Federalismo o centralismo

La semana pasada estuvo saturada de información sobre el gobernador de Sinaloa. Las reacciones fueron múltiples. Mientras unos percibieron lo ocurrido como una distracción para hacer olvidar temas complejos para el gobierno, otros acusaron al gobierno federal de intervenir arbitrariamente en Sinaloa, y otros más reclamaron a la presidenta no haber actuado antes y con mayor decisión. Detrás de estas reacciones hay un problema de fondo: la vieja discusión sobre federalismo y centralismo. Una cuestión que, durante el siglo XIX, provocó guerras, enfrentamientos políticos e incluso se entrelazó con intervenciones extranjeras. Nuestra Constitución establece un sistema federal y reconoce a los estados como libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, cuando surge una crisis local, con frecuencia esperamos que sea el poder federal quien la resuelva. ¿Verdaderamente creemos que los estados deben ser libres y soberanos, como dice la Constitución? Nuestra Constitución consagra un sistema federal, pero en la práctica nunca hemos sido completamente federalistas. Hay una fuerte tradición centralista que tiene raíces anteriores al siglo XIX y llega hasta nuestros días. Prácticamente todos los gobiernos han ejercido, en mayor o menor medida, un manejo centralizado de la política y de buena parte de la economía. Una situación que, por otra parte, ha sido aceptada e incluso solicitada por un electorado que espera que el presidente sea el gran responsable de cuanto ocurre en el país. Algo similar sucede con los gobernadores. En teoría encabezan estados libres y soberanos; en la práctica, muchas veces se les trata como si fueran una especie de virreyes subordinados al poder central, que necesitan su visto bueno o su bendición. Lo curioso es que no solamente el gobierno federal actúa de esa manera. Con frecuencia somos los propios ciudadanos quienes exigimos que lo haga. Un ejemplo de esta tensión aparece en los impuestos y las participaciones federales. Estados con gran dinamismo económico, como Jalisco, Nuevo León o Baja California, han cuestionado en distintos momentos la relación entre lo que generan y los recursos que finalmente reciben. Del otro lado están los estados con menor capacidad económica, que requieren transferencias mayores para ofrecer servicios y oportunidades comparables a sus habitantes. Ahí aparece uno de los dilemas del federalismo. ¿Hasta dónde debe permitirse que los estados más dinámicos conserven una mayor proporción de los recursos que generan? ¿Y hasta dónde debe utilizarse el sistema fiscal para redistribuir riqueza y reducir las enormes diferencias regionales del país? Favorecer solamente uno de los extremos tendría consecuencias importantes. Los estados económicamente más fuertes necesitan recursos para mantener su crecimiento y, además, atender los efectos de la migración interna: vivienda, movilidad, educación, salud e infraestructura. Pero abandonar a los estados con menor desarrollo a sus propios recursos significaría acrecentar todavía más las diferencias que ya existen. Por eso, quizá lo que necesitamos revisar no sea el federalismo como concepto, sino el federalismo que realmente practicamos. Quizá ha llegado el momento de revisar qué entendemos por pacto federal y qué responsabilidades, facultades y recursos estamos realmente dispuestos a dejar en manos de los estados. Uno de los argumentos a favor del centralismo es el de las economías de escala. Si el gobierno centraliza su poder de compra, puede reducir sus costos de abastecimiento y de inversión pública. Por otro lado, un argumento a favor del federalismo es que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de aquellos a quienes afectan, siempre que ese nivel de gobierno tenga la capacidad para resolverlas adecuadamente. Son criterios diferentes, pero no es imposible encontrar soluciones que aprovechen los beneficios de ambos. El problema está en lo que esperamos del poder. Decimos creer en el federalismo, pero cada vez que aparece una crisis volvemos la mirada hacia el centro. Queremos estados autónomos, pero también esperamos que la Federación resuelva sus problemas y distribuya sus recursos. Mientras no resolvamos esa contradicción, seguiremos siendo federalistas en el papel y bastante centralistas en la práctica.

Prioridades

Los eventos de los últimos días, a raíz de que Andrés Manuel López Beltrán dirigiera una carta al presidente de Estados Unidos después de que le fuera cancelada su visa para entrar a ese país, generaron toda clase de reacciones. Algunas predecibles, como las denuncias de intervencionismo. Otras no tanto. Llama la atención la queja de algunos opositores, que contrastan el enojo oficial por este asunto con la deficiente atención a las madres buscadoras, que no genera una indignación semejante. Independientemente de las motivaciones de cada quien, esta diferencia muestra uno de los problemas centrales de la tensión entre los gobiernos y la ciudadanía no partidizada: sus prioridades no siempre coinciden. Y esto importa porque, en un sistema democrático, el ciudadano es el mandante y los políticos son los mandatarios: ejercen el poder en representación de los ciudadanos. ¿A qué debe darse prioridad? Una diferencia evidente es el plazo. Para los políticos, cuya prioridad es obtener y conservar el poder, tienen particular importancia las acciones de corto plazo que producen resultados electorales. Por ejemplo: ¿Qué nos dará el triunfo en 2027? La ciudadanía, en cambio, tiene razones para exigir que también se consideren las consecuencias de largo plazo. Pero el plazo es solo una de las diferencias. ¿Federalismo o centralismo? Esa disputa nos costó sangre y guerras durante el siglo XIX. Formalmente triunfó el federalismo; en la práctica, el centralismo nunca terminó de perder. Hay otras diferencias: ¿qué debe resolver directamente el Estado y qué corresponde a las personas, las familias y las comunidades? ¿Cuánto debe destinarse a resolver urgencias y cuánto a crear las condiciones para que esas urgencias no se repitan? Pensemos en los apoyos sociales. Hay que ayudar a las personas menos favorecidas; difícilmente se puede estar en desacuerdo con ello. El problema es si el apoyo solamente alivia una necesidad inmediata o contribuye también a una mejoría permanente. Atender la urgencia es indispensable, pero debería hacerse construyendo simultáneamente las condiciones para que, con el tiempo, el apoyo extraordinario deje de ser necesario. Los apoyos a los adultos mayores son un buen ejemplo. Para muchas familias representan un alivio importante y, en la práctica, benefician también a hogares que no cuentan con medios suficientes para sostener a sus ancianos. Pero deberían ir acompañados del desarrollo de un sistema de pensiones que reduzca progresivamente esa necesidad y de mecanismos que permitan a los adultos mayores que lo deseen continuar siendo productivos durante más tiempo. Es solo un ejemplo. Las diferencias de prioridades son muchas y no desaparecerán. Tampoco se trata de que unas sean siempre correctas y otras equivocadas. El problema es quién las establece y con qué criterios. La voluntad de la ciudadanía debe estar en la raíz de esas decisiones. Eso exige ciudadanos conscientes y preparados para participar en ellas, y políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en decidir por los ciudadanos, sino en servirlos a todos, no solo a la mayoría que votó por ellos o a quienes coinciden con su ideología. La buena política consiste precisamente en eso: equilibrar prioridades legítimas y, muchas veces, contradictorias, sin olvidar quién es el mandante y quién el mandatario.

Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.