El tema de fondo en la discusión sobre la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia no es o al menos no debería de ser solo la idoneidad de los candidatos. En la discusión por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la candidata favorita del Presidente del Poder Ejecutivo para presidir la Suprema Corte, quedó en segundo lugar el tema de fondo. Estrictamente hablando, en pura teoría del sistema democrático, ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo deberían de influir en el nombramiento del titular del Poder Judicial. Así mismo, el Poder Judicial no debería de influir en el nombramiento de los otros Poderes de la Unión. Una teoría que difícilmente se cumple, ni siquiera en los países con mayor desarrollo democrático. La realidad es que los poderes establecidos, así como los poderes fácticos, hacen todo lo posible por influir en esos tipos de nombramientos.
De hecho, en la mayoría de los países democráticos hay una división de poderes, independencia entre los mismos para asegurar que haya vigilancia de cada uno de ellos sobre los demás. Lo que se ha dado en llamar el concepto de balances y comprobaciones, qué evitaría que alguno de los poderes impusiera su criterio. Como ocurría en nuestro país durante la larga noche de la “dictadura perfecta”, los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. En dónde el Presidente del Ejecutivo Federal ponía y quitaba a su libre albedrío gobernadores, presidentes municipales, así como diputados, senadores y miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Es interesante que este concepto de la división e independencia de poderes muchas veces es cuestionado por partidos con raíces democráticas, que buscan unificar el poder en nombre de la gobernabilidad. El argumento es que, si hay división de los poderes y que estos recaen en diferentes partidos, cómo sería el caso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo o de un cuerpo independiente de los partidos, como sería el caso del Poder Judicial, sería difícil tener gobernabilidad -nos dicen- porque se perdería la agilidad del gobierno por tener que estar convenciendo a otros poderes para que estén de acuerdo con los criterios de todos y cada uno de ellos.
Es cierto. Cuando hay comprobaciones y balances es más difícil gobernar. Las decisiones pueden atrasarse mientras se cumplen los requisitos qué pide cada uno de los poderes. Claro: siempre será más difícil gobernar una sociedad democrática que una autocracia. Muchos de nuestros gobernantes siguen el criterio del rey de Francia Luis XIV, qué proclamaba: “El Estado soy yo”. Es el máximo de la gobernabilidad. De no ser así -dicen algunos- lo que seguiría sería la anarquía. Según ellos, esta sería aún peor que la dictadura. De manera que a la Sociedad se le presenta una falsa disyuntiva: aceptar en nombre de la gobernabilidad el dominio del Poder Ejecutivo, a cambio de evitar los males de la anarquía.
Lo que buscan muchas veces los Poderes, pero sobre todo el Ejecutivo qué es el que maneja el mayor presupuesto público, es tener un Legislativo que gobierne para el partido al que pertenece el Presidente, “sin cambiar ni una coma” a las propuestas del Ejecutivo. Al mismo tiempo se busca qué el Poder Judicial avale todas las propuestas presidenciales, y todas las propuestas de ley que procedan del Legislativo, aunque no tengan congruencia con los conceptos jurídicos, con las leyes vigentes ni con la Constitución. Hoy desgraciadamente, y esto en parte por nuestra pésima educación en temas políticos y sociales, una parte importante de la población cree de buena fe que la Presidencia tiene la facultad de darle órdenes al Congreso y al Poder Judicial. Y así vemos como, ante alguna falla de alguno de los Poderes, la población pide, es más: exige al Presidente de la República que intervenga y enderece el entuerto.
Por otro lado, encontramos con que los poderes fácticos emplean cantidades sustanciales de recursos en cabildear con los tres Poderes para que se den soluciones adecuadas a sus intereses. Y lo mismo ocurre con distintas sociedades intermedias: cámaras empresariales, ONGs, grupos de interés y religiones, todos ellos tratando de influir en la vida de la Nación por medios que no son los que prevé un sistema democrático.
Ante esta situación, ¿cuáles son las opciones para el ciudadano? En algunos países, en ciertas épocas se han decidido por el voto diferenciado: votar por partidos diferentes en las elecciones presidenciales y en las dos cámaras del Congreso, de manera que no se puedan poner de acuerdo fácilmente y deban de negociar y convencer mediante sus argumentos y no meramente por la fuerza de los partidos políticos. Otros han optado por votar en cada elección por partidos diferentes, con la idea de que si es seguro que el siguiente gobernante procederá de un partido diferente del que ahora gobierna, el gobierno actual será muy cuidadoso de no cometer errores o corruptelas porque sabe que, en el siguiente periodo de gobierno, otro partido diferente tendrá el poder y revisará con lupa la administración anterior. Estas soluciones no son perfectas y claramente hay que buscar otras posibilidades diferentes de las que hoy tenemos en el panorama.
Aquí el tema de fondo es: ¿A quién representan estos Poderes? Hoy representan a las distintas clases sociales, a las etnias, a las sociedades intermedias, a los grupos con diferentes niveles de conocimientos y estudios. O peor aún: no representan a ninguna de esas áreas de la Sociedad y sólo representan a las facciones de la casta política. ¿Quién nos asegura que se pueda lograr concordia entre los que somos tan diferentes? En buena parte el mito a vencer es el temor a la falta de gobernabilidad. Y eso requiere que todos tengamos un conocimiento suficiente sobre los temas importantes de la Sociedad y las peculiaridades del sistema de gobierno qué, para muchos, es el preferente: la democracia. Un método de gobierno muy malo - decía Winston Churchill- pero que es el menos malo de todos los sistemas existentes hasta ahora.
Antonio Maza
Pereda
