Pruebas, pruebas, pruebas

En estas últimas semanas, el gobierno de México ha enfrentado las acusaciones de tribunales de los Estados Unidos a 10 personas, miembros del gobierno de la 4T en el Estado de Sinaloa, a quienes se les acusa de ser colaboradores de los narcos. Al gobierno mexicano se le pide su detención con propósitos de extradición. La respuesta de nuestro gobierno ha sido exigir pruebas. De hecho, el poder judicial de los Estados Unidos advierte que hay otros miembros de los gobiernos Morenistas que podrían ser indiciados de la misma manera. Entre los acusados está un general retirado, secretario de Seguridad en ese estado, quien viaja a los Estados Unidos y se entrega voluntariamente a las autoridades de ese país. Y otro más, el anterior secretario de finanzas de Sinaloa, huye a Irlanda y después viaja para entregarse a Estados Unidos. La exigencia de pruebas por parte del gobierno mexicano, puede sostenerse políticamente en el corto plazo. Pero si estos y otros acusados continúan entregándose y cooperando, serán ellos mismos quienes terminen validando las acusaciones y debilitando la narrativa oficial. Es razonable suponer que estos acusados que se entregaron voluntariamente, van a pedir ser testigos protegidos, con lo cual obtendrían ventajas. Ante ello, es de preguntarse, ¿es sostenible a largo plazo la postura del gobierno: defenderse exigiendo pruebas y alegando soberanía? En realidad, los tribunales de los Estados Unidos saben muy bien que tienen que entregar pruebas, y saben también que tiene 60 días para hacerlo. La detención de aquellos que están acusados actualmente, era para evitar que huyeran del país, y ahora se demuestra que, efectivamente, era posible que ocurriera. Tan es así. que dos de los acusados salieron de México. A los acusados les conviene entregarse por varias razones. Por miedo: no saben si serán protegidos de una manera efectiva por parte del gobierno. Además, podrían obtener condenas menores, precisamente porque demuestran que quieren cooperar, y lograrán el estatus de testigos protegidos. Por otro lado, así evitarán que sean acusados de ser terroristas internacionales, cómo define el gobierno del señor Trump a quienes colaboran con el narcotráfico. Pasan algunos días y, aparentemente, el asunto se estanca. Al momento de escribir este artículo, no hay nuevos acontecimientos. En la prensa solo se reporta que no se sabe más de los otros acusados. El gobierno mexicano asegura que están localizados y en Sinaloa, además de que sus cuentas bancarias están congeladas. Todo ello se complicará, si el ejemplo de los que se entregaron voluntariamente, se repite. Si se cumple la amenaza de que habrá nuevas peticiones de extradición, y varios de esos acusados se entregan voluntariamente, los acusadores tendrán más fácil obtener pruebas. Los propios acusados podrían facilitarlas. La insistencia sobre la presentación de pruebas ya no será útil.