Federalismo o centralismo

La semana pasada estuvo saturada de información sobre el gobernador de Sinaloa. Las reacciones fueron múltiples. Mientras unos percibieron lo ocurrido como una distracción para hacer olvidar temas complejos para el gobierno, otros acusaron al gobierno federal de intervenir arbitrariamente en Sinaloa, y otros más reclamaron a la presidenta no haber actuado antes y con mayor decisión. Detrás de estas reacciones hay un problema de fondo: la vieja discusión sobre federalismo y centralismo. Una cuestión que, durante el siglo XIX, provocó guerras, enfrentamientos políticos e incluso se entrelazó con intervenciones extranjeras. Nuestra Constitución establece un sistema federal y reconoce a los estados como libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, cuando surge una crisis local, con frecuencia esperamos que sea el poder federal quien la resuelva. ¿Verdaderamente creemos que los estados deben ser libres y soberanos, como dice la Constitución? Nuestra Constitución consagra un sistema federal, pero en la práctica nunca hemos sido completamente federalistas. Hay una fuerte tradición centralista que tiene raíces anteriores al siglo XIX y llega hasta nuestros días. Prácticamente todos los gobiernos han ejercido, en mayor o menor medida, un manejo centralizado de la política y de buena parte de la economía. Una situación que, por otra parte, ha sido aceptada e incluso solicitada por un electorado que espera que el presidente sea el gran responsable de cuanto ocurre en el país. Algo similar sucede con los gobernadores. En teoría encabezan estados libres y soberanos; en la práctica, muchas veces se les trata como si fueran una especie de virreyes subordinados al poder central, que necesitan su visto bueno o su bendición. Lo curioso es que no solamente el gobierno federal actúa de esa manera. Con frecuencia somos los propios ciudadanos quienes exigimos que lo haga. Un ejemplo de esta tensión aparece en los impuestos y las participaciones federales. Estados con gran dinamismo económico, como Jalisco, Nuevo León o Baja California, han cuestionado en distintos momentos la relación entre lo que generan y los recursos que finalmente reciben. Del otro lado están los estados con menor capacidad económica, que requieren transferencias mayores para ofrecer servicios y oportunidades comparables a sus habitantes. Ahí aparece uno de los dilemas del federalismo. ¿Hasta dónde debe permitirse que los estados más dinámicos conserven una mayor proporción de los recursos que generan? ¿Y hasta dónde debe utilizarse el sistema fiscal para redistribuir riqueza y reducir las enormes diferencias regionales del país? Favorecer solamente uno de los extremos tendría consecuencias importantes. Los estados económicamente más fuertes necesitan recursos para mantener su crecimiento y, además, atender los efectos de la migración interna: vivienda, movilidad, educación, salud e infraestructura. Pero abandonar a los estados con menor desarrollo a sus propios recursos significaría acrecentar todavía más las diferencias que ya existen. Por eso, quizá lo que necesitamos revisar no sea el federalismo como concepto, sino el federalismo que realmente practicamos. Quizá ha llegado el momento de revisar qué entendemos por pacto federal y qué responsabilidades, facultades y recursos estamos realmente dispuestos a dejar en manos de los estados. Uno de los argumentos a favor del centralismo es el de las economías de escala. Si el gobierno centraliza su poder de compra, puede reducir sus costos de abastecimiento y de inversión pública. Por otro lado, un argumento a favor del federalismo es que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de aquellos a quienes afectan, siempre que ese nivel de gobierno tenga la capacidad para resolverlas adecuadamente. Son criterios diferentes, pero no es imposible encontrar soluciones que aprovechen los beneficios de ambos. El problema está en lo que esperamos del poder. Decimos creer en el federalismo, pero cada vez que aparece una crisis volvemos la mirada hacia el centro. Queremos estados autónomos, pero también esperamos que la Federación resuelva sus problemas y distribuya sus recursos. Mientras no resolvamos esa contradicción, seguiremos siendo federalistas en el papel y bastante centralistas en la práctica.

Contra el poder de la Ciudadanía

Fin de semana de Constituciones: viejas y nuevas. 160 años de la Constitución de 1857, 100 años de la del 1917 y promulgación de la Constitución del Estado Ciudad de México (CDMX). No cabe duda del amor de la clase política por las fechas históricas. O, tal vez, de un deseo de limitar el número de fiestas y de puentes. Vaya usted a saber.

La alegría y las auto-felicitaciones de la clase política no concuerdan con la indiferencia y hasta el pesimismo de la Ciudadanía que espera poco del nuevo mamotreto que encarna el modelo de país de las izquierdas en la CDMX y del parchado, ignorado y desobedecido monumento ruinoso que es la Constitución de 1917.

Y no es que haya habido altas expectativas. Las constituciones que se celebran no fueron el resultado de una petición de la sociedad. Fueron ideadas por grupos políticos en pugna, buscando un equilibrio de fuerzas en el caso del 1917 y un deseo de consolidar y “blindar” la ideología de quienes ven en la CDMX el bastión de la izquierda. El congreso constituyente, nombrado por las facciones militares en 1917 y el del 2016, electo parcialmente con el 15% del voto ciudadano, no son de ningún modo el reflejo de los anhelos de la Ciudadanía. Son legales. Pero la legitimidad no la dan las leyes, la da el consenso de la Ciudadanía. Y este no ha sido obtenido por una clase política que ocupa los últimos lugares en todos los estudios de confianza ciudadana.

Como ciudadano, yo esperaría de la Constitución los derechos fundamentales de la persona humana, las obligaciones de la Ciudadanía y los límites al poder de los gobernantes. Unos límites que establecen el poder del ciudadano. Nuestra Constitución General de la República y la novísima Constitución de la CDMX hacen muy difícil o casi imposible que la Ciudadanía pueda limitar o revertir las decisiones políticas. Hay instrumentos en las constituciones, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana. Pero las condiciones para ejercerlos han hecho casi  imposible ejercerlos. Por poner un ejemplo: ¿Recuerda Usted cuando tuvimos el último referéndum o plebiscito? Yo, no.

A final de la carrera por entregar el documento de la Constitución de la CDMX, con más de una treintena de artículos transitorios que reflejan que se privilegió una fecha de entrega sobre los acuerdos, hubo una petición formal de poner esta Constitución a consulta en un referéndum. La respuesta de las autoridades de la CDMX refleja el miedo de la clase política a la Ciudadanía y, no en menor medida, la ignorancia de su papel como servidores y mandatarios de la misma. Su argumento es: “como los constituyentes fueron electos parcialmente y los demás nombrados por el Congreso”, el mandato ciudadano ya se expresó y no puede ser revocado”.

Con un argumento así, no podemos revocar ningún ordenamiento de la clase política porque ellos ya fueron elegidos como representantes populares (al menos en teoría) y sus decisiones, según este argumento, son inamovibles. En otras palabras, la Ciudadanía tiene prohibido enmendar lo que consideren un error de sus representantes. Una vez electos los gobernantes, los ciudadanos ya no tienen opción más que obedecer y callar, como nos decían los virreyes. Tal vez por este espíritu, profundamente pernicioso, nunca se ha ejercido la revocación del mandato que, supuestamente, es un derecho de la Ciudadanía. Ahora me explicó el ordenamiento de la Constitución de la CDMX que prohíbe modificarla, a no ser que sea para beneficiar a la población. Sin aclarar quién definirá que es beneficioso. Porque, al parecer, lo que los “progres” consideran beneficioso no le es para una parte importante de la Ciudadanía.

La Ciudadanía, como todo ser humano, tiene el derecho a equivocarse y también el derecho a reparar sus errores. Y las constituciones federal y estatales deben dar los instrumentos para enmendar esos errores y facilitar su aplicación, antes de que los daños de un error sean excesivos o irreparables.

En este mismo tenor está la urgente necesidad de la segunda vuelta electoral. La Ciudadanía tiene el derecho  de reconocer que su voto no tuvo el apoyo de sus conciudadanos y volver a emitirlo del modo que refleje lo mejor posible sus deseos para el gobierno del Estado. Algo que la clase política no está dispuesta a aceptar, con honrosas excepciones.

¿Hasta cuándo veremos a la clase política reconociendo que el poder le viene de la Ciudadanía y que no nos conceden derechos sino que únicamente pueden reconocerlos y honrarlos? ¿Hasta cuándo dejarán de asignarnos el papel de niños en asuntos políticos? ¿Cuándo aceptarán que son empleados de la Ciudadanía? Sus acciones, sus auto-felicitaciones y declaraciones en ésta celebración de las constituciones muestran que todavía falta bastante.