Ciudadanización: ¿sí o no?

 Probablemente Usted esté de acuerdo conmigo en que, por regla general, los gobiernos y los partidos políticos son bastante alérgicos a la posibilidad de la ciudadanización. Para ellos, muchas veces, el papel del ciudadano es meramente el de ratificar en las urnas las propuestas de los políticos, pero nada más. Cuando los ciudadanos se organizan y tratan de actuar ante funciones que se les han asignado a los gobiernos, su reacción suele ser bastante negativa. Y no importa cuál sea la tendencia ideológica de las facciones políticas en el poder.

El tema de la ciudadanización de las elecciones federales, estatales y locales estuvo en el fondo de las marchas el pasado 13 de noviembre. Pero claramente no es un caso único.   Recientemente me ha tocado presenciar varios conversatorios sobre un tema que actualmente no está en la agenda pública: la ciudadanización del servicio de agua para uso humano. Pero ese no es más que un ejemplo: con cierta facilidad se podrían presentar casos similares.

En ese asunto, prácticamente en todas las ciudades, pueblos y comunidades del país, el servicio de proporcionar agua suficiente y con la adecuada calidad sanitaria, está en manos del gobierno en sus distintos niveles. Además de que está considerado como un derecho humano fundamental en nuestra Constitución. También es un hecho que esos gobiernos han fracasado estrepitosamente: es extraordinariamente difícil encontrar ciudades donde no haya escasez de agua y que tenga una calidad tal que pueda ser consumida directamente tomándola de la red pública. Generalmente hay zonas en la mayoría de las ciudades donde se tiene que repartir el agua mediante pipas y que, para poder tener agua con la calidad sanitaria necesaria, hay que adquirir garrafones o comprarla embotellada.

En ese conversatorio se estaban contando las vicisitudes que sufre la población en una ciudad mediana en el sur del país, comentando entre otras cosas los esfuerzos de un grupo ciudadano que, en una colonia, han estado tratando de exigir al gobierno que rinda cuentas a la ciudadanía sobre el modo como cumple este derecho humano. La reacción de ese gobierno ha ido desde ignorar al grupo de ciudadanos, hasta el intento de privar de la libertad a los dirigentes del grupo, a quiénes en algún momento, empresarios que se están beneficiando con la situación de la escasez del agua, trataron de cooptarlos sin éxito.

Un argumento para no cumplirle a la ciudadanía es que no hay presupuesto. Por otro lado, nadie está considerando el costo humano en términos de salud, de tiempo productivo desperdiciado en el acarreo del agua y el costo directo de pagar a quienes la entregan en pipas, garrafones, agua y refrescos embotellados. Un costo que muy probablemente, sobre todo pensando en el largo plazo, sobrepasa por mucho el costo de las inversiones que requeriría poner remedio a esta situación. Y esto es lo que ocurre en una ciudad mediana, con un nivel de cultura superior al promedio del país, además de tener una tradición de organizarse para exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones. Esta situación, evidentemente, es mucho peor en las comunidades rurales muy pequeñas.

Buena parte del tema viene de considerar que el ciudadano no tiene derecho de exigir a los gobiernos que cumplan sus obligaciones. Más aún: quitando las definiciones legales, muchas veces ni siquiera se tiene muy claro quién verdaderamente se le debe considerar ciudadano y quién no. En muchas ocasiones los gobiernos consideran a estos esfuerzos por ciudadanizar actividades que deberían llevar a cabo el sector público, como intentos de privatización. Palabra que es tabú para la mayoría de las administraciones de izquierda. Para ellos, es mucho mejor hablar de actividades sociales, que muchas veces son llevadas a cabo por grupos políticos, asociaciones sindicales y otros similares. Otra manera de denominar a algunas iniciativas para que sean aceptables para los gobiernos es calificarlas de populares. Lo cual muchas veces significa que sólo los grupos con tendencia izquierdista se les pueden llamar legítimamente -dicen ellos- populares. El ciudadano que no pertenezca a ese tipo de asociaciones o que no siga esa tendencia política, no se le considera parte del pueblo. Aunque sea de escasos recursos. Y, por supuesto, serán sujetos a toda clase de insultos para tratar de desacreditarlos. Como los epítetos de fifís, clasistas, conservadores o similares que se usan en nuestro medio. O el de gusanos, que aplicaba Fidel Castro a todos aquellos qué opinan diferente de su partido.

Claramente, también hay maneras aparentemente legales de limitar a capas importantes de la población quitándoles el derecho a ser considerados ciudadanos. Como ocurría en la Grecia antigua y en Roma, donde los esclavos y las mujeres no eran considerados ciudadanos. Como ocurrió a los negros en los Estados Unidos hasta el siglo XIX y en Sudáfrica hasta el siglo XX, y como sigue ocurriendo en la práctica en muchos países donde se limitan sus derechos ciudadanos a las mujeres. O en algunos países donde se les niega el derecho al voto a quienes no tienen capacidad de leer y escribir o no pagan impuestos. El caso extremo era en la URSS o como ocurre en Cuba, donde solo los miembros del Partido Comunista tienen derecho al voto. También hay maneras de limitar a los ciudadanos que a veces no están en las leyes, pero más frecuentemente están en las costumbres. Como ocurre con las etnias indígenas.

Hoy el gran tema es el Instituto Nacional Electoral, (INE). Dentro de la propuesta de esta administración puede haber cosas debatibles, pero el fondo es quitar el carácter ciudadano a este Instituto, asignándole sus funciones a los gobiernos en los distintos niveles, cómo lo tuvimos por muchas décadas en el siglo XIX, y la mayoría del tiempo en el siglo XX. Pero es importante encontrar en qué otras áreas los gobiernos han asumido indebidamente papeles que deberían ser asignados a los ciudadanos. Lo cual no es simple: el gran problema es lograr que la ciudadanía esté dispuesta a asumir nuevos papeles, nuevas responsabilidades.

Y, por supuesto, los gobiernos se defenderán con uñas y dientes para evitar que se les quiten las actividades que les permiten lucirse como benefactores de la población y que, a la vez, les reduzcan las palancas que les sirven para presionar a la ciudadanía.

Antonio Maza Pereda

Constitución CDMX: gran desconfianza

Ya se ha  hablado en muchos medios y de muchas maneras sobre los eventos con los que  se pretende modificar el estado constitucional de la Ciudad de México. A espaldas de la sociedad se eligió un grupo de autonombrados “notables”  para redactar un proyecto de constitución, excluyendo a todos los que podrían haber opinado y que no son de izquierda e incluso a algunos izquierdistas. Ahora que se empiezan a ver algunos temas en público, empieza a haber rechazos y se pretende festinar la aprobación mediante un plazo fatal: emitir la nueva constitución el 5 de febrero de 2017 para que coincida con el centenario de la Constitución del 1917. Aunque no se haya logrado un pleno acuerdo, aunque tenga puntos dudosos o sin que haya acuerdo. El plazo, al parecer, es lo que importa a estos “notables”. Y para asegurar su aprobación con mínimas discrepancias, crearon  un comité redactor absolutamente faccioso.

Ahora viene el Congreso Constituyente que solo en parte emana de una elección y otra parte fue asignado a partidos políticos, al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad. Otra vez, dando el poder, al menos en parte,  a grupos que operan a espaldas de la ciudadanía.

En esta semana, en unos días se discutirá la Carta de Derechos. Los autonombrados “notables” esperan enmendarle la plana a las declaraciones en este tema a las Naciones Unidas con derechos novedosos (como el derecho a la satisfacción sexual y a colapsar la Ciudad) y haciendo a un lado los derechos a la propiedad privada, al libre tránsito, al libre emprendimiento, por poner algunos. Completamente ausentes están los deberes correlativos de la ciudadanía y las obligaciones del Gobierno de la Ciudad.

Y, por supuesto, tras este galimatías está la implantación forzosa de una ideología, con exclusión de toda otra posible opinión. O sea, se está vulnerando por la vía constitucional las opiniones que puedan tener otros grupos y personas. El derecho a la libre opinión y a la difusión de las ideas será coartado en nombre de lo “políticamente correcto”. Evidentemente, no es un tema que haya entusiasmado a la ciudadanía. Los propios habitantes de la CDMX ven al tema como un asunto de la clase política, la que ha demostrado en gran cantidad de ocasiones que ocupa el último lugar en los sondeos de confianza ciudadana.  Y la ciudadanía del resto del país está aún más ajena al asunto. Para el ciudadano normal, las nuevas leyes y constituciones le provocan una enorme desconfianza. Poco bueno podemos esperar de ellas y, dada la inmensa impunidad que padecemos, las sabemos perfectamente inútiles. Además de que, si la historia es alguna guía, sabemos que las constituciones en nuestro país son violadas sistemáticamente y reformadas abundantemente, de manera que ya hemos perdido la cuenta de cuantas veces se ha enmendado la Constitución de 1917.

Todo esto nos podría llevar a tratar el tema como uno de interés local o un tema intrascendente. En realidad, su importancia para el país es otra. El proyecto de Constitución es el modelo que seguiría una parte de la Izquierda si llegan a gobernar el país, cosa que no es imposible.

Bueno, puede que me equivoque. Soy solo un ciudadano que expresa sus opiniones antes de que estos políticos me quiten este y otros derechos. Y sospecho que así creemos muchos ciudadanos. Lo bueno es que no hay que creerme. Hay una solución. Propongo a los “notables” que sometan la Constitución a un referendo. Veamos si la ciudadanía está encantada con esta Constitución o si la rechaza. No necesitamos de largas disquisiciones ni debates. Esto nos daría a todos la certeza de que la Constitución refleja el sentir de la ciudadanía. Aunque no acabemos a tiempo para el centenario de la Constitución de 1917.

Derechos de los gorilas… y de las víctimas

Recientemente tuvimos dos hechos inéditos. La muerte de un gorila en el zoológico de la Ciudad de México que llevó a organizaciones humanitarias a pedir que intervenga alguna de las múltiples comisiones de Derechos Humanos. Rápidamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunció que investigará el caso. Unos cuantos días después, la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana) pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue las omisiones de los gobiernos estatales y federales por no proteger los derechos de la ciudadanía, vulnerados por los bloqueos en varios estados. A la fecha, no hay una respuesta.

El tema podría quedar en anécdota. Aparentemente, importan más los derechos humanos de un gorila que los de la ciudadanía, sobre todo si son comerciantes. Pero el tema tiene mucho más fondo. Estos eventos resaltan una impresión que la ciudadanía tiene: de que los derechos humanos son para los acusados de crímenes, no para las víctimas… a menos que usted sea gorila.

En estos aspectos se ha hablado de dos bandos: los “garantistas” y los “victimistas”. Los primeros, se concentran en defender el derecho de los acusados en juicio a tener un “debido proceso”, de tal manera que parecería no importarles los derechos de las víctimas. Los “victimistas”, sin negar el derecho a un proceso justo, dicen que no se hace suficiente por los derechos de las víctimas y que estos deberían ser prioritarios. Queda claro, creo yo, que es un tema pésimamente comunicado a la ciudadanía y que debe ser discutido a fondo, con razones y no con declaraciones.

Algo parecido ocurre con los diversos Centros de Derechos humanos que existen en el país, algunos tan famosos que hasta han sido llamados al “grupo de notables” que está creando la Constitución de la CDMX. Estos centros se preocupan de muchos casos de violaciones de los derechos humanos. Pero de un modo  que se percibe selectivo: si el ofendido es un “luchador social”, todos esos centros harán todo lo que está en sus manos para apoyar sus derechos. Pero si no es así, usted no merece su atención. Dos ejemplos: en el asesinato hace algunos días de un periodista por filmar bloqueos y vandalismo en el sur del país, esos Centros se quedaron mudos. Y hace un poco más, cuando un empleado de una gasolinera fue quemado vivo por el vandalismo de unos “luchadores sociales”, estos centros no dijeron ni una palabra. Su preocupación por la “justicia y paz” es claramente selectiva.

Parece que en este país, si usted desea que los distintos organismos de Derechos Humanos, oficiales y no gubernamentales, se ocupen de defenderlo, usted tiene que ser acusado de algún crimen. Y si además es luchador social, mejor. Y,  claro, si puede ser gorila mucho mejor.

Pero si usted es, por ejemplo, comerciante y el gobierno no defiende sus derechos, nadie le va a hacer  caso. En los últimos bloqueos que duraron por meses en el Monumento a la Revolución, los comerciantes pidieron al Gobierno que les compensaran sus pérdidas que, colectivamente, eran millonarias. Después de todo, el gobierno decidió mandar a los bloqueadores a ese lugar. La “solución” que dio el gobernador del entonces Distrito Federal a las víctimas fue de ofrecerles financiamientos baratos para que “repusieran” los daños. Evidentemente su doctorado en derecho no le sirvió para entender que los financiamientos, por baratos que sean, finalmente se tienen que pagar. O sea que de ninguna manera se ofreció una compensación de los daños sufridos.

Y no hablemos de los asaltados, secuestrados, violados, asesinados y otros muchos tipos de víctimas. No vaya usted a creer que las distintas instancias de derechos humanos lo van a apoyar o defender o a que se le compensen sus daños. Seguramente defenderán a sus presuntos agresores. A menos que usted sea un “luchador social”. O, en su caso, gorila.

En este tema se ha perdido el equilibrio. Qué bueno que se defienda el debido proceso. Qué bueno que se evite la fabricación de culpables, como a veces sigue ocurriendo. Pero no se trata de escoger. Defender a los acusados no debe ocurrir en detrimento de las víctimas. Y todas las victimas deberían tener la misma atención, no solo los que concuerdan con ciertas tendencias ideológicas.

¿Cómo estamos en Derechos Humanos?

Desde hace bastante tiempo para los gobiernos emanados de la Revolución, la opinión extranjera y en particular la de los organismos internacionales, les ha importado infinitamente más que la opinión de la ciudadanía. La diplomacia de sus gobiernos ha enfocado mucho de sus esfuerzos a evitar la reprobación y las condenaciones por sus actos de gobierno. Hechos tan graves como los de 1968, los de 1970 y la guerra sucia de los setentas, Aguas Blancas o  Acteal, no merecieron observaciones importantes de los organismos internacionales. Por lo cual no es exagerado decir que, muchos modos, esos organismos fueron cómplices de atrocidades muy claras.

En un momento dado, esos gobiernos decidieron establecer comisiones de derechos humanos, en distintos niveles de gobierno. Encabezadas por miembros de la clase política, la percepción de la ciudadanía es que  una buena parte se trata de un espectáculo para el consumo de un público extranjero y, de una manera muy generalizada,   que dichas comisiones les interesan más la protección de los derechos de los criminales que la atención de los derechos de las víctimas. 

Percepción que, a pesar de la mercadotecnia política, sigue estando bastante vigente: basta con ver la reacción que ha tenido la ciudadanía cuando los jueces han dejado en libertad a criminales basándose en aspectos de “debido proceso”.. En este aspecto, la liberación de la ciudadana francesa señalada por secuestrados como miembro de las bandas, fue un mal inicio en este aspecto para el régimen actual.

La fuerza con que ha respondido la actual administración a los señalamientos de los organismos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha sido inusitada. Se ha llegado hasta  acusar al señor Álvarez Icaza de traición a la patria y de señalar a los organismos internacionales como superficiales en sus afirmaciones. Se dice, por ejemplo, que los hechos que se han señalado de Iguala y Tlatlaya son ciertos, pero de ninguna manera presentan una situación generalizada, es decir, se trata de hechos aislados. Es como si un marido golpeador dijera que no es verdaderamente violento, porque sólo golpea a su mujer cada tres o cuatro años. Eso sí, la manda al hospital cada vez. Pero, dice el, no puede decirse que es una situación generalizada sino que se trata de hechos aislados. Si estuviéramos hablando de ese marido violento, claramente diríamos que una sola situación en que se haya cometido un acto de violencia es suficiente para  intervenir, proteger a la agredida, y poner los medios necesarios para que esta violencia no se repita. Pero al parecer nuestra clase política considera que el hecho de que estas situaciones gravísimas no ocurren cada día, es un argumento suficiente para decir que en México no hay problema de abuso de los derechos humanos.

Y el punto es que solamente estamos hablando de abusos denunciados y documentados que son   llevados a cabo por  las autoridades. Que no son los únicos que transgreden los derechos humanos. Autoridades escolares, familiares, empresarios, "famosos", y en general los  que se sienten con algún nivel de poder y de privilegio, con bastante frecuencia tienen transgresiones mayores o menores de los derechos humanos de otros a los que consideran súbditos, subordinados o meramente inferiores. Un tema que no puede dejarse nada más a la clase política. Un tema para la ciudadanía, un tema que debería ser preocupación de todos.

La clase política nos ha demostrado con hechos que son expertos en el arte de evadir las culpas y que les preocupa más hacer declaraciones tronantes y sonoras, ampliamente difundidas en los medios, que entrar al trabajo más silencioso, menos lucidor pero mucho más efectivo de tomar acciones concretas y específicas para reducir no sólo los casos de alto impacto, sino atender los miles y posiblemente millones de pequeñas agresiones, de pequeños y grandes atentados contra los derechos humanos que ya no se reportan, debido a esa percepción de que las autoridades no van a tomar cartas en el asunto y de que las comisiones e instituciones que nominalmente tutelan nuestros derechos humanos siguen teniendo muy poco interés en defender los derechos humanos de las víctimas.