Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.