Omnipotencia del Legislativo

La rama legislativa de nuestro Gobierno tiene una rara percepción de la realidad. Para ellos su modo de resolver problemas o dificultades, consiste en legislar. Lo cual está bien, para eso los hemos elegido. Lo que no es claro es que, para ellos, con tener una ley ya basta: si el Ejecutivo la promulga y la aplica, el problema ya está resuelto. Para la Sociedad solamente nos queda obedecer. ¿Qué podría salir mal?

La realidad es que eso no es así. Muchas leyes no se cumplen.  Hay quien dice que, si la mitad de las leyes que tenemos se cumplieran, seríamos un país de los más avanzados.  Cuando una de las leyes que nos obsequia el legislativo no se está cumpliendo, la solución de esos padres y madres de la patria es aumentar la penalidad. Y de esto abundan los ejemplos: a los casos de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia hacia la mujer, les han venido aumentando la penalidad.  Lo triste es que no hay una relación entre esos aumentos de penalidad y la reducción de la violencia contra la mujer. Las penas son cada vez más largas, en tal manera que muy pronto esas penalidades serán irrelevantes, porque sobrepasan la esperanza de vida de la población.

Pero tal parece que nuestros representantes se consideran omnipotentes, de algún modo.  Basta con que prohíban algún comportamiento indeseable, para que el asunto quede resuelto.  Está faltando entender a fondo las situaciones delictivas. Las leyes, ¿realmente concuerdan con los requerimientos, con las necesidades de la Sociedad?  Porque si se prohíben comportamientos que la Sociedad no condena, es extraordinariamente difícil hacerlos exigibles. La población no estará inclinada a colaborar ni a denunciar esas conductas. Y luego, está el problema de tener la capacidad de aplicarlas, capturando y condenando a quien delinque.  Un tema en el cual no se le ha invertido por décadas: mientras que aumenta el número de leyes, no ha crecido al mismo ritmo la inversión en el personal encargado de hacerlas cumplir. Una inversión, tanto en el número de agentes de la ley como en su capacitación y equipamiento. Cada vez que se establece una nueva ley, debería hacerse el estudio de cuál va a ser el costo de hacerla cumplir.  Y de eso, no se preocupan nuestros representantes. En su omnipotencia, piensan que basta con que exista el ordenamiento, para que la situación se haya resuelto.

Han habido algunos asuntos menores donde se actuó de una manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció un reglamento que prohibía tener saleros en las mesas de las fondas y restaurantes.  Ello con el loable propósito de contribuir a reducir el número de los hipertensos y, por consecuencia, reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas y el costo de atender a los afectados.  A los pocos días de promulgar ese ordenamiento, fue claro que no había la posibilidad de hacerlo cumplir. Sencillamente, no hay el número de inspectores que pudieran ejercer una vigilancia adecuada en todos y cada una de las fondas y restaurantes. Se canceló el reglamento y se trabajó con las organizaciones gremiales de estos negocios para que, de modo voluntario, retiraran los saleros de las mesas y se entreguen únicamente a petición de los parroquianos. El resultado es importantísimo: se está cumpliendo el propósito qué tenía el reglamento sin necesidad de tener inspectores que lo hagan cumplir.

En estos últimos días se está discutiendo en el Congreso un reglamento para que las futbolistas profesionales reciban el mismo salario que el que reciben los hombres. Es muy claro que nuestros representantes no entienden la economía del fútbol profesional. Los ingresos de los clubes deportivos no dependen de la voluntad de esas organizaciones. Ese dinero depende de la asistencia del público a los estadios, los cuales tienen un límite. Además, dependiendo de la cantidad de personas que ven los partidos a través de los medios, esos clubes reciben una parte muy sustancial de sus ingresos, en ocasiones muy superiores a lo que reciben por la asistencia a los estadios.  En la medida que haya muchos espectadores en dichos medios, las compañías que transmiten los partidos pueden cobrar por su tiempo, en proporción al número de telespectadores. Y esto no es todo: los jugadores y los equipos ofrecen a las compañías la posibilidad de tener su publicidad en los uniformes de los jugadores, con lo cual hay otros ingresos. Y todavía puede haber ingresos adicionales cuando los jugadores recomiendan productos o servicios. En algunos países hay consultores qué ofrecen multiplicar por 10 los ingresos de los jugadores de los deportes de exhibición, a través de diferentes medios publicitarios.  Claro, pidiendo un 30% de comisión por esos ingresos adicionales.

Esto se ha ido creando a lo largo de los años en el negocio del fútbol profesional. El fútbol femenino profesional aún no llega a desarrollar estos tipos de ingresos de manera que pudieran permitir realmente una paridad en los ingresos de las jugadoras.  En cierto modo la solución está en nosotros, en el público. En la medida en que asistamos a los estadios, aumentemos el número de horas que dedicamos a ver los juegos de las jugadoras profesionales,  se podrá cobrar más a las televisoras y se podrán obtener ingresos fuertes por la publicidad.

Estoy seguro de que es de justicia que las futbolistas profesionales ganen tanto o más que los hombres. Pero la solución no está en las leyes. Nada de esto se ha tomado en cuenta en ese ordenamiento.  Creo que es un ejemplo de qué los congresistas no analizan a fondo los temas en los que están estableciendo nuevas leyes y reglamentos.  No se trata de que nuestros senadores y diputados se vuelvan expertos en todo, pero la rama legislativa recibe ingresos muy sustanciales de los cuales se podría pagar la investigación necesaria para poder tener leyes que puedan cumplirse.  Y de esto, al parecer, no se habla.

No basta con tener leyes. Algo nos está fallando. Se necesita entender los problemas de fondo, diseñar los ordenamientos que de veras resuelvan. Hay que convencer a la población de la necesidad de esa ley, hay que instrumentarla para que pueda cumplirse y poner los medios necesarios para que su aplicación sea exitosa.

Antonio Maza Pereda

 

¿Es la Ley?

 Un aspecto característico de la cultura del mexicano es que tenemos un respeto muy relativo por las leyes que nos damos. Vale la pena preguntarnos: ¿las tomamos en serio?  En la cultura más cercana a nosotros, geográficamente hablando, la de los Estados Unidos, cuándo hay una duda sobre si un comportamiento es aceptable o no, muchas veces el argumento que decide es la frase: “Es la Ley”. Y con eso se acaba la discusión. Podría argumentarse en todo caso si verdaderamente esa ley es vigente o aplicable, pero una vez resuelto el dilema, la discusión se termina.

¿Por qué es diferente en nosotros los mexicanos y, posiblemente, en algunos otros países latinos?  En términos generales, en nuestra historia política, las leyes nos han sido impuestas y raramente han reflejado un consenso ciudadano.  Por esa razón muchas veces las leyes son vistas como algo ajeno,  algo que no refleja nuestras necesidades. Y, por lo tanto, no son aceptadas por la población.

Puede ser que se cumplan por temor a los castigos, pero quiénes nos parecen “listos”, son los que encuentran el modo de burlarlas.  Es interesante el modo como nos expresamos.  No hablamos de transgredir la ley, hablamos de burlarla. Lo cual tiene un algo de divertido.  Al fin de cuentas la burla no suena tan dañina cómo podría ser una transgresión.

Hay algo más en nuestra historia. Durante la Colonia nos dieron las llamadas Leyes de Indias. Un conjunto de reglamentos aplicados a los territorios americanos y asiáticos de la Corona española.  Leyes en ocasiones muy detalladas, pero que tenían algunas características especiales.  Por un lado, ciertas clases sociales, la nobleza mayor y menor, el ejército y el clero, así como otros grupos sociales tenían derecho a privilegios.  Lo cual significaba que dichas leyes no se les aplicaban o por lo menos se les exigían de un modo moderado.

 Por otro lado, dada la lejanía de la Corona y la diferencia importante en las situaciones de los nuevos territorios, no era raro que las leyes qué se promulgaban para España fueran de difícil aplicación para las colonias.  Para lo cual se creó una frase con la que se evitaba el cumplimiento de la ley.  Cuando llegaba la orden de promulgar una nueva ley, a veces se decía: “Acátese, pero no se cumpla”. Se recibía la nueva ley, se daba a conocer, se hacía la ceremonia correspondiente, cumplido lo cual se decía la famosa frase, con la cual aquel ordenamiento quedaba pospuesto indefinidamente. Algo que seguimos viendo en la actualidad: leyes que se promulgan,  se publican en el Diario Oficial, se dan a conocer en los medios y después son olvidadas por diversas razones. Y este modo de actuar se ha mantenido hasta nuestros días.

Para muchos, quien tiene el suficiente ingenio para burlar la Ley, se le llama “abusado”. Un mexicanismo muy peculiar: en otros modos de hablar el castellano un abusado es quien ha sufrido el abuso. En nuestro medio, el “abusado” es alguien listo, inteligente, que logra salirse con la suya, muchas veces pasando por encima de las leyes.  Si podemos evadir las leyes, quiere decir que somos mejores que los demás, o somos más inteligentes o disfrutamos de algún tipo de privilegio. Y muchas veces el “abusado” es admirado por los demás.

Cuando vemos a una parte importante de la clase política pasando por encima de las leyes, nos encontramos con que su oposición los acusa de estar infringiendo la Ley, con el ingenuo criterio de qué basta con demostrar que ha habido una transgresión, para que la ciudadanía rechace a quién no ha cumplido la Ley y ha fallado a su protesta reglamentaria de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Es claro que no están tomando en cuenta que, para muchísimos de los mexicanos, las leyes son una entelequia, algo que no quiere decir nada en su vida diaria, que les fue impuesto sin consultar y que muchas veces no tiene que ver con sus necesidades.  Dado nuestro peculiar modo de ver el cumplimiento de las leyes, no nos preocupa mayormente darnos cuenta de que hay quienes no las cumplan.  Más aún, hay algo de admiración por el “listo”, el “abusado”, que ha encontrado el modo de evitar esa imposición.  De modo que el argumento no convence.

Es necesario que emprendamos un proceso, probablemente bastante largo, de discusión pública. No se trata nada más de discutir las leyes: se trata de discutir el concepto mismo de la existencia de estas, los criterios para su promulgación, hacer el esfuerzo por lograr que la ciudadanía considere que las leyes reflejen sus necesidades y las acepten de una manera casi unánime.  Claramente de nada sirve seguir creando nuevas leyes mientras no se resuelva este tema fundamental. No podemos seguir aceptando el dicho de que “no me vengan con que la ley es la ley”, el cual refleja con toda claridad un modo de ser de una parte importante y posiblemente mayoritaria de la ciudadanía.

 Necesitamos desarrollar un consenso ciudadano en este tema. Lograr que faltar a la Ley, nos ofenda a todos. Convencernos de que no hay que atrevernos a buscar las maneras de evitar su cumplimiento. Necesitamos desarrollar, en nuestra cultura, un cambio en nuestra jerarquía de valores, en el cual la Ley tenga un papel más importante del que tiene ahora.

¿Será posible que logremos este tipo de cambio con la presteza que hace falta? ¿Podrá ser que al ver los gravísimos daños que nos está trayendo el incumplimiento cada vez más frecuente de las leyes, nos empuje a buscar que la mayoría de la Sociedad asuma la necesidad de cumplir y hacer cumplir esas reglas, en lo que a cada uno nos toque? Porque si no logramos este cambio, serán en vano los cambios de gobierno,  el desarrollo de nuevas leyes y la inversión de los recursos públicos en una vigilancia cada vez más sofisticada, y por lo mismo más costosa, para que nuestras leyes signifiquen algo.

Antonio Maza Pereda

¿Cómo estamos en Derechos Humanos?

Desde hace bastante tiempo para los gobiernos emanados de la Revolución, la opinión extranjera y en particular la de los organismos internacionales, les ha importado infinitamente más que la opinión de la ciudadanía. La diplomacia de sus gobiernos ha enfocado mucho de sus esfuerzos a evitar la reprobación y las condenaciones por sus actos de gobierno. Hechos tan graves como los de 1968, los de 1970 y la guerra sucia de los setentas, Aguas Blancas o  Acteal, no merecieron observaciones importantes de los organismos internacionales. Por lo cual no es exagerado decir que, muchos modos, esos organismos fueron cómplices de atrocidades muy claras.

En un momento dado, esos gobiernos decidieron establecer comisiones de derechos humanos, en distintos niveles de gobierno. Encabezadas por miembros de la clase política, la percepción de la ciudadanía es que  una buena parte se trata de un espectáculo para el consumo de un público extranjero y, de una manera muy generalizada,   que dichas comisiones les interesan más la protección de los derechos de los criminales que la atención de los derechos de las víctimas. 

Percepción que, a pesar de la mercadotecnia política, sigue estando bastante vigente: basta con ver la reacción que ha tenido la ciudadanía cuando los jueces han dejado en libertad a criminales basándose en aspectos de “debido proceso”.. En este aspecto, la liberación de la ciudadana francesa señalada por secuestrados como miembro de las bandas, fue un mal inicio en este aspecto para el régimen actual.

La fuerza con que ha respondido la actual administración a los señalamientos de los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido inusitada. Se ha llegado hasta  acusar al señor Álvarez Icaza de traición a la patria y de señalar a los organismos internacionales como superficiales en sus afirmaciones. Se dice, por ejemplo, que los hechos que se han señalado de Iguala y Tlatlaya son ciertos, pero de ninguna manera presentan una situación generalizada, es decir, se trata de hechos aislados. Es como si un marido golpeador dijera que no es verdaderamente violento, porque sólo golpea a su mujer cada tres o cuatro años. Eso sí, la manda al hospital cada vez. Pero, dice el, no puede decirse que es una situación generalizada sino que se trata de hechos aislados. Si estuviéramos hablando de ese marido violento, claramente diríamos que una sola situación en que se haya cometido un acto de violencia es suficiente para  intervenir, proteger a la agredida, y poner los medios necesarios para que esta violencia no se repita. Pero al parecer nuestra clase política considera que el hecho de que estas situaciones gravísimas no ocurren cada día, es un argumento suficiente para decir que en México no hay problema de abuso de los derechos humanos.

Y el punto es que solamente estamos hablando de abusos denunciados y documentados que son   llevados a cabo por  las autoridades. Que no son los únicos que transgreden los derechos humanos. Autoridades escolares, familiares, empresarios, "famosos", y en general los  que se sienten con algún nivel de poder y de privilegio, con bastante frecuencia tienen transgresiones mayores o menores de los derechos humanos de otros a los que consideran súbditos, subordinados o meramente inferiores. Un tema que no puede dejarse nada más a la clase política. Un tema para la ciudadanía, un tema que debería ser preocupación de todos.

La clase política nos ha demostrado con hechos que son expertos en el arte de evadir las culpas y que les preocupa más hacer declaraciones tronantes y sonoras, ampliamente difundidas en los medios, que entrar al trabajo más silencioso, menos lucidor pero mucho más efectivo de tomar acciones concretas y específicas para reducir no sólo los casos de alto impacto, sino atender los miles y posiblemente millones de pequeñas agresiones, de pequeños y grandes atentados contra los derechos humanos que ya no se reportan, debido a esa percepción de que las autoridades no van a tomar cartas en el asunto y de que las comisiones e instituciones que nominalmente tutelan nuestros derechos humanos siguen teniendo muy poco interés en defender los derechos humanos de las víctimas.

Yo corrompo, tu corrompes, el corrompe...

Hace años, antes de que la mayoría de mis lectores hubieran nacido, un presidente salió con la ocurrencia de que “la corrupción somos todos”. Por supuesto, la nación se sintió agraviada, hubo toda clase de críticas y, ciertamente la dichosa frase tenía por objeto dejar sentir que no había nada por hacer, porque de alguna manera todos participamos en la corrupción. Seguramente ese presidente recordó que en algún lado había leído la frase: “el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y, en los hechos el tal presidente resultó ser uno de los más corruptos en la historia del siglo pasado.

Independientemente de lo mañoso de la declaración, hay que reconocer que hay algo de verdad en ella. La mayoría hemos dado alguna mordida, pedido algún favor que no era totalmente de acuerdo a los reglamentos, que nos aceleraran un trámite. Y ciertamente, muchos funcionarios públicos piden la célebre mordida de manera rutinaria. Hay un ambiente que propicia la corrupción. Por supuesto, eso lleva a muchos funcionarios a decir que la corrupción es cultural, que viene a ser decir lo mismo: que la corrupción somos todos porqué, aquí sí, la cultura somos todos.

Pero valdría la pena reflexionar: ¿Somos corruptos o somos víctimas de la corrupción? Puesto de otro modo: la falta de un verdadero Estado de Derecho, ¿nos da alguna protección si rechazamos la corrupción?  Si más del 90% de los delitos denunciados quedan impunes, ¿Qué probabilidad hay de que la denuncia de una extorsión por una infracción de tránsito será investigada y debidamente castigada? Muy cercana a cero. Por otro lado, el funcionario menor que se niega a pedir mordida, ¿qué protección tiene si sus superiores le exigen que lo haga? ¿Quién le garantiza que conservará su puesto y no perderá su ingreso si no “le entra”? Claro, sí hay una gran cantidad de ciudadanos que rechazan la mordida y funcionarios que se niegan a pedirla. Y habría que considerarlos como verdaderos héroes civiles. Afortunadamente cada vez hay más, pero no son suficientes.

Todo lo anterior no es para decir que nos crucemos de brazos y nos resignemos a vivir como víctimas de la corrupción. O aceptar que muchos se beneficien de ella. Todo lo contrario. Pero es importante que la ciudadanía tenga claro qué, aunque urgen nuevas leyes, reglamentos y sistemas, nada eso hará mucho bien mientras no tengamos un verdadero Estado de Derecho. Por leyes no paramos. De lo que padecemos es de la falta de su aplicación plena e imparcial. Y nuestro Congreso no tiene entre sus prioridades el Sistema Anti-corrupción, de modo que la ciudadanía tiene pocas esperanzas que la corrupción se reduzca pronto.

Bienvenidas nuevas leyes, instituciones, participación ciudadana, nuevos mecanismos de fiscalización. De algo servirán. Pero lo que verdaderamente resolverá de fondo este flagelo de la corrupción es la instauración plena de un verdadero Estado de Derecho. Y no será lo único que resolverá. La paz, el desarrollo económico, la democracia sin apellidos dependen en gran medida de que las leyes sean cumplidas, se erradique la impunidad y se dé el castigo adecuado a quien las infrinjan. No es un asunto menor. Sin esto, nuevas leyes, reformas estructurales y otras muchas buenas intenciones harán muy poco bien.

Pero nos tiene que quedar claro que el Estado de Derecho no ocurrirá solo. No va a llegar como un gracioso don de nuestros gobernantes. No es de esperarse que los que se benefician enormemente de la corrupción de repente vean la luz y reconozcan el daño que hacen. Difícilmente se pondrán límites voluntariamente. La presión no vendrá, como en algunos otros temas, de la opinión internacional. Nos urgen muchos más héroes y heroínas civiles que, con hechos, empujen el establecimiento del Estado de Derecho. Y el modo más efectivo es cumplir cuidadosamente con leyes y reglamentos. Y, por supuesto, levantar nuestra voz para exigir que erradique la corrupción y se establezca el Estado de Derecho. Pero lo que nos da la autoridad moral para reclamar es el hecho de que, yendo contra la corriente, nuestra comodidad y hasta la burla de muchos, nos esforcemos por cumplir puntualmente las leyes y reglamentos a los que estamos sujetos.