Huelga de inversiones

Es importante, para cualquier país, contar con inversión para sostener el crecimiento económico. En México, actualmente los inversionistas extranjeros están aprovechando las oportunidades de negocio y están creciendo de manera importante. En cambio, la inversión privada nacional crece muy poco. Los gobiernistas hablan de una huelga de inversiones. Entre las razones que se citan están la reforma legal, que genera temor entre los inversionistas; la incertidumbre respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio, así como la presión fiscal, reconocida incluso por los propios miembros de la 4T. Y hay algo poco tratado: la inseguridad, que afecta de manera importante a los negocios. Los empresarios perciben incertidumbre jurídica y hostilidad institucional hacia el riesgo. El gobierno de la Dra. Sheinbaum ignora el riesgo como un elemento fundamental en los negocios. La utilidad es el incentivo para asumir riesgos. El empresario pone su patrimonio en riesgo a cambio de un premio, llamado utilidad, que le permite obtener mejores resultados que los que tendría sin arriesgarse. La inversión implica riesgo. Si mejora esta situación, habrá mayor deseo de invertir. El gobierno está ofreciendo algunas propuestas al empresario privado. Algunas no han sido del todo claras. Por ejemplo, se proponen como incentivo las coinversiones público-privadas, en las que el empresario arriesga su patrimonio. Por otro lado, si el gobierno quiere mantener el control de la operación, el empresario no va a querer invertir. Por el riesgo que no podría enfrentar. En ningún momento se ha ofrecido una mejora sustancial de la seguridad. Se nos habla de reducción de los homicidios dolosos, pero no de los asaltos en carreteras, las extorsiones y los cobros de piso, que no han disminuido. A ello se suma la decisión de la Suprema Corte que permite al gobierno congelar cuentas bancarias sin autorización de un juez. ¿Qué podría hacer el gobierno? Realmente no mucho. No puede reducir la presión fiscal. De hecho, se necesita una reforma fiscal integral para quitarle todos sus elementos de discrecionalidad. Podría, por ejemplo, hacer que las inversiones productivas sean totalmente deducibles de impuestos de inmediato, o al menos permitir la depreciación acelerada de los bienes de capital. Con ello se apoyaría al empresario y se reduciría el riesgo de su negocio. También sería necesario establecer un sistema confiable y creíble para dar seguridad a los negocios. En nuestro país es difícil cobrar deudas, por lo cual los empresarios tienen que reducir sus utilidades o aumentar sus precios para tomar en cuenta que una parte importante de sus créditos será incobrable y no podrá recuperarse con facilidad. Se necesita un sistema expedito e imparcial en el aparato judicial. No se recupera fácilmente la confianza perdida. Tiene que haber acciones concretas para ganarse esa confianza: conversaciones del más alto nivel, pero también con el pequeño empresario, que genera el 70% del empleo en este país. Y mucha paciencia. La desconfianza del empresario no empezó con esta administración. Sin reconstruir la confianza institucional, difícilmente volverá la inversión privada. No basta lo que se ha hecho hasta ahora.