¿Porqué Cuenta Larga?

¿Porqué cuenta Larga? Los mayas tuvieron dos maneras de llevar el calendario: la cuenta corta (el año o tun) y la cuenta larga, de 144,000 días, el baktun, equivalente a 395 años y medio, aproximadamente.

Las organizaciones deberían tomar en cuenta esta filosofía. Hay decisiones de corto plazo (Cuenta Corta) y de largo plazo (Cuenta Larga). Este blog está orientado a las situaciones de largo plazo y su influencia en las organizaciones

lunes, 16 de noviembre de 2026

¿Qué ganamos con la formalidad?

Nuestro país no es precisamente un modelo de formalidad. Muchas empresas y muchos trabajadores operan fuera de los registros fiscales o de la seguridad social. El gobierno quiere, y necesita, ampliar la formalidad para recaudar mejor, distribuir más equitativamente las obligaciones fiscales y contar con recursos suficientes para atender las necesidades de la población. Pero muchos ciudadanos se resisten a formalizarse y otros, aun estando registrados, buscan maneras de pagar menos impuestos de los que les corresponden. Y no es algo que se dé solo en las clases populares: también ocurre entre profesionales y empresarios. ¿Es posible lograr lo que pretende el gobierno? Primero hay que reconocer que la informalidad no es solamente un problema fiscal. Es también parte de una dificultad más amplia: nuestra débil cultura de legalidad y la desconfianza entre ciudadanos y autoridades. Cuando las leyes se incumplen, las irregularidades no se denuncian y las sanciones no llegan, se genera un círculo vicioso. La impunidad desalienta el cumplimiento y quienes sí respetan las reglas terminan preguntándose por qué deben seguir haciéndolo. No todos permanecen en la informalidad por las mismas razones. Para algunos, cumplir las obligaciones legales resulta costoso o complicado. Otros encuentran ventajas en evitar impuestos y regulaciones. Por eso necesitamos comprender las distintas causas, en lugar de tratar a todos los informales como evasores deliberados. Hay además un obstáculo político. La formalización puede provocar rechazo cuando significa nuevas obligaciones sin beneficios visibles. Pocos dirigentes parecen dispuestos a encabezar una discusión que podría resultarles electoralmente costosa. Pero el problema no desaparecerá por evitarlo, y tarde o temprano tendremos que enfrentarlo. Y más vale que sea pronto. La pregunta fundamental es otra: ¿qué ventajas se pueden ofrecer al ciudadano para que le convenga abandonar la informalidad? ¿La satisfacción del deber cumplido, un poco a lo kantiano? No parece suficiente, particularmente cuando existe tanta desconfianza hacia la clase política. Muchos podrían responder: ¿quieren que entreguemos más dinero al gobierno para que se pierda en corrupción o se gaste en obras que no nos benefician? México recauda una proporción de su producto interno bruto considerablemente menor que la mayoría de los países de la OCDE. Al mismo tiempo, aspiramos a disponer de servicios públicos comparables con los de países que recaudan mucho más. Esa contradicción no puede resolverse indefinidamente mediante endeudamiento. Los compromisos de gasto público requieren ingresos suficientes y sostenibles, pero una reforma fiscal amplia tampoco puede improvisarse ni imponerse sin considerar sus consecuencias. Se han intentado distintas respuestas. Una consiste en endurecer las sanciones y hacer públicos los castigos a los evasores. Usar el miedo. Otra es reducir el uso del efectivo y promover medios de pago que permitan supervisar más fácilmente las operaciones económicas. Ambas pueden contribuir a combatir la evasión, pero tienen límites. Además, una fiscalización creciente y el uso de medios de pago cada vez más supervisables pueden reforzar entre los ciudadanos la sensación de que el gobierno los vigila cada vez más. Cuando ya existe desconfianza, esa percepción puede agravarla. No se trata de renunciar a la fiscalización, sino de reconocer que tampoco por ese camino se construye, por sí sola, la confianza. Necesitamos otras propuestas. Formalizarse debería significar algo más que pagar impuestos y cumplir trámites: acceso efectivo a servicios, seguridad social, financiamiento, protección jurídica y reglas que se apliquen por igual. Desde luego, esos beneficios tienen costos y no pueden prometerse sin explicar cómo se financiarán. Pero tampoco podemos esperar que la formalidad resulte atractiva si los ciudadanos perciben obligaciones crecientes, beneficios insuficientes y ninguna oportunidad de participar en las decisiones que los afectan. La confianza no se puede crear por decreto. Tampoco basta con pedir una mayor conciencia cívica. El gobierno debe demostrar que utiliza correctamente los recursos y cumple sus obligaciones, mientras los ciudadanos necesitamos reconocer las nuestras. No es una tarea sencilla. Requiere cambios que probablemente tomarán una generación o más y que no pueden depender de los intereses electorales de cada sexenio. Por eso necesitamos un debate nacional, apoyado en investigaciones imparciales y abierto a quienes viven las consecuencias de la informalidad. No para producir otra declaración de buenas intenciones, sino para identificar obstáculos y proponer soluciones verificables. Hay medidas que pueden comenzar desde ahora, como ampliar la vigilancia ciudadana sobre el gasto público mediante observatorios independientes y mecanismos de auditoría social. La ciudadanía sin partido tiene aquí una responsabilidad particular. Aunque carezca de los recursos y la organización de los grandes actores políticos, puede exigir información, impulsar el debate y vigilar el cumplimiento de los compromisos. No necesitamos esperar a que todos los dirigentes se pongan de acuerdo para empezar. La formalidad no se conseguirá solamente obligando a cumplir la ley. Necesitamos reconstruir la confianza entre ciudadanos y gobierno, con obligaciones recíprocas y resultados visibles. Es un esfuerzo de largo plazo, pero indispensable si queremos un Estado capaz de cumplir sus responsabilidades y una sociedad dispuesta a asumir las suyas. ¿Quién tomará la iniciativa?

viernes, 6 de noviembre de 2026

¿Cambio profundo en Estados Unidos?

Aunque se esperaba un revés para el gobierno de Donald Trump en las elecciones de medio término, los resultados han sido sorprendentes. El llamado tsunami azul ha dado a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero y victorias en varios estados que parecían firmemente republicanos. No es una derrota menor: modifica el equilibrio del poder político estadounidense y plantea preguntas sobre el futuro del movimiento MAGA. Los resultados han causado júbilo entre las izquierdas, particularmente en América Latina y España. Algunos sectores que se autodenominan progresistas los interpretan como el principio del declive de los gobiernos de derecha, también en varias naciones europeas. Su razonamiento es sencillo: debilitado Trump, las derechas perderán uno de sus principales apoyos políticos, financieros y geopolíticos. Lo ocurrido en Estados Unidos anunciaría un cambio internacional mucho más profundo, dicen. ¿Está verdaderamente fundado ese júbilo? Para responder, conviene distinguir los resultados electorales de sus causas. Una interpretación favorable a los demócratas es que los estadounidenses finalmente han abierto los ojos y rechazado el proyecto político de Trump. Pero esa explicación deja demasiadas preguntas sin respuesta. Entre otras, por qué tantos ciudadanos apoyaron a Trump hace apenas dos años y por qué, en otros países, han llevado al poder a figuras como Keiko Fujimori en Perú, Javier Milei en Argentina o Abelardo de la Espriella en Colombia. Hay una diferencia fundamental: en Estados Unidos no necesariamente ganaron las propuestas demócratas; perdió el Partido Republicano. Los ciudadanos pueden castigar a quienes gobiernan sin haber aceptado las ideas de sus adversarios. Pueden estar hartos de la inflación, del costo de vida o de la manera de ejercer el poder, sin que eso signifique una conversión ideológica. Confundir el voto de castigo con un mandato para transformar el país es una tentación frecuente de los vencedores. Tampoco deberíamos olvidar que una parte importante de la ciudadanía estadounidense continúa apoyando a Trump. El movimiento MAGA no desapareció con esta elección. Conserva millones de simpatizantes, posiciones de poder e influencia dentro del Partido Republicano. Su capacidad de actuación será menor, pero de ninguna manera estará anulada. Sería tan equivocado dar por muerto al trumpismo como lo fue subestimar su fuerza cuando Trump regresó a la presidencia. Por lo mismo, tampoco es razonable suponer que esta derrota llevará al gobierno estadounidense a suavizar su actuación frente a México. Podría ocurrir exactamente lo contrario. Trump y sus partidarios necesitarán recuperar terreno antes de las elecciones presidenciales de 2028. Buscarán victorias que puedan presentar ante sus electores y, dentro de los límites que establezcan el Congreso y las instituciones estadounidenses, podrían endurecer sus posiciones en comercio, migración y seguridad, particularmente en el hemisferio occidental, donde persiste una visión de predominio estadounidense que no nació con Trump ni desaparecerá con él. Hay otra cuestión: ¿qué proponen los vencedores para resolver los grandes problemas de su país? Los demócratas han planteado medidas para reducir los costos de la atención médica, modificar la política arancelaria y aliviar las presiones económicas sobre las familias. Pero otra cosa es construir un proyecto capaz de enfrentar los problemas estructurales de Estados Unidos. Ahí están las comunidades que llevan generaciones padeciendo la pérdida de empleos; una economía que necesita trabajadores de bajo costo mientras endurece su política migratoria; el endeudamiento que acompaña a millones de personas durante casi toda su vida; los costos prohibitivos de la educación superior; el invierno demográfico y el creciente costo de la salud para una población que envejece. Son problemas que no se resolverán simplemente cambiando las mayorías en el Congreso. Lo que todavía no se distingue con claridad es una propuesta integral para enfrentarlos. Y esa es la pregunta que deberían hacerse quienes celebran el tsunami azul: ¿ganaron porque convencieron a la ciudadanía de que tienen mejores soluciones o porque los republicanos acumularon suficientes errores para perder? No se trata de restar importancia al resultado electoral. Una derrota de esta magnitud puede limitar el poder del Ejecutivo y abrir espacios para propuestas diferentes. Pero también puede producir una peligrosa complacencia entre los vencedores: creer que haber derrotado al adversario demuestra, por sí mismo, que tienen razón. Y los demócratas no están solos en ese problema. En estas páginas he comentado repetidamente el ayuno de propuestas al que nos tienen sometidos las fuerzas políticas. En demasiados países, los políticos son extraordinariamente hábiles para denunciar errores ajenos y notablemente incapaces de ofrecer soluciones propias. La oposición promete que todo mejorará cuando llegue al poder. El gobierno atribuye sus fracasos a quienes gobernaron antes. Unos y otros encuentran explicaciones para sus derrotas, pero pocas veces reconocen las razones que llevaron a tantos ciudadanos a votar por sus adversarios. Sí, necesitamos un cambio. Pero no basta con cambiar de partido, de gobernantes o de posturas ideológicas. Tampoco funciona seguir interpretando los problemas de las naciones en términos de izquierda o derecha, como si esas dos categorías fueran suficientes para entender una realidad cada vez más compleja. El daltonismo de los políticos les impide reconocer que el mundo es multicolor. Ven únicamente los colores de sus partidos y, desde esa limitación, pretenden explicar problemas que exigen muchas más perspectivas, conocimientos y soluciones. Por eso, el cambio profundo no dependerá solamente de quién gane las próximas elecciones, sino de que los ciudadanos sin partido abandonen el papel de espectadores, participen en la construcción de propuestas y exijan a quienes buscan gobernar algo más que la derrota de sus adversarios. Porque derrotar a un gobierno no es lo mismo que tener un proyecto para gobernar mejor.

viernes, 30 de octubre de 2026

¿Quién se ocupa de la empresa en pequeño?

A los empresarios mexicanos se les pide constantemente que creen empleos. Pero ¿qué propuestas ofrece la clase política para que puedan hacerlo, especialmente cuando se trata de las micro y pequeñas empresas? Se les exhorta a invertir y crecer, sin prestar suficiente atención a los obstáculos que enfrentan para sobrevivir y aumentar su productividad. No estamos hablando de un sector marginal. Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, las micro, pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 99% de los establecimientos y emplean a más del 70% del personal ocupado en ellos. Es cierto que estas cifras incluyen actividades de autoempleo, pero eso no disminuye su importancia económica y social. Las empresas en pequeño son capaces de generar puestos de trabajo con inversiones relativamente modestas, aunque también enfrentan una elevada mortalidad y grandes dificultades para consolidarse. A pesar de su número, tienen poca influencia en las decisiones económicas. El pequeño empresario debe ocuparse personalmente de vender, producir, cobrar y administrar. Difícilmente puede dedicar tiempo a las cámaras empresariales o a gestionar apoyos gubernamentales. Por eso, las organizaciones empresariales generalmente están dirigidas por empresarios medianos o representantes de empresas mayores. Quienes constituyen la inmensa mayoría de los negocios tienen escasa representación en las decisiones que los afectan. El financiamiento es un buen ejemplo. Nacional Financiera y la banca comercial ofrecen programas para las llamadas Mipymes, agrupando bajo una misma denominación a empresas de tamaños muy diferentes. Pero una empresa mediana puede disponer de personal administrativo, estados financieros, garantías e historial crediticio. Muchas micro y pequeñas empresas no reúnen esos requisitos. Así, los programas anunciados para las Mipymes pueden terminar siendo mucho más accesibles para las medianas. No basta con etiquetar recursos; hay que comprobar a quiénes llegan realmente. A esto se suma su vulnerabilidad frente a la extorsión, los robos y los clientes morosos. Para una empresa pequeña, llevar a juicio a quien no paga puede resultar más costoso que aceptar la pérdida. Tampoco dispone siempre de los conocimientos técnicos, administrativos y comerciales necesarios, ni de recursos para contratar especialistas. Exigirle productividad sin facilitarle herramientas para mejorarla es dejarla sola frente a problemas que difícilmente puede resolver. ¿Qué podría hacerse? Hay experiencias internacionales que ofrecen caminos interesantes. Una es la automatización de bajo costo, utilizada en la modernización de pequeñas empresas asiáticas, particularmente en Taiwán. No requiere necesariamente grandes inversiones: mejoras sencillas en equipos y procesos pueden aumentar considerablemente la productividad. Otra medida sería establecer créditos verdaderamente accesibles para micro y pequeñas empresas, apoyados en fondos de garantía y vinculados a proyectos viables, evaluados por consultores y académicos a costos reducidos. Los estudios de preinversión suelen representar un gasto importante y, cuando el proyecto resulta inviable, el empresario pierde lo invertido en estudiarlo. El acompañamiento técnico permitiría reducir esos riesgos y mejorar el uso del financiamiento. También es necesario superar los problemas de escala. En Italia, los consorcios de pequeñas empresas les han permitido competir en mercados internacionales mediante compras conjuntas, servicios compartidos y mecanismos colectivos de comercialización. Asociarse no significa perder independencia, sino adquirir capacidades que individualmente serían inalcanzables. La capacitación y la consultoría especializada son igualmente importantes. Podrían ofrecerse mediante esquemas de apoyo gradual: asesoría inicialmente gratuita o subsidiada, cuyo costo fuera asumiendo el empresario conforme mejorara su productividad. No se trata de impartir cursos generales, sino de resolver problemas concretos de costos, inventarios, producción, administración y comercialización. Una buena asesoría debería generar beneficios suficientes para justificar su costo. Estas propuestas no sustituyen la obligación gubernamental de garantizar seguridad, justicia y condiciones favorables para invertir. Tampoco buscan crear empresas dependientes de subsidios permanentes. Se trata de proporcionar herramientas para que puedan sostenerse, crecer y competir con sus propios recursos. Lo preocupante es que las necesidades de la empresa en pequeño rara vez ocupan un lugar central en las propuestas de la clase política. Se habla de grandes inversiones, coinversiones público-privadas y creación de empleos, mientras los apoyos existentes no siempre están diseñados para quienes enfrentan mayores dificultades. Hay organizaciones empresariales que ofrecen capacitación y asistencia técnica, principalmente vinculadas a cadenas de proveedores. Son esfuerzos valiosos, pero su alcance es limitado frente a millones de micro y pequeñas empresas que necesitan apoyo. Sin embargo, no todas las soluciones tienen que venir del gobierno. Las universidades, las organizaciones empresariales y la ciudadanía pueden crear redes de capacitación y asistencia técnica. Un recurso poco aprovechado es la experiencia de profesionales y empresarios jubilados, particularmente quienes han trabajado en empresas pequeñas. Pero estos apoyos deben diseñarse escuchando a sus destinatarios. La buena voluntad de técnicos y académicos no garantiza que sus propuestas respondan a las necesidades reales del pequeño empresario. Por razones prácticas, pero también por respeto, hay que escucharlo. Las soluciones que funcionan en empresas medianas y grandes no siempre son aplicables a las más pequeñas. Seguramente en las próximas campañas electorales volveremos a escuchar exhortaciones para crear empleos. Corresponde a la ciudadanía exigir propuestas concretas, pero también desarrollar iniciativas propias para apoyar a estos empresarios. No podemos seguir exigiendo a las pequeñas empresas que creen empleos mientras las dejamos solas frente a los obstáculos que les impiden crecer. Amigos y amigas empresarios en pequeño: aunque a veces no se note, los necesitamos mucho.

viernes, 23 de octubre de 2026

La vejez que no estamos preparando

Estamos entrando en una etapa electoral que, al menos, tiene un lado útil: abre espacios para reflexionar sobre por quién votar, qué temas deberían debatirse, qué propuestas vale la pena explorar y quién puede ofrecer resultados creíbles. Nos enfrentamos, sin embargo, a una gran desconfianza hacia la clase política. A eso se suman el desconocimiento de muchos asuntos públicos y, hay que reconocerlo, el desinterés de una parte importante de los votantes. Todo ello dificulta aprovechar la oportunidad de mejorar la calidad de nuestro voto. Uno de esos temas es la atención a los ancianos. La pensión para adultos mayores es, sin duda, uno de los programas más visibles de la 4T. Su necesidad difícilmente puede discutirse. La pregunta es otra: ¿es suficiente? No lo es. El apoyo económico resuelve una parte del problema, pero está orientado principalmente a lo asistencial. No responde por sí solo a necesidades de salud, vivienda, cuidados, ahorro, protección frente a la dependencia o posibilidades de continuar activos. Tampoco resuelve la pregunta de cómo financiar todo eso en el largo plazo. El asunto se vuelve más importante porque México está envejeciendo. La fecundidad ya se encuentra por debajo del nivel de reemplazo generacional y, con el paso de los años, habrá una proporción mayor de personas de edad avanzada frente a la población económicamente activa. Esto no significa que el sistema esté condenado al fracaso, pero sí que mantenerlo sin cambios será cada vez más difícil. A ello se suma la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores mexicanos están fuera de esquemas laborales formales. Eso significa menos aportaciones a la seguridad social, pensiones insuficientes o inexistentes y una presión creciente sobre los recursos públicos. Por eso el problema no puede resolverse solamente aumentando periódicamente una transferencia económica. A corto plazo, el apoyo asistencial es necesario. Para millones de personas no existe hoy una alternativa mejor. Pretender eliminarlo sería ignorar una realidad evidente. A mediano plazo se necesita una reforma fiscal seria y una rendición de cuentas igualmente seria. No se trata solamente de recaudar más: hay que saber de dónde vendrán los recursos, en qué se gastarán y qué resultados producen. A largo plazo, el reto es todavía mayor porque requiere cambios culturales. Uno de ellos está en la salud preventiva. Necesitamos que una cantidad mucho mayor de personas llegue a la edad de retiro en buenas condiciones físicas y mentales. Eso mejora su calidad de vida y reduce la presión económica sobre sus familias y sobre el sistema de salud. Otro cambio es fomentar una cultura de ahorro para el retiro. Vivimos en una sociedad que estimula mucho el consumo y poco el ahorro de largo plazo. Consumir genera actividad económica y empleo, desde luego. El problema está en encontrar un equilibrio: disfrutar el presente sin llegar a la vejez dependiendo exclusivamente de otros. Ese ahorro, además, necesita reglas claras y estabilidad. Quien ahorra durante décadas para su retiro debe tener confianza en que esos recursos cumplirán precisamente ese propósito. Hay otro aspecto del que hablamos todavía menos: la educación permanente. Llegar a cierta edad no debería significar quedar automáticamente fuera de la vida productiva. Muchas personas mayores pueden seguir trabajando, asesorando, enseñando o realizando actividades que complementen sus ingresos y aprovechen la experiencia acumulada durante años. El objetivo debería ser que la asistencia sea una red de protección para quien la necesita, no el único modelo disponible para millones de personas mayores. Eso cambiaría también la manera en que entendemos la vejez: no solamente como una etapa que requiere apoyo, sino como una etapa que todavía puede aportar mucho a la sociedad. Ahora bien, ¿ha escuchado usted debatir seriamente estas propuestas —u otras mejores— entre gobierno y oposición? Poco. La política está demasiado concentrada en el corto plazo. Una transferencia puede anunciarse hoy y producir resultados políticos mañana. En cambio, prevenir enfermedades, fomentar el ahorro, reducir la informalidad o impulsar la educación permanente puede tardar años, incluso una generación, en dar frutos. Ahí está precisamente el problema. Los cambios de largo plazo rara vez producen beneficios electorales inmediatos, pero alguien tiene que comenzarlos. Keynes escribió que, a largo plazo, todos estaremos muertos. La frase se refería a otro problema económico, pero sirve aquí para plantear una paradoja: nosotros quizá no veremos todos los frutos de lo que hagamos hoy. Nuestros hijos y nuestros nietos sí. Atender a los ancianos no puede reducirse a entregarles dinero. Eso es necesario, pero incompleto. Una sociedad que realmente se preocupa por su vejez tiene que comenzar mucho antes de que sus ciudadanos lleguen a ella.

viernes, 9 de octubre de 2026

Economía estancada

Los datos de la economía mexicana en 2025 muestran un crecimiento de apenas 0.8% del Producto Interno Bruto. Si consideramos que la población creció aproximadamente 0.7% durante el mismo periodo, el aumento del producto por habitante fue prácticamente nulo. Una situación preocupante para un país que necesita mejorar las condiciones de vida de su población y ofrecer oportunidades a quienes se incorporan al mercado de trabajo. Pueden citarse distintas explicaciones para este estancamiento. Entre ellas, la escasa generación de empleo formal, el crecimiento de la informalidad y la falta de inversión productiva. Pero no basta con enumerar los problemas. Necesitamos entender por qué los empresarios no encuentran condiciones suficientemente atractivas para ampliar sus inversiones y por qué tantos negocios permanecen en la informalidad. Hace falta un diagnóstico preciso, despolitizado y que genere confianza entre los participantes en la economía. Una tarea que debería incorporar al gobierno, la oposición, los empresarios, los sindicatos, la banca y, particularmente, a quienes operan pequeños negocios, formales e informales, que generan una parte fundamental del empleo en el país. No se trata de repartir culpas ni obtener ventajas políticas, sino de reconocer las causas, asumir responsabilidades y encontrar soluciones. Entre los obstáculos que ese diagnóstico debería examinar está el costo del financiamiento. Para muchas empresas pequeñas, conseguir recursos para crecer resulta demasiado caro. Las tasas de interés que enfrentan suelen ser considerablemente superiores a las disponibles para empresas de mayor tamaño o en economías desarrolladas. No hay muchas oportunidades de inversión capaces de generar rendimientos suficientes para cubrir esos costos y, además, compensar los riesgos que asume el empresario. Parte del problema está en las garantías. Muchos pequeños empresarios no cuentan con propiedades o activos suficientes para respaldar un crédito. Algunos terminan financiando sus negocios mediante tarjetas de crédito, con costos que pueden hacer inviable una inversión productiva. Por otra parte, las instituciones financieras enfrentan dificultades para recuperar préstamos incumplidos. Los procesos de cobranza pueden resultar largos y costosos, especialmente cuando existen deficiencias en la aplicación de la ley. Todo esto termina encareciendo el crédito, incluso para quienes tienen buenos proyectos y cumplen sus compromisos. El problema no afecta solamente a los bancos. También lo enfrenta el empresario cuando sus clientes incumplen sus pagos y recuperar lo que le deben resulta costoso e incierto. El resultado es un círculo difícil de romper: las empresas necesitan financiamiento para crecer, pero las condiciones del crédito impiden que muchas inversiones sean rentables. Sin inversión suficiente, tampoco se genera el empleo formal que el país necesita. Otro obstáculo es la incertidumbre sobre quién asume los riesgos y quién toma las decisiones. Se han propuesto coinversiones públicas y privadas para impulsar distintos sectores, pero estos esquemas necesitan reglas claras. ¿Quién administrará esas empresas? ¿Quién decidirá sobre las inversiones? ¿Cómo se distribuirán los riesgos y los resultados? Si el empresario considera que arriesga su patrimonio sin tener suficiente influencia sobre las decisiones, difícilmente estará dispuesto a participar. Existen alternativas. En el pasado se utilizaron programas de garantías para facilitar el crédito a pequeñas empresas, así como mecanismos para financiar proyectos productivos y la adquisición de instalaciones industriales. Son experiencias que merecen recuperarse como posibles soluciones, adaptándolas a las condiciones actuales y evaluando su viabilidad antes de ponerlas en práctica. Desde luego, cualquier apoyo público debe contar con reglas transparentes y mecanismos para evitar que los riesgos privados terminen convirtiéndose injustificadamente en pérdidas para los contribuyentes. Seguramente hay otras soluciones. Precisamente por eso se necesita reunir la experiencia de empresarios, trabajadores, académicos, instituciones financieras y autoridades. No para producir otro documento lleno de buenas intenciones, sino para identificar obstáculos concretos y acordar medidas que puedan evaluarse. Reducir el costo del crédito, mejorar las garantías, fortalecer el cumplimiento de los contratos y ofrecer mayor certidumbre a quienes invierten son objetivos que pueden traducirse en acciones. No basta con pedir a los empresarios que inviertan: hay que construir condiciones para que valga la pena asumir ese riesgo. No será fácil. Se requiere un cambio de cultura entre empresarios, sindicatos, autoridades y sociedad. Un cambio que no llegará con rapidez y cuyos resultados probablemente no podrán presumirse dentro de un solo sexenio. Por eso necesitamos un acuerdo que trascienda gobiernos y posiciones políticas, con responsabilidades compartidas, metas verificables y continuidad en las decisiones. El estancamiento económico no se resolverá con discursos ni buscando culpables. Necesitamos crear, entre todos, las condiciones para volver a crecer.

viernes, 2 de octubre de 2026

Partidos y elecciones 2027

Una de las comidillas políticas de la semana pasada tuvo que ver con las encuestas utilizadas por MORENA para seleccionar sus candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027. Algo poco habitual en la política mexicana. Históricamente, las dirigencias partidistas han tenido un peso decisivo en la selección de candidatos. Muchas decisiones se toman en lo oscurito y después se informa a los militantes que las autoridades, habiendo escuchado a sus fuerzas vivas, han llegado a una conclusión. Ahora, después de presumir de una democracia interna superior a la de sus adversarios, MORENA enfrenta presiones de sus adherentes, aliados y medios de comunicación. Los resultados permiten intentar una radiografía del balance de fuerzas en la coalición: quién obtuvo cada candidatura, quién quedó fuera y qué acuerdos se hicieron. Hay, naturalmente, una parte de especulación: conocemos los resultados, no todas las negociaciones. Bien decían los ancianos: «Dime de qué presumes y te diré de qué careces». Y si algo han presumido MORENA y sus aliados es su unidad. ¿Permanecerá ante las presiones? En el análisis de las organizaciones puede utilizarse una metáfora tomada de las propiedades de los materiales: estructuras frágiles, deformables, robustas, resilientes y antifrágiles, según cómo reaccionan ante los esfuerzos a los que son sometidas. Una estructura frágil se rompe cuando la presión supera su resistencia; una deformable cambia de forma y conserva esa modificación; una robusta resiste sin alteraciones importantes. La resiliente se deforma, pero después recupera su forma. Finalmente, una estructura antifrágil aprovecha determinadas presiones para fortalecerse. Como el músculo, que desarrolla nuevas capacidades mediante el entrenamiento y la recuperación adecuados. La metáfora resulta útil para observar a los partidos, aunque una misma organización puede reaccionar de manera distinta según la presión que recibe. Desde la perspectiva de un ciudadano sin partido, propongo utilizar estas categorías para analizar el panorama electoral. Empecemos por los principales partidos de oposición. Han enfrentado derrotas, pérdidas de cuadros y dificultades para construir propuestas que vayan más allá de criticar al gobierno. ¿Son organizaciones capaces de reconstruirse o estructuras cuya respuesta ha sido replegarse? Los partidos de nueva creación enfrentan otra prueba: formar cuadros y desarrollar estructuras capaces de sobrevivir más allá del entusiasmo inicial de sus promotores. El Partido del Trabajo presenta un caso interesante. Su relación con MORENA muestra la importancia de un aliado menor cuando sus votos son necesarios para determinados acuerdos legislativos. ¿Hasta dónde se adapta a las necesidades del partido mayoritario y en qué asuntos conserva posiciones propias? Algo distinto ocurre con el Partido Verde. Ha enfrentado críticas, entre ellas las relacionadas con las prácticas familiares en la política, sin perder relevancia como aliado. ¿Su capacidad consiste en recuperar posiciones después de los conflictos o estos le han permitido desarrollar nuevas fortalezas? Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y Nuevo León y busca construir una presencia nacional con identidad propia. Habrá que observar cómo responde a las tensiones entre sus dirigencias, gobiernos estatales y aspiraciones electorales. La prueba no consiste solamente en conservar posiciones, sino en aprender de los conflictos. ¿Y MORENA? Probablemente sea el caso más complejo. Habría que conocer mejor el peso de sus distintos grupos: moderados y duros, claudistas y obradoristas, sin olvidar las tendencias cruzadas que produce la incorporación de numerosos políticos provenientes de otros partidos. Difícilmente una organización de esas dimensiones responde igual en todos los estados y ante todas las presiones. Algunos analistas interpretan que, en estados como Aguascalientes y Querétaro, MORENA privilegió los equilibrios internos sobre la competitividad electoral. En San Luis Potosí, la negociación con el Partido Verde muestra otra faceta de estas tensiones. Son interpretaciones discutibles, pero plantean una pregunta importante: ¿qué ocurre con los conflictos que estas decisiones dejan pendientes? Las recientes selecciones ofrecen material para estudiar estas diferencias. ¿Qué sucede cuando los aspirantes derrotados no aceptan los resultados? ¿Cuánto puede ceder una dirigencia sin perder autoridad? Sobre todo, ¿los conflictos sirven para mejorar los mecanismos de decisión o solamente se resuelven mediante acuerdos que permiten llegar a la siguiente elección? Este es un ejercicio de interpretación basado en información pública, sin pretender un diagnóstico definitivo. Pero vale la pena profundizar: la manera en que los partidos procesan sus conflictos nos dice algo sobre su organización y sobre la forma en que pueden ejercer el poder. Para quienes no militamos en ninguno de ellos, observar estas conductas puede ayudarnos a construir mejores criterios para orientar nuestro voto. No basta con escuchar discursos de unidad, promesas electorales o críticas a los adversarios. Importa observar qué hacen cuando las circunstancias se complican. Porque una cosa es sobrevivir a las presiones y otra, bastante distinta, aprender de ellas para fortalecerse.

viernes, 25 de septiembre de 2026

¿Y la ONU?

Está por cumplir 81 años la Organización de las Naciones Unidas, creada al terminar la Segunda Guerra Mundial con un propósito central: mantener la paz y la seguridad internacionales. Ocho décadas después, y ante conflictos que no logra detener, la pregunta resulta inevitable: ¿la ONU todavía puede cumplir esa misión? No todo ha sido negativo, pero las críticas tampoco han venido de un solo lado. Durante décadas, sectores de izquierda cuestionaron al FMI y al Banco Mundial por las condiciones impuestas a países en desarrollo y los costos sociales de sus programas de ajuste. Desde posiciones de derecha, las críticas se han dirigido con frecuencia a la UNESCO y a su intervención en asuntos educativos, culturales y de valores que consideran competencia de cada sociedad. Unos han acusado al sistema de imponer políticas económicas; otros, de imponer visiones culturales. Cuando las críticas llegan desde posiciones tan distintas, vale la pena preguntarse si el problema no es más profundo que una orientación ideológica. El mundo que enfrenta tampoco es el de 1945. A las guerras entre países se han sumado conflictos librados por terceros, terrorismo, crimen transnacional, desplazamientos masivos y una creciente presión ambiental. Son problemas que atraviesan fronteras y exigen cooperación internacional. Justamente aquello para lo que debería servir una organización como la ONU. Sin embargo, cuando los intereses de las grandes potencias entran en conflicto, la organización se paraliza. No se trata solamente del secretario general. António Guterres está por concluir dos periodos al frente de la organización, pero ningún secretario general puede superar una estructura en la que cinco países —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— conservan el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ahí está el problema de fondo. La ONU fue creada con la distribución del poder que dejó la Segunda Guerra Mundial. Ochenta años después, el mundo cambió profundamente, pero su estructura fundamental no. Su presencia continúa siendo importante en muchos terrenos. Pero en aquello para lo que fue creada —preservar la paz y la seguridad internacionales— demasiadas veces termina convertida en espectadora: condena, exhorta y lamenta mientras las guerras continúan. Una organización internacional no puede detener todos los conflictos, pero tampoco puede acostumbrarse a explicar por qué no puede hacer nada frente a ellos. Por eso no basta con cambiar de secretario general. Se requiere una reforma más profunda, especialmente de los mecanismos mediante los cuales se toman o bloquean las decisiones. La paradoja es evidente: quienes tendrían que aceptar esa reforma son precisamente quienes poseen el poder de impedirla. Refundarla significaría revisar quién tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, dar mayor representación a regiones que hoy pesan mucho más que en 1945 y, sobre todo, replantear un derecho de veto que permite a una sola potencia paralizar decisiones frente a conflictos que afectan a millones de personas. La pregunta es sencilla: ¿puede una organización diseñada con el equilibrio de poder de 1945 seguir funcionando con las mismas reglas en el siglo XXI? La elección del próximo secretario general muestra esa contradicción. El Consejo de Seguridad debe recomendar una candidatura a la Asamblea General y cualquiera de sus cinco miembros permanentes puede bloquearla. El sistema empuja así hacia alguien aceptable para todos: no necesariamente quien proponga la transformación más ambiciosa, sino quien pueda superar todos los vetos. En la contienda actual destaca Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Si fuera elegida, sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General en la historia de Naciones Unidas. Pero el nombre importa menos que la estructura que heredará. La ONU enfrenta enormes desafíos con mecanismos diseñados hace más de ocho décadas. Cambiar a quien ocupa la Secretaría General puede ayudar. Pensar que eso será suficiente sería engañarnos. ¿Se puede recuperar la ONU sin cambiarla de fondo? Difícilmente.

jueves, 17 de septiembre de 2026

Llenar plazas no es convencer

Las fiestas patrias dejaron plazas llenas. Hubo conciertos, espectáculos y concentraciones multitudinarias en buena parte del país. Para el gobierno, esa respuesta es una señal de respaldo. Conviene tomar la afirmación con calma. El 16 de septiembre no es de ningún gobierno: es de la nación. La gente sale por la familia, por el concierto gratuito y porque es día de fiesta, y lo ha hecho con administraciones de todos los colores. Confundir asistencia con adhesión es un error viejo, y lo han cometido todos los que han estado en el poder. Queda entonces la pregunta que importa rumbo a 2027: esa capacidad de convocatoria, ¿está convenciendo a los ciudadanos sin partido, o solamente confirmando a los ya convencidos? En México, la mayoría de los electores no están inscritos en ningún partido. Ahí se definen las elecciones intermedias, y ahí es donde la plaza llena no llega. Llama la atención que, después de una demostración tan importante de convocatoria, siga predominando un discurso que identifica adversarios, reparte culpas y presenta las críticas como ataques. Hay avances que deben reconocerse —la mayor visibilidad de las mujeres y de los pueblos originarios, por ejemplo, en asuntos que vienen de muy lejos—, pero no borran lo que pesa en la vida diaria. La seguridad, el empleo y el costo de la vida seguirán siendo la vara con la que se mide a cualquier gobierno. El problema aparece cuando, en lugar de discutir eso, el debate se concentra en encontrar culpables. Y la responsabilidad no recae solamente en la 4T. La oposición ha adoptado el mismo método con entusiasmo: sus dirigentes también han hecho de la descalificación su principal producto comunicativo, y también prefieren el video viral a la propuesta legislativa. Si el ataque le funcionó a unos, del otro lado concluyeron que podía funcionarles igual. El resultado es una competencia por exhibir las mentiras, exageraciones y verdades a medias del contrario. Una cosa es criticar y otra convertir al adversario en enemigo. La democracia necesita oposición, vigilancia y crítica del poder. Pero cuando toda diferencia termina convertida en una confrontación entre buenos y malos, dejamos de discutir qué propuesta es mejor y empezamos a discutir quién merece más nuestra indignación. Para muchos, en el gobierno y en la oposición, señalar errores y proponer cambios parece casi una traición a la Patria. Es justamente lo contrario. Atreverse a diferir también es una forma de patriotismo, porque significa preocuparse por el rumbo del país. Quien exige que se calle la crítica en nombre de la unidad no está defendiendo a México: está defendiendo su posición. Por eso las fuerzas opositoras tendrían que preguntarse si responder a la polarización con más polarización construye realmente una alternativa. No basta con atacar mejor. Quien no se identifica con ningún partido no necesita más enojo; necesita razones. Y las razones exigen algo que hoy escasea en los dos bandos: propuestas concretas, verificables, con números. Podemos tener diferencias profundas sin convertirnos en una sociedad de enemigos. Nadie necesita abandonar sus convicciones para escuchar una buena propuesta del otro lado, ni renunciar a la crítica para reconocer un acierto ajeno. Lo que hay que dejar atrás es la idea de que dividir a los mexicanos es una estrategia aceptable para obtener o conservar el poder. Esa decisión no está solo en manos de los partidos. Los ciudadanos sin partido pesarán en 2027, y son quienes pueden obligar a las fuerzas políticas a dejar de hablar únicamente con los suyos. La pregunta relevante no es quién consigue indignarlos más, sino quién logra darles mejores razones para confiar en un proyecto de futuro. La polarización llena plazas y moviliza a los convencidos. Construir una mayoría —y, sobre todo, construir un país— requiere bastante más.

viernes, 11 de septiembre de 2026

PISA: ¿En dónde estamos?

Uno de los temas que más llamó la atención la semana pasada fueron los resultados de México en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. En la edición 2025 participaron 91 países y economías. Entre los 38 países miembros de la OCDE, México quedó en el penúltimo lugar en lectura y ciencias, y en el antepenúltimo en matemáticas. Pero quizá el dato más preocupante no sea nuestra posición en la tabla. Cerca de siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, y aproximadamente la mitad tampoco lo alcanza en lectura y ciencias. La reacción era de esperarse. Cuando un resultado nos incomoda, tendemos a discutir la medición. Desde el gobierno se ha señalado que PISA tiene limitaciones, que los países tienen condiciones distintas y que hay otros aspectos de la educación que también deben considerarse. En gobiernos anteriores se llegó incluso a descalificar este tipo de evaluaciones por considerarlas parte de una visión neoliberal. Puede haber críticas válidas a PISA. Ninguna evaluación resume toda la complejidad de un sistema educativo. Pero una cosa es reconocer sus limitaciones y otra ignorar lo que está señalando. Es como el padre que descubre que su hijo tiene fiebre y decide romper el termómetro. Desacreditar el instrumento no elimina la fiebre. Este problema no nació ayer ni pertenece a un solo gobierno. Durante décadas hemos debilitado la relación entre avanzar en la escuela y demostrar que realmente se ha aprendido. Las políticas y los partidos han cambiado, pero hemos aceptado progresivamente que un alumno continúe su trayectoria escolar sin dominar conocimientos fundamentales. También hemos ido perdiendo la idea de que la educación implica responsabilidad. La formación de los hijos corresponde, en primer lugar, a la familia. El gobierno, los maestros, los empleadores y la sociedad tienen también responsabilidades importantes, pero ninguna sustituye la que corresponde a los padres. La escuela cumple hoy muchas funciones. Para numerosas familias es un apoyo indispensable que les permite trabajar mientras sus hijos están atendidos. Para los jóvenes representa la expectativa de mejores oportunidades laborales. Pero no podemos olvidar su función principal: aprender. Y aprender importa mucho más que obtener una calificación o un certificado. Una persona que no comprende suficientemente lo que lee tiene menos herramientas para distinguir entre un argumento y una ocurrencia, comparar fuentes de información o identificar una contradicción. Quien no domina las matemáticas básicas enfrenta mayores dificultades para comprender cantidades, relaciones y riesgos. Y quien tiene una formación científica insuficiente cuenta con menos elementos para entender un mundo cada vez más determinado por la tecnología. En una época de redes sociales, desinformación e inteligencia artificial, estas carencias adquieren una importancia todavía mayor. El resultado no es únicamente una población con dificultades para competir en el mercado laboral. Es también una ciudadanía con menos instrumentos para tomar decisiones y más vulnerable frente a la manipulación. Buscar culpables no resolverá el problema. Después de décadas de deterioro, difícilmente podemos atribuir toda la responsabilidad a un presidente, un partido, un sindicato, los maestros o las familias. Entre todos, por acción o por omisión, hemos permitido que esta situación se construya. Necesitamos devolver a las familias un papel central en el aprendizaje, no para convertir a los padres en profesores, sino para recuperar la idea de que la curiosidad, la lectura, la disciplina y el deseo de comprender se forman primero en casa y, sobre todo, con el ejemplo. Necesitamos además un esfuerzo amplio de aprendizaje remedial: comprensión de lectura, matemáticas fundamentales, ciencia básica y capacidad de aprender por cuenta propia. Una sociedad que cambia a la velocidad actual exige personas capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida. El autoaprendizaje ya no es solamente una virtud; se está convirtiendo en una necesidad. No hablamos simplemente de más profesores: no hay suficientes para llegar a cada familia. Es una labor también personal. Necesitamos profesores con ingresos, tiempo y condiciones que les permitan mejorar sus capacidades, así como empleadores que participen en la capacitación y actualización permanente. Pero la escuela debe entenderse como apoyo a la tarea educativa de la familia, no como su sustituto. Puede ayudar mucho, pero no puede asumir la responsabilidad que corresponde a los padres. Hay además una dificultad mayor. Llevamos décadas acumulando este rezago. Muchos de los padres que hoy envían a sus hijos a la escuela estudiaron dentro del mismo sistema que estamos cuestionando y tampoco recibieron una formación sólida en lectura, matemáticas o ciencias. El cambio tendrá que ser, por lo tanto, intergeneracional. No podemos pedir a nuestros hijos curiosidad si nosotros hemos dejado de tenerla, pedirles que lean si nunca nos ven leyendo, ni exigirles que aprendan constantemente si creemos que nuestra educación terminó cuando recibimos un título. ¿Nos llevará treinta años corregir lo que deterioramos durante treinta años? Tal vez. No existe una solución rápida. Estamos hablando de modificar hábitos, expectativas y capacidades que se han formado durante generaciones. Y si tardaremos décadas en corregirlo, esa es una razón más para empezar ya.

viernes, 28 de agosto de 2026

Federalismo o centralismo

La semana pasada estuvo saturada de información sobre el gobernador de Sinaloa. Las reacciones fueron múltiples. Mientras unos percibieron lo ocurrido como una distracción para hacer olvidar temas complejos para el gobierno, otros acusaron al gobierno federal de intervenir arbitrariamente en Sinaloa, y otros más reclamaron a la presidenta no haber actuado antes y con mayor decisión. Detrás de estas reacciones hay un problema de fondo: la vieja discusión sobre federalismo y centralismo. Una cuestión que, durante el siglo XIX, provocó guerras, enfrentamientos políticos e incluso se entrelazó con intervenciones extranjeras. Nuestra Constitución establece un sistema federal y reconoce a los estados como libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, cuando surge una crisis local, con frecuencia esperamos que sea el poder federal quien la resuelva. ¿Verdaderamente creemos que los estados deben ser libres y soberanos, como dice la Constitución? Nuestra Constitución consagra un sistema federal, pero en la práctica nunca hemos sido completamente federalistas. Hay una fuerte tradición centralista que tiene raíces anteriores al siglo XIX y llega hasta nuestros días. Prácticamente todos los gobiernos han ejercido, en mayor o menor medida, un manejo centralizado de la política y de buena parte de la economía. Una situación que, por otra parte, ha sido aceptada e incluso solicitada por un electorado que espera que el presidente sea el gran responsable de cuanto ocurre en el país. Algo similar sucede con los gobernadores. En teoría encabezan estados libres y soberanos; en la práctica, muchas veces se les trata como si fueran una especie de virreyes subordinados al poder central, que necesitan su visto bueno o su bendición. Lo curioso es que no solamente el gobierno federal actúa de esa manera. Con frecuencia somos los propios ciudadanos quienes exigimos que lo haga. Un ejemplo de esta tensión aparece en los impuestos y las participaciones federales. Estados con gran dinamismo económico, como Jalisco, Nuevo León o Baja California, han cuestionado en distintos momentos la relación entre lo que generan y los recursos que finalmente reciben. Del otro lado están los estados con menor capacidad económica, que requieren transferencias mayores para ofrecer servicios y oportunidades comparables a sus habitantes. Ahí aparece uno de los dilemas del federalismo. ¿Hasta dónde debe permitirse que los estados más dinámicos conserven una mayor proporción de los recursos que generan? ¿Y hasta dónde debe utilizarse el sistema fiscal para redistribuir riqueza y reducir las enormes diferencias regionales del país? Favorecer solamente uno de los extremos tendría consecuencias importantes. Los estados económicamente más fuertes necesitan recursos para mantener su crecimiento y, además, atender los efectos de la migración interna: vivienda, movilidad, educación, salud e infraestructura. Pero abandonar a los estados con menor desarrollo a sus propios recursos significaría acrecentar todavía más las diferencias que ya existen. Por eso, quizá lo que necesitamos revisar no sea el federalismo como concepto, sino el federalismo que realmente practicamos. Quizá ha llegado el momento de revisar qué entendemos por pacto federal y qué responsabilidades, facultades y recursos estamos realmente dispuestos a dejar en manos de los estados. Uno de los argumentos a favor del centralismo es el de las economías de escala. Si el gobierno centraliza su poder de compra, puede reducir sus costos de abastecimiento y de inversión pública. Por otro lado, un argumento a favor del federalismo es que las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de aquellos a quienes afectan, siempre que ese nivel de gobierno tenga la capacidad para resolverlas adecuadamente. Son criterios diferentes, pero no es imposible encontrar soluciones que aprovechen los beneficios de ambos. El problema está en lo que esperamos del poder. Decimos creer en el federalismo, pero cada vez que aparece una crisis volvemos la mirada hacia el centro. Queremos estados autónomos, pero también esperamos que la Federación resuelva sus problemas y distribuya sus recursos. Mientras no resolvamos esa contradicción, seguiremos siendo federalistas en el papel y bastante centralistas en la práctica.

viernes, 21 de agosto de 2026

Prioridades

Los eventos de los últimos días, a raíz de que Andrés Manuel López Beltrán dirigiera una carta al presidente de Estados Unidos después de que le fuera cancelada su visa para entrar a ese país, generaron toda clase de reacciones. Algunas predecibles, como las denuncias de intervencionismo. Otras no tanto. Llama la atención la queja de algunos opositores, que contrastan el enojo oficial por este asunto con la deficiente atención a las madres buscadoras, que no genera una indignación semejante. Independientemente de las motivaciones de cada quien, esta diferencia muestra uno de los problemas centrales de la tensión entre los gobiernos y la ciudadanía no partidizada: sus prioridades no siempre coinciden. Y esto importa porque, en un sistema democrático, el ciudadano es el mandante y los políticos son los mandatarios: ejercen el poder en representación de los ciudadanos. ¿A qué debe darse prioridad? Una diferencia evidente es el plazo. Para los políticos, cuya prioridad es obtener y conservar el poder, tienen particular importancia las acciones de corto plazo que producen resultados electorales. Por ejemplo: ¿Qué nos dará el triunfo en 2027? La ciudadanía, en cambio, tiene razones para exigir que también se consideren las consecuencias de largo plazo. Pero el plazo es solo una de las diferencias. ¿Federalismo o centralismo? Esa disputa nos costó sangre y guerras durante el siglo XIX. Formalmente triunfó el federalismo; en la práctica, el centralismo nunca terminó de perder. Hay otras diferencias: ¿qué debe resolver directamente el Estado y qué corresponde a las personas, las familias y las comunidades? ¿Cuánto debe destinarse a resolver urgencias y cuánto a crear las condiciones para que esas urgencias no se repitan? Pensemos en los apoyos sociales. Hay que ayudar a las personas menos favorecidas; difícilmente se puede estar en desacuerdo con ello. El problema es si el apoyo solamente alivia una necesidad inmediata o contribuye también a una mejoría permanente. Atender la urgencia es indispensable, pero debería hacerse construyendo simultáneamente las condiciones para que, con el tiempo, el apoyo extraordinario deje de ser necesario. Los apoyos a los adultos mayores son un buen ejemplo. Para muchas familias representan un alivio importante y, en la práctica, benefician también a hogares que no cuentan con medios suficientes para sostener a sus ancianos. Pero deberían ir acompañados del desarrollo de un sistema de pensiones que reduzca progresivamente esa necesidad y de mecanismos que permitan a los adultos mayores que lo deseen continuar siendo productivos durante más tiempo. Es solo un ejemplo. Las diferencias de prioridades son muchas y no desaparecerán. Tampoco se trata de que unas sean siempre correctas y otras equivocadas. El problema es quién las establece y con qué criterios. La voluntad de la ciudadanía debe estar en la raíz de esas decisiones. Eso exige ciudadanos conscientes y preparados para participar en ellas, y políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en decidir por los ciudadanos, sino en servirlos a todos, no solo a la mayoría que votó por ellos o a quienes coinciden con su ideología. La buena política consiste precisamente en eso: equilibrar prioridades legítimas y, muchas veces, contradictorias, sin olvidar quién es el mandante y quién el mandatario.

viernes, 14 de agosto de 2026

Rendición de cuentas

Dentro de poco estaremos recibiendo el informe presidencial que, de acuerdo con el artículo 69 de nuestra Constitución, debe presentarse al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso. Hay un problema con este informe: difícilmente constituye una completa rendición de cuentas a la ciudadanía. Se informa sobre el estado que guarda la administración pública y se habla ampliamente de las actividades realizadas, pero no necesariamente de los resultados obtenidos frente a lo que el propio gobierno se propuso alcanzar. Este no es un problema exclusivo de la actual administración. Lo hemos arrastrado desde hace muchos años, con gobiernos de diferentes signos ideológicos. Hay que reconocer que, con la 4T, se buscó una manera adicional de informar a la ciudadanía a través de las famosas mañaneras. Independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas, significaron una apertura para conocer directamente aquello que el gobierno deseaba comunicar, aunque no siempre fuera lo que el ciudadano quería conocer. Pero informar, incluso informar mucho, no necesariamente significa rendir cuentas. La Constitución establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y dispone la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo, al cual deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal. A su vez, la Ley de Planeación establece que, al informar al Congreso sobre el estado de la administración pública, el Ejecutivo debe hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahí está precisamente el problema. Una rendición de cuentas adecuada no debería limitarse a enumerar acciones y resultados. Debería permitirnos conocer qué se planeó, cuáles eran las metas, qué indicadores se establecieron para medirlas, en qué medida se cumplieron y, cuando no se alcanzaron, cuáles fueron las causas y quién es responsable de los resultados. Por poner un ejemplo, no basta con decir que se construyó una determinada cantidad de kilómetros de carretera. También habría que decir cuántos se había planeado construir, qué porcentaje de esa meta se cumplió y, sobre todo, qué resultados se obtuvieron con esa inversión. Porque construir una carretera es una acción; lo que finalmente importa es saber si mejoró la conectividad, redujo tiempos y costos de traslado o produjo los beneficios económicos y sociales que justificaron su construcción. De esa manera deberíamos poder evaluar las diferentes áreas de la acción gubernamental. ¿Qué resultados se están obteniendo en el combate a la corrupción? ¿Cómo está cambiando la seguridad en el país? ¿Cómo marcha nuestra economía? ¿Está aumentando el empleo, sobre todo el formal? ¿Hay más inversión privada? ¿Está mejorando sustancialmente nuestra educación? No se trata solamente de conocer cifras aisladas, sino de poder compararlas con los objetivos y las metas que el propio gobierno estableció. Pero también es claro que la ciudadanía estamos en falta. De fondo, ¿nos interesa conocer esos datos? ¿Conocemos el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Sabemos cuáles son sus principales metas y los indicadores mediante los cuales podremos juzgar si se están cumpliendo? Difícilmente podemos exigir cuentas sobre compromisos que desconocemos. Ese es, finalmente, el problema del modo como se informa a la ciudadanía: se nos habla abundantemente de lo que se hace, pero mucho menos de los resultados obtenidos frente a lo que se había planeado. No es, únicamente, asunto de cantidad de información. Por eso no deberíamos esperar a que el Congreso haga la glosa del informe presidencial. Somos los ciudadanos quienes debemos plantear las preguntas antes del propio informe y buscar sus respuestas cuando este se presente. ¿Qué se prometió? ¿Qué se logró? ¿Qué quedó pendiente? ¿Por qué? La rendición de cuentas no puede ser solamente una tarea de los partidos políticos. También es una responsabilidad ciudadana. Conocer, discutir y evaluar los resultados del gobierno es particularmente importante para quienes queremos ejercer nuestra ciudadanía sin depender de una posición partidista. Porque un gobierno puede informar mucho y, sin embargo, rendir pocas cuentas.

sábado, 1 de agosto de 2026

Ciudadanos sin partido

La democracia no depende solo de los partidos y los gobernantes; depende, sobre todo, de ciudadanos sin partido que asuman responsablemente su papel en la vida pública. El ciudadano sin partido, frecuentemente, no participa; no le importa la cuestión pública. Nos hemos conformado con una división de lo público y lo privado, considerando que el ciudadano que no participa en política no tiene responsabilidad en los asuntos públicos. Lo hemos aceptado y hemos dejado a la clase política actuar sin cortapisas. Y eso es falso. Al no hacernos responsables, fallamos por omisión. Estamos acostumbrados a que nos den y, pocas veces, a exigir. Hace falta recuperar el concepto de responsabilidad. Necesitamos ciudadanos responsables en lo sociopolítico. Esto también se da en ciudadanos que están adheridos a algún partido. Pero los demás, generalmente, no nos hacemos responsables. Creemos que toda la responsabilidad corresponde a quienes gobiernan. Ante esta situación, ¿cómo podemos esperar que ese ciudadano desorganizado y poco formado nos dé una solución? Precisamente porque ese ciudadano ha renunciado a sus responsabilidades es indispensable recuperarlas. Ningún gobierno puede hacerlo. Partamos del hecho de que hay campos donde el ciudadano tiene un papel fundamental, uno que no puede abdicar en nadie más: la familia, la comunidad y la vigilancia del poder, entre otros. Esos campos requieren nuestra participación, vigilancia y exigencia, sin perder de vista que los políticos son nuestros representantes y nuestros empleados. Nosotros somos los mandantes; ellos mandan en representación nuestra. Tenemos que asumir esos campos. Debatir con apertura, analizar consecuencias, escuchar otros puntos de vista y difundir esas conversaciones. Un debate sano y amistoso, con la intención de aprender y comprender, no de polarizar. Hay que organizarnos. No abdicar de nuestras responsabilidades. No dejar que otros sean quienes tomen todas las decisiones. Tenemos obligaciones de solidaridad y de amistad social; de cuidado del otro, del ambiente y del tejido social que nos mantiene unidos como comunidad. Ese ciudadano no surge espontáneamente. Probablemente, hay que formarlo “a mano”, uno por uno. Ese ciudadano se forma en distintos ámbitos: el hogar, donde se aprende la democracia y la solidaridad; la escuela, que fomenta la convivencia social y enseña a aprender; el barrio y las asociaciones; y también el entorno digital, donde debemos cuidar la conversación pública, proteger nuestra mente y desarrollar un pensamiento crítico. ¿Es posible esperar resultados rápidos de este tipo de actividades? Es muy dudoso. Por muchas razones, hemos dejado que se deteriore el papel del ciudadano. Razón de más para empezar pronto y participar con mayor decisión en el ámbito de lo público. Que va a ser difícil, seguramente. Que habrá dificultades, júrelo. Pero es una tarea fundamental y no podemos dejarla en otras manos. La democracia no madura por el solo hecho de que haya buenos gobernantes. Para fortalecerse, es indispensable tener mejores ciudadanos.

miércoles, 29 de julio de 2026

¿Necesitamos nuevos partidos?

En las últimas semanas se aprobó la creación de dos nuevos partidos políticos federales: el Partido de la Paz y Somos México. Ambos están formados por ciudadanos que ya militaban en otros partidos, lo cual puede leerse como un síntoma de vitalidad política o como un simple reparto de poder. Pero los partidos no crean la democracia: son los ciudadanos quienes la construyen. Somos México reúne a experredistas y a independientes que se organizaron en la llamada Marea Rosa, movimiento que logró manifestaciones de peso; sus dirigentes provienen del PRD. El Partido de la Paz, por su parte, viene del Partido Encuentro Social, que desapareció por falta de adherentes y ahora busca reinsertarse en la política nacional. Ambos partidos apuestan a capitalizar el descontento con las opciones actuales, viendo en las elecciones de 2027 y 2028 la oportunidad de atraer tanto a quienes rechazan al partido en el poder como a quienes desconfían de la oposición actual. Una consecuencia posible es que los núcleos duros de los partidos existentes se fragmenten y se reacomoden sin que la clase polItica crezca. La otra —probablemente la que buscan estos nuevos partidos— es atraer a ciudadanos que hoy no participan, pero que tienen inquietudes políticas o sociales y esperan partidos genuinamente distintos. Existe el temor de que estas opciones terminen pareciéndose a lo que vivimos durante la dictadura perfecta: partidos satélites del PRI que daban la apariencia de democracia sin serlo. Ese es el riesgo. Otro temor es la ingobernabilidad por exceso de partidos, pero la experiencia internacional no lo respalda. Italia tiene hoy 40 partidos en el Parlamento y al menos otros 60 a nivel local. Desde 1948 ha tenido 68 gobiernos, con una duración promedio de un año y dos meses, sin que eso se traduzca en inestabilidad: cuenta con un buen servicio civil de carrera, y los cambios de gobierno no causan mayores daños. El problema de fondo es si realmente necesitamos nuevos partidos. Si son solo ediciones parciales del sistema actual, es difícil creer que un cambio de siglas produzca una mejora real. Pero si lo que están provocando es la incorporación de nuevos ciudadanos a la vida pública, el resultado puede ser positivo. No necesitamos nuevos partidos: necesitamos nuevos ciudadanos interesados en la cosa pública, con ideas y propuestas, con una manera distinta de ver al País. Todos los partidos, sin importar su éxito o su representación en el gobierno, necesitan una refundación completa. Si la aparición de nuevos partidos empuja ese cambio, bienvenida sea. De lo contrario, habremos multiplicado las siglas, pero no la democracia.

viernes, 24 de julio de 2026

Impuestos: quién los decreta y cómo se gastan.

Nunca han sido populares los impuestos. La reciente discusión sobre presuntos esquemas de evasión fiscal de algunos gobernadores ha vuelto a colocar los impuestos en el centro del debate público. Sin embargo, el problema de fondo no es sólo quién evade impuestos, sino por qué muchos ciudadanos siguen percibiéndolos más como una imposición que como un acto de solidaridad social. Hace poco más de 250 años se inició la guerra de las trece colonias inglesas contra el Reino Unido, precisamente por una cuestión de impuestos. Su lema era, traducido libremente: "No pagaremos impuestos si no hay representación". Hace dos siglos el problema era quién autorizaba los impuestos. Hoy el problema es quién decide el gasto. Ese es el punto central. Su destino queda en manos de una clase política que ha reducido fuertemente los límites y contrapesos, como hemos comentado en estas páginas, y frente a la cual los ciudadanos tienen pocos medios para influir eficazmente. No contamos con mecanismos suficientes para que esos recursos reflejen realmente la solidaridad social y no terminen utilizándose con fines electoreros. Nuestras contribuciones deberían servir para que todos reciban los servicios que proporciona el gobierno. Pero también son la forma en que remuneramos a quienes hemos elegido como nuestros mandatarios. ¿Ha escuchado usted alguna vez a un dirigente político agradecer a la ciudadanía los recursos con los que trabaja? Yo no. Con frecuencia se transmite la impresión de que esos recursos pertenecen al gobierno y no a los ciudadanos que los aportan. Una de las razones por las que muchos ciudadanos perciben poca legitimidad en los impuestos es la desconfianza sobre la manera en que se gastan. En teoría, el Congreso decide su destino en nuestro nombre. Pero, en la práctica, debería existir una participación ciudadana mucho más amplia mediante consultas, deliberación y debate público. Hay quien responderá que justamente elegimos representantes para tomar esas decisiones y que consultar permanentemente a la población haría ingobernable al Estado. Sin embargo, la tecnología ofrece hoy mecanismos de consulta, deliberación y participación que eran impensables hace dos siglos. Seguramente no existe un modo perfecto de lograr que los impuestos sean populares. Siempre habrá evasión y corrupción. Pero sí podemos mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre su destino. Las consecuencias van mucho más allá de lo fiscal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en el uso de sus contribuciones, se debilita la legitimidad del Estado y comienza a romperse el contrato entre ciudadanos y gobierno. Hace dos siglos la democracia encontró una respuesta para decidir quién podía imponer los impuestos. El desafío de nuestro tiempo es encontrar mejores formas para que los ciudadanos participen también en decidir cómo se utilizan.

viernes, 17 de julio de 2026

Receso

Al analizar los resultados de la Copa FIFA para nuestro país, hay que reconocer que México tuvo éxito como sede, a pesar de los altos costos para el público, la planeación atropellada y la mala imagen con la que llegamos al torneo. El entusiasmo superó todos esos obstáculos y convirtió el evento en un éxito en muchos sentidos. La Copa nos dio un receso del mal humor social. Necesitábamos una fuerte infusión de alegría, y la tuvimos. A pesar de los problemas, no lograron empañarla. No faltó, por supuesto, quien quiso aguarnos la fiesta. Se habló de un torneo de millonarios para espectadores millonarios, aludiendo a los elevados sueldos de algunos futbolistas y al alto costo de asistir a los estadios. Ese intento no prosperó: el público participó con un entusiasmo extraordinario. Una sociedad no puede vivir permanentemente instalada en el enojo y la polarización; necesita aprender a conservar una alegría realista como condición para preservar su libertad. Las celebraciones posteriores a los partidos reunieron a cientos de miles de personas. Sí, hubo tropelías, pero, considerando el tamaño de las multitudes, pudieron haber ocurrido hechos mucho más graves. Lo verdaderamente importante fue la reacción posterior. Estamos acostumbrados a que México participe en competencias de este tipo y a escuchar el comentario cínico de siempre: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre.” Esa frase ha servido muchas veces para desinflar el ánimo de los mexicanos. Esta vez ocurrió algo distinto. Muchos reconocían: “Lo hicieron bien.” “Dieron su mejor esfuerzo.” Era una valoración realista y serena, poco frecuente en acontecimientos anteriores. ¿Podrá mantenerse esa alegría? Hemos vivido demasiado tiempo con una dieta de malas noticias, enfrentamientos y descalificaciones que ha alimentado lo que algunos llamamos un mal humor social. El antídoto no es sencillo, pero pasa por cultivar un optimismo realista. Aprender a celebrar los logros cuando existan, sin exagerarlos, pero tampoco negándoles el reconocimiento que merecen. Tenemos que darnos permiso para mantener la alegría. Como sucede con frecuencia, creo que la solución depende, en buena medida, del ciudadano sin partido. Tenemos la responsabilidad, aunque no sea fácil, de no seguir alimentando el círculo de acusaciones, descalificaciones y polarización. Podemos aprender a reconocer el lado bueno de los demás y compartir los motivos de alegría cuando existan. El mexicano ha sido tradicionalmente cordial, cortés y alegre. No estamos hechos para vivir en una confrontación permanente; esa actitud se nos ha impuesto de manera artificial. Por supuesto, no es sencillo. Dígale usted a una madre buscadora que encuentre el lado bueno de la realidad que enfrenta. Sería una exigencia injusta. Precisamente por eso conviene preguntarnos si esta actitud de alegría realista podrá mantenerse. No se trata de dejar de señalar los errores, la corrupción o los abusos cuando existan. Se trata de no perder la alegría. Es difícil, pero quizá sea una de las pocas condiciones que nos permiten conservar la libertad. De otro modo, seremos fácilmente manipulables.

viernes, 10 de julio de 2026

Incertidumbre en lo geopolítico

La semana pasada comenzó un nuevo episodio en las conversaciones para alcanzar la paz entre Estados Unidos, Irán e Israel. El presidente Trump anunció que ya no confiaba en las negociaciones porque, según afirmó, Irán no estaba actuando de buena fe. Poco después ordenó una serie de ataques que rompieron los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo puede la humanidad aspirar, si no a una paz duradera, al menos a contar con mecanismos eficaces y confiables para resolver los conflictos? Las naciones siguen confiando en el equilibrio militar como garantía de paz, cuando debería invertir mucho más en construir instituciones y métodos eficaces de negociación. De eso casi no se habla. Esa omisión revela la escasa confianza que hoy inspiran los organismos internacionales y la poca voluntad para reformarlos y fortalecerlos. Las amenazas recientes sólo aumentan la incertidumbre. ¿Puede construirse así una paz justa y duradera en Oriente Medio? Difícilmente. Vivimos en un clima permanente de inseguridad que frena el desarrollo económico, desalienta la inversión y mantiene a regiones enteras bajo la amenaza constante de nuevos conflictos. ¿Cuál es la salida? Todo indica que falta voluntad política para buscarla. La única respuesta concreta que hoy se propone consiste en aumentar el poder militar. El mensaje es claro: poseer una capacidad de destrucción tan grande que obligue a los demás a negociar. El miedo convertido en instrumento de la geopolítica. La renuncia a construir relaciones basadas en la confianza mutua. Así quedó de manifiesto en la reciente reunión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. A petición del presidente Trump, los países miembros aceptaron avanzar hacia un gasto en defensa equivalente al cinco por ciento de su Producto Interno Bruto, cuando hasta ahora la meta era del dos por ciento. Hace apenas unos meses varios gobiernos se resistían; hoy prácticamente todos presentan planes para alcanzar ese objetivo. La magnitud de esos recursos merece una reflexión. El Producto Interno Bruto conjunto de los países de la OTAN supera los 58 millones de millones de dólares. Destinar el cinco por ciento de esa riqueza al gasto militar representa alrededor de 2.5 millones de millones de dólares cada año. Para dimensionar esa cifra basta un dato: las setenta economías más pobres del mundo generan, en conjunto, menos de la mitad de esa cantidad. Con recursos semejantes podrían transformarse radicalmente las condiciones de vida de buena parte de la población más pobre del planeta. Sin embargo, seguimos apostando por la fuerza. Tenemos que cambiar esa mentalidad. No podemos continuar pensando exclusivamente en términos de equilibrio militar. La negociación es un arma más poderosa que la amenaza. Pero los gobiernos dedican mucho más esfuerzo a perfeccionar sus capacidades de destrucción que a desarrollar nuevos métodos para hacer efectivas las negociaciones. Mientras eso no cambie, seguiremos confiando en que la fuerza, por sí sola, traerá las soluciones que la historia demuestra que nunca ha podido ofrecer.

viernes, 3 de julio de 2026

Comercio no tan libre

Bien distraídos por la Copa Mundial de la FIFA, nos enteramos de que la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha concluido. El acuerdo mantendrá su vigencia por diez años, pero estará sujeto a revisiones anuales. Las consecuencias no son menores. Esas revisiones se convertirán en un instrumento de presión sobre los gobiernos de México y Canadá. Además, aumentarán la incertidumbre para las inversiones, sobre todo aquellas cuyos proyectos requieren varios años para madurar. Ante este nuevo escenario, ¿cómo debe actuar México? El nuevo marco comercial incrementa la incertidumbre precisamente cuando el país necesita atraer inversión. ¿Cómo generar la confianza indispensable para lograrlo? Ése es el verdadero desafío: dar mayor estabilidad al sector económico y recuperar la confianza del sector privado, que en los últimos años ha mostrado reservas para invertir. Existen, al menos, dos modelos que vale la pena analizar. Durante la primera negociación del Tratado de Libre Comercio funcionó con gran éxito el llamado “cuarto de junto”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial para asesorar al equipo negociador mexicano. Fue un mecanismo único, que los otros países no adoptaron. Gracias a esa colaboración se negociaron mejores condiciones para México y se obtuvieron ventajas que nuestros socios no consiguieron. En la negociación actual ya no se habla del cuarto de junto. Fue sustituido por un mecanismo más amplio, pero también más opaco, al que se incorporaron sindicatos y académicos para aportar sus puntos de vista. Sus contribuciones pueden ser valiosas, aunque no siempre resultan aplicables a la negociación comercial. Otro modelo digno de análisis es el de Suecia. Durante los últimos cien años ha tenido, aproximadamente, setenta y seis años de gobiernos de izquierda. Sin embargo, con frecuencia esos gobiernos han nombrado ministros de Economía provenientes de la iniciativa privada. Al mismo tiempo, la legislación concede a los sindicatos representación en los consejos de administración de las grandes empresas. El resultado ha sido, en términos generales, positivo. No se trata de copiar ese modelo, sino ver si puede ofrecer ideas útiles para nuestra realidad. Hoy se invierte poco, en parte por la desconfianza que generó la forma en que se modificó el Poder Judicial. Nuestra presidenta ha hecho reiterados llamados para incrementar la inversión, no sólo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas, que generan alrededor del setenta por ciento del empleo formal. El modelo sueco ofrece una enseñanza interesante: un gobierno claramente de izquierda puede mantener un enfoque práctico y construir relaciones sanas con el sector privado, sin subordinación de una parte a la otra. Ése sería un objetivo deseable para México. No resolveremos nuestras necesidades de inversión mediante la confrontación. Si no logramos crear un clima de confianza que reduzca la percepción de riesgo y garantice un trato justo a quienes invierten, difícilmente podremos competir con éxito. Hay que reducir el riesgo de invertir y de competir. La confianza es el nombre del juego. ¿Seremos capaces de construirla, alimentarla y hacerla crecer?

viernes, 26 de junio de 2026

Cambios de gobiernos en Latinoamérica

En América Latina, a partir del año 2000, comenzó un crecimiento de gobiernos de orientación izquierdista, que se autonombraron progresistas. Sin embargo, en las últimas semanas y meses se ha observado un cambio importante. En varios países de la región parece estarse produciendo un giro electoral hacia opciones de derecha. Varios países están modificando su forma de ser gobernados. Muy recientemente, en Perú y Colombia, los candidatos de izquierda fueron derrotados en las urnas, aunque por márgenes muy estrechos. Se suman así a otros países que se han inclinado hacia modelos de derecha. Distinto es el caso de Venezuela y Cuba, donde, por circunstancias conocidas, los gobiernos de izquierda permanecen en el poder. En el futuro próximo habrá elecciones en Brasil, cuyo resultado es incierto. Algo semejante ocurre en Europa, particularmente en España, donde es posible que la izquierda se vea obligada a convocar elecciones anticipadas. Muchos interpretan este conjunto de cambios como una recuperación automática de la democracia. Se observa que los gobiernos que se autodenominan progresistas muestran muy poca autocrítica. Les resulta cómodo atribuir sus dificultades a factores externos. Si no fuera por ellos, nos dicen, seguirían ganando elecciones. Rara vez reconocen el efecto que han tenido el debilitamiento de los contrapesos institucionales, el clientelismo político y la polarización como instrumentos para conservar el poder. Tampoco parecen admitir que buena parte del electorado está preocupada por problemas como la violencia y la corrupción, que esos gobiernos no han logrado contener. Pero, frente a estos cambios, surge una pregunta de fondo: ¿puede interpretarse un cambio de signo político como una democracia más madura? Es difícil aceptar que esta situación signifique simplemente un mayor poder de los sectores conservadores en América Latina. ¿Es realmente la injerencia extranjera la que está produciendo este cambio? Ésa es la explicación que suelen ofrecer los gobiernos de izquierda. ¿Significa el triunfo de los nuevos gobernantes un mayor grado de democracia, como afirman sus partidarios? Probablemente no. Tampoco es seguro que estos cambios sean duraderos ni que impliquen, por sí mismos, una mayor libertad. ¿Significan una democracia más madura? Tampoco. El problema de fondo es el autoritarismo. Cada vez con mayor frecuencia, las sociedades parecen inclinarse por gobernantes fuertes. Pero el autoritarismo resulta igualmente pernicioso, provenga de la derecha o de la izquierda. Los cambios impulsados por los nuevos presidentes, así como por otros que ya llevan tiempo en el poder, no garantizan por sí mismos una verdadera transformación. Ésta sólo podrá surgir de una democracia sin adjetivos, que cumpla realmente su función y parta del principio de que los gobiernos deben gobernar para todos. Deben abandonar la polarización como estrategia política y sustituir las clientelas construidas mediante beneficios selectivos y substituirlas por instituciones que sirvan al conjunto de la sociedad. Sin una ciudadanía alerta, informada y dispuesta a participar activamente en la vida democrática, el electorado no podrá asumir plenamente su responsabilidad. De otro modo, todos estos cambios terminarán siendo ilusorios.

viernes, 19 de junio de 2026

¿Fin de la guerra en Irán?

Se anuncia el acuerdo que pretende poner fin a la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Una guerra que, se suponía, duraría unas cuantas semanas y que ha durado bastante más. Hemos regresado casi al punto de partida después de un conflicto costoso en vidas y recursos. En principio, puede decirse que es un buen resultado para Irán; no tanto para Israel o para Estados Unidos. Y para el mundo es un resultado positivo, aunque deja algunas dudas. ¿Puede hacerse algo para evitar enfrentamientos como éste o impedir que se reactiven? En México decimos que “es mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, y este es el caso. Sí, Estados Unidos logra que Irán entregue el uranio enriquecido que ha desarrollado, aunque no está claro a quién lo hará. No parece que sea a Estados Unidos. Es posible que se entregue a la Organización Internacional de Energía Nuclear o a algún otro organismo internacional. Irán obtiene un financiamiento de 300 mil millones de dólares para reparaciones, que no es poca cosa. Además, se le devolverán 100 mil millones de dólares que permanecían embargados por los bancos internacionales. Este acuerdo elimina las restricciones más severas sobre su economía: la prohibición de comprar petróleo iraní, así como las limitaciones impuestas a bancos y compañías de seguros para prestar servicios a ese país. La guerra produjo ajustes parciales, pero no resolvió los problemas estratégicos fundamentales que la originaron en esa región. Queda establecido que la vigilancia del cumplimiento del acuerdo se asigna a las Naciones Unidas. En particular, al Consejo de Seguridad, al que se pide emitir una decisión vinculante para todos los participantes. También participará, probablemente, el Organismo Internacional de Energía Atómica, responsable a nivel mundial de supervisar la industria nuclear. Ante la ineficacia de la ONU en la solución de conflictos mundiales, es de dudarse la funcionalidad de esta decisión. Irán tiene treinta días para reabrir el Estrecho de Ormuz, limpiarlo de minas y comprometerse a no desarrollar nunca armas nucleares. En ese mismo plazo, Estados Unidos deberá retirar sus fuerzas militares de la región cercana a Irán. Se incluye además el compromiso de no atacar a los aliados de ambas partes. Sin embargo, Irán no se compromete a dejar de apoyar a grupos fuertemente antisraelíes, particularmente Hezbolá y los Hutíes. Habiendo dicho esto, surge una pregunta importante: ¿era necesaria tanta destrucción, además del daño causado a la economía mundial y, sobre todo, a las vidas humanas? Estamos volviendo prácticamente a la situación original, con la excepción de que se logró eliminar a cincuenta de los más importantes dirigentes iraníes. ¿Cómo se puede evitar que se repitan situaciones tan desafortunadas como la que acabamos de vivir? Es un hecho que los organismos internacionales, y en particular las Naciones Unidas, no desempeñaron un papel relevante en este conflicto. No lograron hacer valer su autoridad moral para cumplir aquello para lo cual fueron creados: prevenir y evitar, de la mejor manera posible, los enfrentamientos entre naciones. Necesitamos, como humanidad, crear nuevos organismos y otros métodos de pacificación y negociación para evitar guerras en las que todos, participemos o no, terminamos perdiendo.