Impuestos: quién los decreta y cómo se gastan.

Nunca han sido populares los impuestos. La reciente discusión sobre presuntos esquemas de evasión fiscal de algunos gobernadores ha vuelto a colocar los impuestos en el centro del debate público. Sin embargo, el problema de fondo no es sólo quién evade impuestos, sino por qué muchos ciudadanos siguen percibiéndolos más como una imposición que como un acto de solidaridad social. Hace poco más de 250 años se inició la guerra de las trece colonias inglesas contra el Reino Unido, precisamente por una cuestión de impuestos. Su lema era, traducido libremente: "No pagaremos impuestos si no hay representación". Hace dos siglos el problema era quién autorizaba los impuestos. Hoy el problema es quién decide el gasto. Ese es el punto central. Su destino queda en manos de una clase política que ha reducido fuertemente los límites y contrapesos, como hemos comentado en estas páginas, y frente a la cual los ciudadanos tienen pocos medios para influir eficazmente. No contamos con mecanismos suficientes para que esos recursos reflejen realmente la solidaridad social y no terminen utilizándose con fines electoreros. Nuestras contribuciones deberían servir para que todos reciban los servicios que proporciona el gobierno. Pero también son la forma en que remuneramos a quienes hemos elegido como nuestros mandatarios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un dirigente político agradecer a la ciudadanía los recursos con los que trabaja? Yo no. Con frecuencia se transmite la impresión de que esos recursos pertenecen al gobierno y no a los ciudadanos que los aportan. Una de las razones por las que muchos ciudadanos perciben poca legitimidad en los impuestos es la desconfianza sobre la manera en que se gastan. En teoría, el Congreso decide su destino en nuestro nombre. Pero, en la práctica, debería existir una participación ciudadana mucho más amplia mediante consultas, deliberación y debate público. Hay quien responderá que justamente elegimos representantes para tomar esas decisiones y que consultar permanentemente a la población haría ingobernable al Estado. Sin embargo, la tecnología ofrece hoy mecanismos de consulta, deliberación y participación que eran impensables hace dos siglos. Seguramente no existe un modo perfecto de lograr que los impuestos sean populares. Siempre habrá evasión y corrupción. Pero sí podemos mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre su destino. Las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en el uso de sus contribuciones, se debilita la legitimidad del Estado y comienza a romperse el contrato entre ciudadanos y gobierno. Hace dos siglos la democracia encontró una respuesta para decidir quién podía imponer los impuestos. El desafío de nuestro tiempo es encontrar mejores formas para que los ciudadanos participen también en decidir cómo se utilizan.

Los beneficiarios

Existe, por desgracia, y se está promoviendo una cultura que divide a los ciudadanos entre una gran mayoría de beneficiarios y una escasa, muy escasa minoría de benefactores. No es que sea nada nuevo. Los sistemas socialdemócratas europeos fueron autodenominados Estados Benefactores, ofreciendo de la cuna a la tumba beneficios para la ciudadanía. Lo cual no siempre es completamente cierto, pero así funciona su propaganda.

Esta noción de dividir la población entre beneficiarios y benefactores es aún más dominante en el populismo de todos los signos. Se trata de convencer a la población de qué el Estado les da beneficios, que muchas veces se presentan como inmerecidos para los beneficiarios. La idea es tener una ciudadanía que se sienta en deuda hacia una minoría de benefactores. Por lo tanto, los beneficiados están obligados y de alguna manera deberán de pagar, fundamentalmente con votos a favor de los benefactores.

Pero esto no ocurre solo en el ambiente político. Esto ocurre en muchos ámbitos. Curiosamente, también se da en las instituciones del sector privado, aunque con menos frecuencia. Se da también en el sector salud, tanto en el público como ocasionalmente en el privado.

Parte del éxito consiste en ocultar cuidadosamente que esos beneficios que se le dan a la ciudadanía no son por cuenta y riesgo del benefactor. Todo beneficio que recibe la población ha sido pagado previamente por alguien. Todo lo que nos da el Gobierno es pagado por el sufrido consumidor, que paga su Impuesto al Valor Agregado de manera visible o invisible, O por el tantas veces vilipendiado causante cautivo, que además de estar pagando el Impuesto al Valor Agregado y el cúmulo de impuestos especiales que cada vez más tenemos vigentes, paga alguna proporción de sus ingresos a Hacienda. O el sistema de Seguridad Social, que se paga con aportaciones de los empleados, de los patrones y del Gobierno, quien saca ese dinero de nuestros impuestos. Incluso, en las instituciones de asistencia privada, una parte del ingreso viene directamente de que las aportaciones filantrópicas son deducibles de impuestos: o sea que, al final del día, es un dinero de la población, que podría ser aplicado a otras funciones del Gobierno.

El principio está viciado. El supuesto benefactor usa el dinero que la propia ciudadanía está entregando para su funcionamiento. Y muchas veces el asunto es que los representantes de los supuestos benefactores, funcionarios y empleados de estos organismos asumen una posición abusiva hacia el beneficiado. Muchas veces actúan como si el beneficiado no tuviera derecho a protestar por los malos tratos o los servicios deficientes. “Después de todo -asumen estos representantes- mal harían en exigir algo de nosotros, porque finalmente se les está ayudando”. Y como dice el refrán popular, “al caballo regalado no se le mira el diente”.

Ha habido intentos, desgraciadamente sin mucho seguimiento, de cambiar esta cultura. Algunos de los organismos de Seguridad Social han cambiado la nomenclatura: a los beneficiarios se les llama, desde hace algún tiempo, derechohabientes. Lo cual es mucho más preciso: la persona que asiste a los sistemas de Seguridad Social tiene derecho a lo que va a recibir, ya que esto está siendo pagado por sus aportaciones y por sus impuestos. Pero desgraciadamente no basta con cambiar un título: aunque es un hecho que ha cambiado mucho el trato en los sistemas de Seguridad Social, todavía se percibe con mucha facilidad que los funcionarios tratan a los derechohabientes con lo que algunos llaman rudeza innecesaria.

Y ahora que estamos cerca de una elección importante, por lo menos para la 4T, los grupos de servidores de la nación están llevando a cabo visitas domiciliarias a los beneficiarios de las pensiones por edad avanzada para convencerlos de que se necesita su voto para que esta aportación siga estando vigente. También hay quienes nos están convenciendo de que es el Gobierno quién nos está pagando las vacunas contra el coronavirus, y que por lo tanto debemos estar agradecidos. Cuando la verdad es que lo están haciendo con dinero de nuestros impuestos.

Repito: no es que esto sea algo nuevo. Durante la larga época de la dictadura perfecta, se siguió al dedillo la metáfora de Octavio Paz del ogro filantrópico. Aquel que te da bienes pero que te mantiene atemorizado por la posibilidad de quitártelos o de hacerte mucho mayor daño. Recientemente como parte de la defensa de la reforma energética, se rescató de las hemerotecas un discurso de Adolfo López Mateos, uno de los presidentes más querido, emanado del PRI. Y este discurso empezaba diciendo: “Mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica”. Como si fuera él, en lo personal, con sus recursos, quien nos hiciera este beneficio. Lo cual, por otro lado, no era una gran ventaja. El costo de la electricidad en México era y en muchos casos sigue siendo uno de los más caros del mundo y sólo se le puede tener alguna medida de competitividad a base de los subsidios pagados con los impuestos de los contribuyentes. La misma historia, 62 años antes.

¿Hasta cuándo nos convenceremos de que el Gobierno sólo nos puede dar algo que nos ha quitado primero? ¿Hasta cuándo entenderemos que los impuestos los pagamos todos y no sólo los ricos y que, si a esas vamos, en proporción todos pagamos mucho más que los adinerados? Porque al final del día una parte muy importante la recaudación viene del consumidor final a través del impuesto del valor agregado. Viene de todos, de ricos y pobres. Y nadie nos está haciendo ningún favor con esos beneficios.

Nos hace falta entender lo que significa el concepto de mandatario, tanto el primer mandatario como todos los demás mandatarios que forman el Gobierno. Ellos son nuestros empleados, los elegimos para que usen nuestros recursos de la mejor manera posible. Y nosotros debemos dejar de considerarnos como beneficiarios. Somos en estricto sentido los mandantes y debemos de acostumbrarnos a exigir.

 

Antonio Maza Pereda

Gasolinazo: opacidad y búsqueda de culpables

Una vez más, la clase política ha demostrado que le importa más su muy deteriorado “capital político” que el respeto que le debe a la ciudadanía. Lo demuestra el tema del incremento del costo de la energía, el famoso “gasolinazo”, pero no se nos olvide el aumento del costo de la electricidad, el cual no ha quedado claro en cuanto nos afectará directa o indirectamente.

Recientemente declaró en el radio el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza en una entrevista radiofónica (Radio Red, viernes 6 de Enero), que el aumento de la gasolina ya había sido aprobado por el Congreso. Lo cual es de esperarse: el presupuesto de ingresos y los medios para obtenerlos deben ser aprobados por el Congreso. Si no fuera así, el Ejecutivo hubiera cometido una transgresión mayúscula. Lo que no queda claro es porqué los partidos de oposición no se manifestaron entonces, en octubre de 2016,  en contra del aumento de los precios de la Gasolina. Lo supieron y no lo  comunicaron a la ciudadanía. Queda claro que este tipo de temas que afectan al bien común no son puestos a debate de la Sociedad. Como, por mínimo respeto, deberían hacer nuestros mandatarios.  Deberían avergonzarse.

El anuncio se hizo entre Navidad y Año Nuevo, donde una buena parte de la población y el Primer Mandatario estaban de vacaciones. Lo cual sirvió para que el único que diera la  cara fuera el Secretario de Hacienda. Solo hasta varios días después se dio una explicación que tuvo más un sabor a queja por la falta de credibilidad hacia el Gobierno y un intento de buscar culpables. Y la frase que quedará en el recuerdo como característica de esta administración: “Ustedes, ¿qué hubieran hecho?”. Claramente, lo importante fue proteger lo más posible el capital político del partido en el poder. Rendir cuentas a la ciudadanía no fue una prioridad.

El acusar a gobiernos anteriores puede funcionar en los primeros meses de una administración. Pero ¿cuatro años después? ¿No se dieron cuenta de que se cometía un error subsidiando la gasolina? Según sus cuentas, nos podrían haber ahorrado una buena cantidad. ¿Por qué siguieron con un sistema que daña a la economía?

Tampoco resulta claro el argumento del aumento del precio del petróleo. Eso no ocurrió de golpe el 20 de diciembre de 2016. Vino ocurriendo a partir de enero de 2016. ¿Por qué esperar un año? Ciertamente hay otros factores. La “depreciación” (para no decirle devaluación) del peso, cuenta si más de la mitad de la gasolina es importada. Pero no se discutió el costo alto de la gasolina producida en PEMEX, con refinerías  muy anticuadas (la más nueva con  casi 35 años de antigüedad) y con muy deficiente mantenimiento, con lo cual su productividad es muy baja. No lo sabemos, porque la información no es clara, pero dado el alto costo de extracción y refinación del petróleo mexicano (una vez que no contamos con los  campos de Cantarell) y por la escasa productividad de nuestras refinerías podría ocurrir que nos saliera más barato importar todas nuestras gasolinas que tratar de usar gasolina nacional. Pero esto no se ha debatido, ni creo que salga a la luz pública.

Se justifica el aumento comparando la cantidad que se reducirá de subsidios, comparado con el monto de gastos en seguridad social, por ejemplo. Podrían  haberse hecho otras comparaciones. Hay analistas que consideran que las cantidades desviadas por gobiernos estatales y municipales más  el costo del servicio de las deudas públicas fácilmente duplican lo que se ahorrará en subsidios. No sé si estos analistas tienen razón, pero vale la pena revisar las cuentas. En este tema energético, como en otros, el problema de fondo tiene que ver con el efecto de la corrupción. Otra comparación: ¿De qué tamaño es la evasión de impuestos o las condonaciones que ocurren a los mismos? Si todos pagaran, ¿podría evitarse el gasolinazo? Hay quien estima que solo la evasión del ISR es el 2% del PIB, casi el doble del subsidio a la gasolina.

Pero, en mi opinión, el problema de fondo es el concepto del subsidio. Como ciudadanos todavía no nos queda claro que los gobiernos solo pueden subsidiar si aumentan los impuestos o reducen los gastos. El petróleo en México, históricamente, se usó para lograr subsidios sin aumentar los impuestos. Ya no es posible. No hay ganancias petroleras para ello. Solo se puede subsidiar aumentando impuestos por otro lado. Pedir que baje la gasolina implica subir impuestos o reducir gasto público. Ya se anunciaron recortes de gastos, a funcionarios públicos de alto nivel. Una buena señal, pero insuficiente para compensar el subsidio que se está eliminando. También se habla de una reducción de 30,000 plazas. Que es otra señal, pero que no resuelve de fondo. Y, nadie lo comenta, significa desempleo.

No se ve una solución de corto plazo. A mediano plazo, un combate enérgico a la corrupción, en serio, sí generaría fondos importantes. Sí, como dicen algunos, el costo de la corrupción es el 10% del ingreso federal, esa cantidad es más que el doble del subsidio que se está eliminando. De modo que ahí sí hay un ingreso adecuado.

La solución de fondo, la de largo plazo, la más difícil, es que la ciudadanía nos hagamos cargo de la política. Que tengamos una participación mayor. No se trata de que todos seamos políticos. Se trata de que participemos más. No basta con votar. Hay que estar enterados, seguirle la pista a los tres Poderes en todos los órdenes de gobierno. Discutir, debatir, ofrecer soluciones. Algo que, a propósito, no ha ocurrido con el gasolinazo. Sí, hay enojo y hay manifestaciones. Y que bueno. Lo que no tenemos son propuestas más allá de que se dé marcha atrás en los aumentos. Lo cual reduciría un poco el enojo, pero no resuelve el problema. No basta con señalar soluciones. Hay que debatirlas, diseñar su implementación y darles seguimiento. En pocas palabras, la adversidad nos está obligando a ser una sociedad, una ciudadanía maduras. Ojalá lo asumamos. Yo tengo fe en que la ciudadanía lo puede lograr. De lo que no tengo tanta confianza es en que, por su propia iniciativa, la clase política nos proponga soluciones de fondo.

Pobres ayudando a pobres

Las remesas que los migrantes a EEUU envían a sus familiares en México significan un apoyo muy importante para la población en estado de pobreza, más importante que los ingresos de Pemex y que los programas sociales del Gobierno.

Hay números que nada más por su magnitud, nos dan mucho trabajo entenderlos. Uno de ellos es el monto de las remesas de los migrantes a sus familiares en México. Entre los años 2011 a 2014 los migrantes remitieron al país casi 92,000 millones de dólares. 23,000 millones anuales, en promedio. No hay datos completos del 2015, pero no hay razón para creer que esa cantidad sea menor. ¿Es mucho o es poco?

A 20 dólares el barril de petróleo crudo, esa  cantidad anualizada es como si exportáramos tres millones de barriles diarios. Actualmente estamos exportando del orden de millón 200 mil barriles diarios.  60% menos que lo que nos llega por remesas. Pero, obviamente, esa no es la utilidad que esa venta deja.

Las remesas de 23,000 millones de dólares al año son  más del triple del presupuesto 2016 de SEDESOL qué, suponiendo que el dólar esté a 18 pesos, serían poco menos de 6,100 millones de dólares, mucho menos de la tercera parte. Y hay que contar con que el dinero que maneja SEDESOL no llega completo a los pobres, sino      que una parte sustancial se queda en la administración. Sería interesante hacer la cuenta de cuanto efectivamente llega a los pobres. Claro, eso es el dinero que entre todos, a través de impuestos directos e indirectos, le entregamos al Gobierno para que, en parte, se use para reducir la pobreza.

Una última comparación. Sí, de acuerdo con la lista de hombres ricos de la revista Forbes, la fortuna que Carlos Slim ha acumulado en 50 años de trabajo fue, en 2015, de 55,200 millones de dólares, quiere decir que cada dos años y medio las remesas de los migrantes entregan a los pobres de México, suman  una cantidad ligeramente mayor.

¿Se nota todo este dinero? Probablemente no mucho. La mayor parte va directamente al consumo de ancianos, niños y madres de familia que, sin esos apoyos, estarían en pobreza extrema. Como lo estarían los migrantes si no hubieran emigrado. Al no invertirse en actividades productivas, tienen un poco efecto multiplicador directo. Pero, claramente, al consumir generan movimiento económico. Y de todos modos, no es demasiado dinero. Si esa cantidad se repartiera por igual a todos los  55 millones de pobres, les tocarían  a 630 pesos al mes o 2500 pesos por familia de cuatro miembros. No es poco, pero no los saca de pobres. Y, claro, no a todos les toca y buena parte le llega a familias de clase media baja.

Lo interesante, creo yo, es que son los  pobres los que más ayudan a los pobres. Y, posiblemente, sean la explicación de porqué la clase media es ya más numerosa que la clase pobre. Aunque muchos no lo crean: el 46% de la población es pobre, lo cual quiere decir que el 54% no son pobres. Si suponemos (no hay un dato oficial al respecto) que el 1% de la población es rico, la clase media es el 53% de la población.

Claramente, esto no es como para concluir que no hay que preocuparnos por la pobreza. Nos debería dar vergüenza que sean los pobres los que más ayudan a los pobres. Deberíamos tener, como en la ciudad de San Salvador, República del Salvador, un Monumento al Hermano Distante, un monumento al migrante que no olvida a los suyos y que se preocupa por su situación. Y que, a través de su apoyo, nos están ayudando a todos. Pero, sobre todo, deberíamos tratar de encontrar un modo de ayudar. En lo personal.

No podemos confiar en que bastará lo que el Gobierno haga, ni podemos solamente lamentar lo que el Gobierno deje de hacer. Es necesario crear empresas para que esos migrantes que no tienen oportunidades en México, las encuentren. Es necesario que se mejoren los salarios a todos los niveles. No podemos seguir buscando competitividad internacional basándonos en salarios bajos. Necesitamos invertir en mejorar la competitividad del trabajador mexicano. Y para ello no basta el salario: hay que invertir en capacitación y en equipamiento. El obrero mexicano bien alimentado, bien entrenado, bien equipado y bien dirigido es tan competitivo o más  que el de cualquier parte del mundo. Y nuestros migrantes lo están demostrando.

Cuando estamos hablando de salir de la pobreza, se necesita voluntad. Pero no basta con la voluntad política. No basta con la voluntad de los empresarios. Se requiere abandonar conceptos añejos que nos han paralizado.  Y convencernos de que todos, TODOS,  tenemos un papel que jugar.