Prioridades

Los eventos de los últimos días, a raíz de que Andrés Manuel López Beltrán dirigiera una carta al presidente de Estados Unidos después de que le fuera cancelada su visa para entrar a ese país, generaron toda clase de reacciones. Algunas predecibles, como las denuncias de intervencionismo. Otras no tanto. Llama la atención la queja de algunos opositores, que contrastan el enojo oficial por este asunto con la deficiente atención a las madres buscadoras, que no genera una indignación semejante. Independientemente de las motivaciones de cada quien, esta diferencia muestra uno de los problemas centrales de la tensión entre los gobiernos y la ciudadanía no partidizada: sus prioridades no siempre coinciden. Y esto importa porque, en un sistema democrático, el ciudadano es el mandante y los políticos son los mandatarios: ejercen el poder en representación de los ciudadanos. ¿A qué debe darse prioridad? Una diferencia evidente es el plazo. Para los políticos, cuya prioridad es obtener y conservar el poder, tienen particular importancia las acciones de corto plazo que producen resultados electorales. Por ejemplo: ¿Qué nos dará el triunfo en 2027? La ciudadanía, en cambio, tiene razones para exigir que también se consideren las consecuencias de largo plazo. Pero el plazo es solo una de las diferencias. ¿Federalismo o centralismo? Esa disputa nos costó sangre y guerras durante el siglo XIX. Formalmente triunfó el federalismo; en la práctica, el centralismo nunca terminó de perder. Hay otras diferencias: ¿qué debe resolver directamente el Estado y qué corresponde a las personas, las familias y las comunidades? ¿Cuánto debe destinarse a resolver urgencias y cuánto a crear las condiciones para que esas urgencias no se repitan? Pensemos en los apoyos sociales. Hay que ayudar a las personas menos favorecidas; difícilmente se puede estar en desacuerdo con ello. El problema es si el apoyo solamente alivia una necesidad inmediata o contribuye también a una mejoría permanente. Atender la urgencia es indispensable, pero debería hacerse construyendo simultáneamente las condiciones para que, con el tiempo, el apoyo extraordinario deje de ser necesario. Los apoyos a los adultos mayores son un buen ejemplo. Para muchas familias representan un alivio importante y, en la práctica, benefician también a hogares que no cuentan con medios suficientes para sostener a sus ancianos. Pero deberían ir acompañados del desarrollo de un sistema de pensiones que reduzca progresivamente esa necesidad y de mecanismos que permitan a los adultos mayores que lo deseen continuar siendo productivos durante más tiempo. Es solo un ejemplo. Las diferencias de prioridades son muchas y no desaparecerán. Tampoco se trata de que unas sean siempre correctas y otras equivocadas. El problema es quién las establece y con qué criterios. La voluntad de la ciudadanía debe estar en la raíz de esas decisiones. Eso exige ciudadanos conscientes y preparados para participar en ellas, y políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en decidir por los ciudadanos, sino en servirlos a todos, no solo a la mayoría que votó por ellos o a quienes coinciden con su ideología. La buena política consiste precisamente en eso: equilibrar prioridades legítimas y, muchas veces, contradictorias, sin olvidar quién es el mandante y quién el mandatario.

Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.

¿Necesitamos nuevos partidos?

En las últimas semanas se aprobó la creación de dos nuevos partidos políticos federales: el Partido de la Paz y Somos México. Ambos están formados por ciudadanos que ya militaban en otros partidos, lo cual puede leerse como un síntoma de vitalidad política o como un simple reparto de poder. Pero los partidos no crean la democracia: son los ciudadanos quienes la construyen. Somos México reúne a experredistas y a independientes que se organizaron en la llamada Marea Rosa, movimiento que logró manifestaciones de peso; sus dirigentes provienen del PRD. El Partido de la Paz, por su parte, viene del Partido Encuentro Social, que desapareció por falta de adherentes y ahora busca reinsertarse en la política nacional. Ambos partidos apuestan a capitalizar el descontento con las opciones actuales, viendo en las elecciones de 2027 y 2028 la oportunidad de atraer tanto a quienes rechazan al partido en el poder como a quienes desconfían de la oposición actual. Una consecuencia posible es que los núcleos duros de los partidos existentes se fragmenten y se reacomoden sin que la clase polItica crezca. La otra —probablemente la que buscan estos nuevos partidos— es atraer a ciudadanos que hoy no participan, pero que tienen inquietudes políticas o sociales y esperan partidos genuinamente distintos. Existe el temor de que estas opciones terminen pareciéndose a lo que vivimos durante la dictadura perfecta: partidos satélites del PRI que daban la apariencia de democracia sin serlo. Ese es el riesgo. Otro temor es la ingobernabilidad por exceso de partidos, pero la experiencia internacional no lo respalda. Italia tiene hoy 40 partidos en el Parlamento y al menos otros 60 a nivel local. Desde 1948 ha tenido 68 gobiernos, con una duración promedio de un año y dos meses, sin que eso se traduzca en inestabilidad: cuenta con un buen servicio civil de carrera, y los cambios de gobierno no causan mayores daños. El problema de fondo es si realmente necesitamos nuevos partidos. Si son solo ediciones parciales del sistema actual, es difícil creer que un cambio de siglas produzca una mejora real. Pero si lo que están provocando es la incorporación de nuevos ciudadanos a la vida pública, el resultado puede ser positivo. No necesitamos nuevos partidos: necesitamos nuevos ciudadanos interesados en la cosa pública, con ideas y propuestas, con una manera distinta de ver al País. Todos los partidos, sin importar su éxito o su representación en el gobierno, necesitan una refundación completa. Si la aparición de nuevos partidos empuja ese cambio, bienvenida sea. De lo contrario, habremos multiplicado las siglas, pero no la democracia.

Impuestos: quién los decreta y cómo se gastan.

Nunca han sido populares los impuestos. La reciente discusión sobre presuntos esquemas de evasión fiscal de algunos gobernadores ha vuelto a colocar los impuestos en el centro del debate público. Sin embargo, el problema de fondo no es sólo quién evade impuestos, sino por qué muchos ciudadanos siguen percibiéndolos más como una imposición que como un acto de solidaridad social. Hace poco más de 250 años se inició la guerra de las trece colonias inglesas contra el Reino Unido, precisamente por una cuestión de impuestos. Su lema era, traducido libremente: "No pagaremos impuestos si no hay representación". Hace dos siglos el problema era quién autorizaba los impuestos. Hoy el problema es quién decide el gasto. Ese es el punto central. Su destino queda en manos de una clase política que ha reducido fuertemente los límites y contrapesos, como hemos comentado en estas páginas, y frente a la cual los ciudadanos tienen pocos medios para influir eficazmente. No contamos con mecanismos suficientes para que esos recursos reflejen realmente la solidaridad social y no terminen utilizándose con fines electoreros. Nuestras contribuciones deberían servir para que todos reciban los servicios que proporciona el gobierno. Pero también son la forma en que remuneramos a quienes hemos elegido como nuestros mandatarios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un dirigente político agradecer a la ciudadanía los recursos con los que trabaja? Yo no. Con frecuencia se transmite la impresión de que esos recursos pertenecen al gobierno y no a los ciudadanos que los aportan. Una de las razones por las que muchos ciudadanos perciben poca legitimidad en los impuestos es la desconfianza sobre la manera en que se gastan. En teoría, el Congreso decide su destino en nuestro nombre. Pero, en la práctica, debería existir una participación ciudadana mucho más amplia mediante consultas, deliberación y debate público. Hay quien responderá que justamente elegimos representantes para tomar esas decisiones y que consultar permanentemente a la población haría ingobernable al Estado. Sin embargo, la tecnología ofrece hoy mecanismos de consulta, deliberación y participación que eran impensables hace dos siglos. Seguramente no existe un modo perfecto de lograr que los impuestos sean populares. Siempre habrá evasión y corrupción. Pero sí podemos mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre su destino. Las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en el uso de sus contribuciones, se debilita la legitimidad del Estado y comienza a romperse el contrato entre ciudadanos y gobierno. Hace dos siglos la democracia encontró una respuesta para decidir quién podía imponer los impuestos. El desafío de nuestro tiempo es encontrar mejores formas para que los ciudadanos participen también en decidir cómo se utilizan.

Receso

Al analizar los resultados de la Copa FIFA para nuestro país, hay que reconocer que México tuvo éxito como sede, a pesar de los altos costos para el público, la planeación atropellada y la mala imagen con la que llegamos al torneo. El entusiasmo superó todos esos obstáculos y convirtió el evento en un éxito en muchos sentidos. La Copa nos dio un receso del mal humor social. Necesitábamos una fuerte infusión de alegría, y la tuvimos. A pesar de los problemas, no lograron empañarla. No faltó, por supuesto, quien quiso aguarnos la fiesta. Se habló de un torneo de millonarios para espectadores millonarios, aludiendo a los elevados sueldos de algunos futbolistas y al alto costo de asistir a los estadios. Ese intento no prosperó: el público participó con un entusiasmo extraordinario. Una sociedad no puede vivir permanentemente instalada en el enojo y la polarización; necesita aprender a conservar una alegría realista como condición para preservar su libertad. Las celebraciones posteriores a los partidos reunieron a cientos de miles de personas. Sí, hubo tropelías, pero, considerando el tamaño de las multitudes, pudieron haber ocurrido hechos mucho más graves. Lo verdaderamente importante fue la reacción posterior. Estamos acostumbrados a que México participe en competencias de este tipo y a escuchar el comentario cínico de siempre: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre.” Esa frase ha servido muchas veces para desinflar el ánimo de los mexicanos. Esta vez ocurrió algo distinto. Muchos reconocían: “Lo hicieron bien.” “Dieron su mejor esfuerzo.” Era una valoración realista y serena, poco frecuente en acontecimientos anteriores. ¿Podrá mantenerse esa alegría? Hemos vivido demasiado tiempo con una dieta de malas noticias, enfrentamientos y descalificaciones que ha alimentado lo que algunos llamamos un mal humor social. El antídoto no es sencillo, pero pasa por cultivar un optimismo realista. Aprender a celebrar los logros cuando existan, sin exagerarlos, pero tampoco negándoles el reconocimiento que merecen. Tenemos que darnos permiso para mantener la alegría. Como sucede con frecuencia, creo que la solución depende, en buena medida, del ciudadano sin partido. Tenemos la responsabilidad, aunque no sea fácil, de no seguir alimentando el círculo de acusaciones, descalificaciones y polarización. Podemos aprender a reconocer el lado bueno de los demás y compartir los motivos de alegría cuando existan. El mexicano ha sido tradicionalmente cordial, cortés y alegre. No estamos hechos para vivir en una confrontación permanente; esa actitud se nos ha impuesto de manera artificial. Por supuesto, no es sencillo. Dígale usted a una madre buscadora que encuentre el lado bueno de la realidad que enfrenta. Sería una exigencia injusta. Precisamente por eso conviene preguntarnos si esta actitud de alegría realista podrá mantenerse. No se trata de dejar de señalar los errores, la corrupción o los abusos cuando existan. Se trata de no perder la alegría. Es difícil, pero quizá sea una de las pocas condiciones que nos permiten conservar la libertad. De otro modo, seremos fácilmente manipulables.

Incertidumbre en lo geopolítico

La semana pasada comenzó un nuevo episodio en las conversaciones para alcanzar la paz entre Estados Unidos, Irán e Israel. El presidente Trump anunció que ya no confiaba en las negociaciones porque, según afirmó, Irán no estaba actuando de buena fe. Poco después ordenó una serie de ataques que rompieron los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo puede la humanidad aspirar, si no a una paz duradera, al menos a contar con mecanismos eficaces y confiables para resolver los conflictos? Las naciones siguen confiando en el equilibrio militar como garantía de paz, cuando debería invertir mucho más en construir instituciones y métodos eficaces de negociación. De eso casi no se habla. Esa omisión revela la escasa confianza que hoy inspiran los organismos internacionales y la poca voluntad para reformarlos y fortalecerlos. Las amenazas recientes sólo aumentan la incertidumbre. ¿Puede construirse así una paz justa y duradera en Oriente Medio? Difícilmente. Vivimos en un clima permanente de inseguridad que frena el desarrollo económico, desalienta la inversión y mantiene a regiones enteras bajo la amenaza constante de nuevos conflictos. ¿Cuál es la salida? Todo indica que falta voluntad política para buscarla. La única respuesta concreta que hoy se propone consiste en aumentar el poder militar. El mensaje es claro: poseer una capacidad de destrucción tan grande que obligue a los demás a negociar. El miedo convertido en instrumento de la geopolítica. La renuncia a construir relaciones basadas en la confianza mutua. Así quedó de manifiesto en la reciente reunión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A petición del presidente Trump, los países miembros aceptaron avanzar hacia un gasto en defensa equivalente al cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, cuando hasta ahora la meta era del dos por ciento. Hace apenas unos meses varios gobiernos se resistían; hoy prácticamente todos presentan planes para alcanzar ese objetivo. La magnitud de esos recursos merece una reflexión. El Producto Interno Bruto conjunto de los países de la OTAN supera los 58 millones de millones de dólares. Destinar el cinco por ciento de esa riqueza al gasto militar representa alrededor de 2.5 millones de millones de dólares cada año. Para dimensionar esa cifra basta un dato: las setenta economías más pobres del mundo generan, en conjunto, menos de la mitad de esa cantidad. Con recursos semejantes podrían transformarse radicalmente las condiciones de vida de buena parte de la población más pobre del planeta. Sin embargo, seguimos apostando por la fuerza. Tenemos que cambiar esa mentalidad. No podemos continuar pensando exclusivamente en términos de equilibrio militar. La negociación es un arma más poderosa que la amenaza. Pero los gobiernos dedican mucho más esfuerzo a perfeccionar sus capacidades de destrucción que a desarrollar nuevos métodos para hacer efectivas las negociaciones. Mientras eso no cambie, seguiremos confiando en que la fuerza, por sí sola, traerá las soluciones que la historia demuestra que nunca ha podido ofrecer.