Contra el poder de la Ciudadanía

Fin de semana de Constituciones: viejas y nuevas. 160 años de la Constitución de 1857, 100 años de la del 1917 y promulgación de la Constitución del Estado Ciudad de México (CDMX). No cabe duda del amor de la clase política por las fechas históricas. O, tal vez, de un deseo de limitar el número de fiestas y de puentes. Vaya usted a saber.

La alegría y las auto-felicitaciones de la clase política no concuerdan con la indiferencia y hasta el pesimismo de la Ciudadanía que espera poco del nuevo mamotreto que encarna el modelo de país de las izquierdas en la CDMX y del parchado, ignorado y desobedecido monumento ruinoso que es la Constitución de 1917.

Y no es que haya habido altas expectativas. Las constituciones que se celebran no fueron el resultado de una petición de la sociedad. Fueron ideadas por grupos políticos en pugna, buscando un equilibrio de fuerzas en el caso del 1917 y un deseo de consolidar y “blindar” la ideología de quienes ven en la CDMX el bastión de la izquierda. El congreso constituyente, nombrado por las facciones militares en 1917 y el del 2016, electo parcialmente con el 15% del voto ciudadano, no son de ningún modo el reflejo de los anhelos de la Ciudadanía. Son legales. Pero la legitimidad no la dan las leyes, la da el consenso de la Ciudadanía. Y este no ha sido obtenido por una clase política que ocupa los últimos lugares en todos los estudios de confianza ciudadana.

Como ciudadano, yo esperaría de la Constitución los derechos fundamentales de la persona humana, las obligaciones de la Ciudadanía y los límites al poder de los gobernantes. Unos límites que establecen el poder del ciudadano. Nuestra Constitución General de la República y la novísima Constitución de la CDMX hacen muy difícil o casi imposible que la Ciudadanía pueda limitar o revertir las decisiones políticas. Hay instrumentos en las constituciones, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana. Pero las condiciones para ejercerlos han hecho casi  imposible ejercerlos. Por poner un ejemplo: ¿Recuerda Usted cuando tuvimos el último referéndum o plebiscito? Yo, no.

A final de la carrera por entregar el documento de la Constitución de la CDMX, con más de una treintena de artículos transitorios que reflejan que se privilegió una fecha de entrega sobre los acuerdos, hubo una petición formal de poner esta Constitución a consulta en un referéndum. La respuesta de las autoridades de la CDMX refleja el miedo de la clase política a la Ciudadanía y, no en menor medida, la ignorancia de su papel como servidores y mandatarios de la misma. Su argumento es: “como los constituyentes fueron electos parcialmente y los demás nombrados por el Congreso”, el mandato ciudadano ya se expresó y no puede ser revocado”.

Con un argumento así, no podemos revocar ningún ordenamiento de la clase política porque ellos ya fueron elegidos como representantes populares (al menos en teoría) y sus decisiones, según este argumento, son inamovibles. En otras palabras, la Ciudadanía tiene prohibido enmendar lo que consideren un error de sus representantes. Una vez electos los gobernantes, los ciudadanos ya no tienen opción más que obedecer y callar, como nos decían los virreyes. Tal vez por este espíritu, profundamente pernicioso, nunca se ha ejercido la revocación del mandato que, supuestamente, es un derecho de la Ciudadanía. Ahora me explicó el ordenamiento de la Constitución de la CDMX que prohíbe modificarla, a no ser que sea para beneficiar a la población. Sin aclarar quién definirá que es beneficioso. Porque, al parecer, lo que los “progres” consideran beneficioso no le es para una parte importante de la Ciudadanía.

La Ciudadanía, como todo ser humano, tiene el derecho a equivocarse y también el derecho a reparar sus errores. Y las constituciones federal y estatales deben dar los instrumentos para enmendar esos errores y facilitar su aplicación, antes de que los daños de un error sean excesivos o irreparables.

En este mismo tenor está la urgente necesidad de la segunda vuelta electoral. La Ciudadanía tiene el derecho  de reconocer que su voto no tuvo el apoyo de sus conciudadanos y volver a emitirlo del modo que refleje lo mejor posible sus deseos para el gobierno del Estado. Algo que la clase política no está dispuesta a aceptar, con honrosas excepciones.

¿Hasta cuándo veremos a la clase política reconociendo que el poder le viene de la Ciudadanía y que no nos conceden derechos sino que únicamente pueden reconocerlos y honrarlos? ¿Hasta cuándo dejarán de asignarnos el papel de niños en asuntos políticos? ¿Cuándo aceptarán que son empleados de la Ciudadanía? Sus acciones, sus auto-felicitaciones y declaraciones en ésta celebración de las constituciones muestran que todavía falta bastante.

Constitución CDMX: gran desconfianza

Ya se ha  hablado en muchos medios y de muchas maneras sobre los eventos con los que  se pretende modificar el estado constitucional de la Ciudad de México. A espaldas de la sociedad se eligió un grupo de autonombrados “notables”  para redactar un proyecto de constitución, excluyendo a todos los que podrían haber opinado y que no son de izquierda e incluso a algunos izquierdistas. Ahora que se empiezan a ver algunos temas en público, empieza a haber rechazos y se pretende festinar la aprobación mediante un plazo fatal: emitir la nueva constitución el 5 de febrero de 2017 para que coincida con el centenario de la Constitución del 1917. Aunque no se haya logrado un pleno acuerdo, aunque tenga puntos dudosos o sin que haya acuerdo. El plazo, al parecer, es lo que importa a estos “notables”. Y para asegurar su aprobación con mínimas discrepancias, crearon  un comité redactor absolutamente faccioso.

Ahora viene el Congreso Constituyente que solo en parte emana de una elección y otra parte fue asignado a partidos políticos, al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad. Otra vez, dando el poder, al menos en parte,  a grupos que operan a espaldas de la ciudadanía.

En esta semana, en unos días se discutirá la Carta de Derechos. Los autonombrados “notables” esperan enmendarle la plana a las declaraciones en este tema a las Naciones Unidas con derechos novedosos (como el derecho a la satisfacción sexual y a colapsar la Ciudad) y haciendo a un lado los derechos a la propiedad privada, al libre tránsito, al libre emprendimiento, por poner algunos. Completamente ausentes están los deberes correlativos de la ciudadanía y las obligaciones del Gobierno de la Ciudad.

Y, por supuesto, tras este galimatías está la implantación forzosa de una ideología, con exclusión de toda otra posible opinión. O sea, se está vulnerando por la vía constitucional las opiniones que puedan tener otros grupos y personas. El derecho a la libre opinión y a la difusión de las ideas será coartado en nombre de lo “políticamente correcto”. Evidentemente, no es un tema que haya entusiasmado a la ciudadanía. Los propios habitantes de la CDMX ven al tema como un asunto de la clase política, la que ha demostrado en gran cantidad de ocasiones que ocupa el último lugar en los sondeos de confianza ciudadana.  Y la ciudadanía del resto del país está aún más ajena al asunto. Para el ciudadano normal, las nuevas leyes y constituciones le provocan una enorme desconfianza. Poco bueno podemos esperar de ellas y, dada la inmensa impunidad que padecemos, las sabemos perfectamente inútiles. Además de que, si la historia es alguna guía, sabemos que las constituciones en nuestro país son violadas sistemáticamente y reformadas abundantemente, de manera que ya hemos perdido la cuenta de cuantas veces se ha enmendado la Constitución de 1917.

Todo esto nos podría llevar a tratar el tema como uno de interés local o un tema intrascendente. En realidad, su importancia para el país es otra. El proyecto de Constitución es el modelo que seguiría una parte de la Izquierda si llegan a gobernar el país, cosa que no es imposible.

Bueno, puede que me equivoque. Soy solo un ciudadano que expresa sus opiniones antes de que estos políticos me quiten este y otros derechos. Y sospecho que así creemos muchos ciudadanos. Lo bueno es que no hay que creerme. Hay una solución. Propongo a los “notables” que sometan la Constitución a un referendo. Veamos si la ciudadanía está encantada con esta Constitución o si la rechaza. No necesitamos de largas disquisiciones ni debates. Esto nos daría a todos la certeza de que la Constitución refleja el sentir de la ciudadanía. Aunque no acabemos a tiempo para el centenario de la Constitución de 1917.

Voté… a desgana

           

Sí, finalmente voté para elegir a los Constituyentes de la Ciudad de México. Lo hice con desgana. Con profunda desconfianza. Porque no  creía en ninguno de los candidatos. Y sigo sin creer en ellos. Pero lo volvería a hacer, porque no se trata de ellos. Se trata de un bien superior.

Hace tiempo que estamos discutiendo estas elecciones. Y, si usted me ha seguido, recordará que opino que el tema nos fue impuesto sin que los ciudadanos de la Ciudad de México hubiéramos pedido una nueva Constitución. Tampoco se nos consultó sobre quiénes serían los autonombrados "notables" que están desarrollando el proyecto de una nueva Constitución. Resultando en un grupo faccioso, monocolor, que ha excluido sistemáticamente a todos los que piensan diferente de ellos.

Pero, tratando de tomar perspectiva, lo que nos está pasando a nosotros es un síntoma de un mal mucho mayor y muy extendido. Un mal que, me temo, está atacando a las naciones que no tienen un sistema de gobierno autoritario. Los síntomas abundan. La causa, no es tan clara. En lo superficial hay una profunda desconfianza, un profundo descontento hacia los partidos políticos. Los síntomas están por todos lados. El crecimiento de los partidos independientes en España, en unos cuantos meses. El hecho de que los austriacos estuvieran a punto de tener un presidente de extrema derecha, que no corresponde a ninguno de los partidos políticos tradicionales. El crecimiento de candidaturas independientes como la de Donald Trump, agregado en el Partido Republicano de Estados Unidos, pero que se ha "vendido" como alguien que viene de afuera del sistema político. La dificultad que encuentran cada vez más los partidos tradicionales para formar gobiernos con legitimidad, teniendo que recurrir a alianzas. Como están ocurriendo en estos mismos momentos en nuestro país donde los partidos tienen que buscar alianzas para lograr primeras minorías que les permitan gobernar.

Esta desconfianza está en todas partes. Eso es el síntoma y la causa un poco más de fondo está en la quiebra del sistema de partidos. El tema va más allá de la desconfianza: en muchos casos se pasa de la desconfianza al enojo. En muchos casos, ya no se vota por alguien: se vota en contra de alguien. Se vota por odio. Se vota con el hígado, no con la razón.

Es fácil concluir de ahí que es la democracia la que está en quiebra. Yo no estoy de acuerdo. No es forzoso que haya partidos políticos para que haya democracia. Los partidos políticos son un dispositivo, una conveniencia para poder organizar a las distintas opciones políticas y poderlas presentar a la ciudadanía de manera que pueda expresarse de una manera coherente. Pero no son indispensables. Claro, los partidos políticos no quieren ni pueden creer en esto. Porque les conviene no creerlo. Su mensaje para nosotros es simple y aterrador: "sin nosotros, lo que queda es la anarquía". Parafraseando a algún famoso rey absolutista, su mensaje es: "O nosotros, o el  Diluvio".

De hecho, muchas de nuestras formas e instituciones democráticas proceden de una situación demográfica que ha cambiado radicalmente y de una situación tecnológica completamente distinta. Cuando se empieza a generalizar la democracia en los siglos dieciocho y diecinueve, el 80% o más de la población de los países vivía en los campos, en comunidades pequeñas y muy apartadas entre sí, con pueblos pequeños que servían de puntos de comercio y de reunión, con comunicaciones muy primitivas y lentas así como con una gran escasez de noticias.

Para producir un sistema democrático en esa situación, era muy difícil tener un voto directo sobre la mayoría de los asuntos del Estado. Por lo cual, esas comunidades elegían sus representantes, lo que ahora llamamos diputados, para que presentaran sus puntos de vista a los congresos legislativos. Por supuesto, para poder recoger la opinión de los ciudadanos, los diputados tenían que dedicar normalmente una gran cantidad de tiempo en transportarse y visitar a todas las comunidades relevantes y recoger las opiniones que deberían presentar ante las diversas legislaturas. De ahí que los congresos sólo funcionaran una parte del año en períodos ordinarios de sesiones  y el resto del tiempo se dedicaba a cumplir su función de comunicación.

Hoy la situación es completamente diferente. En la mayoría de los países, el 80% de la población vive en ciudades. Los viajes se han vuelto extraordinariamente rápidos; si antes un diputado por Sonora podría tardarse semanas para llegar de la capital del país a su Estado, ahora sólo requiere unas cuantas horas. Las comunicaciones, muy sujetas a ser interrumpidas, podrían tomar mucho tiempo para que las noticias generadas en el Congreso llegaran a todo el país; hoy se podrían estar recibiendo esas noticias prácticamente en tiempo real. Y también se puede hacer un voto directo prácticamente sobre cualquier tema: la tecnología está disponible y con 85 millones de teléfonos celulares para una población de 128 millones de personas de los cuales 87 millones están empadronados, el tema de la consulta directa de los ciudadanos ya no representa un problema: la infraestructura existe y está funcionando. Lo que no está presente aún es nuestra preparación para hacer uso de esa facultad. Pero no es imposible.

¿Nos podemos imaginar un futuro donde las decisiones legislativas y otras decisiones de gobierno puedan ser consultadas directamente a la ciudadanía? Si podemos, y probablemente estén más cerca de lo que nos imaginamos.

Pero en un período intermedio, lo que se puede prever es que los partidos políticos sean cada vez menos y menos relevantes, que cada vez haya más cuerpos independientes que tomen parte de las funciones que hoy en día monopolizan las formaciones políticas. Grupos intermedios, verdaderamente ciudadanizados, totalmente apolíticos y apartidistas que asuman muchas de las funciones que voy están llevando a cabo los partidos políticos, cada día más desacreditados. O tal vez, el esquema que sea otro. A mediados del siglo dieciocho, era difícil imaginarse un gobierno sin monarquías. Unas décadas después, era claro que eso no era un imposible.

Claramente, a casi nadie nos gusta el sistema actual de los partidos. El sistema ha quebrado, porque su único sustento que es la confianza ciudadana, ya no está ahí. Pero nos cuesta trabajo imaginar el sistema que sigue. Podemos refugiarnos en el autoritarismo, o podemos buscar nuevas formas democráticas que sí respondan a la confianza de la ciudadanía. O más que buscarlas, habrá que construirlas. Es un rompimiento total con el pasado. Las viejas formas, los viejos moldes, las instituciones que nos sirvieron en una etapa, ya dieron todo lo que podían dar de sí. Llegó el momento de relevarlas.

¿Cómo irá a salir la Constitución de la Ciudad de México?

Ya ha pasado algún tiempo desde que se ha escogido un grupo de autonombrados "notables" para proponer un proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Poco o nada se sabe de sus labores; están trabajando en el más impenetrable de los secretos y están tratando de imponer una visión facciosa a una ciudadanía a la que, con todo propósito, no se está consultando.

Es una pregunta que no es ociosa. Y una pregunta que tiene que ver con todo el país, no porque la Ciudad de México sea tan importante, sino porque es una muestra de cómo algunas de las fuerzas políticas que pretenden gobernar el país se comportan cuando pueden gobernar una entidad federativa.

A estas alturas es muy poco lo que se sabe. El autonombrado "grupo de notables", faccioso y excluyente, que no ha permitido la participación de verdaderos intelectuales y juristas por el mero hecho de opinar diferente que ellos, han mostrado también que están trabajando "en lo oscurito" y no han permitido que se conozca ni sus procesos ni sus deliberaciones.

Antes de seguir adelante, permítame aclarar que no soy jurista, que no soy experto en cuestiones legales sino que soy únicamente un sufrido ciudadano más de la que posiblemente es la ciudad peor gobernada del mundo. Mayormente víctima. Pero también consciente de que debo de opinar y tratar de influir en la medida que haya quienes quieran escuchar una opinión diferente.

Algunos medios han hecho una labor de consultar a la ciudadanía sobre lo que se espera de esta Constitución. Y como es de esperarse, hay una gran confusión. Hay quienes esperan que en la Constitución aparezca la necesidad de que se recoja la basura, por poner un ejemplo. O que se reglamenten los bares y antros para que no terminen tan tarde sus labores. Lo cual son ejemplos de que tenemos un conocimiento bastante somero de lo que debe contener una Constitución.

Como ciudadano, no como jurista que no lo soy, creo que hay algunos puntos que deben de considerarse. Para mí, la labor fundamental de una Constitución es establecer con claridad los límites para la autoridad, evitando que pueda atropellar los derechos de los ciudadanos. Debe de buscar cómo se impide que las fuerzas políticas impongan a la ciudadanía medidas que vayan contra sus derechos.

Por otro lado, debe de ayudar a balancear los derechos de las mayorías con los derechos de las minorías. Entendiendo que deben encontrarse equilibrios que permitan una convivencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México se ha atropellado los derechos de las mayorías a tener el libre tránsito e incluso para proteger su salud limitando la contaminación, al permitir a minorías expresar sus opiniones y hacer demostraciones, derechos que no están a discusión, pero en la práctica permiten que una docena de personas puedan hacer colapsar el tránsito en porciones importantes de la Ciudad de México mientras las autoridades los protegen de la justa ira de aquellos cuyos derechos están siendo atropellados. No voy a ser yo el que dé una solución a este tema, pero es claro que las leyes no establecen los límites que permitan la convivencia de estos dos derechos. Y que no hay  un criterio claro de cuando la mayoría debe inclinarse ante los derechos de la minoría.

También queda claro que los derechos de expresión y manifestación en esta ciudad han sido apoyados por las autoridades, siempre y cuando sean del mismo sentido ideológico de los partidos en el poder. Mientras que, al mismo tiempo, los que no opinan de la misma manera encuentran gravemente restringidos esos derechos.

Un tema que no es nuevo: por ejemplo, los derechos religiosos de la inmensa mayoría de los mexicanos fueron sistemáticamente agredidos por minorías que se han hecho del gobierno. Un tema histórico, que no vamos a resolver aquí. Pero que estamos volviendo a ver entre el grupo faccioso que está tratando de imponernos sus proyectos ideológicos.

Otro equilibrio delicado y muy importante a tratar son los ámbitos de competencia en la ciudad capital, asiento de los poderes federales que tienen derecho a su autonomía y a  no ser atropellados por el gobierno de una porción menor de la nación. Pero, por otro lado, también debe evitarse el gravísimo problema del centralismo que ha azotado al país desde la independencia, conculcando los derechos de las entidades federativas y en particular los de los ciudadanos de la Ciudad de México, que obtuvieron sus derechos plenos al voto casi 200 años después de la abolición de la esclavitud y más de 60 años después del reconocimiento del voto de las mujeres.

También queda muy claro que una Constitución debería establecer criterios para las prioridades. Los derechos de la ciudadanía a poder tener mínimos de seguridad y de libertad en esta ciudad, siempre han estado en el último lugar de las prioridades de los partidos en turno, siempre más atentos a permitir los excesos de sus partidarios que a proveer auténtica y completa cobertura de seguridad a la población.

Claramente, dentro de la necesidad de proteger a la población de los excesos de los gobernantes, los aspectos de transparencia en el uso de los recursos deberían ser parte importante de esta Constitución. Tema que no ha sido ni siquiera mencionado por los "notables" que se han adjudicado el derecho de representarnos. Ni el derecho de la población a romper los sellos de secrecía que nos han establecido los malos gobiernos de esta ciudad para que tardemos 20 años en poder saber si hicieron uso correcto de los recursos en la obra pública.

Me parece que el tema no está siendo bien trabajado. Seguramente podría haber algunos puntos importantes de técnica jurídica que deban ser atendidos, pero de los cuales la población no tenemos un conocimiento pleno. Creo, sin embargo, que hay bastantes ciudadanos que comparten mis dudas y temores. Y que es importante que, en esta etapa de desarrollo del proyecto de Constitución, se haga una labor muy importante de debate público de ciudadanos y otros expertos que han sido marginados en el proceso, de manera que se puedan escuchar otras voces y no tengamos una propuesta monocolor, que es lo que se está cocinando. No parece exagerado pensar, como ya he dicho por estos medios, que lo que se está cocinando es un golpe de Estado disfrazado que permita a las fuerzas que detentan el poder en la Ciudad de México perpetuar su abusiva presencia en la ciudad de México.

Un golpe de Estado disfrazado: redacción de la Constitución de la Ciudad de México

El grupo redactor del proyecto de Constitución de la Ciudad de México solo representa a algunas  de las corrientes de la Izquierda. Si tienen éxito, cualquier otra línea política que no sea la suya, podrá ser declarada anticonstitucional.

Valiéndose de su predominancia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y, posiblemente, aprovechando que la atención de gran parte del público está concentrada en la visita de Papa Francisco, en la primera semana de febrero de 2016, se tomó protesta al grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Un grupo monocolor, representante únicamente del PRD y que no toma en cuenta otras voces que pudiera ser necesario incluir. Han decidido ir por una vía excluyente y, podía decirse, facciosa, al incluir únicamente a los que piensan igual que ellos.

No es algo nuevo. Para cierta izquierda, hay un dogma laico que se sigue rigurosamente. El dogma de que solo la izquierda representa legítimamente a los intereses del pueblo y que todos los demás son “enemigos de clase”. Según este dogma, solo hay intelectuales de izquierda. Los únicos que merecen ser conocidos como activistas y “luchadores sociales” son los izquierdistas.  Las demás opiniones no merecen ser incluidas.

Claro, para tapar ese sol con un dedo, se dice que habrá amplias consultas. Pero sobre un proyecto ya formado, en el que no se dejaron participar voces discordantes y que no se permitió participar a sectores muy representativos. Pero el proyecto ya estará hecho, los tiempos apremiarán, y se buscará que la consulta se haga de manera masiva, de modo que las voces de expertos disidentes quedarán sofocadas por la gran cantidad de opiniones.

¿Por qué excluyeron a personajes de la talla de Luis Rubio, José Woldenberg y Enrique Krause, por ejemplo? ¿Acaso no tendrán mucho que decir? ¿Por qué no incluir intelectuales como Macario Schettino o Jorge Trasloheros? ¿Por qué dar la representación de las voces católicas a las Católicas por el Derecho a Decidir, que difícilmente representan a la opinión católica mayoritaria? ¿Por qué no se incluyeron los gremios empresariales como la COPARMEX o la CANACO? Y estos solos son algunos ejemplos. Amplios sectores de la población no están representados en esta redacción. Tampoco los otros partidos políticos,   universidades privadas, las ONG’s que no son de izquierda y muchas otros grupos de opinión.

En el mejor de los casos, tienen una ceguera ideológica, que hace que  consideren que ellos son los únicos aptos para opinar. En el peor de los casos, se trata de imponer a otros que no opinan igual que ellos, una Constitución que les permitirá perpetuarse en el poder. En cualquier caso, lo que tiene es un talante excluyente, buscando un instrumento que les permita evitar cualquier oposición a sus ideas, por el fácil camino de declarar anticonstitucional todo pensamiento que no sea el suyo.

¿Qué se puede hacer? Al parecer, como decían los abuelos, golpe dado ni Dios lo quita. Pero creo que hay otras posibilidades. Desde luego, denunciar y protestar. Dar a conocer este bien maquinado golpe contra las opiniones disidentes, buscando una dictadura ideológica, basada en una aparente legalidad. No es algo menor, y eso está en manos  de todos.

Lo otro es más difícil, pero posible. Vencer la muy mexicana tendencia a fragmentar nuestras acciones y opiniones, unificar a todos los excluidos de este proyecto y presentar, antes de que el Gobierno de la Ciudad y su equipo de redactores presenten su proyecto amañado y faccioso, un proyecto alternativo. Uno que tome en cuenta que la  nuestra no es una ciudad monocolor, que tenemos una gran riqueza en la variedad de las opiniones y que creemos que la democracia no consiste en acallar a las opiniones diversas sino escucharlas a todas e incorporar sus diferencias en algo que, como la Constitución, no consiste en tratar de resolver todo, sino únicamente establecer los mínimos indispensables para que la ciudadanía pueda tener una convivencia fructífera.