¡Acuérdate de Acapulco…!

  Es raro que haya un sexenio sin alguna catástrofe natural.  Más extendidos y muchas veces más mortíferos han sido los grandes sismos. A esta administración le ha tocado un ciclón relativamente pequeño en extensión, pero extremadamente poderoso, causando una enorme destrucción en una pequeña área: Acapulco, Guerrero y su área metropolitana, con una población de aproximadamente 900,000 habitantes.

Se ha hablado mucho del tema: qué se pudo haber dado aviso con mayor anticipación y tomar medidas preventivas, de los saqueos, y de la negativa a permitir apoyos privados y de las organizaciones no lucrativas, al menos en una primera fase, del decomiso o expropiación de los materiales de apoyo a la población, para ser entregados en nombre del Gobierno, en fin… Estamos inundados por un mar de información contradictoria, tal que nos resulta muy difícil poder afirmar con certeza qué es lo que está pasando.

Esta administración ha anunciado un plan de recuperación para Acapulco. Plan que tiene aspectos buenos y necesarios. Queda abierta la discusión de sí este plan hubiera sido más eficaz y posiblemente más generoso de no haberse cancelado el famoso FONDEN (Fondo de Desastres Naturales). Una vez más, cuesta mucho trabajo poder decir donde está la verdad.  Los medios han estado difundiendo los malos resultados de las aportaciones directas a municipios en desastres similares, mecanismo puesto en práctica con la extinción del FONDEN, comentando que ha habido malos manejos de los fondos que se han entregado a los municipios sin una supervisión suficiente.

Independientemente de todo ello, el plan de recuperación tiene aspectos muy positivos y necesarios. Tal vez lo que se puede criticar es que son soluciones de muy corto plazo. La mayoría de las acciones estarán en vigor durante tres meses mientras que, simultáneamente, el propio Gobierno dice que la recuperación completa de la infraestructura turística llevará unos dos años.  No queda claro que es lo que va a hacer la población, que mayormente vive del turismo, durante ese lapso. Porque no se sabe de dónde van a venir los ingresos de la población económicamente activa, cuando deje de haber las aportaciones de emergencia. Un hotel que no abre no puede sostener a su personal. Y lo mismo ocurre con restaurantes, fondas, centros nocturnos y actividades similares. Sin contar que, dentro de dos años, otros destinos turísticos habrán captado parte del mercado que vacacionaba en Acapulco.

Una buena parte de los apoyos consisten en no cobrar impuestos, tanto a la población como a las empresas. Desgraciadamente no es un apoyo en dinero. De todas maneras, un negocio que no puede abrir y que tiene algunas pérdidas, no va a pagar impuestos. Y una vez que vuelva a operar, dejará de pagar impuestos hasta que compense sus pérdidas. Es importante para la población que no se le cobren IVA e ISR por tres meses, pero quien esté desempleado y sin ingresos, poco será lo que le beneficie este apoyo.

Habrá préstamos con intereses muy bajos para la reconstrucción. Pero, finalmente, los empresarios tendrán que pagar el principal de la deuda. Y muchos de ellos, sobre todo los micro y pequeños empresarios, que seguramente ya estaban endeudados, no tienen capacidad para aumentar su endeudamiento. En otras palabras, no son sujetos de crédito. La banca se ha unido a esta oferta. El gran problema es resolver el tema de las garantías, que permiten a un empresario endeudarse. Lo mismo ocurre con el ofrecimiento de los bancos, de no exigir los pagos mínimos en las tarjetas de crédito. Importante, pero el tarjetahabiente sigue debiendo la misma cantidad. Y si no tiene ingresos, fácilmente va a agotar el crédito que tiene asignado. No estoy diciendo que estos apoyos no deban de existir. Lo que estoy diciendo es que son insuficientes. 

 Al parecer, nuestra clase política no acaba de entender qué hay algunos beneficios que se ven muy bien en el papel, pero que a la hora de ponerse en práctica no funcionan. Y no lo hacen porque para muchos de ellos el endeudamiento es un verdadero misterio.  Hay un tema importante en el asunto de las garantías.  Los bancos prestan, siempre y cuando el deudor pueda ofrecer garantías que en algunos casos son el triple o el cuádruple del valor del préstamo. En algún momento de los setenta y ochenta existieron fondos, como el FOGAIN, qué se dedicaban específicamente a ofrecer garantías para que las empresas micro y pequeñas pudieran tener acceso al crédito. No se habla de nada parecido en este paquete de apoyos y claramente harían falta.

Otro tipo de donativos claramente son indispensables: despensas y entrega gratuita de energía eléctrica, son muy necesarios. Pero si no hay una recuperación rápida de la economía, habrá que extenderlos por más de los tres meses que están previstos.

Los desastres nunca son oportunos, pero este en particular es extraordinariamente inoportuno. Ya se ha perdido la derrama económica que se podía haber esperado con el puente del Día de Muertos y así será con el puente del 20 de noviembre, con las temporadas de Navidad y Fin de Año.  Derramas que forman parte importante de los ingresos de la población.  Hay que recordar que, en las zonas turísticas, una parte importante del empleo es temporal y hay largas temporadas donde las familias no tienen ingresos procedentes del turismo. Muchas familias no pueden garantizar un ingreso constante.

 

En fin, qué bueno que se están creando apoyos, pero es necesario estudiarlos más a fondo y complementarlos de una manera importante. Y siempre está el asunto de definir de donde saldrá el dinero necesario. Seguramente, aunque al Gobierno no le guste, las asociaciones de asistencia privada, ONGs, asociaciones religiosas y similares, tendrán que aportar fondos complementarios, en gran cuantía.

Antonio Maza Pereda

Soberanía, el gran pretexto

Últimamente hemos vuelto a escuchar el concepto de soberanía, en un intento de llevar  a la agenda pública un asunto que permite justificar prácticamente casi todas las acciones que el      Gobierno pretende llevar a cabo, básicamente para aumentar su cuota de poder o para justificar sus fallas, haciéndolas aceptables de alguna manera.

  Este fue el concepto central en la marcha del pasado 18 de marzo, celebrando 85 años de soberanía de la nación sobre el petróleo. Lo cuál ha sido el mismo motivo para querer tener diversos monopolios estatales: en la energía eléctrica, y en otros tiempos sobre los ferrocarriles,     los puertos,  comunicación telefónica y telegráfica  y un largo etcétera. Qué se fueron abandonando cuando el endeudamiento insostenible del Gobierno hizo necesario dejar esas actividades, que en otro tiempo se consideraron estratégicas y por lo tanto asignadas exclusivamente al Estado.

En todo lo cual siempre se ha manejado una gran confusión. Este tema de la soberanía era mucho más sencillo cuando teníamos soberanos, es decir: cuándo el derecho divino de los reyes justificaba su poder y más concretamente su poder absoluto. Es la era del absolutismo personificada por Luis XIV, el soberano de Francia, que podía decir con pleno derecho:   el Estado soy yo. Con la destrucción casi total de los Gobiernos absolutistas, esas actitudes solo se dan en las dictaduras.  Se requiere en la cultura política de las naciones, no sólo una definición jurídica pero, sobre todo, una construcción cultural que permita al ciudadano entender y poder defender los alcances y los límites de la soberanía que establece la Constitución.

Porque seguimos teniendo un gran desconcierto. Se nos pretende hacer entender soberanía como un cuasi equivalente de la nacionalización o de la estatización de los aspectos económicos. En la situación de las actividades productivas, sólo habría dos caminos: el de renunciar a la globalización y volver a economías nacionales autosuficientes, a riesgo de reducir fuertemente el crecimiento económico, o aceptar límites al poder económico de los Estados a cambio de un crecimiento importante de la economía, conectada con mercados globales. Opción, esta última, que está haciendo adoptada de un modo o de otro por la mayoría de las economías crecientes, mientras que los que no quieren adoptar este modelo global, tienen pocos ejemplos para demostrar que su manera de organizar la economía es más exitosa que la de aceptar y manejar su inclusión en la economía global.

   Porque, curiosamente, los conceptos que en la dictadura perfecta manejaban la soberanía como sinónimo de estatización de la economía, veían como única opción el control del Estado. Como si confiar cualquier tipo de actividad al sector privado nacional fuera en demérito de la Nación. En el fondo se está manejando la soberanía del Estado como si fuera el único modo de tener soberanía de la Nación. Como si el Estado y la Nación fueran lo mismo, como sí el primer mandatario fuera el Estado, siguiendo el concepto de Luis XIV, en la época del absolutismo.

Por poner un ejemplo: la Constitución establece qué el petróleo pertenece a la Nación. Pero esto ha sido interpretado como si tener compañías privadas mexicanas extrayendo y procesando el petróleo y dándole al Estado impuestos y derechos sobre el uso de estas reservas petroleras, iría en contra de la soberanía nacional.   Así es el modelo de industria petrolera qué se maneja en los Estados Unidos por el cual, hasta dónde conozco, nadie piensa que ese país haya perdido soberanía .  Por otro lado, para los que proponen  el modelo de la industria petrolera que tuvimos durante el siglo XX, es necesario  que haya un monopolio del Estado en esa industria. Sin embargo, no parece imposible que hubiera varias compañías  petroleras, propiedad del Estado, cada una con sus propias regiones de explotación y producción, con sus propias refinerías y compitiendo las unas con las otras vendiendo sus productos al mercado nacional. Con lo cual habría motivos para buscar que fueran compañías competitivas. Mientras asignemos a las compañías energéticas sus monopolios, no habrá incentivo para volverlas más competitivas. Cómo ocurre en cualquier actividad monopólica.

Un modelo parecido podría usarse en la energía eléctrica y en otras así llamadas industrias estratégicas. En fin, sería cosa de estudiar distintos modelos dónde se pudieran tener compañías nacionales, públicas o privadas y no monopólicas compitiendo entre sí, y ofreciendo mejores servicios a la población. Tal vez los modelos no estén totalmente acabados, pero no es imposible encontrar soluciones para lograr una mejor atención a la población.

 Finalmente, siempre queda una duda.  Nuestras compañías estatales han ido adquiriendo una deuda externa cada vez mayor, con el aval del Gobierno.  No tenemos una idea clara de qué porcentaje del endeudamiento público procede de las compañías del Gobierno, a las que llamamos estratégicas. Tal parece que no creen que estar endeudadas sea problema. Que no significa que estas compañías y por ende el Gobierno hayan perdido soberanía. Así como una familia muy endeudada tiene muy reducida su capacidad de acción, porque sus acreedores limitan sus posibilidades, así ocurre con los Gobiernos y sus acreedores, sean los organismos internacionales o la banca mundial. Porque no deja de ser muy inocente pensar que los países fuertemente endeudados no van a ser limitados en su toma de decisiones por sus acreedores, y sobre todo cuando llegue el momento en que ya no puedan pagar sus deudas. Y el Estado tiene que someterse a las condiciones que le pongan los acreedores o las de aquellos nuevos prestamistas qué les podrían permitir sanear sus deudas. De nada sirve tener en el papel una gran soberanía cuando en la vida práctica estaremos limitados por las condiciones que nos pongan aquellos a los que les debemos.       Porque en un país de mediano desarrollo, como es el nuestro, no podemos esperar que nos permitan seguirnos endeudando sin límite, cómo se les permiten a las grandes economías.

Vale la pena cuestionar este modo que se nos ha impuesto de concebir la soberanía nacional. No hay un modo único de concebirla. Y el concepto actual no es el más adecuado para el País. 

Antonio Maza Pereda

Salario mínimo 2023

En medio de los múltiples acontecimientos políticos del final del 2022 y principios del 2023, una decisión de la mayor importancia ha pasado prácticamente desapercibida: el aumento del salario mínimo general para el año 2023. Un tema importante para la economía del país y también un asunto que causa fricciones en el tratado TEMEC, donde empresas de Canadá y Estados Unidos, así como los sindicatos de esos países, han acusado a nuestro país de hacer una competencia desleal en base a una mano de obra exageradamente barata.

Es importante revisar el historial del salario mínimo general. Al principio del año 2018 el salario era de 88.40 Pesos por día. A partir del año 2023, este salario se fijó en 207 pesos por día, un aumento de 134 %, muy superior al crecimiento de la economía en esos 5 años y por supuesto mucho mayor que el incremento de la inflación en el mismo periodo. Por otro lado, el salario mínimo en la zona fronteriza, que también era de 88.40 pesos por día pasó a 312.40 pesos, 253% en ese mismo periodo. Un aumento mucho mayor, que toma en cuenta la diferencia entre ambos lados de nuestras fronteras.

Es un hecho muy conocido que nuestro país ha tenido, por demasiado tiempo, salarios bajos sobre todo en lo que toca a los trabajadores poco calificados. Esa diferencia se ha vuelto verdaderamente insostenible. No hay una razón lógica para que los salarios mínimos en nuestro país sean inferiores a los que se perciben en Guatemala, Belice, Costa Rica e incluso en Ecuador, uno de los países sudamericanos de bajos ingresos. Países todos que tienen un ingreso del PIB per cápita menor que el que tenemos en nuestro país.

 Como era de esperarse, hubo algunas protestas por parte del sector privado: en particular la COPARMEX, (Confederación Patronal de la República Mexicana), quien se quejó de que es un aumento demasiado rápido en los salarios mínimos y propuso que en lugar de un aumento del 20% para el 2023, el aumento quedara en 15%. Finalmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó aceptar la propuesta presidencial.

El argumento más importante en contra del aumento demasiado rápido del salario mínimo es el impacto que éste puede tener en la inflación. Un tema que es atendible. Sin embargo, en los aumentos de los años pasados, que fueron ligeramente superiores al 95% entre el año 2019 y el año 2022, no tuvieron dicho impacto. De hecho, el aumento de la inflación de julio de 2018 a diciembre de 2022 fue poco más del 26.5%, mientras que el aumento, ya mencionado, del salario mínimo, fue muy superior en esos mismos años. Dicho de otro modo, el aumento en el salario mínimo no tuvo un impacto fuerte en el índice inflacionario.

Por supuesto, estos incrementos tienen un impacto importante desde un punto de vista clientelar, pero también lo tienen en un cierto impulso para la economía del país. Cierto: si la población o una parte importante de ella tiene mayor ingreso, puede ocurrir que la demanda crezca con mayor rapidez que lo que crezca la oferta. Lo cual en principio provocaría inflación, siempre y cuando las empresas no estuvieran en posibilidad de aumentar rápidamente su capacidad productiva. Lo cual en un país donde la inmensa mayoría de las empresas trabajan solamente uno o dos turnos, el límite no estaría en la capacidad productiva sino posiblemente en el crecimiento de la población debidamente preparada para aumentar la producción en condiciones competitivas.

Otro tema de fondo es el hecho de que no podemos seguir manejando nuestra economía en base a pagar salarios bajos como una ventaja competitiva. Claramente en esto hay un tema de ética. Es cierto que la inmensa mayoría de la población no gana el salario mínimo, pero también es cierto que los demás aumentos salariales generalmente tienen como tope el asignado para dicho salario. Cuando percibimos un malestar social, qué hace que una parte importante de la población busque soluciones populistas, y otra parte importante esté buscando emigrar a Estados Unidos o Canadá, esta diferencia tan importante en los salarios es buena parte de la explicación.

En conjunto, el aumento del salario mínimo con todos sus posibles efectos es una medida que beneficia a una parte importante de la población. Y si esto está beneficiando a la administración actual, es porque la oposición no ha tomado una postura política adecuada en este aspecto.

Una historia, ya antigua, en este aspecto de los aumentos de los salarios, ocurrió en 1914. Henry Ford, el fundador de la empresa automotriz que lleva su nombre, decidió aumentar el salario mínimo en su empresa, de 2.50 a 5 USD por día, dólares de hace más de 100 años. Su argumento tuvo algo de sentimental: el señor Ford dijo que le parecía injusto que sus obreros no pudieran pagar el costo de los autos más baratos que producían, y el quería que cada obrero tuviera un auto FORD. El tema causó un gran revuelo: en Wall Street acusaron al señor Ford de ser un comunista.  Pero dado el liderazgo de este empresario, el hecho de que era admirado por el sector empresarial y se le consideraba un icono de la industria de los Estados Unidos, hubo otras empresas que empezaron a seguir su ejemplo y la economía de los Estados Unidos tuvo un impulso importante en base a esta decisión.

¿Ocurrirá algo así en México? Lo dudo. Si la propuesta del aumento salarial hubiera procedido del sector privado, posiblemente hubiéramos tenido un efecto parecido. No ha ocurrido así y en todo caso el beneficio político lo tendrá la 4T. Pero es un tema importante. No podemos seguir posponiendo indefinidamente la mejora del poder adquisitivo de la población. Como no podemos mantener por más tiempo el bajo nivel educativo de la población obrera y campesina. No debemos seguir teniendo salarios mínimos inferiores a los que se ganan en Norteamérica e incluso en Centroamérica. Por razones económicas, pero sobre todo por motivos de ética empresarial.

 

Antonio Maza Pereda

Plan anti-carestía

 En medio de este huracán de propuestas que hemos vivido en las últimas semanas, se propuso un Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). La actual administración hizo un gran esfuerzo para negar que esto se trate de un control de precios y se habla de que es un programa voluntario en el que participarán Gobierno, productores y comercializadores. Sin presiones. Entre los objetivos del mencionado paquete está el de estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica, reducir o mantener los precios de los insumos necesarios para la producción y transporte de los productos alimentarios básicos, reducción de impuestos a las importaciones de alimentos y otras medidas similares.

Para algunos que nos tocaron vivir las temporadas de hiperinflación que sufrimos en los ochenta del siglo pasado, esto nos recuerda los acuerdos que estableció el presidente Miguel de la Madrid, fundamentalmente con las grandes cadenas de comercializadores,               quienes se comprometieron a no adquirir productos a precios inflados. Además del uso de una reserva de divisas que se fue construyendo a lo largo de la administración De la Madrid, con el propósito de poder detener la especulación cambiaria, y otras medidas más.

El acuerdo tuvo un éxito relativo, pero importante. En el primer año se logró bajar la inflación a 20% anual, cosa que hoy nos parecería impensable pero que fue un gran logro pensando que en el año anterior la inflación había rebasado el 100% anual. Mucho se dijo que el diseño del proyecto estuvo en manos de Carlos Salinas de Gortari y que contribuyó de manera importante para tener un gran prestigio, tanto al interior del partido gobernante como entre la iniciativa privada, lo que le permitió acceder a la presidencia de la República. O por lo menos hacerlo sin grandes dificultades, gracias a la magia de la caída del sistema.

En medio de la gran cantidad de iniciativas de la actual administración, el PACIC salió muy rápidamente de la agenda pública. Después de todo, los que más podrían haber protestado, que es el sector privado, no hizo mayor ruido. Al menos al nivel de los representantes de los empresarios, a excepción de las quejas de la COPARMEX.

Cuando uno entra a fondo en esta discusión se encuentra que hay dos posiciones ideológicas, incluso con tintes sentimentales. Hay quienes confían en la sabiduría y la bondad infinitas del Estado y consideran que es importante que la economía se maneje desde las oficinas del Gobierno. Con lo cual se garantizará, dicen ellos, la pulcritud en su manejo. La otra posición ideológica es que el Gobierno no tiene nada que hacer en la economía, y que en todo caso lo mejor es dejarla que funcione por sí sola. Con lo cual, de acuerdo con los clásicos de esta ideología, una mano invisible logrará la mayor prosperidad de las naciones.

Posturas ideológicas, que muchas veces chocan con la realidad: los países donde la economía se planifica centralmente, que son cada vez menos, no han logrado salir de su estancamiento económico o incluso de la pobreza. Como ha sido el caso las dictaduras de izquierda en África, el caso de Corea del norte y los ejemplos De Cuba, Venezuela y Nicaragua. para lo cual siempre hay explicaciones, pero pocos resultados concretos. Por otro lado, en países con gobiernos socialistas, cómo son los países escandinavos y algunos europeos, o como son los casos de China y Vietnam en las últimas décadas, los gobiernos permiten un grado importante de libertad a los negocios, y se han ocupado de crear condiciones de “un piso parejo” para toda clase de empresas. Su crecimiento económico ha sido notable. Socialistas, pero con instrumentos neoliberales. Desgraciadamente, ambas posiciones a favor o en contra de la intervención del Gobierno en la economía, están más basadas en dogmas ideológicos que en conceptos demostrables.

En algunos países se ha tomado una decisión política de apoyar fuertemente a la producción de alimentos, al sector agrícola y ganadero, mientras que otros han preferido impulsar la industrialización o basan su economía en servicios. Eso, obviamente, no ocurre sin dolores.

Un ejemplo anecdótico pero muy ilustrativo: en países como Japón, la población ha aceptado que muchos de los alimentos básicos sean caros. Por eso, la mayoría de los japoneses que regresan a su patria desde Estados Unidos, llevan a bordo en los aviones bolsas de arroz de varios kilos o paquetes de carne de res congelada. Y la razón es que los precios que se pueden obtener en Estados Unidos son sustancialmente más baratos que los que obtienen en su nación.

Otro caso interesante ocurre en Francia: la población ha aceptado que una parte interesante de los impuestos se gaste en subsidios para algunos sectores agropecuarios. Con lo cual, por ejemplo, la leche en polvo de origen francés es tan barata en los mercados mundiales, que han logrado hacer muy difícil la rentabilidad de los productores de leche en muchos países no desarrollados. Y en otro campo, la sociedad francesa está dispuesta a aceptar que el Gobierno adquiera grandes cantidades de vino para convertirlo en alcohol, y evitar que bajen los precios de los vinos franceses.

En todo caso, hay un problema real: en México los productos básicos han subido de precio. En el pasado el nacionalismo revolucionario que gobernó nuestro país, estableció precios de garantía, controles de precios, creó empresas como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), para adquirir alimentos a precios bajos en el mercado internacional. Todo ello con un éxito parcial y que además propició una gran corrupción. Estos son elementos que están en el mencionado PACIC. ¿Habrá alguna garantía de que no se repetirán las mismas adversidades?

Por otro lado, la oposición ha permanecido silenciosa en este campo, dando la impresión de que no tiene propuestas alternativas para este tema. Otros programas anteriores, como los programas para reducir el hambre en nuestro país, han sido visiblemente ineficaces. Si el problema es real, y creo que lo es, habría que encontrar la manera de que los productores del campo realmente tengan utilidades que les permitan una vida digna trabajando sus tierras. Porque, cómo están las cosas, este sector que forma un porcentaje menor de la población económicamente activa, seguirá siendo el que mayormente forme parte de la migración legal o ilegal.

Hace años conocí una iniciativa muy meritoria, por un fraile dominico radicado en Perú, que creó un sistema para llevar directamente o por lo menos con pocos intermediarios, productos del campo a las centrales de abasto. Algo que se está mencionando en estos momentos, como parte de este paquete. Tras de varios años de esfuerzo se dieron cuenta de que no basta con conocer la diferencia del precio del producto en el campo y en el mercado: también hay que conocer todos los costos adicionales qué tiene el llevar esos productos del campo hasta el consumidor. Los costos de la post cosecha, de la logística, el desperdicio natural que ocurre en el manejo, la fumigación de los productos, el almacenaje, el costo de mantener los inventarios desde el momento de la cosecha hasta el momento de la venta, nunca fueron tomados en cuenta. Y eso, por supuesto, no es gratis. Sí, algo se puede lograr entrando a esos procesos, pero los ahorros no son tan espectaculares como creen los que acusan de coyotes a los que llevan a cabo la logística y el almacenaje de productos perecederos.

Habiendo dicho todo esto, es necesario hacer estudios mucho más profundos para poder reducir de una manera permanente la carestía. No conformarse con reducir el costo de los insumos para producir alimentos: es necesario actuar en otros campos. Y en el mencionado PACIC no se menciona nada de los aspectos de investigación, capacitación, extensionismo agropecuario y otras áreas que deben llevar a que el productor del campo pueda ser exitoso. Sin olvidar el tema, resuelto muy a medias, del Ejido, de la pequeña propiedad y el de dar seguridad a las inversiones en el campo. Estoy convencido de que sobrarían expertos en nuestro país que podrían crear un programa mucho más robusto. Porque no se trata solamente de bajar los precios: se trata de mejorar las utilidades de los productores del campo para que puedan prosperar. Y si eso nos va a costar a la ciudadanía, es importante que tengamos claros esos costos, que se nos hagan conocer cuáles serán sus impactos y aceptemos que una situación que se ha venido deteriorando por siglos, no tendrá soluciones rápidas ni baratas.

 Antonio Maza Pereda

¿Qué tan independientes somos?

Estamos entre la fecha del inicio de la revolución de independencia de nuestro país y la de su consumación el 27 septiembre de 1821, fecha que nuestro Gobierno no celebra. Sin que haya dado nunca una explicación lógica, no sectaria, del porqué de esta omisión. No, no voy a caer sobado tema de muchas izquierdas que, basándose en las teorías de la conspiración, dicen que nuestro país no es realmente independiente y que nuestra política interior y exterior se dicta en Washington. Mucho hubo de eso siglo XIX y buena parte del siglo XX, a veces de una manera discreta y otras de modo  muy evidente, como las intervenciones de los embajadores Poinsett y Morrow. En el siglo XXI ha habido más cuidado en guardar las formas. Pero cabe la duda: ¿tenemos plena independencia?

Es claro que un país que tiene severos problemas económicos no tiene una total independencia. Siempre estará sujeto a los dictados de grupos económicos, organismos internacionales, y otros diversos grupos de presión. Si además, este país no tiene grandes riquezas, claramente estará más sujeto a esas presiones. Y contra el mito de que México es "el cuerno de la abundancia" tenemos que ver nuestras realidades: nuestro país es árido; la mayoría de los estados tienen escasez de agua. Tenemos poca tierra de labranza, aproximadamente el 14% del territorio nacional, de lo cual la mitad está sujeta a los temporales. Es cierto que tenemos un gran litoral, pero no todos nuestros mares son ricos en pesca. Tenemos petróleo, pero no somos estrictamente un país petrolero como dice Macario Schettino, uno de nuestros grandes especialistas. Y cada vez tenemos menor producción del mismo.

Tenemos una gran riqueza en nuestra población, todavía joven y lejana al invierno demográfico. Pero la mala organización de nuestro sistema productivo hace que muchas de nuestras mejores personas, en todos los niveles sociales, emigren buscando mejores oportunidades. Los que nos quedamos, vemos a nuestra población perdiendo su nivel educativo real, aunque sume años de escolaridad. La ignorancia siempre generará dependencia. Y si a todo esto le agregamos la corrupción pública y privada, esa pobreza se agudiza.

Probablemente la peor de las dependencias es la dependencia cultural. La dependencia que tenemos en muchos aspectos de la cultura popular, muy influida por valores y costumbres que no son las nuestras. La peor de las dependencias es cuando perdemos los valores de nuestra cultura, porque nos son dictados por instancias y organismos internacionales. Esta dependencia significa que estamos en riesgo de perder nuestra esencia como nación.

Para ser plenamente independientes tenemos necesidad de un mejor desempeño económico. Ningún país pobre es totalmente independiente. Pero no basta con eso. Necesitamos tener educación de más alto nivel para ser  independientes en esta era. Necesitamos una ciudadanía bien formada y actuante. Necesitamos un sector privado valiente, emprendedor y muy capacitado. También un sector público eficiente y capaz. Necesitamos independencia tecnológica, sindicatos independientes, políticos independientes.

Pero la independencia no es el único modelo. Puede ser que estemos cayendo en casos de codependencia. Una relación tóxica que hace daño muchas veces a ambas partes de la relación, aunque posiblemente a una más que a la otra. Como la codependencia que ocurre a veces en las relaciones familiares. O, como la que podría darse entre nuestro país y nuestros socios comerciales. Ellos, dependiendo nuestra mano de obra barata; nosotros dependiendo de su fortaleza económica, de sus sistemas de comercialización, de sus mercados y de su desarrollo tecnológico.

Tal vez el modelo del futuro, al que deberíamos de aspirar, es el de la interdependencia. Poder tener relaciones mutuamente beneficiosas con otros países, relaciones donde todos ganaran. Eso ha sido el ideal, tal vez no realizado plenamente, de la Comunidad Económica Europea. Esa interdependencia sólo puede funcionar si nuestra nación se fortalece. No se trata de pedir dádivas, sino de ofrecer nuestras fortalezas a cambio de una retribución justa.

En resumen, ser plenamente independientes es una tarea ardua, un camino difícil. Puede significar sacrificios para esta generación, que posiblemente no vea los resultados pero que estará construyendo para sus hijos y sus nietos. Ahí es donde debemos aplicar y aprovechar nuestro fervor patrio. Ahí es donde debemos encontrar un terreno común para conciliar hasta donde sea posible nuestras divergencias. Porque es muy difícil que una nación amargamente dividida, pueda evitar ser juguete de las fuerzas que quieren arrebatarnos nuestra independencia.