Gasolinazo: opacidad y búsqueda de culpables

Una vez más, la clase política ha demostrado que le importa más su muy deteriorado “capital político” que el respeto que le debe a la ciudadanía. Lo demuestra el tema del incremento del costo de la energía, el famoso “gasolinazo”, pero no se nos olvide el aumento del costo de la electricidad, el cual no ha quedado claro en cuanto nos afectará directa o indirectamente.

Recientemente declaró en el radio el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza en una entrevista radiofónica (Radio Red, viernes 6 de Enero), que el aumento de la gasolina ya había sido aprobado por el Congreso. Lo cual es de esperarse: el presupuesto de ingresos y los medios para obtenerlos deben ser aprobados por el Congreso. Si no fuera así, el Ejecutivo hubiera cometido una transgresión mayúscula. Lo que no queda claro es porqué los partidos de oposición no se manifestaron entonces, en octubre de 2016,  en contra del aumento de los precios de la Gasolina. Lo supieron y no lo  comunicaron a la ciudadanía. Queda claro que este tipo de temas que afectan al bien común no son puestos a debate de la Sociedad. Como, por mínimo respeto, deberían hacer nuestros mandatarios.  Deberían avergonzarse.

El anuncio se hizo entre Navidad y Año Nuevo, donde una buena parte de la población y el Primer Mandatario estaban de vacaciones. Lo cual sirvió para que el único que diera la  cara fuera el Secretario de Hacienda. Solo hasta varios días después se dio una explicación que tuvo más un sabor a queja por la falta de credibilidad hacia el Gobierno y un intento de buscar culpables. Y la frase que quedará en el recuerdo como característica de esta administración: “Ustedes, ¿qué hubieran hecho?”. Claramente, lo importante fue proteger lo más posible el capital político del partido en el poder. Rendir cuentas a la ciudadanía no fue una prioridad.

El acusar a gobiernos anteriores puede funcionar en los primeros meses de una administración. Pero ¿cuatro años después? ¿No se dieron cuenta de que se cometía un error subsidiando la gasolina? Según sus cuentas, nos podrían haber ahorrado una buena cantidad. ¿Por qué siguieron con un sistema que daña a la economía?

Tampoco resulta claro el argumento del aumento del precio del petróleo. Eso no ocurrió de golpe el 20 de diciembre de 2016. Vino ocurriendo a partir de enero de 2016. ¿Por qué esperar un año? Ciertamente hay otros factores. La “depreciación” (para no decirle devaluación) del peso, cuenta si más de la mitad de la gasolina es importada. Pero no se discutió el costo alto de la gasolina producida en PEMEX, con refinerías  muy anticuadas (la más nueva con  casi 35 años de antigüedad) y con muy deficiente mantenimiento, con lo cual su productividad es muy baja. No lo sabemos, porque la información no es clara, pero dado el alto costo de extracción y refinación del petróleo mexicano (una vez que no contamos con los  campos de Cantarell) y por la escasa productividad de nuestras refinerías podría ocurrir que nos saliera más barato importar todas nuestras gasolinas que tratar de usar gasolina nacional. Pero esto no se ha debatido, ni creo que salga a la luz pública.

Se justifica el aumento comparando la cantidad que se reducirá de subsidios, comparado con el monto de gastos en seguridad social, por ejemplo. Podrían  haberse hecho otras comparaciones. Hay analistas que consideran que las cantidades desviadas por gobiernos estatales y municipales más  el costo del servicio de las deudas públicas fácilmente duplican lo que se ahorrará en subsidios. No sé si estos analistas tienen razón, pero vale la pena revisar las cuentas. En este tema energético, como en otros, el problema de fondo tiene que ver con el efecto de la corrupción. Otra comparación: ¿De qué tamaño es la evasión de impuestos o las condonaciones que ocurren a los mismos? Si todos pagaran, ¿podría evitarse el gasolinazo? Hay quien estima que solo la evasión del ISR es el 2% del PIB, casi el doble del subsidio a la gasolina.

Pero, en mi opinión, el problema de fondo es el concepto del subsidio. Como ciudadanos todavía no nos queda claro que los gobiernos solo pueden subsidiar si aumentan los impuestos o reducen los gastos. El petróleo en México, históricamente, se usó para lograr subsidios sin aumentar los impuestos. Ya no es posible. No hay ganancias petroleras para ello. Solo se puede subsidiar aumentando impuestos por otro lado. Pedir que baje la gasolina implica subir impuestos o reducir gasto público. Ya se anunciaron recortes de gastos, a funcionarios públicos de alto nivel. Una buena señal, pero insuficiente para compensar el subsidio que se está eliminando. También se habla de una reducción de 30,000 plazas. Que es otra señal, pero que no resuelve de fondo. Y, nadie lo comenta, significa desempleo.

No se ve una solución de corto plazo. A mediano plazo, un combate enérgico a la corrupción, en serio, sí generaría fondos importantes. Sí, como dicen algunos, el costo de la corrupción es el 10% del ingreso federal, esa cantidad es más que el doble del subsidio que se está eliminando. De modo que ahí sí hay un ingreso adecuado.

La solución de fondo, la de largo plazo, la más difícil, es que la ciudadanía nos hagamos cargo de la política. Que tengamos una participación mayor. No se trata de que todos seamos políticos. Se trata de que participemos más. No basta con votar. Hay que estar enterados, seguirle la pista a los tres Poderes en todos los órdenes de gobierno. Discutir, debatir, ofrecer soluciones. Algo que, a propósito, no ha ocurrido con el gasolinazo. Sí, hay enojo y hay manifestaciones. Y que bueno. Lo que no tenemos son propuestas más allá de que se dé marcha atrás en los aumentos. Lo cual reduciría un poco el enojo, pero no resuelve el problema. No basta con señalar soluciones. Hay que debatirlas, diseñar su implementación y darles seguimiento. En pocas palabras, la adversidad nos está obligando a ser una sociedad, una ciudadanía maduras. Ojalá lo asumamos. Yo tengo fe en que la ciudadanía lo puede lograr. De lo que no tengo tanta confianza es en que, por su propia iniciativa, la clase política nos proponga soluciones de fondo.

Un golpe de Estado disfrazado: redacción de la Constitución de la Ciudad de México

El grupo redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México solo representa a algunas  de las corrientes de la Izquierda. Si tienen éxito, cualquier otra línea política que no sea la suya, podrá ser declarada anticonstitucional.

Valiéndose de su predominancia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y, posiblemente, aprovechando que la atención de gran parte del público está concentrada en la visita de Papa Francisco, en la primera semana de febrero de 2016, se tomó protesta al grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Un grupo monocolor, representante únicamente del PRD y que no toma en cuenta otras voces que pudiera ser necesario incluir. Han decidido ir por una vía excluyente y, podía decirse, facciosa, al incluir únicamente a los que piensan igual que ellos.

No es algo nuevo. Para cierta izquierda, hay un dogma laico que se sigue rigurosamente. El dogma de que solo la izquierda representa legítimamente a los intereses del pueblo y que todos los demás son “enemigos de clase”. Según este dogma, solo hay intelectuales de izquierda. Los únicos que merecen ser conocidos como activistas y “luchadores sociales” son los izquierdistas.  Las demás opiniones no merecen ser incluidas.

Claro, para tapar ese sol con un dedo, se dice que habrá amplias consultas. Pero sobre un proyecto ya formado, en el que no se dejaron participar voces discordantes y que no se permitió participar a sectores muy representativos. Pero el proyecto ya estará hecho, los tiempos apremiarán, y se buscará que la consulta se haga de manera masiva, de modo que las voces de expertos disidentes quedarán sofocadas por la gran cantidad de opiniones.

¿Por qué excluyeron a personajes de la talla de Luis Rubio, José Woldenberg y Enrique Krause, por ejemplo? ¿Acaso no tendrán mucho que decir? ¿Por qué no incluir intelectuales como Macario Schettino o Jorge Trasloheros? ¿Por qué dar la representación de las voces católicas a las Católicas por el Derecho a Decidir, que difícilmente representan a la opinión católica mayoritaria? ¿Por qué no se incluyeron los gremios empresariales como la COPARMEX o la CANACO? Y estos solos son algunos ejemplos. Amplios sectores de la población no están representados en esta redacción. Tampoco los otros partidos políticos,   universidades privadas, las ONG’s que no son de izquierda y muchas otros grupos de opinión.

En el mejor de los casos, tienen una ceguera ideológica, que hace que  consideren que ellos son los únicos aptos para opinar. En el peor de los casos, se trata de imponer a otros que no opinan igual que ellos, una Constitución que les permitirá perpetuarse en el poder. En cualquier caso, lo que tiene es un talante excluyente, buscando un instrumento que les permita evitar cualquier oposición a sus ideas, por el fácil camino de declarar anticonstitucional todo pensamiento que no sea el suyo.

¿Qué se puede hacer? Al parecer, como decían los abuelos, golpe dado ni Dios lo quita. Pero creo que hay otras posibilidades. Desde luego, denunciar y protestar. Dar a conocer este bien maquinado golpe contra las opiniones disidentes, buscando una dictadura ideológica, basada en una aparente legalidad. No es algo menor, y eso está en manos  de todos.

Lo otro es más difícil, pero posible. Vencer la muy mexicana tendencia a fragmentar nuestras acciones y opiniones, unificar a todos los excluidos de este proyecto y presentar, antes de que el Gobierno de la Ciudad y su equipo de redactores presenten su proyecto amañado y faccioso, un proyecto alternativo. Uno que tome en cuenta que la  nuestra no es una ciudad monocolor, que tenemos una gran riqueza en la variedad de las opiniones y que creemos que la democracia no consiste en acallar a las opiniones diversas sino escucharlas a todas e incorporar sus diferencias en algo que, como la Constitución, no consiste en tratar de resolver todo, sino únicamente establecer los mínimos indispensables para que la ciudadanía pueda tener una convivencia fructífera.

¿Cómo estamos en Derechos Humanos?

Desde hace bastante tiempo para los gobiernos emanados de la Revolución, la opinión extranjera y en particular la de los organismos internacionales, les ha importado infinitamente más que la opinión de la ciudadanía. La diplomacia de sus gobiernos ha enfocado mucho de sus esfuerzos a evitar la reprobación y las condenaciones por sus actos de gobierno. Hechos tan graves como los de 1968, los de 1970 y la guerra sucia de los setentas, Aguas Blancas o  Acteal, no merecieron observaciones importantes de los organismos internacionales. Por lo cual no es exagerado decir que, muchos modos, esos organismos fueron cómplices de atrocidades muy claras.

En un momento dado, esos gobiernos decidieron establecer comisiones de derechos humanos, en distintos niveles de gobierno. Encabezadas por miembros de la clase política, la percepción de la ciudadanía es que  una buena parte se trata de un espectáculo para el consumo de un público extranjero y, de una manera muy generalizada,   que dichas comisiones les interesan más la protección de los derechos de los criminales que la atención de los derechos de las víctimas. 

Percepción que, a pesar de la mercadotecnia política, sigue estando bastante vigente: basta con ver la reacción que ha tenido la ciudadanía cuando los jueces han dejado en libertad a criminales basándose en aspectos de “debido proceso”.. En este aspecto, la liberación de la ciudadana francesa señalada por secuestrados como miembro de las bandas, fue un mal inicio en este aspecto para el régimen actual.

La fuerza con que ha respondido la actual administración a los señalamientos de los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido inusitada. Se ha llegado hasta  acusar al señor Álvarez Icaza de traición a la patria y de señalar a los organismos internacionales como superficiales en sus afirmaciones. Se dice, por ejemplo, que los hechos que se han señalado de Iguala y Tlatlaya son ciertos, pero de ninguna manera presentan una situación generalizada, es decir, se trata de hechos aislados. Es como si un marido golpeador dijera que no es verdaderamente violento, porque sólo golpea a su mujer cada tres o cuatro años. Eso sí, la manda al hospital cada vez. Pero, dice el, no puede decirse que es una situación generalizada sino que se trata de hechos aislados. Si estuviéramos hablando de ese marido violento, claramente diríamos que una sola situación en que se haya cometido un acto de violencia es suficiente para  intervenir, proteger a la agredida, y poner los medios necesarios para que esta violencia no se repita. Pero al parecer nuestra clase política considera que el hecho de que estas situaciones gravísimas no ocurren cada día, es un argumento suficiente para decir que en México no hay problema de abuso de los derechos humanos.

Y el punto es que solamente estamos hablando de abusos denunciados y documentados que son   llevados a cabo por  las autoridades. Que no son los únicos que transgreden los derechos humanos. Autoridades escolares, familiares, empresarios, "famosos", y en general los  que se sienten con algún nivel de poder y de privilegio, con bastante frecuencia tienen transgresiones mayores o menores de los derechos humanos de otros a los que consideran súbditos, subordinados o meramente inferiores. Un tema que no puede dejarse nada más a la clase política. Un tema para la ciudadanía, un tema que debería ser preocupación de todos.

La clase política nos ha demostrado con hechos que son expertos en el arte de evadir las culpas y que les preocupa más hacer declaraciones tronantes y sonoras, ampliamente difundidas en los medios, que entrar al trabajo más silencioso, menos lucidor pero mucho más efectivo de tomar acciones concretas y específicas para reducir no sólo los casos de alto impacto, sino atender los miles y posiblemente millones de pequeñas agresiones, de pequeños y grandes atentados contra los derechos humanos que ya no se reportan, debido a esa percepción de que las autoridades no van a tomar cartas en el asunto y de que las comisiones e instituciones que nominalmente tutelan nuestros derechos humanos siguen teniendo muy poco interés en defender los derechos humanos de las víctimas.

Los costos de la indecisión: septiembre de 1985

A 30 años ya, y para todos los que lo vivimos nos parece como si hubiera sido ayer. La angustia de un temblor que parecía no terminarse. La interrupción de la luz eléctrica que, en algunas zonas, fue hasta de tres o cuatro días. La interrupción de las comunicaciones telefónicas. Al no haber electricidad, las gasolineras no podían servir combustible. Falta de agua. Poquísima información y, la mayoría, muy sesgada. Y, como si fuera poco, casi 36 horas después otro nuevo temblor, que a todos nos parecía igual de fuerte, que provoca aún mayor pánico. Para muchísimas familias, la angustia de no saber qué había pasado con sus familiares y si las consecuencias habrían sido igual de desastrosas en algunas otras ciudades del país.

En medio de todo este desastre, salió a relucir una joya oculta: los valores de la ciudadanía. Ante el pasmo de las autoridades, que no atinaban a tomar las decisiones necesarias, la ciudadanía y muchos jóvenes que todavía no alcanzaban la edad ciudadana salieron a las calles para ver en qué podían ser útiles. Muchachos que apenas llegaban a la edad de adolescentes, contribuyendo a dirigir el tráfico para evitar los enormes embotellamientos causados por la falta de electricidad. Ciudadanos que se abocaron a buscar entre las ruinas a las personas que habían quedado sepultadas, posteriormente apoyados por los heroicos "Topos", mineros de Pachuca que se trasladaron de inmediato la Ciudad de México para arriesgar sus vidas para salvar las de otros. Señoras que se dedicaban a preparar alimentos para los rescatistas, sin que nadie se los pidiera, entregándolos y retirándose rápidamente sin esperar a que les dieran las gracias.  Colas  interminables de ciudadanos donando sangre, al grado de que, días después, las autoridades sanitarias pedían a la gente que regresaran a sus casas, porque no tenían manera de almacenar todos esas donaciones. No sabemos a ciencia cierta el número de muertos y desaparecidos; muchísimo menos sabemos cuál es el número de personas que deben su vida a este esfuerzo espontáneo y generoso de la ciudadanía.

Mientras todo esto ocurría, las autoridades no daban instrucciones. El ejército qué, según se dice, ya había tomado las fotografías aéreas para conocer las áreas de desastre y tenían preparado el plan DN3, fue detenido por consideraciones políticas: el Departamento del Distrito Federal consideró que eso era vulnerar su área de responsabilidad. Se opuso a que otros participaran, pero no hizo lo necesario para sustituir su acción. Las autoridades del país hicieron una declaración que consideraron de la mayor importancia: dijeron a la Comunidad Internacional que México no necesitaba ayuda. Días después tuvieron que retractarse. Nadie sabe cuántas vidas y cuánto sufrimiento se podía haber ahorrado si las decisiones necesarias se hubieran tomado a tiempo.

Pocas veces ha sido tan palpable el divorcio entre la clase política y lo que les importa, contra los valores de la ciudadanía. Mientras a unos les preocupaban sus ámbitos de autoridad y su imagen, los ciudadanos abocaron a lo importante. Y este divorcio no fue privativo del partido en el poder; los partidos de oposición tampoco se ocuparon de apoyar y organizar la ciudadanía para darle mayor efectividad a su labor. Incluso organizaciones dedicadas a estas situaciones, se vieron rebasadas. Recuerdo un testimonio de primera mano de una química farmacéutica que estaba dedicada, junto con  una gran cantidad de voluntarios, a clasificar los donativos de medicamentos que estaba entregando la ciudadanía. Mientras estaba dirigiendo esta labor, llegó el presidente de una de las organizaciones internacionales de apoyo en situaciones de desastre, con periodistas y un gran séquito a tratar de intervenir. Y esta gran dama le dijo: "Señor, ¿nos trae materiales, nos trae expertos, nos trae algún tipo de apoyo?". Cuando el gran personaje le dijo que sólo venía a supervisarlos, esta fuerte mujer le dijo: "Entonces Señor, déjenos trabajar: que se nos va el tiempo".

Cada quien tiene una gran cantidad de anécdotas que podría contar sobre esta heroica participación ciudadana. Difícilmente se puede agotar el tema en un breve recuento periodístico. La lección más clara es el modo como la ciudadanía mexicana tiene bien puesto el corazón y bien claros los valores. Ante la tragedia, ante la indefensión, supimos unirnos y hacer cada quien su parte. Mientras la clase política estaba pensando en sus propios intereses, los ciudadanos, los mandantes estaban supliendo la inacción de los mandatarios en distintos niveles.

Obviamente hay excepciones, obviamente se pueden contar historias que discrepen, pero el gran panorama es el de un divorcio entre los valores en los mandantes y los mandatarios. Esta discrepancia se hizo visible ante una tragedia, pero sigue estando presente hasta nuestros días. La clase política tiene una jerarquía de valores diferente de la de los ciudadanos: lo que a nosotros, los mandantes, nos parece prioritario, a ellos, los mandatarios, no les parece importante. Y luego se cuestionan porque no se les aplaude y les asombra cuando, después de gastar millones en mercadotecnia política, sigue a la  baja la confianza sobre los partidos y las instituciones del Estado.

Estamos conmemorando a los fallecidos. Ceremonias, simulacros, discursos sonoros. Pocas palabras de agradecimiento a una ciudadanía que demostró tener el corazón en su sitio. Que tuvo su mejor hora. Y ninguna, verdaderamente ninguna disculpa de una clase política que no supo estar a la altura de la ocasión.

Combate a la pobreza

Magros los resultados del Combate a la Pobreza, nos reporta el tercer informe de Gobierno de la administración Peña Nieto.

En su administración ha aumentado en más de un millón 990 mil el número de pobres. En cambio, la pobreza extrema ha mejorado: Hay 86,647 personas que ya no están en la pobreza extrema. Y qué bueno. Una reducción del 0.8% en la pobreza extrema, mientras que la pobreza total ha aumentado un 3.7%. Todo ello gracias a un gasto en Desarrollo Social del Presupuesto Federal que excede los 200,000 millones de pesos en dos años. O sea, poco más de dos millones  de pesos por persona que dejó de estar en pobreza extrema, en estos mismos años. Esto sin contar las múltiples aportaciones de la Sociedad, desde las “Patronas” que alimentan migrantes, los Hogares Providencia, los Kilos de Ayuda, los Bancos de Alimentos y otras múltiples iniciativas que en algo habrán contribuido a reducir esa pobreza extrema, aunque no se les reconozca.

Números fríos, hasta que uno considera que esos no son números: son familias, son niños, son adultos mayores. Son gente que, literalmente muere de hambre. Qué bueno que se estén haciendo estos esfuerzos. Que mal que tengamos más de 11 millones de personas en pobreza extrema y que casi dos millones de personas más hayan caído en la pobreza o han nacido en ella. 

No se ve autocrítica, al menos en público, por parte de esta Administración. Pero la artífice del programa contra la pobreza ya no está al frente. Ojalá el nuevo Secretario traiga nuevas ideas, porque urge un cambio de enfoque.

Es fácil  criticar el modelo de los comedores para gente en pobreza extrema. Yo no lo critico: por humanidad, por decencia, nuestra Sociedad no puede dejar que haya gente que muera de hambre o viva muy disminuida por su deficiente nutrición. Lástima que no se hayan dado datos de la reducción de muertes o enfermedades por desnutrición. Hubiera sido mucho más indicativo de los resultados del combate a la pobreza. Es cierto, sin embargo,  que este modelo se presta a usos clientelares y electorales. Habría que demostrar que hay abusos, porque ahí está el riesgo. Pero no compro el argumento de dejar a la gente con hambre para no caer en esos peligros.

Otra crítica se centra en el dicho “No hay que darle un pescado al que tiene hambre, hay que enseñarlo a pescar”. Lo cual también tiene algo de cierto. Las personas que asisten a los comedores del gobierno, no han salido de pobres; han salido de su inanición. Pero, si no se le da el pescado al hambriento, mañana estará muerto y no habrá manera de enseñarlo a pescar. O estará tan débil por el hambre que le costará mucho trabajo aprender. Hay que hacer las dos cosas: darle de comer y darle las capacidades para que pueda salir de pobre. Y en esto hay un punto clave. Se trata de que la gente sea independiente en lo económico, no que se construya una codependencia entre pobres y gobiernos. Y en eso hay mucho por hacer para el nuevo secretario del ramo.

Lo que me parece inaceptable fue la excusa que dio la ex secretaria a cargo de este programa, para su pobre desempeño. No sé por qué me recordó a un grupo de señoras de la “alta” sociedad, criticando a sus sirvientas: “Estas no pueden salir de pobres, porque tienen muchos hijos”. Porque ese fue su argumento. No señora. Las cosas son mucho más complejas. En México la natalidad ha bajado a la mitad desde 1970 a la fecha y, con la pena, las familias no viven mejor. Y esto es cierto a nivel rural como el urbano. Hay que generar riqueza, empleos bien pagados. No se trata de hacer cuentas pueriles del tipo de que “entre menos burros más olotes”. Si eso fuera la única solución, las zonas despobladas por la emigración serían áreas prósperas.

Lo que hay que hacer es dejarse de excusas. Una sana autocrítica, preferentemente pública, no vendría mal. Reconozcamos que no somos un país rico en recursos naturales. Solo el 14% del territorio es cultivable y solo la mitad de este tiene riego. Nos estamos acabando la pesca y ya nos gastamos el petróleo que, para colmo, ahora vale menos. Nuestra población tiene un pésimo nivel educativo y, aunque pueda haber honrosas excepciones, la gente sin las capacidades básicas que deberían dar las escuelas, no pueden prosperar, aunque les den “tablets”. Los emprendedores en pequeño no necesitan dadivas, necesitan simplificación administrativa de a de veras, que les permita ser eficientes. Necesitan un sistema de impuestos fácil de administrar y cumplir, no uno que le cueste al micro empresario casi lo mismo que paga en impuestos. Y esto es solo una parte de lo que se podría hacer.

Ojalá ahora sí, en serio, sin buscar protagonismos ni el aplauso de los medios o de los políticos, el Estado, Gobierno y Sociedad, nos pongamos a impulsar este proceso. Que no es un proceso de un sexenio: si empezamos ahora y no quitamos el dedo del renglón en una generación habremos reducido sustancialmente esta vergüenza nacional.

¿Tuvo algo de bueno el Informe?

A riesgo de que se enojen conmigo algunos de mis amigos y Usted, amable lector, le daré mi opinión honesta. He  tratado de oír y leer lo más posible de los comentarios sobre el Informe Presidencial, presentado en público el pasado 2 septiembre. El consenso no puede ser más negativo: difícilmente se encuentra en la prensa independiente, ni en las redes sociales a alguien que no le haya parecido que el Informe fue malo. Pero creo que no hay nada tan malo que no tenga un poco de bueno. Creo que en el Informe y en el proceso en torno a su presentación hay cosas positivas que destacar.

Para empezar, a diferencia de otros Informes presidenciales que me ha tocado escuchar, en este se puso el énfasis en los resultados, no en las actividades. Y eso es muy importante: en la mayoría de los Informes presidenciales y gubernamentales se encuentra una larga relación de actividades, sin explicar si esas han dado los resultados que buscaban. Así, se reportan por ejemplo inauguraciones de hospitales que después no entran en funcionamiento por falta de médicos, como ha ocurrido en varios estados de la República. Otro ejemplo: en algunos Informes se ha hablado de una actividad de educación para 25 millones de niños y adolescentes. Nunca se ha mencionado la calidad de educación ni se han precisado los resultados que se están obteniendo de esta actividad. Y eso, desde un punto de vista totalmente técnico de la Administración es muy importante. De manera que este Informe, al enfatizar los resultados,  ha hecho un cambio notable.

Otro tema diferente es la veracidad de esos datos. En el estado de desconfianza con el que la ciudadanía está juzgando el desempeño de esta administración, es de esperarse que la mayoría opine, muchas veces sin bases, que las cifras están "maquilladas". Algo extraordinariamente positivo, en mi opinión, es la actividad de grupos de la sociedad civil que han asumido la responsabilidad de validar esa información. Por ejemplo, @ElSabuesoAP que, asociado con otros grupos, emprendió la tarea de convocar y capacitar a un grupo de ciudadanos para revisar el sustento de las afirmaciones que tiene el Informe. Interesantemente, de 21 temas revisados sólo encontró dos verdaderos. De los demás, cinco se calificaron como verdades a medias, nueve se calificaron de engañosos, uno discutible y cuatro difíciles de probar. Ninguno fue calificado de falso o casi falso. Independientemente del resultado, lo que me parece un gran logro es que grupos de la sociedad civil hayan asumido esta responsabilidad y hayan hecho públicos sus resultados. Bien hecho. Ojalá tengamos más grupos así; ojalá pronto estemos evaluando con el mismo rigor todas las declaraciones de nuestros mandatarios.

Por otro lado, la información que se nos dio, aún si hubiera sido escrupulosamente cierta, le hace falta un elemento muy importante: el contexto. ¿A qué me refiero? Los logros que se reseñaron no nos dan ninguna referencia respecto a lo planeado. Por ejemplo: se construye una determinada cantidad de kilómetros de carretera. ¿Es mucho o es poco de acuerdo a lo que decía el Plan Nacional de Desarrollo? Se nos habla de un buen número de escuelas de tiempo completo. ¿A qué porcentaje de cumplimiento van de acuerdo a las promesas de campaña, debidamente registradas ante notario? Esto es otro elemento fundamental en cualquier tipo de administración, sea pública o privada. Los resultados son relevantes en comparación con los planes y las obligaciones que se han asumido. Sin ese contexto, esa información es muy poco valiosa. En descargo de esta administración, debo decir que esto ha sido una falla común en todos los Informes presidenciales que he podido revisar. Pero esa unanimidad no sirve para disculpar: para que se pueda juzgar correctamente esos resultados no basta con compararse lo que ocurrió en otras administraciones o lo que ocurre en otros países.

Pero, para mi gusto, lo más importante y destacable es el hecho de que por primera vez en la historia de México un presidente reconoce públicamente y mediante su Informe al Congreso, que existe una profunda desconfianza hacia su administración. Yo no encuentro ningún ejemplo parecido de ninguno de los presidentes que hemos tenido en nuestra historia. Y eso me parece un excelente principio: todo funcionario público debería admitir públicamente el hecho de que la ciudadanía no le tiene confianza, si es el caso. Esto, obviamente, no es suficiente. Pero sin empezar por ahí, es muy difícil avanzar más. Por supuesto, estoy consciente de que no se ha logrado frenar esa desconfianza y me cuesta mucho trabajo creer que con el " Decálogo" que se nos propone, la remedie. Me pregunto, amable lector y lectora: ¿ha aumentado su confianza hacia esta administración, a raíz de escuchar el Informe o leer sus transcripciones y comentarios? Francamente, lo dudo mucho. Y es que la confianza no se gana fácilmente. En épocas anteriores, se creía que bastaba con una buena oratoria, con la elocuencia de los gobernantes para ganar la confianza de la ciudadanía. Ahora se confía, ciegamente, en las técnicas de mercadotecnia política. Y, claramente, ninguno de los dos enfoques está resultando en un aumento de la confianza ciudadana.

Es claro que para ganar de nuevo la confianza se necesitan hechos, muy visibles y que no requieran de la validación de los propios miembros de la administración. Hechos que sean tan claros que a la ciudadanía no les quede duda de los mismos. Es una tarea por hacer. Un buen principio sería que, junto con el reconocimiento de la desconfianza generalizada, se dijera a la ciudadanía y al Congreso, que en teoría nos representa, cuáles son las medidas concretas que se tomarán para enmendar esa peligrosísima brecha entre nuestros mandatarios y nosotros, los mandantes.

Esos son mis razones para no poder ver este Informe totalmente en negro o totalmente en blanco: es claramente un conjunto de luces y sombras. De poco sirven ambos extremos. Una ciudadanía madura debe tener la capacidad de reconocer aciertos sin caer en la adulación y reconocer también las fallas sin satanizar a quien las comete. Nosotros, ciudadanos, no debemos caer en el pesimismo, pero tampoco podemos ser ilusos. Hay que ver cuáles son los elementos sobre los cuales podemos construir, reconocer los obstáculos y las dificultades, y no quitar el dedo del renglón. Somos los ciudadanos, somos los mandantes y no se nos debe olvidar que los mandatarios están ahí para cumplir con nuestro mandato.

¿El fin de la era de la colaboración?

De lo poco que puede presumir la Administración Peña Nieto en su próximo informe presidencial, a la mitad del camino, es de las Reformas Estructurales. Algo que fue imposible por mucho tiempo, ocurrió gracias a la colaboración de los tres partidos mayores, muchas veces a costa de pagar un alto precio político y a contrapelo de sus adherentes. Y, claramente, ese precio que pagaron se hace patente en sus pérdidas en las elecciones del 2016 y la profunda división en sus propias filas, que ha llevado a que sus artífices hayan sido removidos de sus dirigencias.

Pero, por otro lado, el clima ha cambiado en la Administración Peña Nieto. Al tono conciliador de las comunicaciones, reconociendo la participación de todas las fuerzas políticas, ahora sigue un tono triunfalista en el cuál se tiende a apropiarse los efectos benéficos de las Reformas (por escasos que hayan sido, todavía) y a adoptar un talante retador hacia otras fuerzas políticas y hacia la ciudadanía, diciendo que no gobernarán para dar gusto a la crítica. Como si no tuvieran la obligación de escuchar y atender a las voces disidentes.

Mal inicio de la segunda mitad de esta administración. Y, sin pretender ser pronosticador, creo que hay que considerar algunos elementos que influirán fuertemente en los escenarios de esta segunda mitad:

• Los dos partidos de oposición que perdieron participación en el Congreso en las pasadas elecciones, buscarán quitarse el estigma de “vendidos”, que una parte de la ciudadanía les endilgó. Y uno de los modos más fáciles es oponiéndose a ultranza al Gobierno de la República. El tono conciliador se ha ido de ambos lados y ahora la oposición venderá cara su colaboración, a  cambio de prestigio y posibilidad de recuperar votos.

• El éxito de MORENA en sus primeras elecciones, después de haber sido la principal voz contra la administración Peña Nieto, les confirma que ese es el camino de ganar popularidad. Pero ahora, cuando todas las fuerzas estén criticando al Gobierno, se verán obligados a ser aún más radicales, aunque no sea más que para destacar entre el coro de los que habrán dejado de colaborar. Claro: podría haber otra opción. Podrían tratar de ganar el apoyo de la mayoría de la población, que prefiere posturas moderadas, haciendo ver que no son “un peligro para el País”, como muchos creen. Pero es poco probable: su talante no es en ese sentido ni tampoco coincide con el de sus bases. El papel de “oposición responsable” no se les da.

•  El triunfalismo del Gobierno, en sus tres poderes y tres niveles continúa siendo motivo de enojo y de desconfianza. Mientras sigan creyendo que las elecciones  validaron su desempeño, es muy difícil que haya  cambios de fondo. Aparentemente el Gobierno cree que algunas declaraciones tronantes y unos cuantos comerciales de 60 segundos, diseñados por el mejor publicista del país y repetidos 10 millones de veces, son suficientes para recuperar la  confianza de la  ciudadanía. La realidad nos muestra que, a pesar de ese gasto enorme, la confianza de la ciudadanía hacia los tres poderes de la Unión sigue a la  baja. Porque es fácil perder la confianza, pero extraordinariamente difícil recuperarla.

•         En último lugar, pero no necesariamente en importancia, la lucha interna en el partido gobernante de cara a las elecciones del 2018, seguramente se recrudecerá, a pesar de la firme posición del Presidente para contenerla y las declaraciones de los actores de la sucesión. La lucha entre los grupos afiliados a los mexiquenses (Videgaray), los hidalguenses (encabezados por Osorio Chong) y los independientes (encabezados por Beltrones) seguirá y pudiera volverse una lucha sucia o, por lo menos percudida.

En este entorno, la  confianza de la ciudadanía y de los inversionistas no necesariamente crecerá; sobre todo los nuevos actores de la inversión nacional y extranjera, poco habituados a las peculiaridades del Sistema Mexicano, posiblemente tomarán una actitud de “esperar y ver”. Lo cual significará que los inversionistas serán mayormente los de siempre: las míticas “trescientas familias” ricas y los inversionistas extranjeros que ya operan en el país. Y eso  significará que estos actores seguirán manteniendo su “palanca” sobre el Gobierno y que el crecimiento de la economía tendrá como límite sus capacidades de inversión así como   las opciones más rentables que les ofrezcan otras economías.

¿Qué pasará? No soy ni quiero ser profeta. Esto que discutimos hoy no llega ni siquiera al nivel de escenarios; solo son elementos para empezar a construirlos. El próximo informe presidencial dará mucha luz a este respecto; habrá que ver sobre todo si se confirma el triunfalismo de esta administración y si está tratando en serio de recuperar la confianza ciudadana, por medios distintos. Porque si no hacen nada distinto para cambiar su deteriorada imagen, no ocurrirá dada diferente.

La quiebra del sistema educativo

Una revisión somera de los resultados de la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de la Educación)   da resultados más preocupantes que los que han atraído la atención de los medios: la “devaluación hormiga” del peso, la caída del precio del petróleo, la fuga de Joaquín Guzmán o los desfiguros de algunos personajes famosos.

El hecho de que, en promedio, solo el 12.2% de los egresados de preparatoria aprobaron en comprensión de la lectura y solo el 6.4% aprobaron en matemáticas, nos debería tener muy preocupados. A corto y mediano plazo, no se puede ser competitivo como país, con estos resultados. A largo plazo, significa la profundización de la pobreza. Y estos son, recordemos, los egresados de bachillerato. Los mismos que piden, ¡exigen!, que los admitan a las universidades de forma automática. Y luego nos asombra la baja eficiencia terminal de las universidades. Y luego nos extraña que los mejores egresados de las mismas requieran hasta dos años de re-entrenamiento cuando los contratan las empresas  de clase mundial que operan en México.

Algunos datos por Estado de la evaluación son interesantes y sorprendentes. Puebla y Durango, que no son precisamente de los estados más ricos del País, están entre los cinco primeros lugares en estas evaluaciones. Y el Distrito Federal, en el último lugar en matemáticas y entre los cinco peores en lectura, a pesar de ser una de las entidades federativas con mayor presupuesto y de que no tiene las  interrupciones de clases que padecen los estados dominados por los maestros de la CENTE. De hecho, el DF califica peor en ambas pruebas que Oaxaca.

Si, por supuesto, estos son argumentos a favor de la Reforma Educativa. Evaluar a los profesores es un primer paso, pero en sí, solo es el principio. De ahí sigue  una re capacitación masiva de todo el profesorado, misma de la que nadie ha hablado. Porque no se resuelve el tema despidiendo maestros. En primer lugar, por justicia: ellos no tienen la culpa de que no hayan sido debidamente capacitados. Y en segundo lugar, porque no hay muchos maestros altamente capacitados y desempleados que vengan a sustituir a los maestros que no aprueben su evaluación. Aun cuando solo el 10% o 20% fueran rechazados.

Pero eso no resuelve el problema de una parte importante de la población económicamente activa, que ya egresó de las escuelas y que ha sido deficientemente capacitada. Porque este desastre educativo no ocurrió en este año; solo se midió hasta ahora. Esto es el fruto de décadas de descuido de la educación y, muy probablemente, si esta evaluación se hubiera hecha hace una década, los resultados hubieran sido iguales o peores.

¿Qué vamos a hacer, como país, para volver a capacitar en esas habilidades clave a la población que ya egresó de las escuelas? ¿Podemos conformarnos con esa situación y esperar a que dentro de 12 años, los egresados de bachillerato, con mejores profesores, ya tengan un nivel decente de lectura y matemáticas? Y conste que estoy siendo optimista: esto supondría que los maestros quedaran capacitados el año próximo.

Esto requiere de un pacto nacional, de una gran alianza de todos los sectores y de todas las tendencias políticas. Un gran proyecto para capacitar masivamente a la población en la comprensión de la lectura y, posiblemente, la comprensión de la palabra hablada. Y, por supuesto, en los conceptos fundamentales de la aritmética y las bases de matemáticas. Será caro y doloroso. Igual que es el rescate de una empresa en quiebra, pero no hay soluciones fáciles ni baratas a problemas crónicos.

Claro, no faltarán los que dirán que esto no hace falta. Son los mismos a los que les conviene la ignorancia masiva, porque hace a la gente fácil de manipular. Porque le conviene a sus intereses políticos, económicos o religiosos. Pero, para el interés general de la Nación, si queremos detener a largo plazo el crecimiento de la pobreza, si queremos prosperar en un mundo cada vez más globalizado y cada vez mejor capacitado, si queremos dejar de  competir pagando bajos salarios,  no hay otros caminos.

Corrupción: Ya nos cansamos

Va de nuevo. A riesgo de aburrirlos, pero he tenido tantas reacciones, la inmensa mayoría positivas, para mi anterior artículo sobre este tema que me parece obligado seguir pensándolo con Ustedes.

Mi primera reflexión es hacia mí mismo, hacia mi temor de aburrirlos. Siento que esa es una de las razones por las cuales los organismos intermedios, ONG ’s, medios y particulares no hemos tenido constancia en presentar el tema. Después de unas semanas del caso Guzmán Loera, que abre un debate sobre la corrupción, el tema está siendo abandonado en los medios. Nada se ha resuelto, nada se ha hecho por castigar a culpables de ese y otros muchos casos célebres de corrupción.

Los corruptos y los que deberían combatir la corrupción están apostando a nuestro aburrimiento, a nuestro afán de sensacionalismo, a nuestro corto poder de mantener la atención sobre los temas de la conducción de la Nación. Y, una vez más, están ganando la apuesta. Bastará con que haya un nuevo escándalo, algún crimen pasional o algún enredo amoroso de los “famosos”, para que nuestra atención se desvíe y abandonemos el tema… hasta que se desentierre algún nuevo caso de corrupción. Así no se puede avanzar.

Otro tema: es claro que la mayoría, si no es que toda la ciudadanía es víctima de la corrupción. Y que esa mayoría, antes silenciosa y ahora expresándose a través de las redes sociales, vería con mucha alegría que viviéramos en un Estado de Derecho, y se combatiera en serio la corrupción. Pero la minoría, los corruptos y corruptores quieren mantener la imagen de que la corrupción es cultural, es generalizada. Es como el adolescente que se enfrenta a sus padres diciéndoles que se quiere hacer un tatuaje. ¿Cuál es su argumento? “Es que todos se están tatuando”. Lo cual, en primer lugar no es cierto, Cuando uno profundiza, son unos cuantos los que se tatúan. Y, por otro lado, el que todos hagan algo, no es un argumento válido. El que todos fumen, no le quita lo dañino al tabaco. El que todos fueran alcohólicos, pongamos por caso, no quita el daño a  la salud que el alcoholismo genera. Ni la cantidad de accidentes viales que ocasiona.

Claro, es de discutirse como se puede reducir la corrupción. Hasta ahora el enfoque ha sido: aprobar leyes más duras, poner reglamentos más severos qué, en general, han resultado contraproducentes porque generan nuevas oportunidades de corrupción. Todo esto seguido de una implementación y seguimiento inconstante, para el escaparate de los medios, tomando algunos casos célebres con una gran publicidad y  continuando después con los “negocios como siempre”. Un ejemplo: hace años, en medio de un gran despliegue mediático, se encarceló a un exdirector general de PEMEX. Se le juzgó y cumplió su sentencia. ¿Se redujo la corrupción en PEMEX? Para nada. En todo caso, las mordidas se hicieron más costosas, tomado como pretexto que el corrupto tendría que enfrentar riesgos mayores.

Ha faltado imaginación. El método ha sido: se destapa un escándalo, se generan nuevas leyes y reglamentos, se promulgan con un gran despliegue mediático, se hace como que se cumple y seguimos… hasta el próximo escándalo. El método ha sido un rotundo fracaso. O, si yo creyera en las teorías de la conspiración,  creería que ese es el modo como los corruptos  mantienen apaciguada a la ciudadanía.

Hay otras cosas que se podrían hacer y no se hacen. Como educar, por ejemplo. Una generación entera ha pasado por el sistema educativo  sin recibir clases de civismo y pronto serán dos generaciones que no conozcan ese tema. Y no es que fuera un programa con un excelente contenido. Para nada. Pero en algo ayudaba. Hace falta que toda la ciudadanía y los que pronto serán los nuevos ciudadanos recibamos capacitación en ética ciudadana, política, social, económica, de negocios y de otros temas similares. Hacen falta acciones ciudadanas para auditar el desempeño de los gobernantes, de manera profunda y constante, sin esperar a que venga un nuevo escándalo. Las contralorías sociales no han sido particularmente exitosas, pero es una excelente idea. Hace falta dejar de hacer como que se llevan  cabo e implementarlas con fuerza. Es necesario no aburrirnos de denunciar la corrupción, con mucha fuerza  y aprovechando los nuevos medios de comunicación social. Hay que vigilar a los medios y exigir que no se oculten los escándalos de corrupción “menor”, y, por supuesto, seguir dando a  conocer los grandes casos. Hacen falta debates públicos de ciudadanos para denunciar pero, sobre todo, para construir soluciones.

Sí, la corrupción no somos todos. Sí, la mayoría somos  víctimas de la corrupción, no somos los que la impulsan. Pero es claro que nada se resuelve quedándonos como espectadores pasivos, chismorreando, escandalizándonos, pero sin hacer nada al respecto.

Yo corrompo, tu corrompes, el corrompe...

Hace años, antes de que la mayoría de mis lectores hubieran nacido, un presidente salió con la ocurrencia de que “la corrupción somos todos”. Por supuesto, la nación se sintió agraviada, hubo toda clase de críticas y, ciertamente la dichosa frase tenía por objeto dejar sentir que no había nada por hacer, porque de alguna manera todos participamos en la corrupción. Seguramente ese presidente recordó que en algún lado había leído la frase: “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y, en los hechos el tal presidente resultó ser uno de los más corruptos en la historia del siglo pasado.

Independientemente de lo mañoso de la declaración, hay que reconocer que hay algo de verdad en ella. La mayoría hemos dado alguna mordida, pedido algún favor que no era totalmente de acuerdo a los reglamentos, que nos aceleraran un trámite. Y ciertamente, muchos funcionarios públicos piden la célebre mordida de manera rutinaria. Hay un ambiente que propicia la corrupción. Por supuesto, eso lleva a muchos funcionarios a decir que la corrupción es cultural, que viene a ser decir lo mismo: que la corrupción somos todos porqué, aquí sí, la cultura somos todos.

Pero valdría la pena reflexionar: ¿Somos corruptos o somos víctimas de la corrupción? Puesto de otro modo: la falta de un verdadero Estado de Derecho, ¿nos da alguna protección si rechazamos la corrupción?  Si más del 90% de los delitos denunciados quedan impunes, ¿Qué probabilidad hay de que la denuncia de una extorsión por una infracción de tránsito será investigada y debidamente castigada? Muy cercana a cero. Por otro lado, el funcionario menor que se niega a pedir mordida, ¿qué protección tiene si sus superiores le exigen que lo haga? ¿Quién le garantiza que conservará su puesto y no perderá su ingreso si no “le entra”? Claro, sí hay una gran cantidad de ciudadanos que rechazan la mordida y funcionarios que se niegan a pedirla. Y habría que considerarlos como verdaderos héroes civiles. Afortunadamente cada vez hay más, pero no son suficientes.

Todo lo anterior no es para decir que nos crucemos de brazos y nos resignemos a vivir como víctimas de la corrupción. O aceptar que muchos se beneficien de ella. Todo lo contrario. Pero es importante que la ciudadanía tenga claro qué, aunque urgen nuevas leyes, reglamentos y sistemas, nada eso hará mucho bien mientras no tengamos un verdadero Estado de Derecho. Por leyes no paramos. De lo que padecemos es de la falta de su aplicación plena e imparcial. Y nuestro Congreso no tiene entre sus prioridades el Sistema Anti-corrupción, de modo que la ciudadanía tiene pocas esperanzas que la corrupción se reduzca pronto.

Bienvenidas nuevas leyes, instituciones, participación ciudadana, nuevos mecanismos de fiscalización. De algo servirán. Pero lo que verdaderamente resolverá de fondo este flagelo de la corrupción es la instauración plena de un verdadero Estado de Derecho. Y no será lo único que resolverá. La paz, el desarrollo económico, la democracia sin apellidos dependen en gran medida de que las leyes sean cumplidas, se erradique la impunidad y se dé el castigo adecuado a quien las infrinjan. No es un asunto menor. Sin esto, nuevas leyes, reformas estructurales y otras muchas buenas intenciones harán muy poco bien.

Pero nos tiene que quedar claro que el Estado de Derecho no ocurrirá solo. No va a llegar como un gracioso don de nuestros gobernantes. No es de esperarse que los que se benefician enormemente de la corrupción de repente vean la luz y reconozcan el daño que hacen. Difícilmente se pondrán límites voluntariamente. La presión no vendrá, como en algunos otros temas, de la opinión internacional. Nos urgen muchos más héroes y heroínas civiles que, con hechos, empujen el establecimiento del Estado de Derecho. Y el modo más efectivo es cumplir cuidadosamente con leyes y reglamentos. Y, por supuesto, levantar nuestra voz para exigir que erradique la corrupción y se establezca el Estado de Derecho. Pero lo que nos da la autoridad moral para reclamar es el hecho de que, yendo contra la corriente, nuestra comodidad y hasta la burla de muchos, nos esforcemos por cumplir puntualmente las leyes y reglamentos a los que estamos sujetos.

Prioridades, prioridades...

Ya se ha dicho todo o casi todo sobre el caso Joaquín Guzmán Loera. Desde el punto de vista judicial o policiaco yo, ciudadano de a pie, poco puedo agregar. Ya hay demasiados “expertos instantáneos” tratando de encontrar nuevas pistas y aconsejando modos de recuperar al evadido. Ahora que ya se escapó, la casa de la fuga y el túnel están estrechamente vigilados. No vaya a ser que el señor vaya a regresar por su iPad.

Pero lo que sí puede decir este ciudadano, sin pretender ser experto, es su honda preocupación al ver a nuestro gobierno haciendo el mayor de los ridículos que yo recuerde. Su imagen en el país y en el extranjero es verdaderamente de dar lástima. Y nadie, decía Mark Twain, se recupera del ridículo. Ni personas ni instituciones. Todavía más me preocupa ver que este gobierno y la mayoría de sus antecesores no tienen claras sus prioridades. Y eso es muy grave.

Hay un problema con las prioridades: es fácil establecerlas en el discurso. Pero uno no puede estar seguro de que efectivamente se están aplicando, hasta que hay que escoger entre dos prioridades diferentes. Los ejemplos abundan. Y, desgraciadamente, para la mayoría de nuestros gobiernos la imagen, sobre todo la imagen ante los medios, resulta tener una prioridad más alta que el bienestar de la ciudadanía o las promesas que se han hecho a la nación.

Desde hace mucho tiempo, en el discurso, se ha dicho que el combate a la corrupción es una prioridad. Ya en tiempos del presidente Miguel de la Madrid, se habló de la Reforma Moral del Estado. Que yo recuerde, todos los presidentes después de él han ofrecido combatir este flagelo. Pero, en la realidad, esto no ha sido una prioridad. Ha servido para políticos y candidatos para obtener apoyos de la ciudadanía; una vez en el puesto por el que compitieron, estas promesas se han olvidado.

Ahora, se nos está diciendo que en la raíz de la fuga de Joaquín Guzmán, hay corrupción. Lo cual no es un gran descubrimiento: la ciudadanía ya nos lo imaginábamos. Y, por supuesto, el Congreso ya está citando diversos funcionarios para pedirles cuentas. Sin embargo, hace unos cuantos meses, este mismo Congreso pospuso la votación sobre la nueva Ley Anticorrupción. Para el Congreso, en la práctica, no fue una prioridad esta votación. Tuvo más prioridad el irse a las campañas políticas federales y locales. Es más, esta ley no está siendo discutida; se retomará cuando inicie el nuevo período de sesiones.

No es que yo diga que si se hubiera aprobado esa ley, se hubiera evitado la mencionada fuga. Lo que sí dejó muy claro la actitud del Congreso es que, aunque en el discurso la Ley de Anticorrupción tenía una alta prioridad, en la práctica no la tuvo. Tuvo más prioridad discutir las leyes para evitar que los circos tuvieran animales, por ejemplo. Se nos dijo que las Reformas Estructurales tenían una gran prioridad. Pero, en la práctica, las leyes reglamentarias para hacer que estas reformas tengan efecto, han tenido una prioridad muy baja. Y no sólo ocurren estas cosas en el poder legislativo. ¿Recuerda usted el decálogo para aumentar la seguridad para la población? ¿Cuántos de esos aspectos se han cumplido? El más sencillo de todos, establecer un número de emergencia nacional 911: ¿se ha llevado a cabo?

Es claro que en nuestro país, y probablemente en muchos más, las prioridades de los gobernantes no reflejan las prioridades de la ciudadanía. Y, en una democracia, es lo menos que deberíamos esperar de quienes dicen representarnos y quienes gobiernan, se dice, de acuerdo al mandato de la Sociedad. Mientras no haya acuerdo entre las prioridades de la ciudadanía y los gobernantes, la credibilidad del Gobierno será mínima. Como ha venido ocurriendo. Y, por supuesto su  credibilidad, señores políticos, en este momento está en uno de sus  puntos más bajos.

¿Qué aprendimos de la tragedia griega?

Después de dos semanas en primera plana, una gran expectativa sobre los resultados de un referéndum hecho aceleradamente y  con preguntas confusas, la tragedia griega del 2015 ya no está en las primeras planas. En parte porque no ocurrió lo que muchos temían: que al rechazarse en referéndum las propuestas de austeridad que se le ofrecían a Grecia, hubiera pánico en los mercados, y  grandes manifestaciones de miedo o de apoyo. Pero fue como si ya todo mundo lo hubiera esperado y la vida siguió como de costumbre. Una baja marginal en las bolsas de valores, seguida por un aumento que más que compensó esas caídas, bastante estabilidad del Euro, una frialdad de los acreedores que no se apresuraron a tratar de "contener los daños": todo esto contribuyó a que el asunto haya dejado de ser noticia.

El primer resultado concreto de este referéndum es una propuesta del premier griego Alexis Tsipras a sus acreedores que, contrario a lo aprobado en el referéndum, propone más medidas de austeridad: aumento de impuestos, reducción de la participación del gobierno en la economía, moderación de los programas de pensiones: medidas que en  conjunto significan una reducción del nivel de vida de una buena cantidad de los griegos. En particular, el aumento del IVA en las regiones con mayor afluencia turística, las islas griegas, podría hacer que se disminuya el turismo, uno de los principales ingresos de divisas duras que tiene el país. Estrictamente, podría dudarse de cuál fue el objeto de dicho referéndum. El 60% votaron contra la austeridad y finalmente, su gobierno  está proponiendo más austeridad. Supuestamente lo que se buscaba era tener un mandato, un apoyo para poder oponerse a las medidas exigidas por los acreedores del país. Pero no fue así. No cabe duda: los antiguos griegos nos heredaron a toda la humanidad la democracia y los filósofos, pero también nos heredaron la demagogia y los sofistas. Y parecería que el señor Alexis Tsipras ha asumido este segundo tipo de herencia.

Lo que sí se está pidiendo es lo que se llama una "quita" de la deuda; 74,000 millones de Euros. La tercera vez en menos de cinco años que los griegos han pedido dichas “quitas”, que han sido inútiles para sacarlos de la crisis. Y esto por buenas razones; la reducción de la deuda ocurre en el papel y no entra ni un solo Euro adicional a la economía del país. En todo caso, se obtiene una reducción de los intereses que venían pagando (u omitiendo pagar, como fue el caso). Pero nada de esto resuelve su problemática de fondo. Lo único de logra es tiempo. Que lo necesita, pero no se dice con claridad para qué van a usar ese tiempo. Porque si siguen haciendo lo mismo, en unos años estarán igual o peor.

En las reuniones de este sábado y domingo, hay la impresión de que el referéndum fue contraproducente. Ahora se habla de que Grecia deje el Euro por cinco años, de que haga aún más privatizaciones, de que permita que se supervise en el campo lo que se acuerde, que aprueben nuevas leyes para el próximo miércoles y otras medidas más. El asunto, dicen los acreedores, es que ahora Grecia se tiene que ganar la confianza de Europa.  

Pero el asunto no ha quedado resuelto. Se logra una solución de corto plazo, habrá un poco más de liquidez en los bancos griegos, pero esto no modifica los "fundamentales" de la economía  griega. Lo que llevó a Grecia en esta crisis, en primer lugar, toda una serie de circunstancias que no cambian con esta negociación. Más del 50% de la población, entre empleados directos del gobierno, desempleados y retirados reciben su ingreso del gobierno. El invierno demográfico, la reducción de la población étnica griega a largo plazo, el enorme desempleo de jóvenes hacen que la economía no esté produciendo ingresos suficientes para pagar su deuda ni para mantener un nivel de vida similar a los de otros países Europeos. Aunque, para ser justos, hay que reconocer que su nivel de vida es muy superior al de los latinoamericanos mejor desarrollados, siendo su ingreso per cápita más del doble del que tienen los mexicanos, por ejemplo.

Un problema que no es únicamente griego, sino también europeo, es la ausencia de mercados que les permitan un crecimiento robusto. Sus mercados internos están estancados o en declinación, debido al hecho de que sus poblaciones son cada vez más ancianas y los ancianos no consumen mucho. Todos tienen desempleo, en distinto grado, y fundamentalmente de jóvenes: justamente los que están en la edad que más podrían aportar a la economía. Por otro lado, el surgimiento de nuevos jugadores en el mercado internacional, notablemente China e India, ha hecho que los productos europeos sean poco competitivos en los mercados mundiales. Y, por lo visto, las soluciones que se están ofreciendo a las economías europeas no incluyen planes concretos para ampliar sus mercados, sobre todo los mundiales. En mi opinión, esto sólo es posible invirtiendo fuertemente en hacer que los países pobres salgan de su pobreza y puedan acceder con sus productos a los mercados mundiales,  de manera que tengan excedentes que les permitan adquirir productos de los países desarrollados. Seguir protegiendo a los productos europeos generados ineficientemente (como muchos de sus productos agropecuarios) es totalmente contraproducente.

¿Qué podemos aprender de estas tragedias? A primera vista hay algunas lecciones. La primera es que con las finanzas públicas no se juega. La realidad es tremendamente terca. Sí, se pueden lograr algunas enmiendas temporales, pero finalmente se termina pagando la cuenta. Crecer en base a deudas, operar con déficit presupuestario, puede dar un crecimiento temporal, pero en algún momento habrá que pagar. No es que no deba de haber deudas, lo importante es qué se adquiere con esos fondos que se obtienen. Cuando se invierte en infraestructura, en desarrollo tecnológico, en desarrollo de mercados, se generan ingresos que permitan pagar los intereses de las deudas y el principal. Cuando se adquieren deudas para pagar el gasto corriente del gobierno, las pensiones, y compensar los errores presupuestales, esas deudas se vuelven impagables porque no generan los recursos necesarios para sufragarlas. Eso, suponiendo, que el dinero no se desperdicie a través de la corrupción. Que es una gran suposición. Grecia necesita “dinero fresco” para modernizarse, desarrollar mercados y productos nuevos. Y no se dice nada al respecto, ni parte de los griegos ni de sus acreedores.

Otra lección es no olvidar los "fundamentales" de la economía. El Estado de derecho, la acción de los tribunales para asegurar que se cumplan los contratos. Buena recaudación fiscal. Limitación y moderación de los monopolios y oligopolios. Asegurar que los salarios permitan a las familias tener algún consumo adicional a los mínimos de subsistencia. Limitar los subsidios que permiten alargar la agonía de empresas y sectores pocos productivos y, en cambio, invertir en mejorar la competitividad de la economía. Y una lección muy amarga: el deudor insolvente, sea una familia, una empresa o un país, pierde libertades. Ya no tiene su destino en sus manos y tiene que aceptar las condiciones que le impongan.

Ojalá todos, y en primer lugar los Europeos, específicamente los griegos, aprendamos de estas situaciones. En el fondo, el gran problema es seguir viendo la vida de las naciones a corto plazo, consolándonos con el dicho atribuido a Keynes: "En el largo plazo, todos estaremos muertos". Lo cual es cierto; todos estaremos muertos pero no nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos son los que requieren que construyamos economías sólidas, no situaciones donde lo que les heredemos sean deudas y austeridad.

La evaluación de los docentes: de nuevo, el conflicto.

Debo reconocer que en este tema no puedo ser imparcial. Mi abuela fue maestra rural. Varias de mis primas y mis hermanos son o han sido maestros. Yo empecé a dar clases a los 18 años, y hasta la fecha sigo siendo profesor; siempre de tiempo parcial. De modo que usted, estimado lector o lectora, debe considerar que tengo un sesgo a favor de los profesores.

No estoy de acuerdo, sin embargo, con los métodos que están usando algunos docentes. No puedo estar de acuerdo con la violencia, no puedo estar de acuerdo con usar la suspensión de clases como método de presión. El interés primordial de la nación son sus niños;  su salud y educación son las necesidades fundamentales que hay que atender de la mejor manera posible.

Creo, sin embargo, que la Reforma Educativa fue desarrollada sobre las rodillas, sin un conocimiento profundo de las realidades del profesorado en nuestro país, y sin tomar en cuenta opiniones calificadas de quienes imparten educación y de las familias, quienes les confían a sus hijos.

Creo que es bastante obvio que hay que evaluar la educación. Yo puedo dar testimonio de qué, a lo largo de los años, los alumnos que me llegan vienen cada vez menos preparados incluso en las habilidades básicas, por ejemplo de la aritmética, de la comprensión de la lectura, y hasta en conceptos tan fundamentales como el concepto de cantidad. Y eso no es casual. Yo reconozco en  mis alumnos mucho esfuerzo y constancia; pero claramente estos conceptos básicos y los hábitos que facilitan el aprendizaje nunca les fueron impartidos de la manera correcta. Creo, por lo tanto, que hay que evaluar la educación. Pero no sólo a los docentes: hay que evaluar en primer lugar a quienes administran de educación pública de este país: los secretarios de educación federales y estatales. A quienes diseñan los planes de estudio. También a la estructura de la Secretaría de Educación Pública. Inspectores, directores de área, directores de las escuelas. Y, por supuesto, a profesores y alumnos. En algún momento se decidió que los alumnos tendrían pase automático al siguiente año escolar, con lo cual se dio un fuerte golpe a la calidad de los egresados.

Hoy se pretende evaluar únicamente a los maestros. Y cabría hacer muchas preguntas. ¿Cómo exigirles un alto nivel de competencia cuando se les impartieron clases en las Escuelas Normales y Universidades Pedagógicas con un nivel deficiente de enseñanza? ¿Cómo esperar que el profesor se mantenga actualizado, cuando no se le paga de manera que pueda sostenerse de modo decoroso y tiene que tener dos plazas o un trabajo adicional para que el ingreso le alcance?

 Y, tal vez, la pregunta más importante: ¿para qué se está evaluando? Si escuchamos las declaraciones de los altos funcionarios del sistema educativo y de algunas ONGs dedicadas al asunto, parecería que el objeto de estas evaluaciones es cesar a los profesores que no las aprueben. Con lo cual, como era de esperarse, se ha provocado el temor y enojo de muchos maestros que ven en riesgo su medio de subsistencia.   El asunto es que no hay modo  real de cumplir esta amenaza. Se supone (y todavía no hay una certeza, aunque parezca absurdo) que tenemos más de 1 millón de maestros en las escuelas públicas. Supongamos que solamente el 20% fallara en las evaluaciones, lo cual sería un verdadero triunfo. ¿Dónde están 200,000 profesores preparados, de alta calidad y sin empleo, disponibles para llenar todas las plazas que dejarán desocupadas esos profesores ineptos? Simplemente, no los hay. Tristemente, y no sólo en este aspecto, las autoridades educativas tanto del sector público como el sector privado, han partido del concepto de que el profesor es una pieza intercambiable, abundantemente disponible en el mercado,  y que siempre habrá una gran oferta de profesores disponibles. La realidad nos demuestra que muchas de las plazas vacantes han sido llenadas mediante el pluriempleo de los profesores.

Por supuesto que hay una opción, pero no se ha hecho pública de una manera suficientemente clara. Ver a la evaluación como un sistema para ubicar el nivel de competencia del profesor. Una vez ejecutada esa ubicación,  diseñar los programas de actualización que sean necesarios para que los profesores verdaderamente se pongan al día. Posteriormente volver evaluar, encontrar las lagunas que hayan quedado en esta recapacitación, y volver evaluar.   Claro, podríamos encontramos a un plomero o un lechero que compraron la plaza y que, no importa qué cantidad de capacitación se le dé, nunca llegarán a estar en el nivel necesario. Pero no es el caso de la mayoría de los profesores.

 Por supuesto, también es necesario emprender una revisión a fondo de la estructura de educación pública y, aunque algunos le moleste, también a la educación privada. La estructura no es todo, pero una estructura deficiente, con liderazgos improvisados, tampoco es la más conducente para que haya una alta calidad de la enseñanza. Y, finalmente, también es importante la capacitación de los padres de familia para que puedan acompañar, motivar y, dado el caso, presionar a los alumnos para que logren resultados superiores. Esto, me dicen, es el secreto de los excelentes resultados de los alumnos en Corea, Japón y China. El alumno no existe en el vacío, existe en el seno familiar. Nosotros, padres de familia, también debemos hacer nuestra parte para que los hijos sean exitosos en su educación formal. Y de esto, ni una palabra en la tan mencionada Reforma Educativa.

Tal parece, y no quiero pecar de suspicaz,  que hay algunos que hacen como que impulsan la Reforma, pero que con sus declaraciones públicas, y sus acciones sólo han logrado exacerbar el problema. Hay que reconocer que aquí ha habido toda clase de intereses. Intereses políticos, la compra de la paz a corto plazo a través de dar grandes cantidades de dinero a los líderes magisteriales, e incluso un cierto sector de la sociedad a la que le ha convenido que la población tenga una educación formal de baja calidad. Sin duda, ha habido a quienes les ha convenido que nuestra población se mantenga en la ignorancia. Y tal parece que algunos sectores autonombrados "progresistas" pretenden con sus tácticas de negar muchas horas de educación a los niños, lograr que la población siga en la ignorancia.

 Yo creo que es  el momento de  hacer una sana autocrítica. Reconocer que hay cosas que modificar en la Reforma Educativa. Reconocer que se requerirá más de una Reforma y que tal vez necesitemos de un criterio general y varios pasos sucesivos de implementación, para aprender de los errores, e ir mejorando el proceso. Incorporar a los profesores y a los padres de familia de una manera pública y masiva en la discusión, no solo  de la Reforma en sí, sino del concepto de educación que este país requiere. Crear grandes metas nacionales para alcanzar niveles suficientes de educación,  como la mayoría de los países están planeando en este momento. Nuestros hijos no merecen menos. Y, para los que ya no alcanzaremos un sistema educativo reformado, hay que llevar a cabo una gran campaña de re alfabetización, de adquisición de habilidades básicas numéricas, lógicas y de análisis, de estudio y auto capacitación. Porque no podemos conformarnos con que los que ya no alcanzaron la Reforma se queden sin las habilidades mínimas para ser productivos en esta Sociedad.

Y, no menos importante, tenemos que aumentar el aprecio social por los maestros. No deben ser los profesionales peor pagados del país. No pueden ser usados como piezas intercambiables de bajo costo. Hay que apoyarlos, hacerlos crecer, sin tratarlos como villanos pero tampoco como víctimas. Tratarlos como la piedra fundamental que son para nuestra Sociedad. Como adultos. Como los seres pensantes que ayudan a que nuestros hijos sepan pensar.

Reducción del Gasto Público

Para casi todos, con excepción de una cierta izquierda, y no olvidemos que el PRI  es de izquierda, según la Internacional Socialista (de la de la cual es miembro desde hace muchos años), la reducción del gasto público es una medida necesaria. No sólo por la baja de los precios del petróleo, sino también por el desastroso resultado de la miscelánea fiscal promulgada en el 2013 y que significó un freno importante para la economía  en lo que va de sexenio.

Ahora la propuesta tiene que ver con lo que, en el lenguaje de los técnicos, es la reducción del gasto corriente y del gasto de inversión. Al parecer, las coberturas de que se adquirieron para amortiguar el efecto de la baja del petróleo, no fueron suficientes.

Hace mucho que el sector privado y la prensa de negocios han insistido en la reducción del gasto corriente del Gobierno. Lo que no se ha dicho es que la parte más importante de ese gasto significa remuneraciones del personal. Puesto de manera más sencilla: reducir el gasto corriente significa desemplear personas. En su mayoría: ciertamente hay algunos gastos como celulares, gastos de restoranes y viajes que no tienen que ver con salarios, pero  claramente son poco importantes en comparación con la gran masa salarial que significa la operación del Gobierno.

Sí, nos dicen que se reducirán los gastos de honorarios, los eventuales, los asesores. Pero, finalmente, también son personas que se quedarán desempleadas. Y si se desemplea una cantidad de personas que viven del gasto público, reducirán su consumo a lo indispensable o menos, y provocarán un freno importante a la economía, haciendo que los sectores productivos reduzcan su crecimiento, para lo cual desemplearán también a algunas personas, quienes a su vez reducirán su consumo y entraremos a un círculo vicioso que le pegará a la economía.

Probablemente sea algo necesario. Pero hay que verlo así: es como un enfermo que tiene que amputarse un miembro para evitar la muerte. Sin duda será necesario, pero no deja de ser un mal. Pero, se dice, es que el Gobierno tiene un gran exceso de personal. Estoy seguro que es cierto, pero reducir al personal en un momento en que la economía está estancada, es llevar a esas personas a quedar con pocas  posibilidades de obtener un empleo. Estrictamente, si planeáramos las cosas, el mejor momento para reducir el número de plazas ineficientes del Gobierno sería cuando la economía está creciendo. De ese modo, las personas que perderían su empleo tendrían más oportunidades para encontrar un nuevo empleo en un tiempo razonable. Recortar gastos del Gobierno en tiempos de estancamiento económico, puede ser que resuelva problemas presupuestales, pero provocando problemas sociales importantes.

¿Hay otras opciones? No muchas, pero las hay. Sin ser experto, se me ocurren algunas. Por ejemplo, hacer reducciones temporales en las prestaciones de los empleados del Gobierno, sobre todo en los de los niveles medios y altos. Reducir a la mitad del financiamiento los partidos políticos, sobre todo para mandar un mensaje de austeridad,  aunque su efecto probablemente sea relativamente pequeño. Lo mismo, reducir a la mitad sueldos de Senadores y Diputados. Reducir a la mitad del gasto para las próximas campañas electorales. Sí, ya sé que el argumento de darles dinero es para evitar la tentación de que reciban dinero del narcotráfico; pero la realidad nos ha mostrado que ese pago tan importante no ha servido para evitar la influencia de los delincuentes en muchas elecciones.

Se puede reducir el gasto de inversión, sobre todo en los proyectos faraónicos que claramente podrían reducirse o incluso eliminarse. Por ejemplo, los ferrocarriles. Se dice, y valía la pena investigarlo, que en todos los países los ferrocarriles operan con subsidio gubernamental. O sea, con dinero de nosotros, los contribuyentes. ¿Para qué hacer inversiones que de entrada significarán todavía más gasto público? Por ejemplo, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se plantea multiplicar por cuatro su capacidad. ¿No podríamos construir solamente un aeropuerto de la misma capacidad que el actual y continuar creciendo posteriormente? Y, a propósito, si el nuevo aeropuerto va a tener los mismos acabados de lujo que tiene la segunda terminal del aeropuerto de la ciudad de México, sin duda costará mucho más que si nos conformamos con acabados austeros; es bien sabido que, en toda obra, uno de los gastos más importantes son los de los acabados.

No hay soluciones fáciles. Donde quiera que se recorte el gasto público o el gasto privado, si a  esas vamos, el resultado será algún desempleo. Porque la economía es algo muy complejo, porque todos sus componentes están conectados los unos con los otros. Si un sector de la población deja de comer caviar y langosta, seguramente causará desempleo en alguna otra parte de la economía. Si los ciudadanos dejan de renovar sus vehículos, o si reducen a la mitad su consumo en ropa y calzado, desemplearán a obreros de esas ramas industriales. No se puede desemplear a una cantidad importante de personas sin provocar problemas a corto plazo.

Sí, nos dicen, es algo doloroso pero prudente. Por supuesto, más doloroso para los muchos que sufren las medidas que para aquellos pocos que implementan las mismas. Es un tema que no puede tratarse sin tener una medida de compasión, compasión por todos aquellos a quienes esta situación dejará sin empleo. Es aquí donde se verá la sabiduría de nuestros gobernantes, es la oportunidad de demostrar que de veras saben gobernar. Es el momento de mostrar que son capaces, no sólo de recaudar más impuestos, sino sobre todo para aplicarlos de la mejor manera posible.

Escenarios para la Administración Peña Nieto 2015-2018

 Como ya comenté en un blog anterior (http://bit.ly/1AxsEvl), los escenarios hablan de posibilidades, no de probabilidades. Desde ese punto de vista hay muchas posibilidades para lo que resta de la Administración Peña Nieto, por lo que aquí se comentarán los que pudieran tener un impacto mayor.

Las variables que moverán el escenario de los próximos cuatro años, en mi opinión, serán las siguientes:

·        -      Resultados de las elecciones federales del 2015;  consolidación de la posición priista en el Congreso y gubernaturas  o su deterioro.

·         -     Mejora de la economía mundial, y en particular la de los Estados Unidos; de manera rápida o de manera lenta. Sin duda, más pronto o más tarde la economía mundial mejorará, pero no forzosamente en este período.

·         -     Para México, la implementación exitosa de las Reformas Estructurales o, en todo caso, el fracaso total o parcial de dichas reformas

·        -      recuperación de la confianza ciudadana en general y de los inversionistas en particular respecto a la Administración  Peña Nieto, o en otro caso la no recuperación de dicha confianza

·       -       El estancamiento de los precios del petróleo en niveles bajos o una recuperación a niveles cercanos a los que se tuvieron en el 2014. Eso dependerá del nivel de autosuficiencia energética de los Estados Unidos, que les permita dejar de importar o incluso exportar petróleo y sus productos.

Como pueden ver se trata de variables, no de eventos que se cumplen o no se cumplen. Las variables podrían cumplirse parcialmente o irse a alguno de los extremos.

Las consecuencias de la combinación de estas variables son las que nos marcan posibles situaciones que generan  escenarios. Las consecuencias serían las siguientes:

Si las elecciones próximas resultan favorables a la actual administración, y se logra recuperar la confianza pública o, al menos, la posibilidad de lograr concertaciones eficaces, el actual gobierno tendrá una amplia libertad para su toma de decisiones. Por el contrario, si esas elecciones les resultan desfavorables y además se da un fraccionamiento de los partidos principales y se mantiene la pérdida de confianza en las fuerzas políticas, los grados de libertad de la Administración Peña Nieto serían muy pocos.

Por otro lado, si hay una mejora de la economía mundial, y en particular la de nuestro socio comercial principal, los Estados Unidos, y además se logra una implementación exitosa de las Reformas Estructurales, se abrirán muchas oportunidades y habrá entusiasmo y decisión para invertir, no sólo en inversión fija sino también en todo lo necesario para el capital de trabajo y el desarrollo del capital humano. Por otro lado, si la economía mundial y la de Estados Unidos se estancan y las Reformas Estructurales no se pueden implementar plenamente y exitosamente, se reducirá mucho el entusiasmo y la decisión para invertir tanto los capitales nacionales como los capitales extranjeros que pudieran empujar el desarrollo de nuestra economía.

Reconozco que estoy haciendo una simplificación; pero es una simplificación que nos podría permitir reflexionar sobre los posibles impactos que las combinaciones de estas consecuencias podrían tener para nuestro país.

Si se da la combinación de: amplia libertad de la Administración Peña Nieto con un fuerte entusiasmo de los inversionistas, sería el escenario Sueño Dorado de esta administración. Se daría un fuerte crecimiento económico, aumentaría el empleo, sobre todo el bien pagado, se desarrollaría la economía en nuevas áreas y, en caso de haber una mejora importante de la economía mundial, se aprovecharían plenamente nuevas oportunidades. En este escenario, el efecto regresivo de los precios bajos del petróleo, tendría un impacto mucho menor. Claramente, aumentaría el costo de la mano de obra, sobre todo la calificada y habría un déficit de personal directivo de alto nivel, por lo que su costo también se elevaría. Estos aumentos harían mejorar la fortaleza del mercado interno y permitirían entrar en un círculo virtuoso donde el motor de la economía, por primera vez en la historia, sería el mercado interno.

Si se da la combinación de una libertad limitada de la Administración Peña Nieto, con un gran entusiasmo de los inversionistas, posiblemente se dé un estancamiento, con crecimientos económicos mediocres, que apenas permitan conservar el poder adquisitivo de la población en los niveles actuales. Ese escenario sería: 2014 una y otra vez. No sólo tendríamos un estancamiento económico, muy posiblemente seguiría el deterioro de las fuerzas políticas, las cuales acumularían cada vez mayor descontento de la población. Si las elecciones resultan en una fragmentación de las principales minorías que hoy tenemos en el Congreso, tendríamos una atomización de la clase política y una suerte de acusaciones recíprocas al interior de los partidos que hayan perdido sus posiciones. Y, por supuesto, más obstáculos para implementar las Reformas Estructurales. Bajo estas condiciones, los inversionistas extranjeros buscarían otras oportunidades, y posiblemente a los inversionistas nacionales se les irían oportunidades en las economías que estén recuperándose.

Si se diera la combinación de una amplia libertad de la Administración Peña Nieto, pero combinada con falta de inversión, nos encontraríamos en un escenario Gobierno como motor de la economía. En este escenario, se desarrollarían rápidamente negocios que dependen de la inversión gubernamental pero, desgraciadamente, la inversión de los gobiernos, y no solamente en México, ha mostrado que sólo puede activar la economía a corto plazo, mientras se da la obra pública. Esto genera un empleo de corto plazo y generalmente mal pagado. No quiere decir que no pueda haber excepciones, pero en general los gobiernos han demostrado que no son buenos generadores de riqueza y sólo de una manera muy limitada distribuidores de la misma. En este escenario se fortalecería el " capitalismo de cuates". Es muy posible que esto nos llevara a crear barreras para la competencia y también aumentarían los impuestos, dado que el crecimiento económico dependería del presupuesto gubernamental. Eso lo podría llevar a cabo una administración que tenga mayoría en el Congreso y grandes capacidades de concertación con otras fuerzas políticas, aparte de tener una gran confianza de la ciudadanía.

Finalmente, el cuarto escenario es uno donde no hay entusiasmo por la inversión y el gobierno no tiene muchos grados de libertad: un escenario de Implosión, donde la economía se contrae, el gobierno no tiene fuerza suficiente para modificar las situaciones adversas, muy probablemente con fuga de capitales  e inversiones mínimas, únicamente de mantenimiento, así como un aumento de desempleo o de puestos de trabajo mal pagados. Desgraciadamente, en un escenario así los únicos motores de la economía serían los ingresos procedentes de las remesas de los emigrados, del sector informal (único que estaría generando empresas y empleos), y los ingresos procedentes del narcotráfico.

Cuatro escenarios, todos ellos posibles. Sueño dorado, 2014 una y otra vez, gobierno como motor de la economía, e implosión. Todos posibles; habrá que ver cuáles son los que se van dando.  En el corto plazo, lo  único que se resolverá será, mediante las elecciones y las acciones del gobierno y fuerzas políticas,  recuperar la confianza del electorado y poder generar suficientes grados de libertad a esta administración. O que no lo logren. También puede ocurrir mezcla de esos  escenarios o se presente cumplimiento parcial de algunos de los mismos.

Con esta reflexión podemos pensar en planes alternos, en el modo como debemos tener meditadas diferentes eventualidades. De poco nos sirve pensar en un escenario único, sea positivo o negativo.

¿Y nosotros, Ciudadanía? Hay cosas en estos escenarios que escapan de nuestras posibilidades. Pero lo que si podemos es evitar darles “cheques en blanco” a las distintas fuerzas políticas y asegurarles que nuestra confianza y nuestro apoyo dependerá de los hechos, no de la mercadotecnia política, del número de spots, los kilómetros de pasacalles y los pomposos discursos. Dependerá de sus hechos, los duros y fríos hechos.

¿Cómo será la primera mitad de 2015 para la administración Peña Nieto?

Ciertamente,  la profesión de pronosticar es una ocupación de alto riesgo. Los primeros pronosticadores que registra la historia fueron los profetas del pueblo de Israel y, tristemente, todos ellos murieron apedreados. Por esa razón no me gusta hacer pronósticos y menos en circunstancias tan inestables como las que está pasando el país en este inicio del año 2015.

Sin embargo, algo hay que hacer. No podemos estar esperando a ver qué ocurre. Para este efecto se han creado las herramientas llamadas escenarios. Estas herramientas nos permiten generar y analizar las posibilidades de las situaciones futuras, pero sin considerar su probabilidad: únicamente se busca ver si esas situaciones son posibles. Es un instrumento que permite ordenar nuestro pensamiento para lo que algunos llaman "el plan B".

Habiendo hecho esta advertencia, vamos a ver algunas de las variables que podrían modificar nuestros escenarios en los primeros seis meses de este año. ¿Por qué no más adelante? Claramente hay que hacerlo, y lo haré en otro escrito. Pero los escenarios de mediano y largo plazo van a depender fuertemente de los resultados de los escenarios de esta primera mitad del año, por lo que vale la pena separarlos.

Algo que dará la tónica de este semestre será la lucha electoral. En esta puede haber dos escenarios: que dicha lucha absorba toda la atención y todas las energías de gobernantes y gobernados, como una especie de "puente Lupe Reyes" extendido y el otro que se logren hacer avances sustantivos independientemente de las luchas políticas electorales. Poco probable, pero posible.

Un punto clave para estos escenarios es si la administración actual (en los tres niveles) logra o no recuperar la confianza de la ciudadanía. Si siguen apareciendo nuevas revelaciones, si el control de daños que han hecho los voceros del poder ejecutivo sigue siendo igual de débil, será muy difícil recuperar la confianza. Claro, siempre se puede confiar en la tradicional desmemoria del electorado que, después de dos semanas de vacaciones (o más, si contamos del 12 de diciembre al 6 de enero) hayan olvidado las preocupaciones y el "hartazgo" que nos reportaron los medios.

Otra variable importante será si se empiezan a dar los primeros resultados de la implementación de las reformas que nos ocuparon en los años 2013 y 2014. Porque, hasta ahora, lo único que se ha logrado ha sido legislar y muy poco de hacer cumplir lo legislado, mucho menos de empezar a ver resultados. Una buena prueba de cuál será el escenario que estaremos viviendo, será ver si se logra una legislación y reglamentación sobre la corrupción que sea verdaderamente diferente de lo que hemos tenido hasta ahora y que, además, se logre implementar con rapidez y sin excepciones.

Tal vez el punto central será el desempeño económico. La pregunta que las oposiciones harán al electorado podría ser en el siguiente tenor: ¿Está usted mejor ahora que en el año 2012? Dado que los años anteriores no han sido particularmente brillantes, cabe la posibilidad de que el gobierno intente ejercer con la mayor prontitud posible el presupuesto del año 2015 y algunos guardaditos que pudiera tener, con el propósito de generar una impresión de bonanza que les facilite el mantener su situación en el poder legislativo, y no perder las gubernaturas que estarán en juego.

Otro punto fundamental será si los partidos mayores logran mantener la unidad entre sus filas. Todos tienen algo de lo que cojean: en el PRI el enfrentamiento entre mexiquenses e hidalguenses, en el PAN el enfrentamiento entre Calderónistas y Maderistas, en el PRD la ya ancestral división entre las "nueve tribus" sin contar con la división de la izquierda al separarse el MORENA y Cuauhtémoc Cárdenas de las filas de este partido. Si no se logran estas unificaciones, los partidos se presentarán muy débiles a las elecciones y veremos una gran cantidad de cambios de fuerzas políticas entre los puestos en disputa. Algo parecido al juego de las sillas musicales.

Lo que está en juego, finalmente, es la libertad de actuación que tendrá la administración Peña Nieto. Un posible escenario es que se refuerce y pueda continuar proponiendo, obteniendo aprobación e implementando reformas. Pero también puede darse el escenario de que el PRI pierda su situación de primera minoría en el poder legislativo y al presidente tenga que enfrentar a un Congreso que lo fiscalice cercanamente y le impida llevar a cabo muchas de sus actividades. Algo como los tiempos en que al presidente Zedillo el Congreso le prohibía hasta hacer viajes al extranjero.

Obviamente, en este momento especial los escenarios irán cambiando cada día. Aun suponiendo que no haya nuevos eventos o nuevas revelaciones, la situación será bastante inestable. Los gobernantes podrían encontrarse con una reducción de la disciplina de sus partidos debido a que los candidatos pondrán más atención en sus propios intereses que en los intereses de los gobernantes. Asimismo, es muy posible que los inversionistas grandes y pequeños entren en una situación de "esperar y ver", con lo que las inversiones seguramente se retrasarán hasta ver los resultados de esta situación.

Y quedan por analizar las fuerzas externas: si continuará o no la caída de los precios del petróleo, si continuará o no la devaluación del peso mexicano, si continuará la mejora de la economía de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y otros asuntos externos de menor importancia. Todo esto podrá influir en los resultados de estas próximas elecciones y en la economía de este primer semestre del año.

¿Y después? Dependiendo del resultado de estas elecciones ya se podrían formular escenarios un poco más acotados. De estos me ocuparé en otro escrito.