Protestas en el campo

La preocupación de los ciudadanos, en las últimas dos semanas, ha tenido que ver con protestas de nivel nacional, tanto de agricultores y ganaderos como de transportistas, sobre todo los que utilizan las carreteras federales. Los transportistas, por supuesto, señalan la inseguridad en las carreteras, un tema del que se han quejado desde hace bastante tiempo, sin resultados contundentes. Fueron bloqueos importantes, en las principales carreteras del país y además, cosa muy significativa, en las aduanas, afectando nuestro comercio exterior. En paralelo a los bloqueos, hubo una serie de negociaciones. Rotas en varias ocasiones, y donde los que protestaban se quejaban de que llegaban a negociar personas sin capacidad de tomar decisiones. Por lo cual, los convenios eran imposibles e inútiles. Y por ello, después de haber aceptado levantar el bloqueo, en pocas horas se volvió a restablecer. Y, por otro lado, hubo reacciones fuertes. La Secretaría de Gobernación dijo, como una especie de disculpa por no atender las negociaciones debidamente, que había carpetas de investigación para algunos de los dirigentes de estas manifestaciones. Y, por supuesto, participación de la extrema derecha, que por lo visto en nuestro país tiene más capacidad de movimiento de lo que muchos se podrían imaginar. No es claro de qué manera esas respuestas a las quejas de la ciudadanía ayudan a la paz y la concordia por quienes deberían gobernar para todos. Esa reacción huele a amenaza. En fin, se aprueban las reformas en fast track, como dicen quienes protestan, con la aprobación por ambas cámaras. No se ha vuelto a hablar de que los transportistas estén en desacuerdo, pero el sector agropecuario sigue molesto. El centro de las protestas son las leyes que rigen el manejo del agua. La discusión tiene que ver, sobre todo, con la propiedad del gobierno sobre el líquido. Algo que, de hecho, estaba ya considerado en las leyes; tan es así, que no se habla de propiedad de los mantos acuíferos; se habla de concesiones que asigna la administración pública. El gobierno da razones para estos cambios, entre las cuales está, por supuesto, la de reducir la corrupción. Algo que no ha podido lograr. Se siguen encontrando diferentes modos de huachicoleo, que demuestran que el combate a la corrupción está lejos de lograr buenos resultados. Finalmente, las reformas aprobadas incorporaron más de 50 enmiendas propuestas por agricultores y ganaderos, incluyendo la posibilidad de heredar los derechos de aprovechamiento del agua. Cambios muy criticados por sectores de la izquierda. La realidad en el campo es que solo el 14 % del territorio nacional es cultivable, y de ese 14 %, solo la mitad son terrenos de riego, mientras que la otra mitad, el 7 % del territorio nacional, es de temporal. En muchos casos, vivir en terrenos de temporal es una garantía de vivir en la pobreza, por estar sujeto a variaciones de todos los tipos. El acceso al riego no es poca cosa. La discusión de fondo es cómo debe estar la propiedad en el campo: en manos del gobierno o de los particulares. No falta quien diga que esta reforma equivale a una expropiación del campo. Otros, posiblemente exagerando, hablaron de que este es el último clavo en el ataúd del campo. ¿En dónde está la verdad? Habrá que esperar a ver los resultados en el nivel de vida de los hombres y mujeres del campo. Ahí veremos quién tenía la razón. Es importante no dejar este asunto en el olvido. Los campesinos merecen ese apoyo.