a las autoridades de ese país. Y otro más, el anterior secretario de finanzas de Sinaloa, huye a Irlanda y después viaja para entregarse a Estados Unidos. La exigencia de pruebas por parte del gobierno mexicano, puede sostenerse políticamente en el corto plazo. Pero si estos y otros acusados continúan entregándose y cooperando, serán ellos mismos quienes terminen validando las acusaciones y debilitando la narrativa oficial. Es razonable suponer que estos acusados que se entregaron voluntariamente, van a pedir ser testigos protegidos, con lo cual obtendrían ventajas. Ante ello, es de preguntarse, ¿es sostenible a largo plazo la postura del gobierno: defenderse exigiendo pruebas y alegando soberanía? En realidad, los tribunales de los Estados Unidos saben muy bien que tienen que entregar pruebas, y saben también que tiene 60 días para hacerlo. La detención de aquellos que están acusados actualmente, era para evitar que huyeran del país, y ahora se demuestra que, efectivamente, era posible que ocurriera. Tan es así. que dos de los acusados salieron de México. A los acusados les conviene entregarse por varias razones. Por miedo: no saben si serán protegidos de una manera efectiva por parte del gobierno. Además, podrían obtener condenas menores, precisamente porque demuestran que quieren cooperar, y lograrán el estatus de testigos protegidos. Por otro lado, así evitarán que sean acusados de ser terroristas internacionales, cómo define el gobierno del señor Trump a quienes colaboran con el narcotráfico. Pasan algunos días y, aparentemente, el asunto se estanca. Al momento de escribir este artículo, no hay nuevos acontecimientos. En la prensa solo se reporta que no se sabe más de los otros acusados. El gobierno mexicano asegura que están localizados y en Sinaloa, además de que sus cuentas bancarias están congeladas. Todo ello se complicará, si el ejemplo de los que se entregaron voluntariamente, se repite. Si se cumple la amenaza de que habrá nuevas peticiones de extradición, y varios de esos acusados se entregan voluntariamente, los acusadores tendrán más fácil obtener pruebas. Los propios acusados podrían facilitarlas. La insistencia sobre la presentación de pruebas ya no será útil.

Rebelión ciudadana

En un período de éxito, de eliminación de contrapesos, aunque con una posición débil en el apoyo de su alianza de partidos, la situación actual de la Cuarta Transformación parecería estar en un momento de auge. Sin embargo, las cosas se están complicando. Ataques desde el exterior, muy particularmente desde los Estados Unidos, los han llevado a posiciones de tipo defensivo. Declaraciones del gobierno respecto a diversos asuntos que muestran contradicciones, da la idea de que no todo está bien. Aunque, por otro lado, es cierto que la inoperatividad de una oposición que todavía no encuentra su camino, les ha permitido sortear estas situaciones. En los días recientes ha habido algo que podría percibirse como una victoria, al menos parcial, de la ciudadanía. Declara la Secretaría de Educación Pública una reducción de seis semanas en la impartición de clases durante el final de este año lectivo y enfrenta una fuerte resistencia de parte de padres y madres. Una resistencia que no ha sido causada por los partidos políticos, sino que ha nacido de manera espontánea. Tras días de discusiones y contradicciones, se da marcha atrás. ¿Será que estamos viendo el inicio de una resistencia ciudadana capaz de llenar el vacío opositor? Esto se podría ver como una victoria de la ciudadanía. No podemos decir que este logro ciudadano sea el principio del fin de la reconstrucción del autoritarismo en este país. No se puede decir: “ya vemos la luz al final del túnel”. Claramente no estamos así . Pero sí se puede afirmar que la oscuridad dentro del túnel se ha vuelto un poco menos densa. Todavía no es suficiente este éxito ciudadano. Es un momento de reflexión y de buscar soluciones. Promover posibles respuestas a las situaciones que se nos plantean. Existe un deterioro sistémico de confianza y capacidad institucional, y la ciudadanía empieza a reaccionar por fuera de los partidos. Por mencionar algunos ejemplos de áreas por mejorar: La jubilación, un tema al que se le han propuesto soluciones parciales, que no son sostenibles a largo plazo. La educación pública y, en alguna medida, la privada, que no genera empleabilidad bien remunerada a los egresados. Además, ahora se reduce la exigencia al alumnado. Estamos enfrentando una educación que genera analfabetismo funcional para una parte importante de la población. Algo imprescindible para poder ser vigente en la situación moderna. Y, tristemente, también crea una crisis que algunos han llamado “el ocaso de la razón”. Por no hablar de seguridad, de salud y otras más. Sí, hay algunos avances, pero de corto plazo. Se extraña una visión de largo plazo. Y lo que engloba todos estos ejemplos, es la falta de confianza. Que es difícil de construir, pero es fácil perderla. Nuestra oposición, que está paralizada, no está dando propuestas a estos y muchos otros asuntos. Lo suyo es atacar y señalar. Las propuestas tendrán que venir de los ciudadanos sin partido. Los que no buscamos puestos ni prestigio. Los verdaderos afectados. No podemos seguir solo en los señalamientos: ya es hora de crear propuestas concretas. Necesitamos organizarnos, informarnos, debatir y no perder el empuje que se mostró en estos días pasados, ante errores que querían imponerse a nuestros hijos. Esa es, en mi opinión, la lección de la rebelión ciudadana de los últimos días.

Temores e ilusiones

Estamos viviendo un gran alboroto entre las filas de la 4T. Cambios de dirigentes, preparación para la contienda del año 2027, ambiciones desbordadas, divisiones internas, patadas por debajo de la mesa y hasta algunas “patadas voladoras”. Reacomodos internos, purgas, constantes llamados a la unidad de una alianza tan heterogénea. Ahora, para complicar las cosas, el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, pide al Gobierno de México que detenga con objeto de extradición a diez miembros de la 4T del Gobierno del Estado de Sinaloa: el gobernador del Estado, el sçenador que representa al mismo en el Congreso federal y el alcalde de su capital, además de otros siete funcionarios y exfuncionarios. Todos ellos acusados de coludirse con los cárteles. Esto no es nada nuevo. En los últimos tiempos ha habido una gran cantidad de miembros de la delincuencia organizada, que han sido enviados a los Estados Unidos. Y no necesariamente siguiendo el trámite de la extradición, sino simplemente con su envío hacia ese país. Pero en todo esto hay una gran diferencia. Los que ahora están siendo acusados, pertenecen todos ellos al partido en el poder. La respuesta del gobierno en un primer momento fue de negación. Dijeron: “No hay pruebas”. Pero pronto ese argumento fue sustituido por otro, tal vez de más fondo: “Si México accede a esta petición, se estará vulnerando la soberanía del país”. “Los opositores son injerencistas y traidores a la patria” dijeron. Ellos están pidiendo que, efectivamente, se les cumpla a estas instancias de los Estados Unidos, nos dice el oficialismo. ¿Puede este conflicto debilitar a Morena y empoderar a su oposición? No necesariamente. La oposición confunde desgaste del gobierno con construcción de alternativa. Sin propuestas claras, no habrá cambio político. Del lado opositor, se ven discursos y una guerra de editoriales. ¿Verdaderamente, es creíble que caiga el gobierno de Morena por este diferendo? ¿Es creíble que sus simpatizantes lo abandonarán para sumarse masivamente a otros partidos? Porque da la impresión de que los opositores creen que lo que hacen basta y que solo es cuestión de aguantar un poco más para que la situación se revuelva prácticamente sola. ¿Estamos hablando de ilusiones políticas? Muy probablemente, sí. Es importante que los opositores no se conformen con los señalamientos, y las presentaciones a través de todos los medios. Que no crean que la denuncia permanente sustituye a una propuesta política. Es muy importante que no se queden solamente en las acusaciones: que presenten soluciones, planes concretos, propuestas claras que induzcan al votante a cambiar su decisión de voto. Algo que no han hecho en los últimos años. Es importante pasar de los señalamientos a las propuestas. De las propuestas a la planificación. Esto es lo que puede ganar los votos de una ciudadanía que vota por la credibilidad que le generan las propuestas de los distintos actores. Lo más importante no es resolver la presión del gobierno de los Estados Unidos, sino algo más difícil: reducir la zozobra que está padeciendo la ciudadanía. Y que nos digan como lo harían.

Soberania

Cada vez con más frecuencia se da que algún país solicita la extradición de mexicanos. Y también ocurre que nosotros pedimos la extradición de personas acusadas de algún crimen en México y que tratan de evadir las consecuencias huyendo. Ahora se presenta la petición de extraditar 10 miembros del partido en el poder. Otros casos, cuando la situación no tenía que ver con miembros del gobierno, no causaron tanto revuelo. Ahora, el escándalo es mayúsculo. Se cree que se está aplicando la frase, que algunos atribuyen a Benito Juárez : “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”. ¿Es ese el caso cuando se pide la extradición de los miembros de un partido y otro cuando se trasladaron a acusados sin la formalidad de la extradición? Nuestra presidenta dice que ella debe defender la soberanía del país, que el acceder a esas extradiciones sería aceptar faltar a nuestra soberanía. ¿Qué entendemos por soberanía? Cualquier tratado que hayamos establecido con otros países, o cualquier asociación con organismos internacionales, tiene un elemento de limitación de nuestra soberanía. Cuando aceptamos pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, igual que cuando tenemos tratados de libre comercio o pertenecemos a organizaciones mundiales, por ejemplo, como el Banco Mundial, algo perdemos de soberanía. Si firmamos un tratado de aceptación de las extradiciones tenemos que preguntarnos: ¿Ese tratado, tal como se firmó, es injusto?¿Por qué lo aprobó el Poder Legislativo, encargado de aceptar ese tipo de tratados? En estos mismos días se está anunciando con gran alegría la revisión de nuestros Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea. Y, una vez más, entra a discusión el tema de la soberanía. En ese tratado hay una cláusula importante: la cláusula de democracia y derechos humanos, que le da facultades a la Unión Europea de supervisar si nuestras prácticas democráticas cumplen con los estándares internacionales, o si estamos cumpliendo con los derechos humanos. Seguramente se establecerán tribunales internacionales que tendrán que conocer de esos asuntos, o resolverán litigios entre empresas de los diferentes países, con tribunales que no serán los mexicanos. ¿Realmente, sabemos cómo limita nuestra soberanía este tratado? Hace poco, en la reunión de países progresistas, nuestra presidenta abogó por las relaciones multilaterales. ¿Es posible ese multilateralismo sin limitar nuestra soberanía? Es un concepto que se está usando tanto que puede decirse que ya se está desgastando. De tanto usarlo, cada vez impresiona menos. No cabe duda de que todos los mexicanos, como probablemente ocurre en todos los países, nos molesta que alguien más venga a decirnos cómo actuar. Pero es cierto también que habrá ocasiones en que los beneficios serán mayores que los daños que podamos tener de estas asociaciones. Nuestro gobierno debe ser, no solo el garante de nuestra soberanía, sino también quien nos diga a la opinión pública, al ciudadano sin partido, los datos para conocer con certeza cuáles son esos beneficios y a qué limitaciones de la soberanía nos estamos comprometiendo. Sin ello, la soberanía se va a quedar como un eslogan desgastado y no podrá servir como un medio para tomar decisiones consensadas

Errores y su justificación

Errar es de humanos; perseverar en el error, es diabólico, decían los romanos hace siglos. En estas últimas semanas, han estado apareciendo consistentemente en los medios escándalos sobre diferentes tipos de errores, algunos graves, otros no tanto. . Esto es lo que hemos visto en días recientes, por ejemplo, en el desastre ecológico en el Golfo de México que, finalmente, después de haber estado negándolo y justificándolo de distintas maneras, se llega a saber qué ocurrió. O el descarrilamiento del ferrocarril interoceánico, con víctimas fatales, que se comunicó de modo parecido. Obviamente, los errores que más se publican son aquellos que se achacan al gobierno, porque generalmente son más mediáticos. Ahí, la cultura de la justificación está más arraigada. Nos avergüenzan los errores y tratamos de evitar que se sepan. Al cometer algún error, buscamos justificarnos y echarle la culpa a alguien más. De esa manera, nos perdemos la posibilidad de aprender de nuestros errores: analizarlos para aprovecharlos. Esto tiene que ver con el miedo a las consecuencias. Que se nos culpe de la falla, por ejemplo. Creemos que quienes pagan los errores no son normalmente los directivos, sino el personal del más bajo nivel. Pero, al justificar las fallas, no estamos aprendiendo de ellas. Si no hay aprendizaje, los errores continúan y se vuelven cada vez más graves. Al retrasar la solución, sus efectos son mayores. Aquí hay un problema fundamental: falta de confianza y temor al desprecio público. Más entendible en el gobierno, que está siendo escrutado permanentemente por los medios, que buscan mejores resultados de audiencia cuando muestran errores y atacan fuertemente a quienes, presuntamente, los cometieron. El gobierno espera el ataque de sus opositores y eso hace que sienta necesidad de ocultar las fallas. Pero esta cultura se da también en otros campos: las empresas, familias, escuelas, organizaciones no gubernamentales o filantrópicas. Ocultan sus fallas por temor a ser criticados. Un asunto que probablemente se ha convertido en una parte de nuestra cultura. ¿Cómo lograr cambiarla? Aceptando nuestros errores, los cuales no reconocemos por temor a que las consecuencias sean más graves que la falla misma. Una metodología sencilla para analizar las fallas, se ha llamado la autopsia de los errores. Entender qué es lo que está ocurriendo, tener una visión clara de esta situación, qué parte era previsible y cual inevitable. Cómo reaccionar más rápidamente o limitar el daño. Ver qué era previsible y, por lo tanto, que se puede hacer para evitarlo en el futuro. También distinguir cuáles son los errores graves y los leves, cuales frecuentes y cuales no, con lo cual concentrar nuestros esfuerzos en donde obtengamos los mayores resultados posibles. Sin echar culpas a otros. Pero hay otro tipo de autopsia, también importante: la autopsia de los logros. Los partidos políticos, por ejemplo, no siempre tienen claro, cuando llegan al poder, que no es que ellos ganaran, no es que sus propuestas fueran mejores y la gente los quiera mucho, sino que sus opositores eran tan malos, que el electorado no quiere ni oír hablar de ellos. Necesitamos aprender y enseñar a administrar el error. Mientras no aprendamos de las fallas, no las podremos resolver. Y esto es importante en todos los campos. En el fondo, se requiere reconstruir la confianza entre las organizaciones, el electorado y los individuos, para cambiar la cultura de la justificación. Ahí está la solución a este problema.

Unilateralismo

Probablemente, uno de los eventos más importantes de esta semana que ha terminado, ha sido la presencia de nuestra presidenta en España para una reunión de jefes de Estado que buscan, en principio, reunir a quienes se llaman entre ellos “progresistas”. Me llamó mucho la atención una entrevista que uno de los periódicos de izquierda más famosos de España le hizo al presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre el evento. A esa reunión de “progresistas”, Lula la definió como un grupo de jefes de Estado que son demócratas y que defienden la multilateralidad. Habría que explicar el concepto. Supone que todas las naciones contribuyan a encontrar soluciones a los problemas de la humanidad. No ha sido un camino fácil. Naciones Unidas no ha tenido un buen desempeño en ese aspecto. Y la prueba son las dificultades que tiene para resolver diferendos importantes como el que se está viviendo en este momento entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Donde los buenos oficios de las Naciones Unidas y la comunidad de las naciones no han sido tomados en cuenta. O entre Rusia y Ucrania, donde tampoco han sido relevantes. Por otra parte, habría que cuestionar, no solo a Lula, sino también a los que dicen ser jefes de Estado progresistas: ¿Qué pueden decir de sus relaciones con jefes de Estado que son unilaterales? Por ejemplo, con el BRIC, formado originalmente por Brasil, Rusia, India y China. ¿De veras podemos decir que el señor Putin es un demócrata que actúa aceptando la multilateralidad? ¿La ha aplicado en la guerra contra Ucrania? Difícilmente. O China: ¿Son verdaderos demócratas? Contra la multilateralidad, está el unilateralismo. Donde, realmente, no hay una discusión; se da una decisión unilateral sin tomar en cuenta la opinión de nadie, sin hacer participar a aquel país que está siendo afectado. Cómo actúa el señor Trump o el señor Xi Jinping, en China. “Dime con quién andas, y te diré quién eres”, decía mi bisabuelo. También puede darse la unilateralidad al interior de un país. Es el caso mexicano, cuyo gobierno pretende ser democrático y que aboga por decisiones multilaterales. Pero, en nuestro país, han ido demoliendo los límites y contrapesos al poder ejecutivo, colonizando los poderes legislativo y judicial, destruyendo organizaciones ciudadanas e incluso las no gubernamentales y no lucrativas. No hay una consulta honesta, franca, con diferentes partidos, con diferentes grupos de opinión, con instituciones apartidistas. ¿Cuántas veces nos encontramos que se hacen mesas de diálogo a las cuales, después, no asisten los que deben tomar decisiones? Porque las decisiones ya están tomadas. Antes de quererles imponer un modo de ser a otras naciones, deberíamos cuestionarnos: ¿Realmente, eso está ocurriendo en nuestra casa? ¿Verdaderamente, podemos hablar de una democracia completa? ¿Actúa nuestro gobierno de una manera multilateral al tomar decisiones importantes, que afectan a toda la población? O se está construyendo una unilateralidad, que huele a dictadura, tal vez una dictadura un poco menos perfecta que aquella con la que vivimos por más de siete décadas. Que la socialdemocracia de su época, la misma que convoca ahora a esta reunión de Barcelona, nunca cuestionó. Y aceptó, gustosamente, a esa dictadura entre sus miembros y hasta le dio puestos en la Internacional Socialista.

Cambio de era

Se discute si estamos en una época de cambios o en un cambio de época. Aparentemente, es un juego de palabras, pero tiene importancia. El ejemplo más claro de un cambio de era ha sido la decadencia del Imperio Romano. Partiendo de una época en que, en una parte importante de Europa y Asia, era la civilización dominante, relativamente homogénea, manteniendo unas fronteras bien guardadas, que mantenían afuera a pueblos con otras civilizaciones. Un gobierno central, un ejército nacional, una cultura relativamente homogénea, legislación que se cumplía básicamente en la mayoría de esos países. Una lengua común, que se utilizaba por lo menos en Europa central y occidental, así como en el Medio Oriente, en cuestiones de tipo oficial. Una comunidad de valores e ideas relativamente homogénea. Así fue por siglos. Viene su decadencia, se rompe ese orden, se destruye el gobierno central, sigue una época de varios siglos de decadencia cada vez más profunda. Se crean estados feudales. Cada uno, con su propia moneda y ejército. Hay decadencia en las costumbres y la cultura. Tarda un tiempo generar algo que pueda sustituir aquella época relativamente homogénea. Se dan ciertas islas de cultura; llega una situación completamente diferente: la llamada Cristiandad Europea, que ya no tiene un gobierno común. Por un tiempo, mantienen los gobiernos feudales y, poco a poco, empiezan a generar naciones que van agrupando varios feudos. Con monedas, ejércitos y Estados nacionales. Un cambio lento y muy profundo. ¿Estamos, verdaderamente, ante un cambio de época? Un ejemplo interesante de cómo está ocurriendo este cambio ha sido el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Una guerra que se iba a terminar, según se decía, en cuestiones de días o de semanas. Y se ha atorado de una manera importante. Se han tenido respuestas que no eran las esperadas, a pesar de que hay una diferencia aplastante de capacidades de un lado y del otro. Estados Unidos, considerado el país más poderoso en lo militar, aliado con Israel, con el lugar 15, contra Irán, considerado el ejército en lugar 16. La Organización de las Naciones Unidas está demostrando tener una gran incapacidad para ser mediador. Increíblemente, Pakistán, con el sitio 161 en las economías globales (medido como PIB per cápita), está siendo el mediador entre las partes. Irán, supuestamente, según los Estados Unidos ya derrotado, está poniendo condiciones como si hubiera sido el ganador. Por ejemplo, obligar a Estados Unidos y a las naciones europeas a dar una cuota de 2 millones de dólares por cada buque que cruza por el estrecho de Ormuz. ¿Es un verdadero cambio de era? Probablemente, lo central es el concepto de trascendencia del ser humano. Si estamos convencidos de que aquí se acaba todo, que no hay nada más que lo material, hay que tomar lo que se pueda, porque después no habrá segundas oportunidades. El concepto de principios, la estructura jerárquica de los valores, dejará de ser relevante. En esas condiciones es difícil lograr acuerdos. Esto, que puede sonar a una cuestión de tipo religioso, es un tema fundamentalmente antropológico. Si dejamos de concebir al ser humano como un ente trascendente, es difícil lograr acuerdos entre contendientes. ¿Hacia dónde irá nuestra civilización? No hay manera fácil de saberlo. ¿Se mantendrá o no ese concepto de la trascendencia? Habrá que ir observando los cambios. Analizar permanentemente diferentes situaciones para poder llegar a algún tipo de conclusión, al menos provisional, para esa pregunta.

Desaparecidos

Hace dos viernes, nuestra Presidenta presentó información sobre los desaparecidos. Un tema sensible, poco atendido y particularmente doloroso para las madres buscadoras, que toman la delantera para buscar, investigar e instar al gobierno para que profundice las búsquedas. Con alto costo en tiempo y descuido de sus familias y con peligro personal (más de 35 buscadoras asesinadas). Que no se rinden, que no abandonan al pariente que les falta. Algunos hechos recientes. Se crea, nos dice la doctora Sheinbaum, una base de datos optimizada de la contabilidad de los desaparecidos. Se hablaba de 450,000 desaparecidos en todo el país. Ahora la base de datos confirmada consta de poco más de 132,000 desaparecidos, menos de la tercera parte de lo que se decía originalmente. De esos hay casi 47,000 con datos insuficientes que no permiten hacer una investigación. Otros, del orden de 40,000, son personas que, después de haber sido declaradas desaparecidas, han dado señales de vida: han aparecido en algún documento, se les han dado vacunas o usaron tarjetas de crédito. Lo cual quiere decir que no están realmente desaparecidos. Y del total, poco más de 43,000 tienen datos suficientes para buscarlos. De esos, solo existen un poco menos de 3,000 carpetas de investigación. El 7 % de aquellos que se reconocen como auténticamente desaparecidos. Ahí se inicia la impunidad. No es un dato inútil. Es importante tener certeza sobre la situación. La duda es: ¿por qué se ha tardado tanto en tener esta claridad? Ciertamente, es muy difícil poner objetivos y buscar resultados si la base de datos es inadecuada. El temor es que lo que se está buscando es bajarle la gravedad del asunto y poder presumir que se han reducido las cantidades de desaparecidos. ¿Por qué no se pidió a las personas que estaban haciendo una denuncia que dieran datos suficientes? ¿Y por qué no informan a los buscadores cuando hay señales de los desaparecidos? Algunos miembros de la 4T, no todos, han tomado la actitud de que la lucha de las madres buscadoras es un ataque al gobierno. Y mientras se considere que estos son ataques a la administración actual, poco se hará para mejorar la situación. También es importante la reacción que ha habido entre los buscadores. Entre otras cosas, el renovar y ampliar el así llamado Muro de los Desaparecidos, de los cuales hay varios en el país. La idea es evitar que, con esta nube de informaciones, se olvide la situación. Por otro lado, una parte sustancial de la ciudadanía no ha tenido suficiente interés en este asunto. No está entre sus prioridades más importantes. No solo ello: muchas veces han caído en la narrativa de que el desaparecido, “algo malo habrá hecho” y que por eso no aparece. Están, realmente, revictimizando a quienes les duele la desaparición. Si a la ciudadanía realmente le importara, estaría exigiendo resultados. Por otro lado, está la reacción del gobierno federal. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pide a la Secretaría General de la ONU que apoye a México para erradicar este problema. Considera que en México se da el delito de lesa humanidad. El gobierno mexicano rechaza de manera oficial, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este dictamen. Dice que le hace falta rigor jurídico a ese comité. Y asegura también que ha colaborado y seguirá haciéndolo con Naciones Unidas para encontrar soluciones para este problema. Ojalá actúe igual con las madres buscadoras.

Un suicidio en “tiempo estelar”

Una situación dolorosa. Una chica de 25 años, española, pide eutanasia y se le concede, finalmente, este pasado 26 de marzo. Hay antecedentes. Tuvo una familia disfuncional, sufrió varias violaciones, incluso una de ellas tumultuaria. Un intento de suicidio fallido que la deja cuadripléjica, con dolores insoportables. El asunto se complica y lo llevan a tribunales. Su padre, quien aparentemente no se hacía cargo de ella cuando era menor, es asesorado por una asociación de abogados que no están de acuerdo con la eutanasia. A los cuales los medios, de inmediato, etiquetan como “ultraderecha”. Logra evitar el hecho por más de 600 días. ¿Se puede hablar de un suicidio asistido? Ella ya se había intentado suicidar. Y después lo que estaba pidiendo es que le permitieran morir de acuerdo con su voluntad. Ya había tratado de suicidarse y falló. “Se trata de un derecho democrático”, dicen algunos. “Un acto de dignidad”, dicen otros. Una cadena televisiva española hace la transmisión en vivo de todo el proceso de eutanasia. Un asunto de morbo, buscando el sensacionalismo. Y si de alguien podemos hablar como culpable, es precisamente de ese tipo de “periodismo”. ¿Qué falló? ¿Por qué la Sociedad no pudo tener una solución más humana? ¿Por qué se dio toda esa transmisión en vivo del proceso de su muerte? Buscaban el rating, seguramente. Es muy claro que hay algo terrible que está fallando en nuestra sociedad. No me atrevo a opinar sobre la muchacha. No puedo saber cuál era su estado de ánimo, no sé cómo era su sufrimiento, no solo el físico, sino el de sentirse humillada, de sentirse abandonada por aquellos que deberían haber cuidado de ella, y si verdaderamente no veía otra salida más que la de dejar de existir. Ni cómo fue su estado psicológico. No tengo la capacidad de juzgar algo así, ni creo que ningún ser humano pueda hacerlo. La Sociedad sigue permitiendo el maltrato a la mujer, las violaciones, como las que sufrió esta chica. Sin pensar que quedan dañadas de una manera profunda. ¿Qué va a seguir? Este hecho transmitido en directo, ¿qué está provocando? Formará jurisprudencia, facilitará que los suicidas busquen maneras sencillas y cómodas de acabar con su vida. El suicidio será tomado como un alivio, como una manera de dejar de existir sin dolor, pero también como un modo de protestar contra aquellos que no supieron cuidar del suicida. Es un asunto difícil. Se necesita todavía profundizar, en mi opinión, para saber realmente qué se debe hacer para evitar en lo posible casos como este. Porque al final del día, muchos que tienen intenciones suicidas siguen haciendo intentos hasta que lo logran. No se trata solamente de los conceptos tradicionales de bioética, que prescriben el trato del enfermo terminal: eliminar el dolor, limpieza, comodidad corporal, una alimentación completa. Y, sobre todo, un trato verdaderamente humano. Porque, desgraciadamente, se está llamando a este tipo de suicidio un trato digno y misericordioso para el paciente. “Puedes contribuir a la muerte de alguien más, sin tener consecuencias”, nos están diciendo. Por no hablar de que esto abre un negocio, probablemente muy rentable. Clínicas que den estos servicios, sin consecuencias penales, con el mínimo de procedimientos y con un trato que la Ley y la Sociedad están aceptando y promoviendo.

Reforma electoral

Siguen las discusiones sobre la ley electoral. Intentos de propuestas, debates, dificultades entre la alianza de la 4T. Y, debajo de la mesa, pugnas entre miembros del partido gobernante. Falta de acuerdos y, finalmente, un nuevo plan, ahora el plan B. ¿Es, como dicen algunos comentaristas, que ese era el verdadero plan de la doctora Sheinbaum y que el otro fue solamente una distracción para “acalambrar” a los aliados, pensando en que podían perder una buena parte de sus ingresos? Nunca lo sabremos. Se arguye que el sistema de votaciones en México es muy costoso. En lugar de discutir este punto en particular, el plan B presenta una limitante: que los miembros del sistema electoral no deben ganar más de lo que percibe la Presidenta de la República. Pero también podría debatirse la necesidad de una reforma a fondo de los partidos. El asunto podría resumirse en un concepto básico: que el sistema debería proporcionar un piso parejo para todos los participantes. En la práctica, el partido en el gobierno siempre tendrá ventajas contra todos los demás partidos y nunca habrá un piso verdaderamente parejo. Habría que cambiar eso. Lo más importante es el financiamiento público a los partidos políticos. Una parte de esta discusión es el hecho de que los partidos más grandes son, generalmente, los que tienen también más votos a su favor. Y si el financiamiento a los partidos se hace proporcional al número de votos que obtienen, de entrada, se está construyendo una ventaja muy difícil de remontar por los demás. Todos los partidos deberían recibir la misma cantidad del financiamiento público. Y ahí, claramente, sí hay alguna cantidad que recortar. ¿De qué manera se va a controlar esto? Si lo va a revisar el propio gobierno, este podría tratar con benevolencia a su partido y ser más estricto con sus contrarios. Sería necesario que existiera una contraloría social, independiente y ciudadana, para exigir a los partidos el cumplimiento de los reglamentos necesarios. Lo que es importante es que no exista una autorregulación. Tanto en el financiamiento como en la contabilidad de los votos, la misma que actualmente llevan los ciudadanos. El plan B establece que quien va a contar los votos es el propio gobierno. Estamos partiendo mal. El gobierno tendrá todos los medios para modificar los resultados de la votación Para el ciudadano, la situación de los partidos tendría que ser muy diferente. El ideal sería que tuviéramos nuevos partidos que, por obligación, no pudieran usar los nombres de los partidos existentes. En ese ideal, los partidos y sus candidatos deberían ser verdaderamente nuevos. Que fueran personas diferentes, de manera que realmente pudiéramos tener ideas distintas. No tener a los mismos de siempre, pero reciclados, que es lo que está ocurriendo con varios de los partidos “nuevos” que se presentarán en las siguientes elecciones. Tristemente, no es fácil. Hay quien dice que “chapulín” es el segundo apellido de muchos políticos. Es importante lograr votaciones que tengan un costo razonable para un país de recursos limitados como es el nuestro, pero siempre será fundamental saber que no siempre lo barato va a resultar mejor. Tenemos que buscar primero cuál es el resultado que queremos y después ver hasta dónde pueden llegar nuestros recursos. No, al revés.

El olvido

En este primer trimestre del 2026, el mundo está en situaciones complicadas. Hay guerras y rumores de guerras. No sabemos con qué criterio nos llega la información, de qué manera lo deciden las agencias de comunicación y los medios. ¿Quién decide a cuál de las situaciones se le da más atención y se difunde con mayor precisión? Un ejemplo: hace poco más de dos semanas, Estados Unidos, en alianza con Israel, inicia una guerra a gran escala contra Irán, en la cual muere el grupo directivo del país, y promete que, en muy pocas semanas, terminará. ¿Quién decide que esa debe ser la noticia predominante? Es un caso grave, tiene un impacto muy fuerte, pero también es cierto que no es la única guerra. Tenemos otras, muy específicamente la guerra entre Ucrania y Rusia, que ya se acerca a cuatro años y no se resuelve de una manera precisa: ni a través de negociación, ni con un triunfo claro. Pero ya se nos olvidó. Por otro lado, ahora tenemos una guerra entre Pakistán y Afganistán. El pasado día 12 hubo bombardeos de Pakistán en Afganistán. Y los medios, como si nada. Y no es cosa menor: Pakistán tiene 200 ojivas nucleares y no ha firmado los tratados de limitación de armas nucleares, alegando que las necesita por la presión de la India, que también las tiene. Hay otras áreas donde hay guerra, en varios países de África, y también hay conflictos, entre Taiwán y China continental. Por otro lado, están también las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y ya se nos han olvidado. Hay varios puntos importantes que tendrían que estarse revisando y, sin embargo, no tenemos otra visión que la de una guerra en particular, como si fuera la que importa y la que nos describen, prácticamente, minuto a minuto. Las agencias informativas están jugando al sensacionalismo. A lo que llame más la atención, a lo que permita aumentar el rating. Como es el caso de Ucrania, del que ya casi no se habla. Otras noticias desvían nuestra atención y hacen que los gobiernos no tengan la necesidad de atender otros asuntos. Estamos dando el primer lugar a lo nuevo ante lo importante. Otros problemas se olvidan. Por otro lado, es claro que la Organización de las Naciones Unidas ya no está cumpliendo el papel para el cual fue fundada. Han sido verdaderamente inoperantes. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna cosa relevante que haya dicho Naciones Unidas respecto al enfrentamiento actual? Puede ser que la culpa no sea de ellos, sino que sea de las agencias informativas, pero de cualquier modo no se ha escuchado de manera importante la voz de Naciones Unidas en este asunto. Y aun si lo hubiera hecho, seguiría habiendo la situación de siempre: nadie le haría caso. Naciones Unidas no tiene manera de hacer cumplir lineamientos de la comunidad internacional de naciones. La pregunta de fondo sería: ¿verdaderamente necesitamos tener a una Organización de las Naciones Unidas inoperante, que no puede hacer valer el concepto de multilateralismo, que es el modo de encontrar soluciones a temas complejos, como pueda ser una guerra, como puedan ser innovaciones de tipo tecnológico o el problema de la contaminación? Claramente, se necesita crear una opinión pública fuerte que empuje a la ONU. Hay que lograr la refundación de la Organización de las Naciones Unidas para que verdaderamente cumpla con sus funciones. ¿Alcanzaremos a verlo?