¿Y la ONU?

Está por cumplir 81 años la Organización de las Naciones Unidas, creada al terminar la Segunda Guerra Mundial con un propósito central: mantener la paz y la seguridad internacionales. Ocho décadas después, y ante conflictos que no logra detener, la pregunta resulta inevitable: ¿la ONU todavía puede cumplir esa misión? No todo ha sido negativo, pero las críticas tampoco han venido de un solo lado. Durante décadas, sectores de izquierda cuestionaron al FMI y al Banco Mundial por las condiciones impuestas a países en desarrollo y los costos sociales de sus programas de ajuste. Desde posiciones de derecha, las críticas se han dirigido con frecuencia a la UNESCO y a su intervención en asuntos educativos, culturales y de valores que consideran competencia de cada sociedad. Unos han acusado al sistema de imponer políticas económicas; otros, de imponer visiones culturales. Cuando las críticas llegan desde posiciones tan distintas, vale la pena preguntarse si el problema no es más profundo que una orientación ideológica. El mundo que enfrenta tampoco es el de 1945. A las guerras entre países se han sumado conflictos librados por terceros, terrorismo, crimen transnacional, desplazamientos masivos y una creciente presión ambiental. Son problemas que atraviesan fronteras y exigen cooperación internacional. Justamente aquello para lo que debería servir una organización como la ONU. Sin embargo, cuando los intereses de las grandes potencias entran en conflicto, la organización se paraliza. No se trata solamente del secretario general. António Guterres está por concluir dos periodos al frente de la organización, pero ningún secretario general puede superar una estructura en la que cinco países —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— conservan el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ahí está el problema de fondo. La ONU fue creada con la distribución del poder que dejó la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después, el mundo cambió profundamente, pero su estructura fundamental no. Su presencia continúa siendo importante en muchos terrenos. Pero en aquello para lo que fue creada —preservar la paz y la seguridad internacionales— demasiadas veces termina convertida en espectadora: condena, exhorta y lamenta mientras las guerras continúan. Una organización internacional no puede detener todos los conflictos, pero tampoco puede acostumbrarse a explicar por qué no puede hacer nada frente a ellos. Por eso no basta con cambiar de secretario general. Se requiere una reforma más profunda, especialmente de los mecanismos mediante los cuales se toman o bloquean las decisiones. La paradoja es evidente: quienes tendrían que aceptar esa reforma son precisamente quienes poseen el poder de impedirla. Refundarla significaría revisar quién tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, dar mayor representación a regiones que hoy pesan mucho más que en 1945 y, sobre todo, replantear un derecho de veto que permite a una sola potencia paralizar decisiones frente a conflictos que afectan a millones de personas. La pregunta es sencilla: ¿puede una organización diseñada con el equilibrio de poder de 1945 seguir funcionando con las mismas reglas en el siglo XXI? La elección del próximo secretario general muestra esa contradicción. El Consejo de Seguridad debe recomendar una candidatura a la Asamblea General y cualquiera de sus cinco miembros permanentes puede bloquearla. El sistema empuja así hacia alguien aceptable para todos: no necesariamente quien proponga la transformación más ambiciosa, sino quien pueda superar todos los vetos. En la contienda actual destaca Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si fuera elegida, sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General en la historia de Naciones Unidas. Pero el nombre importa menos que la estructura que heredará. La ONU enfrenta enormes desafíos con mecanismos diseñados hace más de ocho décadas. Cambiar a quien ocupa la Secretaría General puede ayudar. Pensar que eso será suficiente sería engañarnos. ¿Se puede recuperar la ONU sin cambiarla de fondo? Difícilmente.

Llenar plazas no es convencer

Las fiestas patrias dejaron plazas llenas. Hubo conciertos, espectáculos y concentraciones multitudinarias en buena parte del país. Para el gobierno, esa respuesta es una señal de respaldo. Conviene tomar la afirmación con calma. El 16 de septiembre no es de ningún gobierno: es de la nación. La gente sale por la familia, por el concierto gratuito y porque es día de fiesta, y lo ha hecho con administraciones de todos los colores. Confundir asistencia con adhesión es un error viejo, y lo han cometido todos los que han estado en el poder. Queda entonces la pregunta que importa rumbo a 2027: esa capacidad de convocatoria, ¿está convenciendo a los ciudadanos sin partido, o solamente confirmando a los ya convencidos? En México, la mayoría de los electores no están inscritos en ningún partido. Ahí se definen las elecciones intermedias, y ahí es donde la plaza llena no llega. Llama la atención que, después de una demostración tan importante de convocatoria, siga predominando un discurso que identifica adversarios, reparte culpas y presenta las críticas como ataques. Hay avances que deben reconocerse —la mayor visibilidad de las mujeres y de los pueblos originarios, por ejemplo, en asuntos que vienen de muy lejos—, pero no borran lo que pesa en la vida diaria. La seguridad, el empleo y el costo de la vida seguirán siendo la vara con la que se mide a cualquier gobierno. El problema aparece cuando, en lugar de discutir eso, el debate se concentra en encontrar culpables. Y la responsabilidad no recae solamente en la 4T. La oposición ha adoptado el mismo método con entusiasmo: sus dirigentes también han hecho de la descalificación su principal producto comunicativo, y también prefieren el video viral a la propuesta legislativa. Si el ataque le funcionó a unos, del otro lado concluyeron que podía funcionarles igual. El resultado es una competencia por exhibir las mentiras, exageraciones y verdades a medias del contrario. Una cosa es criticar y otra convertir al adversario en enemigo. La democracia necesita oposición, vigilancia y crítica del poder. Pero cuando toda diferencia termina convertida en una confrontación entre buenos y malos, dejamos de discutir qué propuesta es mejor y empezamos a discutir quién merece más nuestra indignación. Para muchos, en el gobierno y en la oposición, señalar errores y proponer cambios parece casi una traición a la Patria. Es justamente lo contrario. Atreverse a diferir también es una forma de patriotismo, porque significa preocuparse por el rumbo del país. Quien exige que se calle la crítica en nombre de la unidad no está defendiendo a México: está defendiendo su posición. Por eso las fuerzas opositoras tendrían que preguntarse si responder a la polarización con más polarización construye realmente una alternativa. No basta con atacar mejor. Quien no se identifica con ningún partido no necesita más enojo; necesita razones. Y las razones exigen algo que hoy escasea en los dos bandos: propuestas concretas, verificables, con números. Podemos tener diferencias profundas sin convertirnos en una sociedad de enemigos. Nadie necesita abandonar sus convicciones para escuchar una buena propuesta del otro lado, ni renunciar a la crítica para reconocer un acierto ajeno. Lo que hay que dejar atrás es la idea de que dividir a los mexicanos es una estrategia aceptable para obtener o conservar el poder. Esa decisión no está solo en manos de los partidos. Los ciudadanos sin partido pesarán en 2027, y son quienes pueden obligar a las fuerzas políticas a dejar de hablar únicamente con los suyos. La pregunta relevante no es quién consigue indignarlos más, sino quién logra darles mejores razones para confiar en un proyecto de futuro. La polarización llena plazas y moviliza a los convencidos. Construir una mayoría —y, sobre todo, construir un país— requiere bastante más.

PISA: ¿En dónde estamos?

Uno de los temas que más llamó la atención la semana pasada fueron los resultados de México en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. En la edición 2025 participaron 91 países y economías. Entre los 38 países miembros de la OCDE, México quedó en el penúltimo lugar en lectura y ciencias, y en el antepenúltimo en matemáticas. Pero quizá el dato más preocupante no sea nuestra posición en la tabla. Cerca de siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, y aproximadamente la mitad tampoco lo alcanza en lectura y ciencias. La reacción era de esperarse. Cuando un resultado nos incomoda, tendemos a discutir la medición. Desde el gobierno se ha señalado que PISA tiene limitaciones, que los países tienen condiciones distintas y que hay otros aspectos de la educación que también deben considerarse. En gobiernos anteriores se llegó incluso a descalificar este tipo de evaluaciones por considerarlas parte de una visión neoliberal. Puede haber críticas válidas a PISA. Ninguna evaluación resume toda la complejidad de un sistema educativo. Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra ignorar lo que está señalando. Es como el padre que descubre que su hijo tiene fiebre y decide romper el termómetro. Desacreditar el instrumento no elimina la fiebre. Este problema no nació ayer ni pertenece a un solo gobierno. Durante décadas hemos debilitado la relación entre avanzar en la escuela y demostrar que realmente se ha aprendido. Las políticas y los partidos han cambiado, pero hemos aceptado progresivamente que un alumno continúe su trayectoria escolar sin dominar conocimientos fundamentales. También hemos ido perdiendo la idea de que la educación implica responsabilidad. La formación de los hijos corresponde, en primer lugar, a la familia. El gobierno, los maestros, los empleadores y la sociedad tienen también responsabilidades importantes, pero ninguna sustituye la que corresponde a los padres. La escuela cumple hoy muchas funciones. Para numerosas familias es un apoyo indispensable que les permite trabajar mientras sus hijos están atendidos. Para los jóvenes representa la expectativa de mejores oportunidades laborales. Pero no podemos olvidar su función principal: aprender. Y aprender importa mucho más que obtener una calificación o un certificado. Una persona que no comprende suficientemente lo que lee tiene menos herramientas para distinguir entre un argumento y una ocurrencia, comparar fuentes de información o identificar una contradicción. Quien no domina las matemáticas básicas enfrenta mayores dificultades para comprender cantidades, relaciones y riesgos. Y quien tiene una formación científica insuficiente cuenta con menos elementos para entender un mundo cada vez más determinado por la tecnología. En una época de redes sociales, desinformación e inteligencia artificial, estas carencias adquieren una importancia todavía mayor. El resultado no es únicamente una población con dificultades para competir en el mercado laboral. Es también una ciudadanía con menos instrumentos para tomar decisiones y más vulnerable frente a la manipulación. Buscar culpables no resolverá el problema. Después de décadas de deterioro, difícilmente podemos atribuir toda la responsabilidad a un presidente, un partido, un sindicato, los maestros o las familias. Entre todos, por acción o por omisión, hemos permitido que esta situación se construya. Necesitamos devolver a las familias un papel central en el aprendizaje, no para convertir a los padres en profesores, sino para recuperar la idea de que la curiosidad, la lectura, la disciplina y el deseo de comprender se forman primero en casa y, sobre todo, con el ejemplo. Necesitamos además un esfuerzo amplio de aprendizaje remedial: comprensión de lectura, matemáticas fundamentales, ciencia básica y capacidad de aprender por cuenta propia. Una sociedad que cambia a la velocidad actual exige personas capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida. El autoaprendizaje ya no es solamente una virtud; se está convirtiendo en una necesidad. No hablamos simplemente de más profesores: no hay suficientes para llegar a cada familia. Es una labor también personal. Necesitamos profesores con ingresos, tiempo y condiciones que les permitan mejorar sus capacidades, así como empleadores que participen en la capacitación y actualización permanente. Pero la escuela debe entenderse como apoyo a la tarea educativa de la familia, no como su sustituto. Puede ayudar mucho, pero no puede asumir la responsabilidad que corresponde a los padres. Hay además una dificultad mayor. Llevamos décadas acumulando este rezago. Muchos de los padres que hoy envían a sus hijos a la escuela estudiaron dentro del mismo sistema que estamos cuestionando y tampoco recibieron una formación sólida en lectura, matemáticas o ciencias. El cambio tendrá que ser, por lo tanto, intergeneracional. No podemos pedir a nuestros hijos curiosidad si nosotros hemos dejado de tenerla, pedirles que lean si nunca nos ven leyendo, ni exigirles que aprendan constantemente si creemos que nuestra educación terminó cuando recibimos un título. ¿Nos llevará treinta años corregir lo que deterioramos durante treinta años? Tal vez. No existe una solución rápida. Estamos hablando de modificar hábitos, expectativas y capacidades que se han formado durante generaciones. Y si tardaremos décadas en corregirlo, esa es una razón más para empezar ya.