PISA: ¿En dónde estamos?

Uno de los temas que más llamó la atención la semana pasada fueron los resultados de México en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. En la edición 2025 participaron 91 países y economías. Entre los 38 países miembros de la OCDE, México quedó en el penúltimo lugar en lectura y ciencias, y en el antepenúltimo en matemáticas. Pero quizá el dato más preocupante no sea nuestra posición en la tabla. Cerca de siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, y aproximadamente la mitad tampoco lo alcanza en lectura y ciencias. La reacción era de esperarse. Cuando un resultado nos incomoda, tendemos a discutir la medición. Desde el gobierno se ha señalado que PISA tiene limitaciones, que los países tienen condiciones distintas y que hay otros aspectos de la educación que también deben considerarse. En gobiernos anteriores se llegó incluso a descalificar este tipo de evaluaciones por considerarlas parte de una visión neoliberal. Puede haber críticas válidas a PISA. Ninguna evaluación resume toda la complejidad de un sistema educativo. Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra ignorar lo que está señalando. Es como el padre que descubre que su hijo tiene fiebre y decide romper el termómetro. Desacreditar el instrumento no elimina la fiebre. Este problema no nació ayer ni pertenece a un solo gobierno. Durante décadas hemos debilitado la relación entre avanzar en la escuela y demostrar que realmente se ha aprendido. Las políticas y los partidos han cambiado, pero hemos aceptado progresivamente que un alumno continúe su trayectoria escolar sin dominar conocimientos fundamentales. También hemos ido perdiendo la idea de que la educación implica responsabilidad. La formación de los hijos corresponde, en primer lugar, a la familia. El gobierno, los maestros, los empleadores y la sociedad tienen también responsabilidades importantes, pero ninguna sustituye la que corresponde a los padres. La escuela cumple hoy muchas funciones. Para numerosas familias es un apoyo indispensable que les permite trabajar mientras sus hijos están atendidos. Para los jóvenes representa la expectativa de mejores oportunidades laborales. Pero no podemos olvidar su función principal: aprender. Y aprender importa mucho más que obtener una calificación o un certificado. Una persona que no comprende suficientemente lo que lee tiene menos herramientas para distinguir entre un argumento y una ocurrencia, comparar fuentes de información o identificar una contradicción. Quien no domina las matemáticas básicas enfrenta mayores dificultades para comprender cantidades, relaciones y riesgos. Y quien tiene una formación científica insuficiente cuenta con menos elementos para entender un mundo cada vez más determinado por la tecnología. En una época de redes sociales, desinformación e inteligencia artificial, estas carencias adquieren una importancia todavía mayor. El resultado no es únicamente una población con dificultades para competir en el mercado laboral. Es también una ciudadanía con menos instrumentos para tomar decisiones y más vulnerable frente a la manipulación. Buscar culpables no resolverá el problema. Después de décadas de deterioro, difícilmente podemos atribuir toda la responsabilidad a un presidente, un partido, un sindicato, los maestros o las familias. Entre todos, por acción o por omisión, hemos permitido que esta situación se construya. Necesitamos devolver a las familias un papel central en el aprendizaje, no para convertir a los padres en profesores, sino para recuperar la idea de que la curiosidad, la lectura, la disciplina y el deseo de comprender se forman primero en casa y, sobre todo, con el ejemplo. Necesitamos además un esfuerzo amplio de aprendizaje remedial: comprensión de lectura, matemáticas fundamentales, ciencia básica y capacidad de aprender por cuenta propia. Una sociedad que cambia a la velocidad actual exige personas capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida. El autoaprendizaje ya no es solamente una virtud; se está convirtiendo en una necesidad. No hablamos simplemente de más profesores: no hay suficientes para llegar a cada familia. Es una labor también personal. Necesitamos profesores con ingresos, tiempo y condiciones que les permitan mejorar sus capacidades, así como empleadores que participen en la capacitación y actualización permanente. Pero la escuela debe entenderse como apoyo a la tarea educativa de la familia, no como su sustituto. Puede ayudar mucho, pero no puede asumir la responsabilidad que corresponde a los padres. Hay además una dificultad mayor. Llevamos décadas acumulando este rezago. Muchos de los padres que hoy envían a sus hijos a la escuela estudiaron dentro del mismo sistema que estamos cuestionando y tampoco recibieron una formación sólida en lectura, matemáticas o ciencias. El cambio tendrá que ser, por lo tanto, intergeneracional. No podemos pedir a nuestros hijos curiosidad si nosotros hemos dejado de tenerla, pedirles que lean si nunca nos ven leyendo, ni exigirles que aprendan constantemente si creemos que nuestra educación terminó cuando recibimos un título. ¿Nos llevará treinta años corregir lo que deterioramos durante treinta años? Tal vez. No existe una solución rápida. Estamos hablando de modificar hábitos, expectativas y capacidades que se han formado durante generaciones. Y si tardaremos décadas en corregirlo, esa es una razón más para empezar ya.

Federalismo o centralismo

La semana pasada estuvo saturada de información sobre el gobernador de Sinaloa. Las reacciones fueron múltiples. Mientras unos percibieron lo ocurrido como una distracción para hacer olvidar temas complejos para el gobierno, otros acusaron al gobierno federal de intervenir arbitrariamente en Sinaloa, y otros más reclamaron a la presidenta no haber actuado antes y con mayor decisión. Detrás de estas reacciones hay un problema de fondo: la vieja discusión sobre federalismo y centralismo. Una cuestión que, durante el siglo XIX, provocó guerras, enfrentamientos políticos e incluso se entrelazó con intervenciones extranjeras. Nuestra Constitución establece un sistema federal y reconoce a los estados como libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, cuando surge una crisis local, con frecuencia esperamos que sea el poder federal quien la resuelva. ¿Verdaderamente creemos que los estados deben ser libres y soberanos, como dice la Constitución? Nuestra Constitución consagra un sistema federal, pero en la práctica nunca hemos sido completamente federalistas. Hay una fuerte tradición centralista que tiene raíces anteriores al siglo XIX y llega hasta nuestros días. Prácticamente todos los gobiernos han ejercido, en mayor o menor medida, un manejo centralizado de la política y de buena parte de la economía. Una situación que, por otra parte, ha sido aceptada e incluso solicitada por un electorado que espera que el presidente sea el gran responsable de cuanto ocurre en el país. Algo similar sucede con los gobernadores. En teoría encabezan estados libres y soberanos; en la práctica, muchas veces se les trata como si fueran una especie de virreyes subordinados al poder central, que necesitan su visto bueno o su bendición. Lo curioso es que no solamente el gobierno federal actúa de esa manera. Con frecuencia somos los propios ciudadanos quienes exigimos que lo haga. Un ejemplo de esta tensión aparece en los impuestos y las participaciones federales. Estados con gran dinamismo económico, como Jalisco, Nuevo León o Baja California, han cuestionado en distintos momentos la relación entre lo que generan y los recursos que finalmente reciben. Del otro lado están los estados con menor capacidad económica, que requieren transferencias mayores para ofrecer servicios y oportunidades comparables a sus habitantes. Ahí aparece uno de los dilemas del federalismo. ¿Hasta dónde debe permitirse que los estados más dinámicos conserven una mayor proporción de los recursos que generan? ¿Y hasta dónde debe utilizarse el sistema fiscal para redistribuir riqueza y reducir las enormes diferencias regionales del país? Favorecer solamente uno de los extremos tendría consecuencias importantes. Los estados económicamente más fuertes necesitan recursos para mantener su crecimiento y, además, atender los efectos de la migración interna: vivienda, movilidad, educación, salud e infraestructura. Pero abandonar a los estados con menor desarrollo a sus propios recursos significaría acrecentar todavía más las diferencias que ya existen. Por eso, quizá lo que necesitamos revisar no sea el federalismo como concepto, sino el federalismo que realmente practicamos. Quizá ha llegado el momento de revisar qué entendemos por pacto federal y qué responsabilidades, facultades y recursos estamos realmente dispuestos a dejar en manos de los estados. Uno de los argumentos a favor del centralismo es el de las economías de escala. Si el gobierno centraliza su poder de compra, puede reducir sus costos de abastecimiento y de inversión pública. Por otro lado, un argumento a favor del federalismo es que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de aquellos a quienes afectan, siempre que ese nivel de gobierno tenga la capacidad para resolverlas adecuadamente. Son criterios diferentes, pero no es imposible encontrar soluciones que aprovechen los beneficios de ambos. El problema está en lo que esperamos del poder. Decimos creer en el federalismo, pero cada vez que aparece una crisis volvemos la mirada hacia el centro. Queremos estados autónomos, pero también esperamos que la Federación resuelva sus problemas y distribuya sus recursos. Mientras no resolvamos esa contradicción, seguiremos siendo federalistas en el papel y bastante centralistas en la práctica.

Prioridades

Los eventos de los últimos días, a raíz de que Andrés Manuel López Beltrán dirigiera una carta al presidente de Estados Unidos después de que le fuera cancelada su visa para entrar a ese país, generaron toda clase de reacciones. Algunas predecibles, como las denuncias de intervencionismo. Otras no tanto. Llama la atención la queja de algunos opositores, que contrastan el enojo oficial por este asunto con la deficiente atención a las madres buscadoras, que no genera una indignación semejante. Independientemente de las motivaciones de cada quien, esta diferencia muestra uno de los problemas centrales de la tensión entre los gobiernos y la ciudadanía no partidizada: sus prioridades no siempre coinciden. Y esto importa porque, en un sistema democrático, el ciudadano es el mandante y los políticos son los mandatarios: ejercen el poder en representación de los ciudadanos. ¿A qué debe darse prioridad? Una diferencia evidente es el plazo. Para los políticos, cuya prioridad es obtener y conservar el poder, tienen particular importancia las acciones de corto plazo que producen resultados electorales. Por ejemplo: ¿Qué nos dará el triunfo en 2027? La ciudadanía, en cambio, tiene razones para exigir que también se consideren las consecuencias de largo plazo. Pero el plazo es solo una de las diferencias. ¿Federalismo o centralismo? Esa disputa nos costó sangre y guerras durante el siglo XIX. Formalmente triunfó el federalismo; en la práctica, el centralismo nunca terminó de perder. Hay otras diferencias: ¿qué debe resolver directamente el Estado y qué corresponde a las personas, las familias y las comunidades? ¿Cuánto debe destinarse a resolver urgencias y cuánto a crear las condiciones para que esas urgencias no se repitan? Pensemos en los apoyos sociales. Hay que ayudar a las personas menos favorecidas; difícilmente se puede estar en desacuerdo con ello. El problema es si el apoyo solamente alivia una necesidad inmediata o contribuye también a una mejoría permanente. Atender la urgencia es indispensable, pero debería hacerse construyendo simultáneamente las condiciones para que, con el tiempo, el apoyo extraordinario deje de ser necesario. Los apoyos a los adultos mayores son un buen ejemplo. Para muchas familias representan un alivio importante y, en la práctica, benefician también a hogares que no cuentan con medios suficientes para sostener a sus ancianos. Pero deberían ir acompañados del desarrollo de un sistema de pensiones que reduzca progresivamente esa necesidad y de mecanismos que permitan a los adultos mayores que lo deseen continuar siendo productivos durante más tiempo. Es solo un ejemplo. Las diferencias de prioridades son muchas y no desaparecerán. Tampoco se trata de que unas sean siempre correctas y otras equivocadas. El problema es quién las establece y con qué criterios. La voluntad de la ciudadanía debe estar en la raíz de esas decisiones. Eso exige ciudadanos conscientes y preparados para participar en ellas, y políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en decidir por los ciudadanos, sino en servirlos a todos, no solo a la mayoría que votó por ellos o a quienes coinciden con su ideología. La buena política consiste precisamente en eso: equilibrar prioridades legítimas y, muchas veces, contradictorias, sin olvidar quién es el mandante y quién el mandatario.

Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.

¿Necesitamos nuevos partidos?

En las últimas semanas se aprobó la creación de dos nuevos partidos políticos federales: el Partido de la Paz y Somos México. Ambos están formados por ciudadanos que ya militaban en otros partidos, lo cual puede leerse como un síntoma de vitalidad política o como un simple reparto de poder. Pero los partidos no crean la democracia: son los ciudadanos quienes la construyen. Somos México reúne a experredistas y a independientes que se organizaron en la llamada Marea Rosa, movimiento que logró manifestaciones de peso; sus dirigentes provienen del PRD. El Partido de la Paz, por su parte, viene del Partido Encuentro Social, que desapareció por falta de adherentes y ahora busca reinsertarse en la política nacional. Ambos partidos apuestan a capitalizar el descontento con las opciones actuales, viendo en las elecciones de 2027 y 2028 la oportunidad de atraer tanto a quienes rechazan al partido en el poder como a quienes desconfían de la oposición actual. Una consecuencia posible es que los núcleos duros de los partidos existentes se fragmenten y se reacomoden sin que la clase polItica crezca. La otra —probablemente la que buscan estos nuevos partidos— es atraer a ciudadanos que hoy no participan, pero que tienen inquietudes políticas o sociales y esperan partidos genuinamente distintos. Existe el temor de que estas opciones terminen pareciéndose a lo que vivimos durante la dictadura perfecta: partidos satélites del PRI que daban la apariencia de democracia sin serlo. Ese es el riesgo. Otro temor es la ingobernabilidad por exceso de partidos, pero la experiencia internacional no lo respalda. Italia tiene hoy 40 partidos en el Parlamento y al menos otros 60 a nivel local. Desde 1948 ha tenido 68 gobiernos, con una duración promedio de un año y dos meses, sin que eso se traduzca en inestabilidad: cuenta con un buen servicio civil de carrera, y los cambios de gobierno no causan mayores daños. El problema de fondo es si realmente necesitamos nuevos partidos. Si son solo ediciones parciales del sistema actual, es difícil creer que un cambio de siglas produzca una mejora real. Pero si lo que están provocando es la incorporación de nuevos ciudadanos a la vida pública, el resultado puede ser positivo. No necesitamos nuevos partidos: necesitamos nuevos ciudadanos interesados en la cosa pública, con ideas y propuestas, con una manera distinta de ver al País. Todos los partidos, sin importar su éxito o su representación en el gobierno, necesitan una refundación completa. Si la aparición de nuevos partidos empuja ese cambio, bienvenida sea. De lo contrario, habremos multiplicado las siglas, pero no la democracia.

Impuestos: quién los decreta y cómo se gastan.

Nunca han sido populares los impuestos. La reciente discusión sobre presuntos esquemas de evasión fiscal de algunos gobernadores ha vuelto a colocar los impuestos en el centro del debate público. Sin embargo, el problema de fondo no es sólo quién evade impuestos, sino por qué muchos ciudadanos siguen percibiéndolos más como una imposición que como un acto de solidaridad social. Hace poco más de 250 años se inició la guerra de las trece colonias inglesas contra el Reino Unido, precisamente por una cuestión de impuestos. Su lema era, traducido libremente: "No pagaremos impuestos si no hay representación". Hace dos siglos el problema era quién autorizaba los impuestos. Hoy el problema es quién decide el gasto. Ese es el punto central. Su destino queda en manos de una clase política que ha reducido fuertemente los límites y contrapesos, como hemos comentado en estas páginas, y frente a la cual los ciudadanos tienen pocos medios para influir eficazmente. No contamos con mecanismos suficientes para que esos recursos reflejen realmente la solidaridad social y no terminen utilizándose con fines electoreros. Nuestras contribuciones deberían servir para que todos reciban los servicios que proporciona el gobierno. Pero también son la forma en que remuneramos a quienes hemos elegido como nuestros mandatarios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un dirigente político agradecer a la ciudadanía los recursos con los que trabaja? Yo no. Con frecuencia se transmite la impresión de que esos recursos pertenecen al gobierno y no a los ciudadanos que los aportan. Una de las razones por las que muchos ciudadanos perciben poca legitimidad en los impuestos es la desconfianza sobre la manera en que se gastan. En teoría, el Congreso decide su destino en nuestro nombre. Pero, en la práctica, debería existir una participación ciudadana mucho más amplia mediante consultas, deliberación y debate público. Hay quien responderá que justamente elegimos representantes para tomar esas decisiones y que consultar permanentemente a la población haría ingobernable al Estado. Sin embargo, la tecnología ofrece hoy mecanismos de consulta, deliberación y participación que eran impensables hace dos siglos. Seguramente no existe un modo perfecto de lograr que los impuestos sean populares. Siempre habrá evasión y corrupción. Pero sí podemos mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre su destino. Las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en el uso de sus contribuciones, se debilita la legitimidad del Estado y comienza a romperse el contrato entre ciudadanos y gobierno. Hace dos siglos la democracia encontró una respuesta para decidir quién podía imponer los impuestos. El desafío de nuestro tiempo es encontrar mejores formas para que los ciudadanos participen también en decidir cómo se utilizan.