Ya se ha hablado en muchos medios y de muchas maneras
sobre los eventos con los que se
pretende modificar el estado constitucional de la Ciudad de México. A espaldas
de la sociedad se eligió un grupo de autonombrados “notables” para redactar un proyecto de constitución, excluyendo
a todos los que podrían haber opinado y que no son de izquierda e incluso a
algunos izquierdistas. Ahora que se empiezan a ver algunos temas en público,
empieza a haber rechazos y se pretende festinar la aprobación mediante un plazo
fatal: emitir la nueva constitución el 5 de febrero de 2017 para que coincida
con el centenario de la Constitución del 1917. Aunque no se haya logrado un
pleno acuerdo, aunque tenga puntos dudosos o sin que haya acuerdo. El plazo, al
parecer, es lo que importa a estos “notables”. Y para asegurar su aprobación
con mínimas discrepancias, crearon un
comité redactor absolutamente faccioso.
En esta semana, en
unos días se discutirá la Carta de Derechos. Los autonombrados “notables”
esperan enmendarle la plana a las declaraciones en este tema a las Naciones
Unidas con derechos novedosos (como el derecho a la satisfacción sexual y a
colapsar la Ciudad) y haciendo a un lado los derechos a la propiedad privada,
al libre tránsito, al libre emprendimiento, por poner algunos. Completamente
ausentes están los deberes correlativos de la ciudadanía y las obligaciones del
Gobierno de la Ciudad.
Y, por supuesto, tras
este galimatías está la implantación forzosa de una ideología, con exclusión de
toda otra posible opinión. O sea, se está vulnerando por la vía constitucional
las opiniones que puedan tener otros grupos y personas. El derecho a la libre
opinión y a la difusión de las ideas será coartado en nombre de lo
“políticamente correcto”. Evidentemente, no es un tema que haya entusiasmado a
la ciudadanía. Los propios habitantes de la CDMX ven al tema como un asunto de
la clase política, la que ha demostrado en gran cantidad de ocasiones que ocupa
el último lugar en los sondeos de confianza ciudadana. Y la ciudadanía del resto del país está aún
más ajena al asunto. Para el ciudadano normal, las nuevas leyes y
constituciones le provocan una enorme desconfianza. Poco bueno podemos esperar
de ellas y, dada la inmensa impunidad que padecemos, las sabemos perfectamente
inútiles. Además de que, si la historia es alguna guía, sabemos que las constituciones
en nuestro país son violadas sistemáticamente y reformadas abundantemente, de
manera que ya hemos perdido la cuenta de cuantas veces se ha enmendado la
Constitución de 1917.
Todo esto nos podría
llevar a tratar el tema como uno de interés local o un tema intrascendente. En
realidad, su importancia para el país es otra. El proyecto de Constitución es
el modelo que seguiría una parte de la Izquierda si llegan a gobernar el país,
cosa que no es imposible.
Bueno, puede que me
equivoque. Soy solo un ciudadano que expresa sus opiniones antes de que estos
políticos me quiten este y otros derechos. Y sospecho que así creemos muchos
ciudadanos. Lo bueno es que no hay que creerme. Hay una solución. Propongo a
los “notables” que sometan la Constitución a un referendo. Veamos si la
ciudadanía está encantada con esta Constitución o si la rechaza. No necesitamos
de largas disquisiciones ni debates. Esto nos daría a todos la certeza de que la
Constitución refleja el sentir de la ciudadanía. Aunque no acabemos a tiempo para
el centenario de la Constitución de 1917.
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