Economía estancada

Los datos de la economía mexicana en 2025 muestran un crecimiento de apenas 0.8% del Producto Interno Bruto. Si consideramos que la población creció aproximadamente 0.7% durante el mismo periodo, el aumento del producto por habitante fue prácticamente nulo. Una situación preocupante para un país que necesita mejorar las condiciones de vida de su población y ofrecer oportunidades a quienes se incorporan al mercado de trabajo. Pueden citarse distintas explicaciones para este estancamiento. Entre ellas, la escasa generación de empleo formal, el crecimiento de la informalidad y la falta de inversión productiva. Pero no basta con enumerar los problemas. Necesitamos entender por qué los empresarios no encuentran condiciones suficientemente atractivas para ampliar sus inversiones y por qué tantos negocios permanecen en la informalidad. Hace falta un diagnóstico preciso, despolitizado y que genere confianza entre los participantes en la economía. Una tarea que debería incorporar al gobierno, la oposición, los empresarios, los sindicatos, la banca y, particularmente, a quienes operan pequeños negocios, formales e informales, que generan una parte fundamental del empleo en el país. No se trata de repartir culpas ni obtener ventajas políticas, sino de reconocer las causas, asumir responsabilidades y encontrar soluciones. Entre los obstáculos que ese diagnóstico debería examinar está el costo del financiamiento. Para muchas empresas pequeñas, conseguir recursos para crecer resulta demasiado caro. Las tasas de interés que enfrentan suelen ser considerablemente superiores a las disponibles para empresas de mayor tamaño o en economías desarrolladas. No hay muchas oportunidades de inversión capaces de generar rendimientos suficientes para cubrir esos costos y, además, compensar los riesgos que asume el empresario. Parte del problema está en las garantías. Muchos pequeños empresarios no cuentan con propiedades o activos suficientes para respaldar un crédito. Algunos terminan financiando sus negocios mediante tarjetas de crédito, con costos que pueden hacer inviable una inversión productiva. Por otra parte, las instituciones financieras enfrentan dificultades para recuperar préstamos incumplidos. Los procesos de cobranza pueden resultar largos y costosos, especialmente cuando existen deficiencias en la aplicación de la ley. Todo esto termina encareciendo el crédito, incluso para quienes tienen buenos proyectos y cumplen sus compromisos. El problema no afecta solamente a los bancos. También lo enfrenta el empresario cuando sus clientes incumplen sus pagos y recuperar lo que le deben resulta costoso e incierto. El resultado es un círculo difícil de romper: las empresas necesitan financiamiento para crecer, pero las condiciones del crédito impiden que muchas inversiones sean rentables. Sin inversión suficiente, tampoco se genera el empleo formal que el país necesita. Otro obstáculo es la incertidumbre sobre quién asume los riesgos y quién toma las decisiones. Se han propuesto coinversiones públicas y privadas para impulsar distintos sectores, pero estos esquemas necesitan reglas claras. ¿Quién administrará esas empresas? ¿Quién decidirá sobre las inversiones? ¿Cómo se distribuirán los riesgos y los resultados? Si el empresario considera que arriesga su patrimonio sin tener suficiente influencia sobre las decisiones, difícilmente estará dispuesto a participar. Existen alternativas. En el pasado se utilizaron programas de garantías para facilitar el crédito a pequeñas empresas, así como mecanismos para financiar proyectos productivos y la adquisición de instalaciones industriales. Son experiencias que merecen recuperarse como posibles soluciones, adaptándolas a las condiciones actuales y evaluando su viabilidad antes de ponerlas en práctica. Desde luego, cualquier apoyo público debe contar con reglas transparentes y mecanismos para evitar que los riesgos privados terminen convirtiéndose injustificadamente en pérdidas para los contribuyentes. Seguramente hay otras soluciones. Precisamente por eso se necesita reunir la experiencia de empresarios, trabajadores, académicos, instituciones financieras y autoridades. No para producir otro documento lleno de buenas intenciones, sino para identificar obstáculos concretos y acordar medidas que puedan evaluarse. Reducir el costo del crédito, mejorar las garantías, fortalecer el cumplimiento de los contratos y ofrecer mayor certidumbre a quienes invierten son objetivos que pueden traducirse en acciones. No basta con pedir a los empresarios que inviertan: hay que construir condiciones para que valga la pena asumir ese riesgo. No será fácil. Se requiere un cambio de cultura entre empresarios, sindicatos, autoridades y sociedad. Un cambio que no llegará con rapidez y cuyos resultados probablemente no podrán presumirse dentro de un solo sexenio. Por eso necesitamos un acuerdo que trascienda gobiernos y posiciones políticas, con responsabilidades compartidas, metas verificables y continuidad en las decisiones. El estancamiento económico no se resolverá con discursos ni buscando culpables. Necesitamos crear, entre todos, las condiciones para volver a crecer.