Huelga de inversiones

Es importante, para cualquier país, contar con inversión para sostener el crecimiento económico. En México, actualmente los inversionistas extranjeros están aprovechando las oportunidades de negocio y están creciendo de manera importante. En cambio, la inversión privada nacional crece muy poco. Los gobiernistas hablan de una huelga de inversiones. Entre las razones que se citan están la reforma legal, que genera temor entre los inversionistas; la incertidumbre respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio, así como la presión fiscal, reconocida incluso por los propios miembros de la 4T. Y hay algo poco tratado: la inseguridad, que afecta de manera importante a los negocios. Los empresarios perciben incertidumbre jurídica y hostilidad institucional hacia el riesgo. El gobierno de la Dra. Sheinbaum ignora el riesgo como un elemento fundamental en los negocios. La utilidad es el incentivo para asumir riesgos. El empresario pone su patrimonio en riesgo a cambio de un premio, llamado utilidad, que le permite obtener mejores resultados que los que tendría sin arriesgarse. La inversión implica riesgo. Si mejora esta situación, habrá mayor deseo de invertir. El gobierno está ofreciendo algunas propuestas al empresario privado. Algunas no han sido del todo claras. Por ejemplo, se proponen como incentivo las coinversiones público-privadas, en las que el empresario arriesga su patrimonio. Por otro lado, si el gobierno quiere mantener el control de la operación, el empresario no va a querer invertir. Por el riesgo que no podría enfrentar. En ningún momento se ha ofrecido una mejora sustancial de la seguridad. Se nos habla de reducción de los homicidios dolosos, pero no de los asaltos en carreteras, las extorsiones y los cobros de piso, que no han disminuido. A ello se suma la decisión de la Suprema Corte que permite al gobierno congelar cuentas bancarias sin autorización de un juez. ¿Qué podría hacer el gobierno? Realmente no mucho. No puede reducir la presión fiscal. De hecho, se necesita una reforma fiscal integral para quitarle todos sus elementos de discrecionalidad. Podría, por ejemplo, hacer que las inversiones productivas sean totalmente deducibles de impuestos de inmediato, o al menos permitir la depreciación acelerada de los bienes de capital. Con ello se apoyaría al empresario y se reduciría el riesgo de su negocio. También sería necesario establecer un sistema confiable y creíble para dar seguridad a los negocios. En nuestro país es difícil cobrar deudas, por lo cual los empresarios tienen que reducir sus utilidades o aumentar sus precios para tomar en cuenta que una parte importante de sus créditos será incobrable y no podrá recuperarse con facilidad. Se necesita un sistema expedito e imparcial en el aparato judicial. No se recupera fácilmente la confianza perdida. Tiene que haber acciones concretas para ganarse esa confianza: conversaciones del más alto nivel, pero también con el pequeño empresario, que genera el 70% del empleo en este país. Y mucha paciencia. La desconfianza del empresario no empezó con esta administración. Sin reconstruir la confianza institucional, difícilmente volverá la inversión privada. No basta lo que se ha hecho hasta ahora.

“Dinero maldito…”

 Es interesante que, en la contienda presidencial, se está utilizando el hecho de tener dinero como un indicador de la maldad de los contendientes. En las acusaciones mutuas, sobre todo en el primer debate y su post debate, apareció de manera reiterada el tema de la cantidad de dinero que tienen quienes compiten. Aparentemente, como muchos creen, el hecho de tener dinero, es igual a ser una mala persona y, por lo contrario, el tener escasos recursos es una garantía de que la persona es buena. ¿Cómo llegamos a esta idea?  Francamente, lo ignoro.

Pero es algo arraigado profundamente en una parte importante de la población e impulsado fuertemente por los políticos, tanto de la izquierda populista como los integrantes de la dictadura perfecta. Una interpretación que no se sostiene en los hechos, pero qué es creída por muchos. No cabe duda de que el concepto forma parte de nuestra cultura tradicional. Una de las canciones rancheras más exitosas de principios de los cincuenta del siglo XX, hablaba del “dinero maldito, que nada vale”. Y no es el único caso.

Mientras que los adherentes de la 4T presumen de su pobreza franciscana, incluso como la solución a muchos de los problemas nacionales, la oposición evita el tema y trata de no hablar de su posición en ese aspecto. De hecho, de acuerdo con nuestras leyes, cualquier habitante del país tiene derecho a hacer dinero. Para la Ley, no es malo tener propiedades y bienes, mientras se hayan adquirido honestamente y se hayan cumplido todas las leyes de tipo fiscal, así como las que prohíben crear una fuerza monopólica. Pero no cabe duda de que este concepto no ha penetrado fuertemente en la población.

Para muchos la fortuna se ve como algo dudoso. Por definición, porque quien es pobre no tiene capacidad de ahorrar.  La acumulación se considera sospechosa. Y muchas veces se crean leyes que buscan modos de penalizar el acopio de recursos económicos. Con bastante frecuencia se sataniza la ganancia, y se habla de las empresas no lucrativas como algo intrínsecamente bueno. A pesar de que puede haber algunas que sirven de tapadera para la corrupción. La idea de lucro tiene muy mala fama.

No está claro, para nuestros representantes populares, que las empresas necesitan tener utilidades. Y esto ocurre por muchas razones. La utilidad es la recompensa por el hecho de que el inversionista está tomando un riesgo.  Claramente, cuando no hay riesgo en un negocio, puede haber dudas de su ética.  Esto ocurre con frecuencia en el sistema mercantilista que ha dominado la economía de nuestro país por muchas décadas.  Porque no es cierto que tuvimos un sistema neoliberal: lo que hemos tenido es la colusión de los gobernantes con una parte de los grandes capitales.  A los cuales se les han permitido monopolios virtuales, gracias a los cuales el riesgo de su inversión es sumamente bajo, y sus ganancias muy grandes. 

Por otro lado, una empresa que tiene bajas utilidades difícilmente tendrá recursos para modernizarse, invertir en su crecimiento, hacer una mercadotecnia que le permita crecer, pagar bien a sus empleados y capacitarlos.  Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas con bajas ganancias, tienen muy poca capacidad de maniobra.  Difícilmente podrán competir con la empresa de altas utilidades. Y, para poder mejorar su situación, prácticamente la única libertad que les queda es la de reducir aún más sus precios, con la esperanza de que eso hará que su clientela aumente. Lo cual no siempre ocurre. En esas condiciones, la empresa de bajas ganancias entra en un círculo vicioso del que difícilmente puede salir.

Pero esto, claramente, no es comprendido por cierto tipo de socialistas, basados en los conceptos de Marx y Engels, ideas construidas antes de que se conociera el desarrollo de la contabilidad de costos.  Noción que los hace pensar, como esos autores, que la plusvalía es únicamente la diferencia entre el precio de venta y el pago de la mano de obra, ignorando que toda empresa tiene muchos más gastos.  La idea de que “la propiedad es un robo”, elaborada por Pierre-Joseph Proudhon, en 1840, sigue siendo un dogma para muchos de ellos.

Estos conceptos siguen estando vigentes en la propaganda política de los próximos comicios del 2024.  Algunos los promueven, otros tratan de evitar su discusión porque, de fondo, les da vergüenza sostener que es muy difícil encontrar una economía que crezca y que aumente el poder adquisitivo de las personas, si no se acepta la necesidad de las utilidades. Por otro lado, no queda duda de que, muchos de los que promueven el concepto de la pobreza franciscana, se han enriquecido de manera ilegal y están haciendo grandes esfuerzos para evitar que se investiguen sus propiedades.

Probablemente, no baste con una campaña electoral, a la que le quedan poco menos de cincuenta días, para cambiar esta visión distorsionada. Pero, independientemente de lo que haga la clase política, que casi toda rechaza el papel de la riqueza en el desarrollo de la economía del país, nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos por qué caer en ese sofisma. Nos debe quedar claro que no necesariamente, quienes han hecho dinero cumpliendo las leyes, son personas malvadas y mucho menos pensar que los que no lo han hecho es porque son angelicales o, por otro lado, porque han sido ineptos.

 Antonio Maza Pereda