Brexit: ¿qué lecciones tiene para la democracia?

El referéndum que aprueba la salida del Reino Unido (formado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) de la Unión Europea (UE),  tiene una gran cantidad de consecuencias. Independientemente de sus efectos económicos, las razones por las que se votó en uno u otro sentido, la profundidad del análisis que hizo la ciudadanía al votar y lo convincente de las argumentaciones en uno u otro sentido, plantean interrogantes sobre la madurez de las democracias en el siglo XXI.

Un trauma para algunos, un júbilo para otros, el apoyo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (por 52% del voto), denominado BREXIT (por salida de Britania de la UE) puede ser aplaudido como un éxito de la democracia. Una gran participación del voto y la inscripción de centenares de miles de nuevos votantes, dan fe del interés que despertó el tema y de la confianza en el poder del voto. Más del 72% de los ciudadanos votaron, una altísima participación en una era donde en casi todos los países escasamente logran que voten entre el 40 y el 50% de los ciudadanos.

En cuanto a quienes y como votaron: los jóvenes de 20 años a 30 años, que optaron por quedarse en la UE, fueron el 60% en promedio mientras que los mayores de 65 años que votaron por quedarse son el 30% de los votantes de esas edades. El hecho de que haya una gran población de mayor edad y que participa más que el promedio, impulsó el voto por el BREXIT. En otros aspectos, las personas profesionales, con grados universitarios y que tienen pasaporte (y, presumiblemente, viajan más fuera del país) votaron por quedarse. En principio, los jóvenes de hasta 30 años tendrán que vivir por 50 años o más con los resultados de esta decisión. Los mayores de 65, tendrán que vivir con esta decisión por 15 años o menos.

En cuanto a los motivos, hay razones para preocuparse. Una gran parte de los que votaron por salir de la UE, lo hicieron en protesta por la gran cantidad de emigrantes que están llegando a la Gran Bretaña procedentes de otros países de Europa, mayormente de los países de Europa Oriental. Otros lo hicieron, apoyándose en el hecho de que el Reino Unido da una cantidad importante de dinero a la UE. Hubo una gran cantidad de información sobre el hecho de que los emigrantes dan más en impuestos que lo que cuestan al erario y de que la cantidad que se da a la UE es mínima comparada con el producto interno bruto de La Gran Bretaña. Pero la votación se dio por impresiones, atendiendo a la emotividad. Los razonamientos no convencieron a una gran parte de la ciudadanía. Una gran cantidad de los votantes que aprobaron la salida, buscaron castigar al gobierno, a los grandes banqueros  o a los burócratas de la UE, sin mucha atención a otras consideraciones.

Dos de los países que forman parte del Reino Unido, Irlanda del Norte y Escocia, votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Irlanda ya le ofreció a Irlanda del Norte que se unan, con lo cual Irlanda del Norte no tendría de salir de la UE. Y los escoceses, que hace poco votaron por un escaso margen por no separarse del Reino Unido, están volviendo a revivir el tema de lograr su independencia de la Gran Bretaña.

En una era de amplia disponibilidad de la información, es interesante que, después del voto, se triplicó el número de búsquedas de los británicos en Google sobre dos temas: ¿Qué significa dejar la UE? tuvo el primer lugar. ¿Qué es la Unión Europea? ocupó el segundo lugar. Un esperaría esas consultas antes del voto, no después.

Seguramente habrá consecuencias y tal vez sea pronto para decir cuáles. La caída de la libra esterlina a niveles como los de hace 30 años o la caída de la Bolsa de Valores en mayor medida que en la crisis que inició en el 2007, son efectos de una especulación de corto plazo. Las consecuencias a largo plazo no se verán en el lunes 27 de junio. El proceso de salir de la UE tomará dos años, aunque habrá temas que se estiman tardarán hasta 5 años. El impacto se verá bastante después.

Lo que urge, me parece, es una reflexión muy seria sobre la democracia en este inicio del siglo XXI. Si se consolida el hecho de que se vote por impresiones y no por razonamiento, el enojo o el contento guiarán las decisiones de los votantes. El pan y circo, el populismo, las ofertas imposibles de cumplir, serán los motores del sentido de las votaciones. Los jóvenes y los que tienen mayor educación, tendrán menos peso mientras que  los mayores y  los que tienen menor educación serán los que muevan las grandes decisiones. Lo cual no es nuevo. Este ha sido siempre el gran argumento contra el sistema democrático. De ahí que en la antigua Grecia se le negara el voto a los siervos y a las mujeres. Así como en el siglo XIX y parte del siglo XX se le negara el voto a los analfabetas y a las mujeres, alegando que no tenían la capacidad de votar racionalmente.

La ciudadanía del siglo XXI, inundada de información no validada, de la que es difícil hacer sentido, condicionada por los medios en un esquema donde lo emocional es mucho más importante que lo racional, fácilmente votará por impresiones y sentimientos, no por razones. Más que ganarse la inteligencia, ahora hay que ganarse los sentimientos, los corazones de los votantes.

Lo cual no necesariamente es malo, pero que supone una tarea muy urgente en la educación del ciudadano. Una educación básica, escolarizada, de mayor calidad y una educación ciudadana que nos permita ejercer con sabiduría nuestro papel de mandantes. Un gran déficit en muchos países y no solo en los países en desarrollo.

No entienden…

El sainete de la semana, la discusión sobre la ley del “tres de tres”, muestra el diálogo de sordos que está ocurriendo entre la ciudadanía y la clase política. Nadie ganó. Y quien más perdió fue el país.

Después de meses de estar posponiendo la discusión de la propuesta de la ley para combatir la corrupción, después de mandarla a un período extraordinario de sesiones, finalmente al Congreso le entraron las prisas. En un tiempo récord discutieron, modificaron, e hicieron pasar por las dos Cámaras una ley que a nadie ha dejado contento.

Ahora, cuando se conoce el nuevo texto, es cuando empiezan a verse toda clase de críticas, se le han encontrado toda clase de defectos, que dan la impresión de que la discusión se hizo a espaldas de la ciudadanía, en las madrugadas, sin que se diera tiempo ni espacio para una discusión más a fondo.

Una vez más, nuestra clase política ha perdido una excelente oportunidad de mostrar que hace un esfuerzo por entender y atender las necesidades de la ciudadanía. En lugar de encontrar el modo de dar una satisfacción lo más completa posible a las demandas ciudadanas, se dedicaron a buscar el modo de "quitarle dientes"  o "descafeinar” a la propuesta que se les presentó a avalada por más de 600,000 firmas. Simultáneamente, en una ocurrencia de última hora y en las altas horas de la madrugada, con el cansancio de todo un día de sesiones, se les ocurrió endurecer las leyes incorporando al sector privado y a particulares como sujetos a estas mismas declaraciones que se están exigiendo a los funcionarios públicos.

Lo cual, obviamente, fue visto y denunciado como una venganza contra el sector privado por haber estado presionando en favor de estas propuestas. Con eso estamos en el peor de los mundos. La clase política, que podría haber hecho todo lo necesario para demostrar que estaban dispuestos a atender un clamor ciudadano que les está quitando votos y, sobre todo, confianza del electorado, actuó de manera que ahora quedaron peor que antes. Uno se pregunta: ¿por qué no pidieron a un debate público las modificaciones que iban a proponer antes de convertirlas en ley? ¿Por qué acelerar la revisión de la Cámara de Diputados en lugar de hacer una discusión amplia de la propuesta de la Cámara de Senadores? Acaso querían dar una imagen de decisión, de una atención pronta a la demanda ciudadana para tratar de borrar la imagen de que estaban posponiendo el asunto.

Todo esto nos lleva a suponer, con bastante certeza, que siguen sin entender a la ciudadanía. Ni los votos de castigo, ni la caída en los niveles de confianza de la clase política han sido suficientes para que tomen en serio su relación con los mandantes, es decir, con la ciudadanía. Siguen con el modelo de ser quienes les dicen a la ciudadanía que es lo que les conviene y tomar decisiones sin importarles cuáles serían las reacciones ciudadanas. Siguen sin entender que los ciudadanos ya no aceptan el papel de vasallos, dispuestos a callar y obedecer. Siguen, me temo, en los principios del siglo XIX.

Y luego se admiran de que exista un "mal humor social". Siguen quejándose de que no se les aplauda. Siguen dando mil explicaciones a cual más esotérica, de porque pierden puestos de elección. Claramente no han entendido que el votante del siglo XXI ha cambiado fundamentalmente. No han entendido que no es tonto. No han entendido que muchas veces votan por el menos malo, porque todavía creen en la democracia. Pero que la clase política cada vez es vista como menos representativa del sentir ciudadano. Y esto es un problema grave. En un sistema democrático como el que tenemos, aún con todas sus fallas, el sustento fundamental es que los votantes se sientan representados por sus elegidos. Sin eso, el apoyo básico del sistema desaparece.

Y probablemente eso no es lo único que no han entendido. Claramente, la clase política y posiblemente una parte importante del electorado, no tenemos del todo claro lo que significa la corrupción y el modo concreto como debe reducirse. Podemos caer en las explicaciones del tipo de que "se trata de un problema social", lo cual nos absuelve de la urgencia y de la responsabilidad de limitar esta lacra.

Al imponerle al sector privado y a  una parte importante de la ciudadanía estas medidas para controlar la corrupción, están siguiendo al dictado de uno de los presidentes más señalados como corruptos, que tuvo la frase genial de "la corrupción somos todos". Y, de acuerdo a ese dictado, a todos hay que controlarlos de la misma manera. Sí, estoy de acuerdo en que nos falta tener mejor claridad y mejor conciencia de lo que significa la corrupción. La padecemos, entendemos algunos de sus mecanismos, pero todavía nos falta mucho para entender a fondo este fenómeno. Pero, en particular, el que los políticos nos estén dando lecciones de cómo reducir la corrupción, es como si un pez nos tratara de dar lecciones de cómo permanecer seco. Cuando toda su vida se ha mantenido viviendo dentro del agua.

¿Qué podemos hacer para que los que no entienden finalmente entiendan a la ciudadanía? Claramente no va a ser fácil. Ciertamente, no están leyendo las señales que la propia ciudadanía les está enviando. Sin ver lo obvio, siguen buscando soluciones mediáticas, declaraciones sonoras, explicaciones poco creíbles, suponiendo que con eso se resuelven los problemas de fondo. Sus encuestadores les siguen dando resultados "a modo". Se creen lo que se dicen los unos a los otros. Tristemente, no se ve en ellos una voluntad de rectificar.

Elecciones 2016: ¿Qué pasó?

Es grave. Ni partidos políticos, ni comentaristas, ni encuestadores tienen una idea clara. Sí, saben que pasó. Saben por los números quien ganó y quién perdió. Pero PORQUÉ, eso es otro asunto. Y si no tienen una idea clara del porqué, seguirán dando palos de ciego. Como hasta ahora. Y están arriesgándose a  nuevas y desagradables sorpresas, para todos.

Los primeros perdedores en las elecciones de 2016 fueron comentaristas y encuestadores. Nadie previó con razonable aproximación qué iba a ocurrir. Millones gastados en encuestas previas y encuestas de salida, fueron dinero tirado a la basura. Información inútil para tomar decisiones. Todavía al día siguiente de las elecciones, los partidos políticos seguían creyendo en sus encuestas. Y muchos comentaristas no sabían que decir.

Ahora, los mismos que fracasaron estrepitosamente en interpretar las realidades y las tendencias, nos dan sesudos análisis explicando qué pasó. ¿Qué tanta credibilidad pueden tener? Los métodos que usaron para interpretar la realidad, ¿han cambiado? ¿Por qué ahora deberíamos creerles?

Las “explicaciones” suenan huecas. Que por la impopularidad de Peña Nieto. Pero el presidente era aún menos popular en 2015, y su partido tuvo éxito en las elecciones federales. Qué porque los candidatos “no conectaron” con los votantes. Que por las fallas de los virreyes a nivel estatal.  Que por las alianzas. Pero todo eso se sabía antes de las elecciones, y no fue considerado por los expertos como puntos relevantes.

Otro sonoro  fracaso es el de la mercadotecnia política. Probablemente esta haya sido una de las campañas más costosas, medida por gasto contra número de votos emitidos. Y todo ese gasto no hizo el bien que se esperaba. Hubo saturación de spots, millares de  llamadas grabadas, los “call centers” que  trabajaron fuertemente. Y, aparentemente, no hay relación entre las cantidades erogadas y los resultados en las urnas.

El intento de última hora de “rebasar por la izquierda” que hizo el presidente con la propuesta de matrimonio igualitario, fue señalado por priistas como la causa de las derrotas. Es difícil de creer. Es como si todos hubieran estado muy dispuestos a votar por el partido en el gobierno y esa propuesta haya cambiado la tendencia. No es creíble. Aquí aplica la falacia de creer que si un evento ocurre antes que el otro, entonces el primero es causa del segundo. Es la falacia conocida como  Post Hoc ergo Propter hoc, que está descrita ampliamente en la literatura de la lógica formal. Puede ser que en algunas localidades haya sido la gota que derramó el vaso. Pero no fue la única causa de la derrota priista, ni mucho menos. En cambio sí es claro que, si la idea era atraer votantes a la causa del presidente, la maniobra no funcionó. Las fuerzas a favor del matrimonio igualitario no le dieron más  votos al PRI.

La izquierda opositora no creció, Es más: posiblemente haya disminuido. El crecimiento de MORENA ha sido a expensas del PRD y otros partidos de izquierda. Se ha vuelto un juego de suma cero: lo que ganan los unos, lo pierden los otros. Ahora, si contamos al PRI, la caída de la izquierda es mayor. Porque, aunque muchos no lo crean, el PRI es un partido de izquierda, miembro de la Internacional Socialista quien agrupa y certifica en cierto modo qué partidos se pueden considerar de Izquierda.

Otra interpretación dudosa de los hechos se da en los medios del PAN. Ven un triunfo de Ricardo Anaya, un fortalecimiento de su tendencia en el PAN. Otros ven un vuelco de la población hacia sus posiciones. Pero puede ser que el partido no haya ganado, sino que sus opositores perdieron. Es muy posible que hayan obtenido en la ciudadanía la imagen de ser “el menos malo”. No el mejor. Y la diferencia importa. Aquí el gran riesgo es caer en la soberbia, cosa que ya les ha pasado. Y si no aprenden de esas lecciones, su riesgo es muy elevado.

En suma, este es un momento que requiere de objetividad. Urge hacer sentido de lo que ocurrió hace una semana y extraer las lecciones relevantes. Entender el alcance de los mitos que dominan el “saber político”. Como la fe en el gasto electoral como predictor del resultado en las urnas. Como el peso que se le da a redes sociales y a los independientes.  Creer que con correr a los responsables de la derrota tenemos  la solución. El mito de que ganamos porque la ciudadanía está con nosotros, cuando bien puede ser que ganamos porque odiaban a otros.

Rechazar los mitos y enfocarnos a entender con objetividad las realidades: esa es la tarea. ¿Estarán los partidos políticos a la altura de este reto?

Voté… a desgana

           

Sí, finalmente voté para elegir a los Constituyentes de la Ciudad de México. Lo hice con desgana. Con profunda desconfianza. Porque no  creía en ninguno de los candidatos. Y sigo sin creer en ellos. Pero lo volvería a hacer, porque no se trata de ellos. Se trata de un bien superior.

Hace tiempo que estamos discutiendo estas elecciones. Y, si usted me ha seguido, recordará que opino que el tema nos fue impuesto sin que los ciudadanos de la Ciudad de México hubiéramos pedido una nueva Constitución. Tampoco se nos consultó sobre quiénes serían los autonombrados "notables" que están desarrollando el proyecto de una nueva Constitución. Resultando en un grupo faccioso, monocolor, que ha excluido sistemáticamente a todos los que piensan diferente de ellos.

Pero, tratando de tomar perspectiva, lo que nos está pasando a nosotros es un síntoma de un mal mucho mayor y muy extendido. Un mal que, me temo, está atacando a las naciones que no tienen un sistema de gobierno autoritario. Los síntomas abundan. La causa, no es tan clara. En lo superficial hay una profunda desconfianza, un profundo descontento hacia los partidos políticos. Los síntomas están por todos lados. El crecimiento de los partidos independientes en España, en unos cuantos meses. El hecho de que los austriacos estuvieran a punto de tener un presidente de extrema derecha, que no corresponde a ninguno de los partidos políticos tradicionales. El crecimiento de candidaturas independientes como la de Donald Trump, agregado en el Partido Republicano de Estados Unidos, pero que se ha "vendido" como alguien que viene de afuera del sistema político. La dificultad que encuentran cada vez más los partidos tradicionales para formar gobiernos con legitimidad, teniendo que recurrir a alianzas. Como están ocurriendo en estos mismos momentos en nuestro país donde los partidos tienen que buscar alianzas para lograr primeras minorías que les permitan gobernar.

Esta desconfianza está en todas partes. Eso es el síntoma y la causa un poco más de fondo está en la quiebra del sistema de partidos. El tema va más allá de la desconfianza: en muchos casos se pasa de la desconfianza al enojo. En muchos casos, ya no se vota por alguien: se vota en contra de alguien. Se vota por odio. Se vota con el hígado, no con la razón.

Es fácil concluir de ahí que es la democracia la que está en quiebra. Yo no estoy de acuerdo. No es forzoso que haya partidos políticos para que haya democracia. Los partidos políticos son un dispositivo, una conveniencia para poder organizar a las distintas opciones políticas y poderlas presentar a la ciudadanía de manera que pueda expresarse de una manera coherente. Pero no son indispensables. Claro, los partidos políticos no quieren ni pueden creer en esto. Porque les conviene no creerlo. Su mensaje para nosotros es simple y aterrador: "sin nosotros, lo que queda es la anarquía". Parafraseando a algún famoso rey absolutista, su mensaje es: "O nosotros, o el  Diluvio".

De hecho, muchas de nuestras formas e instituciones democráticas proceden de una situación demográfica que ha cambiado radicalmente y de una situación tecnológica completamente distinta. Cuando se empieza a generalizar la democracia en los siglos dieciocho y diecinueve, el 80% o más de la población de los países vivía en los campos, en comunidades pequeñas y muy apartadas entre sí, con pueblos pequeños que servían de puntos de comercio y de reunión, con comunicaciones muy primitivas y lentas así como con una gran escasez de noticias.

Para producir un sistema democrático en esa situación, era muy difícil tener un voto directo sobre la mayoría de los asuntos del Estado. Por lo cual, esas comunidades elegían sus representantes, lo que ahora llamamos diputados, para que presentaran sus puntos de vista a los congresos legislativos. Por supuesto, para poder recoger la opinión de los ciudadanos, los diputados tenían que dedicar normalmente una gran cantidad de tiempo en transportarse y visitar a todas las comunidades relevantes y recoger las opiniones que deberían presentar ante las diversas legislaturas. De ahí que los congresos sólo funcionaran una parte del año en períodos ordinarios de sesiones  y el resto del tiempo se dedicaba a cumplir su función de comunicación.

Hoy la situación es completamente diferente. En la mayoría de los países, el 80% de la población vive en ciudades. Los viajes se han vuelto extraordinariamente rápidos; si antes un diputado por Sonora podría tardarse semanas para llegar de la capital del país a su Estado, ahora sólo requiere unas cuantas horas. Las comunicaciones, muy sujetas a ser interrumpidas, podrían tomar mucho tiempo para que las noticias generadas en el Congreso llegaran a todo el país; hoy se podrían estar recibiendo esas noticias prácticamente en tiempo real. Y también se puede hacer un voto directo prácticamente sobre cualquier tema: la tecnología está disponible y con 85 millones de teléfonos celulares para una población de 128 millones de personas de los cuales 87 millones están empadronados, el tema de la consulta directa de los ciudadanos ya no representa un problema: la infraestructura existe y está funcionando. Lo que no está presente aún es nuestra preparación para hacer uso de esa facultad. Pero no es imposible.

¿Nos podemos imaginar un futuro donde las decisiones legislativas y otras decisiones de gobierno puedan ser consultadas directamente a la ciudadanía? Si podemos, y probablemente estén más cerca de lo que nos imaginamos.

Pero en un período intermedio, lo que se puede prever es que los partidos políticos sean cada vez menos y menos relevantes, que cada vez haya más cuerpos independientes que tomen parte de las funciones que hoy en día monopolizan las formaciones políticas. Grupos intermedios, verdaderamente ciudadanizados, totalmente apolíticos y apartidistas que asuman muchas de las funciones que voy están llevando a cabo los partidos políticos, cada día más desacreditados. O tal vez, el esquema que sea otro. A mediados del siglo dieciocho, era difícil imaginarse un gobierno sin monarquías. Unas décadas después, era claro que eso no era un imposible.

Claramente, a casi nadie nos gusta el sistema actual de los partidos. El sistema ha quebrado, porque su único sustento que es la confianza ciudadana, ya no está ahí. Pero nos cuesta trabajo imaginar el sistema que sigue. Podemos refugiarnos en el autoritarismo, o podemos buscar nuevas formas democráticas que sí respondan a la confianza de la ciudadanía. O más que buscarlas, habrá que construirlas. Es un rompimiento total con el pasado. Las viejas formas, los viejos moldes, las instituciones que nos sirvieron en una etapa, ya dieron todo lo que podían dar de sí. Llegó el momento de relevarlas.

Mi confusión: ¿por quién votar en la CDMX?

A una semana de elegir a los constituyentes de la Ciudad de México, sigue reinando un gran desinterés ciudadano. Y la pequeña minoría que sí está interesada dispone de muy escasos elementos de juicio para tomar una decisión. Agregue usted un  claro desconocimiento del alcance que debe tener una Constitución y el resultado es una gran confusión. Mal augurio para la Ciudad.

Hasta el momento, el debate público sobre lo que pretenden las diferentes fuerzas políticas para la ciudad es prácticamente inexistente. Un lector mediano de periódicos no tiene suficiente información como para decir cuáles son las diferencias en las posturas de los diferentes partidos y candidatos independientes. Y, recuerde usted, los lectores de periódicos son una minoría en esta ciudad.

Sí, si usted consulta la página del Instituto  Nacional Electoral encontrará la plataforma electoral de los nueve partidos contendientes más la de los 21 candidatos independientes: 30 plataformas electorales. La cantidad de material de lectura es enorme. Entre todos los partidos políticos las plataformas cubren 223 páginas, habiendo algún partido que describe su plataforma en 39 páginas y el que menos presenta su plataforma en 17 páginas. Los candidatos independientes tuvieron más misericordia del electorado: la plataforma más extensa cubre 17 páginas pero hay varios de ellos que lograron expresar sus ideas en dos páginas. De todas maneras, el ciudadano concienzudo que quiera enterarse de las propuestas de partidos e independientes tiene que leer poco más de 360 páginas, la extensión de dos libros medianos. En un país donde la mayoría de la gente lee menos de un libro al año, esto es una garantía de que la inmensa mayoría del electorado no leerá estas plataformas.

Por otro lado, los partidos y los candidatos independientes han hecho una mínima difusión de sus ideas. Hay algunos espectaculares donde por toda propaganda se pone la cara del candidato. Eso sí, a todo color y con mucho Photoshop. ¿Qué nos dicen? Su nombre y el número de su planilla. Como si esto fuera motivo suficiente para preferirlos. Otros partidos han contribuido a reducir el desempleo, poniendo muchachos y muchachas en los semáforos a exponer mantas con el nombre de su partido y algún lema. Por ejemplo: “por una constitución chilanga". Bueno, yo creo que hasta el menos ilustrado en cuestiones políticas se habrá imaginado que nadie está proponiendo una constitución tapatía o regiomontana. Pero, por lo visto, algunos partidos consideran que eso es un argumento de peso.

Finalmente, a lo que parece que están apostando los partidos establecidos es a ganar por el prestigio de sus siglas, ya que solamente el voto duro, es más, el voto durísimo será el que les dará escaños en esta asamblea constituyente. No queda claro a qué le están apostando los candidatos independientes. No disponen de un voto duro, no han hecho campañas convincentes y seguramente estarán confiando en el hartazgo de la ciudadanía contra los "políticos de siempre".

A menos que usted sea una persona entrenada en lectura veloz, no habrá podido leer estas plataformas que fueron entregadas en su mayoría a finales de abril. Su mera extensión las hacen difíciles de entender y de establecer un mínimo cuadro comparativo de propuestas, muchas veces ahogadas en un mar de palabrería. De una lectura superficial aparecen ideas de lo más peregrino. Claramente, muchos de los candidatos no entienden la diferencia entre crear una Constitución y crear un plan de gobierno, el  cual contiene múltiples propuestas de campaña que, generalmente, son en realidad proyectos con un principio y un fin claramente determinados, no criterios jurídicos que permitan establecer con toda claridad los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los gobernantes.

En una rápida lectura de dichas plataformas hay propuestas como, por ejemplo, poner como un precepto constitucional el que ya no se construyan en la ciudad  casas de un solo piso y que sea una obligación el crecimiento vertical de las construcciones habitacionales. Otros, proponen incluir los derechos de los animales, que sea obligación del Estado incorporar el deporte en la vida diaria de los chilangos,  ofrecer Wi-Fi gratis a todos en la Ciudad de México (y, por supuesto, cuando en 10 años ya no haya Wi-Fi…). Todas cosas muy buenas, pero que no son de rango Constitucional y algunas ni siquiera del dominio del Estado. Y, para ser justos, hay otras propuestas muy sensatas, como la posibilidad  de revocación de mandato y el derecho al referéndum.

Si algo resulta de esta lectura rápida y superficial,  lo que queda claro es que los candidatos tienen muy escasas bases de cultura jurídica y que, de ser electos, requerirán de un gasto importante en asesores que les permitan hacer una tarea decente.

Mientras tanto, mi confusión persiste. ¿Por quién voto? ¿Por los mismos que me han pedido mi sufragio desde que llegué a la edad ciudadana y que me han decepcionado una y otra vez? ¿Por aquellos que se ostentan como independientes y hacen propuestas que son lugares comunes y en muchos casos, temas que no deben  formar parte de una Carta Magna?

Queda muy poco tiempo para aclarar todas estas confusiones. Claramente, lo que ocurrirá es una votación escuálida, muy poco representativa del sentir de la ciudadanía, y que tendrá en su base el pecado original de su ilegitimidad, al haber sido impuesta a la mayoría de la ciudadanía por una minoría que siguen a sus partidos por razones políticas. Ojalá esté equivocado. Porque bien puede ser que esta Constitución nazca como letra muerta. Sujeta a que muchas personas sensatas busquen la manera de ampararse contra sus preceptos o encontrar la manera de evadirlos.

¿Habrá algo por hacer? No mucho. Golpe dado ni Dios lo quita. Pero sí, nos queda algo. Seguir insistiendo sobre el tema. Dar seguimiento cercano al documento preparatorio,  discutirlo, proponer opciones y buscar que la Constitución de la Ciudad de México se apruebe en referéndum. Aunque no sirva para celebrar los 100 años de la constitución de 1917.

Legitimidad de la nueva constitución de la Ciudad de México

El proceso para establecer una nueva constitución en la Ciudad de México es avalado por un proceso legal. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que ponen en duda su legitimidad, por varios vicios en su génesis y en su procedimiento.

El punto no es sencillo. El que una determinación esté avalada por las leyes no necesariamente la convierte en un acto legítimo. La legitimidad en la actuación de los mandatarios la reciben del convencimiento de la ciudadanía de que están siendo correctamente representados y que actúan de acuerdo a las necesidades y los deseos de los que se supone están representando.

El tema de una constitución para la Ciudad de México había estado durmiendo "el sueño de los justos" en el Congreso. Cuando se anunció que se aprobaba el proceso para su elaboración y eventual promulgación, no hubo una respuesta de la ciudadanía. No se vivió, como podría imaginarse, un entusiasmo ciudadano al sentir que sus derechos -finalmente-  habían sido reconocidos. No es exagerado decir que la ciudadanía no le podía haber importado menos. Entre los muchos pendientes que han dejado en la Ciudad una amplísima lista de gobernantes, el de tener una constitución ocupa, en sus prioridades, los últimos lugares.

Por otro lado, si se hace una encuesta seria a la población de la Ciudad de México, es un hecho seguro que la inmensa mayoría no se siente representada ni por el gobierno de la Ciudad ni por la Asamblea Legislativa de la misma. Lo cual agrava la sensación de ilegitimidad de los actos de gobierno, sin que la elaboración de la nueva Constitución sea una excepción.

El proceso de crear un proyecto se ha mantenido en un secreto bastante profundo, pero hay algunos datos que se han filtrado y que avalan lo que antes mencioné. Se dice que  para la votación para elegir a una parte de los Constituyentes, se espera un abstencionismo del 85%. Esto, suponiendo que se abran todas las casillas para votar. Se dice que en el 50% de las casillas no se ha podido nombrar ni siquiera al presidente de la misma, no digamos los otros funcionarios que deben participar en el proceso. Lo que hace suponer que el abstencionismo podría ser aún mayor. Pero, aun suponiendo que se puedan abrir todas las casillas, bien puede pasar que la mitad de ese 15%  que  va a votar, supongamos un 8% del electorado, le podrá imponer sus puntos de vista al 92% del electorado existente.

Por otro lado, el grupo de autonombrados “Notables”, grupo notoriamente faccioso que sólo ha admitido a miembros de una corriente ideológica con exclusión de los representantes de otras maneras de pensar, están trabajando en  riguroso secreto en el proyecto de Constitución, sin permitir que la ciudadanía pueda debatir sus propuestas, que es de temer que serán claramente sesgadas en el sentido de sus preferencias ideológicas. Nada nuevo: la izquierda mexicana que se las da de incluyente, pierde las ganas de incluir cuando tiene que presentarse en un debate público con proponentes de otros puntos de vista. Y esto no es la primera vez que ocurre. Las "consultas ciudadanas" que han hecho estos gobiernos a lo largo de más de dos décadas han sido auténticas farsas, sin controles ciudadanos, sin posibilidades de asegurar que los resultados que se publican sean fidedignos. Muchas veces llevadas a cabo mediante  encuestas elaboradas a modo y llevadas a cabo por empresas que son designadas para este trabajo sin seguir la formalidad de un concurso público. Lo cual lleva a suponer que le deben  el trabajo al gobierno de la Ciudad y que, es de temerse, no presentarán resultados diferentes a los que desean sus empleadores.

De lo poco que se ha sabido, los rumores son en el sentido de que se están tratando de incorporar como derechos constitucionales el derecho a obstruir la vialidad por razones políticas, sin importar los derechos de las mayorías ni la salud de los habitantes de la Ciudad. También se teme, porque ya ha habido una declaración al respecto, que se vuelva un derecho constitucional el "paracaidismo", la ocupación ilegal de predios que tienen propiedad privada y cuyo derecho se pretende anular pretextando "motivos sociales". Una táctica muy común de muchos líderes populistas y que ha sido extraordinariamente rentable tanto políticamente como económicamente. Todo ello a espaldas de la ciudadanía y sin exponerse a un debate público.

Es claro que el grupo en el poder en la Ciudad de México está empujando una agenda legislativa que no corresponde a las demandas de la mayoría de la población sino a las de minorías con fuerza política y que contribuyen a crear la imagen de "progresismo" y de "ciudad social" como está promoviéndose el gobierno de la Ciudad mediante anuncios en toda la misma. Como si pudiera haber ciudades que no fueran sociales. Pero el tema de la ignorancia de algunos sectores no es lo que nos ocupa.

Por otro lado, y para añadir mayores motivos a las sospechas de la ciudadanía, una parte importante de los constituyentes no serán elegidos sino nombrados por los partidos políticos, de acuerdo con la fórmula misteriosa, un algoritmo poco conocido, que no deja claro cuáles son los motivos para que cada cual tenga un grado de participación. Lo cual deja el proceso de construcción de la Constitución en manos de los políticos y no de los ciudadanos. Sí, es cierto que se van a permitir candidatos independientes. Pero dados los mecanismos que están previstos, será muy sorprendente que haya más de dos o tres representantes independientes en el Congreso constituyente que tendrá 100 miembros.

Además, los tiempos que se dan para discutir algo tan serio como la Constitución se han definido con un criterio de tipo propagandístico. Habrá que festinar la discusión de manera que la nueva Constitución se deba de promulgar el 5 febrero 2017, de modo que sirva para celebrar los 100 años de la Constitución Federal que hoy nos rige. Si hay diferendos importantes, si hay cosas que requieran mayor análisis, habrá que evitar su discusión o manejarlos mediante el conocido "fast track”, la vía rápida mediante la cual se aprueban muchos caprichos de los políticos, también llamada la "legislación al vapor".  O por “mayoriteo”.

Y todavía falta por ver el contenido. Una constitución moderna debería de ser corta, muy  clara, con postulados muy precisos y que no se presten a la discreción y a la interpretación abusiva. Debería contener fundamentalmente derechos (que en su mayor parte son los de la ciudadanía) y obligaciones (que en su mayor parte deberían ser de los gobernantes). Deberían atender las grandes inquietudes de los ciudadanos, como por ejemplo conceptos constitucionales contra la corrupción, tema que no ha pasado por las mentes de nuestros "notables", mientras les parece muy importante legislar derechos para minorías olvidando que las mayorías, por lo menos en un sistema democrático, también tienen derechos y que, en caso de conflictos de derechos y obligaciones, la constitución debe de establecer los mecanismos para dirimir las diferencias.

¿Qué es mucho pedir? Puede ser que usted tenga razón. No podemos esperar mucho de los “notables”  ni de los constituyentes. O de los políticos, si a esas vamos. Ante el poder que se han asignado a espaldas de la ciudadanía, estamos desarmados. Debería someterse esa Constitución a un referendo, después de un amplio debate público que permita a la ciudadanía tomar una decisión informada.

Si no se hace esto, claramente tendremos una Constitución. Lo que no tendrá tal constitución, será la legitimidad que sólo la ciudadanía puede dar.