¿Fin del embargo a Cuba?

"Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba": Juan Pablo II, visita a Cuba, 1998

Después de 11 meses de conversaciones en Canadá, los presidentes de Cuba y Estados Unidos llegan a una serie de acuerdos. Más de 50 años habían pasado sin que hubiera acuerdos formales; en esta ocasión se logra una liberación de presos de ambas naciones, la promesa de levantar algunas de las previsiones del embargo que Estados Unidos había decretado en contra de Cuba y de pedir al Congreso de Estados Unidos que elimine el embargo permanentemente.

Es claro que no a todo mundo le parecerá buena esta situación. Huber Matos (1918-2014), Armando Valladares y otros miles de presos de conciencia sentirán que no se ha hecho justicia. Yoani Sánchez y otros perseguidos por tratar de expresar libremente su opinión sentirán que quienes los persiguieron se salen con la suya. Pero no son los únicos: ya han empezado a circular en las redes sociales comentarios sobre los miembros del Partido Comunista Cubano que van a devolver su carnet del partido porque sienten que el gobierno de Raúl Castro ha traicionado sus principios.

Pero, finalmente, lo importante es la gente, lo importante es el pueblo de Cuba. Es cierto que el bloqueo que se les impuso no logró quebrantar al gobierno de los Castro, pero también es cierto que a pesar de que otros países comerciaban con Cuba, su situación económica era y es bastante angustiante para la población. En 1959 Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina[1], desde la Revolución  no ha podido eliminar la carestía de bienes de consumo, el racionamiento de alimentos, el deterioro de la infraestructura urbana y otros muchos males.

Las familias, separadas por el exilio, todavía encuentran muchas dificultades para poder reunirse o al menos visitarse. El nivel de vida de los cubanos se mejora en parte gracias a las remesas se les envía el exilio cubano, pero claramente todavía es insuficiente. Entre las promesas de Obama está la de facilitar el las visitas y las remesas de los exiliados cubanos a sus familias. Pero claramente eso no es lo más importante. Lo ideal sería que el gobierno cubano liberalice las posibilidades de inversiones extranjeras para poder ampliar el mercado de trabajo y mejorar los ingresos de los cubanos. Algo que no es nada fácil, pero que los chinos ya demostraron que puede hacerse.

Es muy pronto para poder decir que resultados tendrán estas nuevas condiciones en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Al desaparecer el bloqueo, desaparece también el gran pretexto para explicar por qué el sistema económico cubano no ha dado resultados de desarrollo y bienestar que siempre han prometido. Habrá que ver sí, sin el bloqueo, ahora podrán tomar un camino de desarrollo acelerado. Algo que, si lo logran, a los capitalistas duros les causaría una gran desazón.

Yo espero fervientemente que todo esto sea para bien de los cubanos. Que estos convenios les permita mejorar su situación económica, que favorezcan la democratización de su sistema de gobierno, que den una mayor suma de libertades a los intelectuales, opositores al régimen y al pueblo en general. También espero fervientemente que ambas partes, Estados Unidos y Cuba, puedan lograr relaciones abiertas y leales; nada sería más decepcionante que encontrar que se negoció tramposamente y que lo único que se buscara fueran los reflectores de los medios.

Espero que sea así, no sólo para el bien del pueblo de Cuba sino también para el de Estados Unidos.

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[1] El fin de la confusión, Macario Schettino, Editorial Paidós, 2014,

Declaración Patrimonial

Probablemente la noticia  de los últimos tiempos y un primer caso en toda la historia México: el Presidente y su señora esposa declararon públicamente sus patrimonios. Algo  muy importante: un hecho, un ejemplo que debería hacerse obligatorio para todos los funcionarios públicos de primer nivel, en los tres órdenes de Gobierno. Y no porque haya que responder a señalamientos o acusaciones. Porque eso es importante para que los gobernantes vuelvan a merecer la confianza que necesitan para tener verdadera gobernabilidad. Algo que hay que hacer aunque la Ley no los obligue.  Por salud del Estado.

Desde luego, los parientes de esos funcionarios también deberían declarar sus patrimonios. De otra manera, un corrupto cubriría sus bienes mal habidos poniéndolos a nombre de sus familiares. Si los parientes no declaran, la desconfianza persistirá. Sí, deberían declararlos aunque no sean funcionarios públicos ni la ley los obligue.

Además, habría que anexar las declaraciones al fisco del declarante, de manera que el contribuyente pueda ver si hay proporción entre los ingresos legales y el monto de su patrimonio. El patrimonio sin referencia  a los ingresos dice muy poco.

También puede ocurrir que el funcionario haya obtenido ingresos ilícitos y no se hayan reflejado en su patrimonio; que se hayan usado para “comprar voluntades” o para adquirir poder. No es un tema fácil; la declaración de patrimonio e ingresos son importantes, pero no cuentan toda la historia. Ni son totalmente determinantes para demostrar que el funcionario no haya caído en actos de corrupción.

Y, por supuesto, deberían acompañarse por los comprobantes respectivos, De otro modo, volvemos al principio: creerle al funcionario se vuelve un acto de fe. Y la  ciudadanía ya no está para hacer actos de fe basados en la palabra del funcionario.

¿Por qué hemos llegado a este punto?  La pregunta sobra. Como dice el ranchero, la mula no era arisca; la hicieron así a palos. Ahora tenemos que ir más allá de los mínimos a nos obligan las leyes. Si lo quiere ver  así, por interés propio de nuestros políticos. O por patriotismo, si quiere verlo románticamente.

Por supuesto, eso también requeriría que la ciudadanía se comprometiera a revisar y validar esas declaraciones y a pedir todas las explicaciones necesarias. Y no solo un grupo, sino varios para tener diferentes opiniones. Y hacer más difícil que coopten a los participantes.

Estamos en una situación de una gran desconfianza. Y la confianza es un factor fundamental para la gobernabilidad democrática. Claramente las dictaduras (perfectas o imperfectas) no necesitan de la confianza de los gobernados. Lo único que necesitan en una gran capacidad de coacción para silenciar a las voces disidentes. Y, por cierto, como se ha demostrado una y otra vez, la confianza es un factor determinante para el desarrollo económico y social de los países.

Un Estado fuerte no es el que puede imponer su voluntad sobre la ciudadanía. Un Estado fuerte es uno que tiene la confianza de los gobernados, que se ha ganado una autoridad moral de manera que la población sigue a sus gobernantes, los apoyan y contribuyen a los objetivos que han hecho suyos. Un Estado fuerte no necesita manipular a la ciudadanía mediante el engaño, la mercadotecnia o la violencia. O las dádivas a sus grupos clientelares actuando, como decía Octavio Paz como el Ogro Filantrópico.

Y esto, por supuesto, aplica a los gobernantes, y también a los demás políticos que desean sustituirlos. Ya desde ahora, sin estar en el Poder deben ir construyendo la confianza. No basta con que derroten a los que son indignos de confianza.

Nosotros, ciudadanos de a pie, ya no podemos seguir dejando algo tan importante como es la ´política en manos de los políticos. No podemos, por indolencia o desinterés, esperar a que el cambio de personas mejore las cosas. La mejoría del Estado es una función de todos los ciudadanos. Dejar esa mejora en manos de los políticos, la Historia lo ha demostrado, es una i

¿Y si no hubiera partidos políticos?

Con los acontecimientos de los últimos años y, más pronunciadamente, los de los últimos dos meses es claro que hay una demanda social. No estamos conformes con ninguno de los partidos políticos. Y, razones más o razones menos, la ciudadanía siente que los partidos no nos representan, que no les importa lo que nos importa a los ciudadanos, que lo que hacen legalmente nos sale bastante caro y que lo que hacen por fuera de la ley posiblemente nos sale más caro todavía. Y, de vez cuando, actúan criminalmente. De ahí que muchos ciudadanos, cuando se les señalan los asuntos de Ayotzinapan o cualquier otro que han ocurrido durante la gestión de uno u otro partido, una respuesta común es la de: "A mí no me importa cuál es el partido, se trata del Gobierno". Todos son igual de malos.

Y, ante ese descontento, hay muchos que se preguntan: ¿No podríamos vivir sin partidos políticos? De hecho, los partidos políticos un fenómeno relativamente nuevo; antes del siglo XVIII o XIX  se hablaba muy poco de partidos. Y no sólo porque los sistemas fueran monárquicos: en la democracia griega no había propiamente partidos. No deja ser un fenómeno relativamente moderno. Pero, ¿cuáles serían las opciones? Muy en concreto, ¿qué se podría hacer en México?

Desde luego, está la opción del anarquismo. El cual, al menos conceptualmente, parte de la base de que el ser humano es bueno por naturaleza y que es el Gobierno quien lo corrompe. Pero, claro, resulta difícil creer en esa bondad de la naturaleza humana. Francamente no creo que la ciudadanía estuviera tranquila encomendando nuestro Gobierno a quienes proclaman que “la violencia es la partera de la Historia”.

Están, desde luego, las formaciones políticas que dicen no ser partidos, sino movimientos. Algunos más conocidos, otros menos. Pero, al final, hablamos del mismo tipo de grupo con otro nombre.

Luego están los ejércitos. De muchos tipos: desde el EZLN, el ELN, el ERPI y otros. Varios de ellos comprometidos a llegar al poder mediante las armas; uno de los argumentos menos democráticos. Y no faltarán quienes pongan su esperanza en el Ejército Nacional. No, decimos la mayoría: el nuestro es un ejército institucional. Pero, si hacemos memoria, también se consideraba al Ejército chileno como uno de los ejércitos más profesional, institucional y democrático de América. Y no faltará quien, de pura desesperación, consideren que la salvación del país está en tener una dictadura militar, similar a las que han tenido en diversos momentos los países sudamericanos.

¿Otras opciones? ¿Darle el poder a los civiles? Lo hicieron en Sudamérica con Collor de Melo y con Fujimori y los resultados no fueron precisamente brillantes. Al parecer, hay quienes consideran que no ser político es garantía de honestidad y de buen acierto para gobernar. A mí me parece que esa argumentación  es muy poco sólida. ¿Confiarlo a los académicos? Conociendo algunos, francamente me parecería que no todos tienen las capacidades. ¿A la prensa? ¿A los organismos empresariales? ¿A las ONGs? ¿Al clero? La verdad, no se ve claro una agrupación que tenga la plena confianza de la ciudadanía y que pueda sustituir a los partidos políticos. De manera que cuando, viniendo de gente de buena fe y preocupada por la situación del país, escucho la propuesta de que no tengamos partidos políticos, me quedo pensando: ¿y cómo los sustituimos?

Seamos claros: para nada estoy de acuerdo en que sigamos dentro de lo que algunos llaman "la partidocracia". Los resultados han sido fatales, y ellos no parecen tener ninguna idea clara de cómo deberían cumplirle mejor a la ciudadanía. No en el discurso: ahí sí es fácil arreglar el mundo. El chiste es dar resultados, sistémicos y de largo plazo, en la práctica.

Creo, sin embargo, que tiene que haber soluciones. Y la respuesta tiene que venir de esta masa informe que somos la ciudadanía. Hasta ahora nos ha sido fácil desentendernos de la labor de vigilar y controlar a aquellos que hemos elegido para qué, supuestamente, nos representen. Necesitamos construir instituciones ciudadanas, estas sí, escrupulosamente ajenas a los políticos de cualquier signo, con fuerza legal para ejercer una auditoría de las acciones de nuestros representantes. Y no sólo con el voto: el mecanismo de hacer pagar sus fallas en los partidos en las elecciones es un mecanismo demasiado lento y las leyes y reglamentos han sido construidas de manera que fácilmente se pueda evitar ese tipo de control.

¿Quiere oír mi utopía? Conste que es una utopía, algo prácticamente irrealizable. Habría que desbandar a todos los partidos políticos. Darles un tiempo para reorganizarse pero con algunas limitaciones: no podrían tener entre sus miembros a aquellos políticos que hayan ganado puestos de elección, o que hayan recibido algún nombramiento dependiente de los presidentes y gobernadores. Por otro lado, tendrían obligatoriamente que cambiar de nombre y de colores. Esto porque, a través de decenios, todos los partidos han creado una “imagen de marca” usando para ello nuestras contribuciones. Y, por supuesto, se limitaría el número de partidos mediante el número de firmas que podrían recabar para su constitución y se les asignaría a todos un presupuesto bajo e igual. De esta manera, ningún partido podría tener ventajas sobre los demás excepto por la calidad de las propuestas y los candidatos que seleccionen.

Y, complementariamente, a las compañías de medios se les limitaría severamente para que no puedan hacer publicidad en mayor proporción a unos políticos que a los otros. Y esto, mediante con penalidades tan severas como la de poder quitarles, en un extremo, hasta la concesión.

Todo esto requeriría, imprescindiblemente, de una amplia participación de los ciudadanos como contralores de las agrupaciones políticas. Ya pasó el momento en que podríamos desentendernos de las acciones de los políticos y llegó el de darnos cuenta de que la política es demasiado importante como para dejársela a los políticos. ¿Estaremos a la altura?